Un AR-15 en la esquina

La noche del martes 28 de julio de 2026, a las 22:40, alguien llamó a la policía para avisar que estaban tirando en Cornelio Guerra. Cuando llegaron a la esquina con Isolica, varias personas corrían. Los policías corrieron atrás y alcanzaron a uno. Tenía catorce años y llevaba encima un AR-15, dos cargadores, catorce cartuchos y un teléfono celular.^[1]

El comunicado del Ministerio del Interior ubica el hecho "en el barrio de Colón". El Observador lo ubica "en la zona de Lezica".^[2] Es la misma esquina. Ninguno de los dos explica de dónde saca el nombre.

La Fiscalía de Adolescentes de 3.º Turno dispuso que lo viera un médico, que lo internaran en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente y que después lo llevaran a declarar, y mandó el arma a Policía Científica para una pericia balística.

En las cuatro fotos que el Ministerio publicó junto al comunicado, el fusil está sobre una mesa de oficina, con armarios azules al fondo. Los catorce cartuchos aparecen parados en fila delante del cañón, como en una vidriera. Los dos cargadores están unidos entre sí con cinta adhesiva, uno invertido respecto del otro, que es la forma de tener el segundo listo sin buscarlo en el bolsillo.

El comunicado no dice el calibre. No dice si el arma tenía número de serie. No dice qué pasó con los demás que corrían esa noche.

Un arma que se arma

El Ministerio lo llamó "rifle de asalto AR-15". En el mundo de las armas, un fusil de asalto es el que puede disparar en ráfaga, y el AR-15 que se vende a civiles tira de a un tiro por cada vez que se aprieta el gatillo; nadie informó si este estaba modificado. Lo que sí existe es una categoría uruguaya, escrita en un decreto: el que reglamenta la ley de armas prohíbe a los civiles "armas largas tipo rifles o fusiles, de fuego central, de sistema automático y/o semiautomático en plataformas militares, definidos como de asalto, de cualquier marca o calibre", y las declara "de uso exclusivo de la Policía Nacional, Ejército Nacional, Armada Nacional y Fuerza Aérea Uruguaya".^[3] Un semiautomático en plataforma militar es de asalto porque un decreto uruguayo lo definió así en diciembre de 2020.

Un civil sí puede tener un rifle semiautomático de fuego central. Lo que el decreto le pone es un techo de munición: cinco cartuchos por cargador extraíble. Los cargadores habituales de un AR-15 llevan veinte o treinta.

Y es un arma que se arma. En las fotos oficiales se ven el guardamanos ranurado para colgarle accesorios, la culata que corre sobre un tubo, la empuñadura delantera y el riel con la mira montada. El propio decreto la trata como un conjunto de piezas: en vez de nombrar el arma entera, enumera por separado el cañón, el cajón de mecanismo, el armazón y las partes del mecanismo de disparo.

El artículo 1.º del Decreto 345/020 no arranca prohibiendo. Arranca al revés: "Se consideran de libre importación y comercialización todos los materiales, repuestos y partes, relacionados con las armas de fuego, salvo los indicados a continuación".^[4] Lo que sigue son siete literales. La redacción original controlaba, además, las partes y componentes de un arma, en bloque; siete meses después, el Decreto 229/021 borró esa frase y declaró libre cualquier otro componente, parte, repuesto o accesorio.^[5] Las dos normas llevan firma: Luis Lacalle Pou en ambas, Jorge Larrañaga y después Luis Alberto Heber por el Ministerio del Interior, Javier García por el de Defensa Nacional.

De esa arma, entonces, el Estado controlaba el cañón, el armazón y los dos cargadores pegados con cinta. El guardamanos, la culata, la empuñadura, el riel y la mira se compran sin trámite.

No era el único fusil dando vueltas. En los veinte meses anteriores hubo al menos otros tres operativos con arma larga en Montevideo y alrededores: un subfusil en Ciudad del Plata, un AR-15 en Tres Ombúes, un fusil calibre 5.56 desmontado en el predio de al lado. Dos de esos tres, más el del chico de catorce, los trabajó la misma unidad: la de Investigaciones de la Zona Operacional IV, que cubre el oeste de Montevideo.^[6] Y en mayo de 2026, Inteligencia Policial allanó en cinco departamentos a "un presunto armero ilegal" que compraba, vendía y reparaba armas para bandas criminales: 137 armas, 57.113 municiones y "una significativa cantidad de partes de armas y municiones".^[7] Un armero que repara para el mercado ilegal necesita repuestos, y desde 2021 los repuestos se compran sin trámite. Entre una cosa y la otra hay una secuencia, no una causa demostrada: el Estado sacó del control el insumo y después salió a perseguir a quien lo usaba.

Tierra removida

El 13 de junio de 2025, dos días después de sacarles el AR-15 a los tres hombres de Tres Ombúes, la policía volvió al barrio. Con permiso del dueño revisaron el baldío por donde se les había escapado uno esa noche, y caminando el fondo vieron "un área de tierra removida junto a una pala". Debajo había una tarrina enterrada, y después aparecieron dos más: un fusil, cuatro pistolas Glock, 783 cartuchos y 22 kilos de cocaína.^[8] Una de las Glock estaba requerida por hurto en Montevideo desde doce días antes.

Alguien recibe el cargamento cuando baja de la avioneta, alguien consigue el galpón o el fondo con tierra blanda, alguien lo cuida durante meses y alguien cobra por todo eso. Es un servicio, y por eso la fórmula de que Uruguay pasó de país de tránsito a país de acopio se queda corta. Los 2.000 kilos que aparecieron en Punta Espinillo en agosto de 2025 entraron al país en avioneta desde el norte, estuvieron guardados primero en un establecimiento de Playa Pascual y recién después los llevaron a la costa para preparar el envío.^[9] Meses de custodia sobre mercadería ajena que vale, puesta en Europa, decenas de millones de dólares.

Un depósito así necesita gente disponible y armada, y necesita que esa gente no se quede con nada. Es un mercado de trabajo sin contrato y sin tribunal donde reclamar, y el único antecedente laboral que sirve es la fama de cumplir.

En noviembre de 2024, la Brigada Antidrogas allanó una casa en Ciudad del Plata y encontró 732 kilos de cocaína, seis armas incluido un subfusil, cargadores, miras telescópicas y un chaleco antibalas, parte en el placard del dormitorio. La casa era de un matrimonio de policías. Ella era operadora penitenciaria y se había hecho madrina de religión de un preso; cuando él salió, "comenzó a pagarle a ella y a su pareja […] para almacenar droga y armas en su casa".^[10]

Guardar es un trabajo y se cobra, y entre los que cobran hay policías. Anastazije Martincic, un croata que movió toneladas por el puerto de Montevideo y pasó diez años preso acá, lo dijo de los mandos medios del Estado: "donde es menos dinero, a veces es droga".^[11] La justicia ya trata el acopio como un rubro propio: en la Operación Faro la condena fue de siete años por tráfico "en la modalidad de depósito".^[12] Guardar, con nombre de delito.

Mil dólares por kilo

A Martincic lo agarraron con 2.174 kilos de cocaína adentro de un yate, y cuando salió le contó a un periodista cómo funcionaba el negocio del que había formado parte. De las bandas locales desconfiaba, porque "son capaces de robártelas". Prefería otra cosa: "Yo prefiero dársela a una abuela que me la guarde en un depósito, que sé que no me va a robar, y luego voy y le pago una buena plata".

El reverso de esa confianza también lo contó. En la guerra interna de la organización a la que pertenecía murieron unas doscientas personas, una de ellas en Uruguay: un pibe de veinticuatro años. "Mandaron al sicario y lo liquidaron porque se quedó con un vuelto".

También puso precios. Lo más caro del negocio, explicó, no es la droga sino moverla: si comprás una tonelada en Colombia a seis mil dólares el kilo, "cuando pasa por el puerto de Montevideo tenés que pagar un millón más". Mil dólares por kilo, y otra vez lo mismo en cada puerto que la carga atraviesa.

Los datos de Naciones Unidas dan la escala de ese tramo.^[13]

Entre el origen y el puerto de salida hay unos seis mil dólares de diferencia por kilo, y la tarifa que describe Martincic entra cómoda ahí adentro. Del otro lado del Atlántico, el mismo kilo cuesta cinco veces lo que costaba saliendo de Montevideo.

A las bandas locales que ponen la mano de obra, contó Martincic, "se les paga con cocaína". Esa cocaína hay que venderla en algún lado, y el lado son las esquinas, que se disputan a tiros. Antes de venderla se corta: en España la cocaína pasa de 71,5 % de pureza en el mercado mayorista a 33,5 % en el minorista, y el patrón se repite año tras año.^[14] Cortarla a la mitad duplica lo que hay para vender.

Medido en euros de 2022 para descontar la inflación, el gramo en la calle costaba 183,0 en 1990 y 79,3 en 2024; el mayorista siguió el mismo camino, de 105,8 a 40,8.^[15] Treinta y cuatro años de política de drogas, un récord de incautaciones en Europa todos los años desde 2017, y el precio real cayó a menos de la mitad mientras la pureza subía.

De once a cero

El 18 de junio de 2026, el ministro del Interior, Carlos Negro, fue a una comisión de Diputados a explicar por qué el gobierno prepara un decreto nuevo. Del universo de armas incautadas a bandas y delincuentes, dijo, el 79 % tiene los signos de identificación borrados y no se puede rastrear; del 21 % que sí se puede, "el ochenta y pico por ciento, casi el 90 %, fueron adquiridas y registradas; por lo tanto, provienen del mercado legal".^[16] Cerró la idea diciendo: "Esos son datos, cifras; no es relato, son datos duros". Unas líneas después, hablando del 79 % restante, admitió: "no tenemos cómo saberlo, porque sus signos de identificación fueron borrados. Pero nada nos indica que no podamos hacer una proyección". El mismo dato es duro y es una proyección en la misma comparecencia.

Borrar el número de serie no borra el rastro criminal, que vive en las marcas que el arma deja en las vainas y en los proyectiles; borra el rastro comercial, el nombre del que la compró. Corta la línea que va del arma al mostrador de una armería.

Y después está la munición. "De las municiones no tenemos ningún registro. Ese es el estado actual de la situación. Se venden las municiones como se venden caramelos." El ministro señaló un culpable con nombre y número: "si no tenemos evidencia en parte es responsabilidad del Decreto n.° 345 de 2020".

El decreto anterior, el 377/016, obligaba a todo importador de cartuchos y municiones a entregarle una muestra a Policía Científica, calibre por calibre, con una sanción concreta: sin muestra no se comercializa. Y mandaba a registro balístico toda arma que se comprara en armería, se vendiera entre particulares o se renovara.^[17] En ese decreto la palabra "muestra" aparece once veces. En el que lo reemplazó, ninguna. El registro balístico quedó reducido a las armas cortas nuevas que se importen: las armas largas afuera, las usadas afuera, la compraventa entre particulares afuera.

Los tres que firmaron eso tienen nombre y están más arriba. Seis años después, el ministro de otro gobierno fue al Parlamento a decir que sin ese rastro no hay evidencia, mientras la discusión pública sigue siendo cuánto castigar al que aparece con el arma en la mano.

Al fusil de Cornelio Guerra lo mandaron a Policía Científica. Si tiene número, hay una chance de saber en qué armería empezó su vida. Si no lo tiene, entra en ese 79 % sobre el cual el Estado, por una decisión que tomó en diciembre de 2020, ya no puede hacer más que una proyección.

Libertad financiera

Ese mismo año pasó otra cosa, en otra ventanilla.

En enero de 2020, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica publicó su evaluación de Uruguay y contó, entre las fortalezas del país contra el lavado de activos, la ley de inclusión financiera de 2014: la que limitaba el uso de efectivo desde los cuatro mil dólares y alcanzaba la compraventa de inmuebles y automóviles y el pago de todo tipo de servicio.^[18] En abril, cuando el anteproyecto de la Ley de Urgente Consideración ya circulaba, CPA Ferrere, el estudio que asesora a las empresas, lo advirtió por escrito: "La derogación de las disposiciones puede afectar el combate al lavado de activos".^[19]

El 9 de julio de 2020 la ley se promulgó. Su capítulo IV se llama Libertad Financiera y su artículo 224 deroga nueve artículos de aquella ley, entre ellos los que obligaban a pagar por medios electrónicos los inmuebles, los autos, los alquileres altos y hasta los impuestos.^[20] El umbral del efectivo, además, cambió de signo: pagar en efectivo estaba prohibido desde unos cuatro mil dólares, y pasó a estar permitido hasta un tope que llega, por la vía más generosa, once veces más arriba.^[21]

Cinco meses después se firmó el decreto de las armas. Siete meses más tarde, el que sacó las partes del control. Tres normas, dieciocho meses, un gobierno, y todas en la misma dirección: menos rastro. No tengo cómo probar que alguien las encargara. Lo que se puede leer en documentos públicos es que el organismo que evalúa a Uruguay contaba esas normas entre sus fortalezas en enero, y que en julio el Parlamento las derogó.

Los que nunca aparecen

Falta saber quién pone el dinero, y ahí lo documentado se vuelve delgado. Martincic lo describió así: en Uruguay hay "empresarios con mucho dinero decididos a invertir en esto", empresarios de todo tipo de rubro que "nunca aparecen". Él mismo, que movía toneladas, no sabía quiénes eran; la estructura está diseñada para eso: "Basta con tener plata y tener un intermediario para que sepan que no los vas a vender a ellos". Le preguntaron por políticos uruguayos y se rió antes de contestar: "este negocio no es posible si no hay políticos atrás". Es el testimonio de un narcotraficante condenado que habla desde un lugar no revelado, y no prueba nada sobre ningún empresario ni sobre ningún político en particular.

De cada cien reportes de operaciones sospechosas que recibe la Unidad de Información y Análisis Financiero, quince terminaban en un caso ante la Fiscalía; ahora termina uno.^[22] En 2024 Uruguay condenó a 1.928 personas por delitos vinculados al tráfico de drogas y a 8 por lavado de activos, casi todas estas últimas por acuerdo con la Fiscalía, sin juicio.^[23] Y en su informe de avances al GAFILAT, el país listó 1.983 allanamientos contra el narcotráfico ejecutados en 2025, 912 bocas de venta desarticuladas y, entre los logros institucionales, la creación de cinco cargos de analista para la unidad que estudia el dinero.^[24] Mil novecientos ochenta y tres allanamientos de un lado; cinco analistas del otro.

Mientras tanto, el 32,2 % de los niños uruguayos menores de seis años vive en hogares por debajo de la línea de pobreza, contra un 17,3 % de la población general.^[25] El que corría por Cornelio Guerra con el fusil nació alrededor de 2011, y a los catorce ya estaba en el único lugar de esta cadena donde el Estado llega rápido.

Sobre Sebastián Marset, el uruguayo más buscado del continente, Martincic reconoció que era inteligente y que pesaba en el negocio, pero que cuando lo vio dar la cara supo que "por grande que sea, no es de los más grandes". Y explicó: "los grandes no dan la cara. Nunca dan la cara".

El fusil está en Policía Científica, esperando una pericia cuyo resultado nadie publicó. El chico de catorce años está en INISA. El pibe de veinticuatro está en un cementerio. Los que pusieron la plata no figuran en ningún lado. Y la esquina de Cornelio Guerra e Isolica sigue ahí, y según a quién le preguntes queda en Colón o queda en Lezica.