La institucionalidad ya no se rompe de un golpe: se reescribe con comisiones, formularios y audiencias gigantes.

Arévalo recibe la terna envenenada y Bukele pone la justicia en serie

22 de abril de 2026

La edición de hoy no se deja leer como una suma de países, sino como una misma técnica repetida: primero se arma una nómina, después se encierra el proceso, después se le da una pátina de normalidad.[1] En Guatemala, la Comisión de Postulación envió a Bernardo Arévalo seis finalistas para fiscal general, y al menos cuatro de ellos cargan vínculos con resoluciones favorables a redes de impunidad, operadores de seguridad o la Fundación Contra el Terrorismo; no es una terna neutra, es una terna con memoria política.[1] En paralelo, Codeca y otras organizaciones ya estaban en la calle pidiéndole al presidente que rompa esos pactos y garantice un Ministerio Público al servicio de la justicia, no de los poderosos.[2]

Más al norte, El Salvador llevó esa lógica al extremo con una macroaudiencia inédita contra más de 400 presuntos líderes de la MS-13 por unos 47.000 delitos, con 413 detenidos en el CECOT, 73 procesados en ausencia y prensa afuera del proceso.[3] Y en Costa Rica, el Estado promete modernización mientras un formulario de becas pide orientación sexual, etnia, biometría, discapacidad y estado migratorio, y la CCSS sigue depurando cerca de mil propuestas para sostener el IVM.[5][6]

Guatemala: la terna que no limpia nada

En la nómina que Arévalo recibió el 22 de abril, los nombres no llegan desarmados. Beyla Estrada anuló la condena del caso IGSS-Pisa, benefició a los hermanos Morales, liberó a Blanca Stalling y protegió a Gustavo Alejos; Julio Rivera Clavería trae décadas en el circuito de seguridad, pasó por la Secretaría de Análisis Estratégico, el sistema penitenciario y la viceministrería de Gobernación, y además se postuló con un partido cercano a la Fundación Contra el Terrorismo.[1] César Ávila Aparicio y Néctor de León Ramírez completan una boleta que no promete depuración sino continuidad del blindaje judicial.[1]

Por eso la calle no aparece como ruido de fondo. Codeca, el Comité Campesino del Altiplano, la AEU y el Frente Nacional de Lucha bloquearon puntos clave de la capital el 22 de abril para exigir un fiscal independiente y frenar la reelección de Walter Mazariegos en la USAC; no es sólo tránsito trancado, es presión material sobre un proceso que ya venía inclinado.[2] Arévalo no sólo elige una persona: decide si el próximo Ministerio Público va a seguir mirando hacia adentro de las redes o si de verdad intenta cortarles el circuito.

El Salvador: la fábrica judicial de la excepcionalidad

La macroaudiencia salvadoreña funciona como la versión judicial de una línea de montaje: más de 400 presuntos líderes de la MS-13, cerca de 47.000 delitos atribuidos entre 2012 y 2022, 413 en el CECOT, 73 en ausencia y ninguna cobertura directa de prensa.[3] El gobierno lo vende como una acción directa contra estructuras de mando; el problema es que la eficiencia penal no borra la imposibilidad práctica de evaluar cada caso de forma individual, y ahí es donde el procedimiento deja de ser herramienta y se vuelve mensaje político.[3]

El 22 de abril, además, las organizaciones sociales y ambientales le pusieron nombre a la otra mitad del régimen: más del 90% de las aguas superficiales contaminadas, minería y monocultivo como forma de sacrificio, CECOT como nodo de militarización territorial, y defensores perseguidos por sostener que el agua no se negocia.[4] El castigo, en El Salvador, ya no sólo administra cárceles; administra territorios, memorias y el derecho a decir no.

Costa Rica: la modernización que extrae

En Costa Rica, el poder no se disfraza de tanque sino de formulario. Hello Brete pide orientación sexual, etnia, biometría, discapacidad y estado migratorio para una beca de inglés, mientras el consentimiento queda escondido al final y el consorcio operador no transparenta con claridad quién guarda ni dónde guarda los datos.[5] No hace falta un escándalo clásico para que haya extractivismo: alcanza con convertir la política pública en una aspiradora de información sensible.

El IVM termina de mostrar el mismo reflejo: la CCSS procesa cerca de mil propuestas para una reforma de pensiones que ya llegó a un punto en que los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos anuales del régimen.[6] La palabra técnica es sostenibilidad; la traducción política es otra: el Estado compra tiempo, pospone el conflicto y deposita la factura en una próxima ronda de negociación. Costa Rica sigue exportando moderación, pero puertas adentro administra presión fiscal y datos como si fueran insumos neutrales.

Lo que une el día no es una ideología homogénea, sino una forma de gobernar: filtrar candidaturas para conservar redes, industrializar causas penales para cerrar el debate, extraer datos desde la promesa de oportunidad y empujar la sostenibilidad como si fuera una cuestión contable. Centroamérica no se está volviendo más caótica; se está volviendo más administrable para los que ya controlan el margen. Y eso, precisamente, es lo que la hace más peligrosa.

Fuentes

1. Seis finalistas a Fiscal General: quiénes son, de dónde vienen y qué proponen. Plaza Pública, 22 abril 2026.
2. Así fue la jornada de manifestaciones y bloqueos de Codeca en la capital el 22 de abril. Prensa Libre, 22 abril 2026.
3. Más de 400 presuntos líderes pandilleros de la MS-13 son juzgados en macroaudiencia en El Salvador. ContraPunto, 22 abril 2026.
4. Organizaciones denuncian que crisis ambiental en El Salvador es el reflejo de un quiebre democrático y un modelo extractivista. Diario Co Latino, 22 abril 2026.
5. Formulario de ‘Hello Brete’ para beca en Open English genera alertas sobre datos que pide y su gestión. El Financiero, 22 abril 2026.
6. Reforma a las pensiones del IVM entra en fase clave: Caja depura mil propuestas para dar soluciones definitivas a final de abril. El Financiero, 22 abril 2026.