El juicio que no juzga

La mónada

El 28 de abril de 2026, sexto día del juicio más grande de la historia penal centroamericana, dos peritos de la División Élite contra el Crimen Organizado se pararon frente al Tribunal Sexto de San Salvador y presentaron lo que titularon "Informe de Análisis sobre el Fenómeno Criminal de la Mara Salvatrucha en El Salvador". El documento reconstruyó, a partir de celulares incautados y comunicaciones interceptadas, la cadena de mando completa de una organización que la propia Fiscalía acusa de 47.000 delitos en diez años. No era una descripción sociológica. Era una auditoría: organigrama, protocolo de aprobación de asesinatos, flujos de comunicación, división del trabajo entre cárcel y calle, catastro de víctimas y procedimiento estandarizado para desaparecer cadáveres en cementerios clandestinos cuando la zona se "calentaba" y la presencia policial amenazaba con interrumpir la renta. Borromeo Enrique Henríquez Solórzano, alias Diablito de Hollywood, acumulaba 598 delitos individuales, de los cuales 497 eran homicidios agravados. Un solo hombre. Casi quinientas muertes contabilizadas por la propia Fiscalía.^[1]

Lo que ese peritaje prueba es que la MS-13 no fue una patología social, ni un fenómeno juvenil, ni una amenaza externa. Fue una empresa criminal de gobierno paralelo. Lo que no puede preguntar, porque no es su función, es qué infraestructura material la hizo posible durante tres décadas. Este ensayo parte de lo que el expediente prueba y avanza hacia lo que el expediente deja pendiente: la geografía del abandono, la economía de la extorsión como empleo sustituto, los ciclos migratorios, los gobiernos sucesivos que convivieron con la renta paralela, el pacto bukelista que negoció con la cúpula antes de aplastarla por la fuerza, y el régimen de excepción que reemplazó un dispositivo de control territorial por otro sin transformar el sustrato material que los alimenta a ambos.

El aparato

El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado inició audiencias el 20 de abril de 2026. Cuatrocientos ochenta y seis acusados en el banquillo. La estructura que la Fiscalía presentó tiene cuatro capas operativas: veintidós "históricos", la Ranfla Histórica nacional, máximo nivel de decisión, los fundadores. Doscientos doce ranfleros, mandos medios distribuidos entre la Ranfla Nacional y la Ranfla de las Calles, que traducían decisiones estratégicas en órdenes operativas. Ciento cincuenta y dos "corredores de programa", operadores que bajaban las órdenes a las clicas territoriales. Y más de cien miembros de clica directos, los que ejecutaban en el terreno. Cuatrocientos ochenta y seis personas organizadas como quien describe una empresa logística con sucursales barriales.^[2]

La mecánica era burocrática. La clica de barrio identificaba a la víctima, le sacaba foto, la compartía en un grupo cerrado de chat. La ranfla aprobaba o rechazaba. Si aprobaba, se ejecutaba. Si la zona se "calentaba" y el despliegue policial amenazaba con interrumpir la operación, el cadáver no quedaba en la calle: se enterraba en un sitio previamente seleccionado, por orden del mando. Las órdenes salían de centros penales de máxima seguridad, Zacatecoluca, Ciudad Barrios, Izalco, a través de celulares que entraban ilícitamente y que el sistema penitenciario no lograba, o no quería, decomisar. Al día siguiente del peritaje, la Fiscalía proyectó audios en la sala: líderes de la ranfla dando "luz verde" para asesinatos específicos. La máquina funcionaba.^[3]

Los delitos imputados no eran aleatorios. Cada categoría cumplía función dentro del dispositivo. La extorsión era el ingreso. El homicidio era el mecanismo de cobro y de disciplina interna. La desaparición era la gestión del cadáver como pasivo operativo. El tráfico de armas era la infraestructura logística. La privación de libertad era el control de territorio. La Fiscalía imputó homicidio agravado, desaparición de personas, extorsión, agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito de armas de fuego, feminicidio, homicidio tentado, privación de libertad y rebelión. No eran crímenes sueltos. Eran funciones de un sistema.^[4]

Los crímenes específicos con fecha ilustran la mecánica. El 3 de noviembre de 2016, asesinato de un agente del GOPES durante franquicia, en una hacienda de Santa Ana. El 16 de noviembre de 2016, asesinato de un subinspector de la División Central de Investigaciones y su hijo al salir de su casa en Quezaltepeque. El 17 de octubre de 2017, ataque a un agente policial en moto en Antiguo Cuscatlán. Los peritos también hallaron pruebas de un joven atado a un árbol y golpeado con un bate, el abuso sexual de una mujer, y un video que documenta la decapitación de un miembro de Barrio 18. Las fuerzas de seguridad no eran objetivo secundario: eran blanco táctico, parte de la negociación asimétrica con el Estado. Si la pandilla mataba policías, negociaba mejor. Si negociaba mejor, conseguía traslados, celulares en prisión, zonas de operación sin perturbación.^[5]

Testigos protegidos implicaron a los veintidós históricos en más de nueve mil delitos. Nueve mil delitos atribuibles a veintidós personas. Cada uno de esos históricos producía, en promedio, más de cuatrocientos delitos en diez años. El número no necesita adjetivo.

La genealogía

Una empresa criminal no flota en el aire. Necesita un entorno material que la reproduzca. La MS-13 nació en Los Ángeles en los años ochenta, creada por jóvenes salvadoreños que huían de una guerra civil que el gobierno de Estados Unidos financiaba con seiscientos millones de dólares anuales en ayuda militar. La guerra duró doce años (1980-1992), produjo setenta y cinco mil muertos y un millón de desplazados. Cuando los Acuerdos de Paz llegaron en 1992, Estados Unidos aceleró las deportaciones: vació sus cárceles de pandilleros centroamericanos y los envió de vuelta a países que no tenían infraestructura penitenciaria, ni red de protección social, ni voluntad política para recibirlos. La pandilla se reprodujo en el vacío.^[6]

No es casualidad que las clicas más fuertes se instalaran en los municipios periféricos del Gran San Salvador, Soyapango, Apopa, Mejicanos, La Campanera, donde la urbanización informal, el empleo precario y la ausencia estatal formaban el sustrato perfecto para un gobierno paralelo que cobraba impuestos, administraba justicia sumaria y controlaba quién entraba y quién salía. Hasta 2017, El Salvador tuvo la tasa de homicidios más alta del mundo entre países sin guerra declarada: más de cien por cada cien mil habitantes. La renta de extorsión, documentada por la Global Initiative against Transnational Organized Crime, operaba como un sistema impositivo paralelo: la mara cobraba, recaudaba, distribuía y reinvertía en control territorial.^[7]

El impuesto era regresivo. Pesaba más sobre los más pobres. "Lucía", una comerciante de Soyapango que atendía una tienda con su madre en la colonia Las Margaritas, contó a Infobae que durante más de veinte años pagó cien dólares mensuales fijos más diez por cada vehículo familiar. Si las ventas flaqueaban, los extorsionadores esperaban hasta la noche, con el negocio cerrado, para recoger hasta el último centavo. Además exigían productos: cajas de gaseosas, cervezas, cigarrillos. En diciembre, un "aguinaldo" adicional. "Entre más grande era el negocio, más grande la renta", recuerda. Proveedores no podían entrar a la zona. La familia redujo el surtido deliberadamente para no despertar más codicia. La tienda era su única fuente de ingresos. No tenían adónde ir.^[8]

La extorsión no era un producto de la pandilla. Era un producto de la ausencia. El comerciante que pagaba la renta no financiaba un hobby criminal. Pagaba un seguro de vida perverso en un territorio donde el Estado no llegaba y la mara sí. La pregunta operativa, la que el peritaje no se hace, es: si ese dispositivo socioeconómico sigue intacto, ¿qué llena el vacío?

El pacto

Treinta años de gobiernos sucesivos convivieron con la renta paralela. PCN, PDC, ARENA, FMLN, Nuevas Ideas: la lista completa de partidos gobernantes desde la posguerra tiene un denominador común. Ninguno desarticuló el dispositivo. Algunos pactaron.

El pacto bukelista tiene documentación de Nivel 1. El 8 de diciembre de 2021, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al entonces viceministro de Seguridad Pública y director de Centros Penales, Osiris Luna Meza, y al director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Amílcar Marroquín Chica, por "liderar, facilitar y organizar una serie de reuniones secretas" con líderes de la MS-13 y Barrio 18. El texto del comunicado OFAC es inequívoco: "Luna negoció un acuerdo con los líderes de las pandillas de la MS-13 y Barrio 18 para el apoyo de las pandillas a la cuarentena nacional del presidente Bukele en las áreas controladas por las pandillas". No es una acusación periodística. Es un documento del gobierno de Estados Unidos con valor sancionatorio.^[9]

El Faro amplió la historia con una investigación que incluye siete grabaciones en las que se escucha a Marroquín discutir la negociación con un líder de la MS-13 durante y después del fin de semana sangriento de marzo de 2022. En los audios, Marroquín confiesa sus esfuerzos personales por mantener el pacto vigente, culpa al ministro de Seguridad Gustavo Villatoro (a quien llama "el loco ministro") y dice estar trasladando al presidente Bukele los mensajes de la pandilla. Al presidente se refiere como "Batman". Marroquín admite que la negociación llevaba "casi dos años y medio". Un vocero de la MS-13 confirmó a El Faro que el punto de ruptura fue la captura de un grupo de pandilleros que viajaba en un vehículo gubernamental, conducido por un chofer proporcionado por el gobierno, bajo el seudónimo de "Lobo" (Osiris Luna). La pandilla dio un ultimátum de setenta y dos horas. El gobierno no cumplió. Y entre el viernes 25 y el domingo 27 de marzo de 2022, la MS-13 asesinó a ochenta y siete personas. La mayoría, según la Policía, no tenía relación con las pandillas.^[10]

El pacto no es una anécdota. Es la pieza que falta en la narrativa oficial, que presenta el aplastamiento de la MS-13 como una empresa moral sin antecedentes. Hubo antecedentes. Hubo negociación. Hubo convivencia. Y la convivencia no fue solo del bukelismo: los gobiernos del FMLN mantuvieron treguas documentadas con las pandillas, y los gobiernos de ARENA antes que ellos operaron bajo una lógica de contención que no era muy distinta de la coexistencia administrada. La diferencia del bukelismo es que pactó, se benefició electoralmente del descenso de homicidios que el pacto produjo, y luego rompió el pacto con un despliegue de fuerza que presentó como innovación moral. No lo era. Era el cierre de un ciclo que había empezado con la mano extendida.

El aplastamiento

La respuesta del gobierno al ultimátum fallido fue el régimen de excepción. La Asamblea Legislativa lo aprobó a las 3:41 de la madrugada del 27 de marzo de 2022, con sesenta y siete votos. La medida suspendió la libertad de asociación y reunión, la presunción de inocencia, la obligación de informar al detenido los motivos de su arresto, el límite de setenta y dos horas para detención administrativa (extendido a quince días), y la inviolabilidad de las telecomunicaciones. Desde entonces, el Congreso ha aprobado cuarenta y ocho prórrogas consecutivas, una por mes, sin interrupción. El régimen cumple cuatro años.^[11]

Las cifras oficiales reportan más de 91.300 detenciones. El propio gobierno reconoce que al menos 8.000 de esas personas no tenían vínculos delictivos. La población penitenciaria supera las 107.000 personas. El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), inaugurado en Tecoluca con una inversión superior a cien millones de dólares y capacidad para cuarenta mil detenidos, se convirtió en el emblema visual del modelo. El gobierno inauguró también la figura de los "cercos militares", instalados en zonas específicas ante hechos de violencia: Comasagua fue el primero, en octubre de 2022, tras el asesinato de un mandador de finca por miembros de la MS-13.^[12]

La reforma penal aprobada en 2023 por la Asamblea Legislativa permite procesos penales masivos y colectivos por grupo de pandilla y elimina los procesos individuales. A la fecha no se ha emitido ninguna sentencia bajo este procedimiento. Las penas para integrantes de maras se incrementaron a veinte-treinta años, y hasta cuarenta y cinco para cabecillas. La Ley Penal Juvenil se reformó para establecer penas de hasta veinte años para menores de dieciséis a dieciocho años, y hasta diez años para quienes tengan entre doce y quince.^[13]

Las muertes bajo custodia las documentan organizaciones de derechos humanos. El Socorro Jurídico Humanitario elevó el registro a más de dos mil casos. La organización reporta que el 94% de las personas fallecidas no tenían perfil de pandilleros. La cifra incluye personas procesadas y sin condena. Cristosal, la organización que llevó registro nominal de las víctimas del régimen, fue prohibida de operar por el gobierno en marzo de 2025. Su archivo seguía documentando: el informe sobre el segundo año del régimen registraba detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones de corta duración.^[14]

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, declaró que "el gobierno criminal de la MS-13 en El Salvador está destruido".^[15] Tratada como discurso y no como dato empírico, la frase cumple una función precisa: clausurar el relato. Si el gobierno criminal está destruido, no hay nada más que preguntar. Si no hay nada más que preguntar, no hay que rendir cuentas sobre el pacto previo, ni sobre las detenciones de inocentes, ni sobre las muertes bajo custodia, ni sobre la prohibición de operar impuesta a las organizaciones que documentaban víctimas. La destrucción de la pandilla funciona como cierre narrativo: si el mal fue destruido, todo lo que se hizo para destruirlo queda justificado retrospectivamente.

Las contradicciones

El régimen de excepción es un dispositivo que se sostiene en varias tensiones productivas, no en inconsistencias que "debería" resolver.

Espectáculo y opacidad. El megajuicio contra 486 cabecillas se transmite, se filma, se publica. El CECOT se muestra con tours de prensa. Pero las condiciones dentro de los penales, los nombres de los muertos bajo custodia, los expedientes de las detenciones arbitrarias, permanecen opacos. La hipervisibilidad de una cara depende de la invisibilidad de la otra.

Alivio y costo. Lo que el régimen produjo en seguridad cotidiana es real. "Lucía" lo describe sin ambigüedad: "El temor y las extorsiones cesaron, las ventas mejoraron y la familia pudo recuperar el control de sus ganancias. Los proveedores volvieron a entrar a la colonia."^[16] Negar ese alivio es negar lo que vive la población. Pero el costo es documentable: 91.300 detenidos, 8.000 reconocidos inocentes, más de dos mil muertos bajo custodia, cero sentencias bajo la reforma de juicios masivos. La tensión entre alivio y costo no se resuelve: se administra, y quien la paga no es quien la celebra.

Soberanía y servicio. El CECOT no es solo una cárcel. Es un producto exportable. Trump envió venezolanos deportados a las cárceles salvadoreñas bajo acuerdo bilateral. El modelo se vende como franquicia. La soberanía que el discurso proclama hacia adentro se convierte en servicio contratado hacia afuera. El régimen represivo funciona simultáneamente como infraestructura vendible.^[17]

Aplastamiento y vacío. La infraestructura material que producía pandilleros (abandono estatal, falta de empleo, desigualdad heredada, ciclos migratorios) no se transformó porque la pandilla esté presa. Si el dispositivo socioeconómico sigue intacto, algo va a llenar el espacio que la MS-13 dejó. No necesariamente la MS-13. Algo.

Lo que queda

El peritaje DECO es un documento extraordinario. Pone en el expediente público la mecánica de un dispositivo que produjo cuarenta y siete mil delitos en diez años, con cadena de mando verificable, protocolo de aprobación de asesinatos y gestión de cadáveres como pasivo operativo. El expediente, en ese sentido, hace lo que tiene que hacer.

Lo que el expediente no hace, y lo que ningún tribunal penal puede hacer, es preguntarse por la infraestructura que sigue ahí. El barrio sin inversión. El joven sin empleo. La familia sin protección social. El territorio sin Estado. Las maras como forma de gobierno paralelo no son únicas a El Salvador: Honduras, Guatemala, Ecuador, Haití, partes de México, partes de Brasil. El mapa es continental. El modelo de aplastamiento sin transformación material se exporta como manual, junto con la cárcel y el cerco militar.

Lo que tampoco se exporta es lo que permanece. Los archivos de Cristosal y de El Faro, aunque prohibidos y acosados, siguen documentando. Los nombres de los muertos bajo custodia están en expedientes que algún juez, en algún momento, tendrá que leer. Las organizaciones territoriales que sobrevivieron tanto a la pandilla como al régimen de excepción mantienen la memoria de lo que pasó y de lo que falta. Los testigos protegidos del megajuicio dijeron lo que dijeron bajo reserva de identidad. Pero lo dijeron. Y está en el expediente.

El régimen de excepción, con sus cuarenta y ocho prórrogas, sus más de dos mil muertos bajo custodia, sus 8.000 inocentes reconocidos y su criminalización de la disidencia, no es la reparación de la infraestructura que produjo la pandilla. Es su reemplazo por otro dispositivo de control territorial. La calle libre es real para quien queda afuera del flujo de captura. Para los que quedan adentro, el operador cambió. La cuenta pendiente es la misma.

Notas y fuentes