La arquitectura criminal de Honduras, el diezmo del FSLN y los despidos de Bukele en marcha

El 1° de mayo de 2026 no fue un día de marchas rutinarias en Centroamérica. Fue el día en que una delegación de juristas internacionales presentó en Londres el informe «Nuestra determinación supera nuestro miedo», un documento de Doughty Street Chambers —con sede en la capital británica— que califica de «arquitectura criminal» el sistema de despojo territorial en Honduras: más de 200 asesinatos de defensores de la tierra desde 2010, entre ellos Berta Cáceres en 2016 y Juan López en 2024, y alrededor de 2.500 procesos penales contra campesinos por usurpación.¹ La calificación no surge de un escritorio: la delegación visitó el país en septiembre de 2025, se reunió con comunidades, autoridades y organizaciones, y produjo un análisis jurídico que identifica cuatro actores articulados —funcionarios públicos que facilitan megaproyectos, empresas agroindustriales y extractivas que se benefician, estructuras de seguridad del Estado que proveen la fuerza coercitiva, y crimen organizado que opera como mecanismo de intimidación— como piezas de una misma máquina.¹ El pivote legal de esa máquina tiene nombre y fecha: el Decreto 93-2021, que eliminó el requisito de «violencia o intimidación» para el delito de usurpación, creó los «desalojos preventivos» sin orden judicial en 24 a 48 horas, y priorizó la vía penal sobre la civil para resolver disputas territoriales. El propio marco legal convierte al defensor de la tierra en delincuente.

Tres escenas completan el cuadro regional. En Managua, empleados públicos compartieron con la prensa en el exilio los comprobantes de paga que documentan un descuento de entre el 2% y el 10% de sus salarios como «aporte partidario» obligatorio al FSLN, sin consentimiento previo ni mecanismo de objeción, en un país donde los salarios públicos ya son los más bajos de Centroamérica y no existe libertad sindical.² En San Salvador, más de 1.200 sindicalistas, empleados y activistas marcharon en dos movilizaciones paralelas bajo un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 para exigir el cese de más de 25.000 despidos en el sector público, la libertad de la abogada anticorrupción Ruth López y el fin de una medida que ha generado más de 91.000 detenidos, al menos 8.000 reconocidos como inocentes y más de 500 muertos en custodia.³ Sectores de Salud y Educación reportaron nuevos despidos durante la propia jornada de protesta.⁴ Y en San José, cientos de trabajadores defendieron la jornada histórica de 8 horas frente al proyecto 4×3 —12 horas de trabajo en 4 días— que el secretario general de ANEP, Albino Vargas, advirtió que encuentra «mayor viabilidad política» con el nuevo Congreso controlado por Pueblo Soberano.⁵ Lo que une las cuatro escenas no es la fecha: es el mecanismo. El Estado no solo falla en proteger a los ciudadanos —se convierte activamente en el instrumento de su vulneración.

El Estado de derecho no se destruye solo con decretos de emergencia: se erosiona cuando el Código Penal criminaliza al campesino, la planilla financia al partido y la marcha se convierte en acto de resistencia bajo amenaza de cárcel.

Honduras: el despojo como sistema documentado

El informe de Doughty Street Chambers eleva la crisis de los derechos territoriales en Honduras desde la categoría de denuncias aisladas a la de sistema documentado con estándares jurídicos internacionales.¹ La expresión «arquitectura criminal» es deliberada y precisa: no se refiere a la delincuencia común sino a la articulación funcional entre cuatro categorías de actores que operan en coordenadas distintas pero con resultado convergente —el despojo de comunidades indígenas y campesinas de sus territorios—. Los más de 200 asesinatos desde 2010 y los 2.500 procesos penales contra campesinos no son excesos puntuales: son el producto previsible de un marco legal diseñado para facilitar la expropiación. El Decreto 93-2021 es la bisagra: al eliminar el requisito de violencia para el delito de usurpación y crear los desalojos preventivos sin orden judicial, dotó a las empresas y a las fuerzas de seguridad de un mecanismo expedito para desalojar comunidades en 24 a 48 horas. La priorización de la vía penal garantiza que los campesinos enfrenten cargos criminales en lugar de disputas patrimoniales. No es falla del sistema: es el sistema.

El informe cobra dimensión adicional cuando se cruza con otros datos del mismo día. La protesta masiva del 1° de mayo contra la Ley de Empleo por Hora y el alto costo de la vida, convocada por centrales obreras en Tegucigalpa, revela que la conflictividad laboral se suma a la crisis territorial como expresiones de un mismo deterioro institucional.⁶ World Vision alertó que en Honduras se denuncia la violación sexual de un niño o niña cada 3.5 horas, que los agresores suelen ser del entorno cercano y que una denuncia ante el Ministerio Público puede tardar hasta dos años en ser procesada.⁷ Las recomendaciones del informe de Doughty Street —derogar el Decreto 93-2021, crear un catastro nacional, establecer una Comisión Tripartita de la Verdad en el Bajo Aguán— apuntan a la banca multilateral y a los socios comerciales como actores con capacidad de presión, y la pregunta que queda abierta es si la comunidad internacional condicionará la cooperación a mejoras en derechos humanos o priorizará la estabilidad y las inversiones por encima de las comunidades vulnerables.

El Salvador y Nicaragua: la resistencia bajo coerción

El 1° de mayo ofrece un contraste revelador entre dos modelos de control estatal. En El Salvador, la movilización de 1.200 personas en un contexto donde cualquier protesta es percibida como riesgo personal por el régimen de excepción constituye un acto de resistencia con costo calculado. Las demandas abarcan todo el espectro del deterioro social: despidos masivos, privatización encubierta de la salud, detención de defensores de derechos humanos y continuidad de una medida que acumula 91.000 detenidos, 8.000 inocentes reconocidos y más de 500 muertos en custodia.³ La participación de familias del Bajo Lempa exigiendo «prueba de vida» para sus detenidos conecta la demanda laboral con la crisis humanitaria del régimen de excepción, generando un frente social que trasciende la reivindicación salarial. El movimiento feminista marchó por la detención de la abogada Ruth López y el acoso a periodistas: «estamos aquí por las mujeres que no pueden estar, por las defensoras que han tenido que huir para salvaguardar su vida o su libertad», declaró Keyla Cáceres.³ Afectados por el desfalco COSAVI denunciaron que la economía es «el gran fracaso de este Gobierno, que prometió reactivación y milagro económico».³ Y el gobierno respondió con la misma herramienta que denuncia la marcha: nuevos despidos reportados durante la propia jornada de protesta.⁴

En Nicaragua, la resistencia no pudo tomar las calles —donde cualquier manifestación independiente es reprimida— pero encontró un canal a través del comprobante de paga. Empleados públicos —maestros, personal de salud y otros funcionarios— compartieron con La Prensa en el exilio los recibos que documentan la deducción de entre el 2% y el 10% del salario como «aporte partidario» al FSLN, identificándose solo por temor a represalias.² Lo que antes era un aporte voluntario se convirtió en un descuento obligatorio y progresivo —más alto el sueldo, más alto el porcentaje— que se suma al Impuesto sobre la Renta y a la cotización al INSS sin pasar por aprobación legislativa ni rendición de cuentas. Es un mecanismo de financiamiento partidario con cargo al erario público en un país donde no existe derecho de huelga ni sindicatos independientes. El Partido Humanista Social Cristiano condenó la «opresión» y el Gobierno respondió con un mensaje de celebración: «Que tengamos un fin de semana de júbilo. Vamos bien, vamos mejor».²

Lo que une ambos casos es la ausencia de mecanismos institucionales para canalizar el descontento. En El Salvador, el régimen de excepción elimina las garantías de reunión y expresión; en Nicaragua, no existen sindicatos independientes ni derecho de huelga. Los trabajadores están atrapados entre la coerción estatal y la falta de representación, y solo pueden ejercer su derecho a la protesta asumiendo riesgos personales calculados —la calle bajo amenaza de detención en San Salvador, el comprobante filtrado bajo condición de anonimato en Managua—.

Costa Rica, Guatemala y la región: la institución como línea de frente

En Costa Rica, la marcha del 1° de mayo por las calles de San José defendió la jornada histórica de 8 horas frente al proyecto 4×3 —12 horas de trabajo en 4 días— impulsado tanto por el gobierno saliente de Rodrigo Chaves como por la presidenta electa Laura Fernández, que asume el 8 de mayo.⁵ La advertencia de Albino Vargas (ANEP) de que con el nuevo Congreso la viabilidad política de la jornada extendida «se ve más cercana» adquiere peso específico cuando se considera que Pueblo Soberano controla 31 de 57 curules sin necesidad de negociar con la oposición. Vargas conectó la desigualdad social con el crimen organizado: «los jóvenes que van a la delincuencia y al sicariato vienen de barrios de grandes carencias donde el Estado se retiró».⁵ La precarización del trabajo no es solo una cuestión de derechos económicos: es un factor de riesgo para la seguridad ciudadana en un país que registró 873 homicidios en 2025, el tercer cifra más alta de su historia, con el 60% atribuido al narcotráfico. En paralelo, Costa Rica registró una tasa de fertilidad de 1.2 hijos por mujer en 2025, muy por debajo del nivel de reemplazo de 2.1, lo que plantea un desafío estructural de sostenibilidad del sistema de seguridad social en el mediano plazo: cada trabajador activo deberá sostener una carga proporcionalmente mayor de adultos mayores.⁸

En Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo inició las entrevistas a los seis candidatos a Fiscal General en la recta final de un proceso con fecha límite del 17 de mayo.⁹ El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, solicitó «coordinación estrecha» entre la Mingob y la Fiscalía en la selección del nuevo fiscal, mientras el nominado embajador de Estados Unidos, Juan Rodríguez, expuso ante el Senado sus prioridades bajo la doctrina «América Primero».⁹ Como se documentó en ediciones previas de este informe, la Embajada habría influido en la composición de la Corte de Constitucionalidad, y un amparo pendiente busca anular la nómina de candidatos. La coincidencia entre las entrevistas y la presentación del nuevo embajador no es accidental: la posición de Washington ante el Ministerio Público guatemalteco ha sido históricamente determinante, y un fiscal percibido como independiente enfrentaría la resistencia de las redes de impunidad que operan mediante amparos, mayorías en la CC y presiones diplomáticas.

El telón de fondo regional se complica con la declaración de Donald Trump de que «tomará el control» de Cuba «casi de inmediato» tras «terminar en Irán», acompañada de una orden ejecutiva de sanciones a los sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros de la isla.¹⁰ El Senado rechazó una propuesta demócrata para limitar operaciones militares contra Cuba. La escalada tensiona el entorno geopolítico hemisférico y refuerza la dependencia de los países del istmo respecto de la política exterior estadounidense. En el plano económico, el petróleo WTI cerró a USD 101,94 por barril con una acumulación semanal del 7,6% por el bloqueo de Ormuz, una presión directa sobre las economías centroamericanas importadoras netas de hidrocarburos.¹¹

El patrón: el Estado que no protege, ataca

Lo que el 1° de mayo deja escrito es una galería de mecanismos donde el Estado se convierte en el agente activo de la vulneración que debería prevenir. En Honduras, el marco legal facilita el despojo y criminaliza al campesino; el sistema de protección infantil tarda dos años en procesar una denuncia; las centrales obreras marchan contra una ley que precariza el empleo. En El Salvador, el régimen de excepción permite detenciones masivas, despidos durante la propia protesta y la persecución de defensores de derechos humanos. En Nicaragua, el Estado financia al partido gobernante con los salarios de sus empleados mediante descuentos obligatorios, eliminando la frontera entre erario público y tesorería partidaria. En Costa Rica, la mayoría legislativa de un solo partido podría legislar contra derechos laborales históricos sin contrapesos efectivos. En Guatemala, la captura del Ministerio Público avanza mediante amparos, mayorías en la Corte de Constitucionalidad y la presión de una embajada que prioriza la cooperación en migración sobre la independencia judicial. La lección del día es que la degradación institucional no necesita golpe de Estado ni decreto de emergencia en todos lados: a veces necesita un Decreto 93-2021, a veces un comprobante de paga con descuento partidario, a veces una mayoría legislativa de 31 sobre 57. Lo que varía es el mecanismo; lo que no varía es el resultado —ciudadanos desprotegidos frente a Estados que los atacan—.

Fuentes

1. Honduras: «arquitectura criminal» despoja a comunidades. Reportar Sin Miedo, 1 mayo 2026.
2. Empleados públicos de Nicaragua denuncian descuento salarial dirigido al partido oficial. Radio América / EFE, 1 mayo 2026.
3. Trabajadores salvadoreños marchan por derechos humanos contra despidos masivos. Radio América / EFE, 1 mayo 2026.
4. Empleados públicos denuncian más despidos durante marcha del 1° de mayo. La Prensa Gráfica, 1 mayo 2026.
5. Marcha de trabajadores defiende jornada de 8 horas y exige salarios dignos en Costa Rica. Radio América / EFE, 1 mayo 2026.
6. Y la lucha sigue: hondureños conmemoran Día del Trabajador con protesta masiva. El Libertador, 1 mayo 2026.
7. Cada 3.5 horas se denuncia que un niño ha sido violado sexualmente en Honduras, alerta World Vision. Radio América, 1 mayo 2026.
8. Costa Rica Fertility Rate Hits 1.2 as Families Get Smaller and Older. The Tico Times, 1 mayo 2026.
9. Lo más destacado de la semana. Diario Centro América, 1 mayo 2026. Ver también: Villeda solicita coordinación estrecha entre Mingob y Fiscalía. Diario Centro América, abril 2026.
10. Trump afirma que EE.UU. «tomará el control» de Cuba «casi de inmediato». Radio América / EFE, 1 mayo 2026.
11. El petróleo de Texas baja un 3% tras la nueva propuesta de paz de Irán. Dinero HN, 1 mayo 2026.