Bukele a siete años: fosas comunes, apellidos cambiados y paquetes para muertos

El primero se llamaba Marvin Antonio Benítez. Tenía 22 años, era albañil y vivía en Chalatenango. Lo capturaron con una ficha policial y un antecedente por posesión de marihuana para consumo personal. Murió dos meses después en el penal de Mariona. Los rasguños en su cuello y los moretones en su cuerpo no figuraron en la autopsia: el diagnóstico fue leucemia. Su compañera, embarazada, pasó hambre para comprar paquetes que entregó durante cinco meses a un hombre que ya estaba bajo tierra en el cementerio La Bermeja, en San Salvador.¹

El segundo se llamaba Rafael López Castellón. Tenía 53 años, era tendero, sobrevivió 23 años a una insuficiencia renal crónica y era víctima de saqueos de la MS-13, no parte de ella. El acta policial inventó una reunión que nunca ocurrió. Murió 54 días después de su captura. Su familia pagó 2.700 dólares en exhumaciones y trámites, y perdió 250 dólares en paquetes entregados a un muerto.¹ El tercero se llamaba Henry Eleazar Joya Jovel. Era discapacitado intelectual y epiléptico. Lo capturaron en una redada donde la Policía, según describió un testigo, "agarraba como cuando uno jugaba chibola de niño: agarre mil, agarraba cualquier persona". Murió 36 días después. Sus fotos mostraban golpes en la cara. En el cementerio le cambiaron el apellido en el registro para dificultar su localización.¹

Estos tres nombres son los que la investigación de El Faro publicó el 30 de mayo de 2026, cuatro días antes de que Nayib Bukele cumpla siete años en el poder. Son tres casos entre los 530 que el Socorro Jurídico Humanitario registra como fallecidos bajo custodia estatal desde marzo de 2022, y entre los que sostienen las 470 denuncias presentadas ante la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de lesa humanidad.² No son los más numerosos. Son los que tienen nombre, apellido —aunque el Estado intentó cambiar el de uno— y alguien que los buscó.

El régimen no solo mató. Fabricó la desaparición de las muertes: autopsias que mienten, apellidos que se alteran, archivos que se reservan y paquetes que se siguen recibiendo para hombres que ya están enterrados.

Los tres nombres que el Estado intentó borrar

La investigación de El Faro no es la primera en documentar muertes bajo el régimen de excepción —las organizaciones de derechos humanos llevan cuatro años haciéndolo— pero sí la primera en reconstruir, con minuciosidad forense, el mecanismo institucional que las vuelve invisibles.¹ El caso de Marvin Antonio Benítez ilustra la cadena: captura con evidencia frágil, muerte con señales de violencia, autopsia que sustituye los golpes por una enfermedad crónica, entierro en La Bermeja como "cuerpo no reclamado", continuación del proceso judicial —por agrupaciones ilícitas— después de muerto. El juzgado siguió procesando a un cadáver porque nadie le avisó que el imputado había fallecido.

Con Rafael López Castellón el mecanismo se repite, pero agrega una capa: era una víctima de la pandilla, no un integrante. El acta policial que sustentó su captura inventó una reunión conspirativa entre él y un empleado pandillero. La ausencia de pruebas no impidió los 54 días de encierro ni la muerte que los siguió. Con Henry Joya Jovel el Estado sumó un paso más: le cambió el apellido en el registro del cementerio. No fue un error administrativo. Fue la herramienta que su hermano tuvo que desandar durante meses de búsqueda, revisando hospitales, cárceles y registros, antes de encontrar el cuerpo en una fosa abierta por seis hombres con trajes blancos especiales —el cadáver estaba en tal estado de putrefacción que lo reconoció por una cicatriz en el brazo.¹

Centros Penales, según documenta la investigación, recibió los paquetes que las familias seguían llevando sin informar de los decesos. No hay registro de que nadie haya preguntado qué hacía el sistema con las pertenencias de hombres que ya no existían. Tampoco hay registro de que nadie rindiera cuentas por ello.

Edema pulmonar: la herramienta forense del silencio

El eufemismo que conecta los tres casos —y a docenas más— es el diagnóstico de "edema pulmonar". En los primeros seis meses del régimen de excepción, 36 de los 69 detenidos fallecidos en prisión recibieron esa causa de muerte, pese a presentar cadáveres con golpes, moretones y signos de estrangulamiento.¹ El edema pulmonar no es un diagnóstico falso en términos técnicos: es un proceso fisiológico que puede ocurrir en un amplio espectro de circunstancias, incluyendo las que resultan de una golpiza. Es, exactamente, el tipo de causa de muerte lo suficientemente real como para firmar un certificado y lo suficientemente vaga como para no incriminar a nadie.

La Dirección de Medicina Legal no opera en el vacío. Opera en el mismo sistema donde la Fiscalía General de la República aseguró esta semana que no posee registros de investigaciones por muertes de reos —contradiciendo al fiscal Rodolfo Delgado, que admitió en 2023 haber investigado 142 casos, y al ministro Gustavo Villatoro, que reconoció 115 muertes ese mismo año.³ Y opera en paralelo a la Procuradora de Derechos Humanos Raquel Caballero, que negó públicamente recibir denuncias por torturas, aunque los registros oficiales de su propia institución documentan 2.094 denuncias por torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones.⁴ Las tres instituciones que deberían custodiar a las víctimas —Medicina Legal, Fiscalía, Procuraduría— producen, cada una desde su registro, la misma conclusión: no hubo delito, no hay registro, no hay qué investigar. El edema pulmonar es la última pieza de esa cadena. El forense firma, el expediente se archiva, la impunidad queda certificada médicamente.

Siete años y la pregunta del editor

El 1° de junio de 2026, Nayib Bukele cumple siete años en el poder. Cuatro de ellos transcurrieron bajo régimen de excepción, prorrogado por la Asamblea Legislativa que preside Ernesto Castro cada mes con la misma exactitud con que Centros Penales sigue recibiendo paquetes de familias que no saben que sus hijos están muertos. El día en que El Faro publica las fosas y los apellidos cambiados, el Ministerio de Hacienda mantiene activo el portal patrimonial que el FMI exigió como condición para un préstamo de 1.400 millones de dólares: el portal muestra que el patrimonio líquido declarado de Bukele pasó de 2,21 millones de dólares en 2018 a 4,46 millones en 2025, un crecimiento de 2,25 millones en siete años de gestión pública.⁵ Los datos no están desglosados. Cuatro diputados oficialistas no aparecen en el sistema. Como señaló la diputada opositora Claudia Ortiz, la medida responde al Fondo, no a ninguna voluntad de rendir cuentas.⁶

El editor de El Faro cerró su carta con la pregunta que ordena el aniversario: "¿Seguiremos siendo ese país donde se puede ser cruel? ¿Seguiremos siendo, después de tanto dolor, un buen lugar para matar?"⁷ No es retórica. Es la única pregunta que el séptimo aniversario de Bukele exige responder en términos materiales: quién paga, qué institución investiga, qué tribunal procesa. La respuesta que el propio aparato estatal ofrece es su silencio articulado: la Fiscalía borra los expedientes, Medicina Legal firma el edema, el cementerio cambia el apellido. Y el régimen anuncia que el siguiente capítulo será el "imperio de la ley y el orden", fórmula que el director del Centro Monseñor Romero, Rodolfo Cardenal, traduce con precisión: si el compromiso fuera auténtico, el régimen de excepción debería derogarse de inmediato.⁸ No lo será.

El Espino y la OIT: el cuerpo del territorio, el cuerpo del trabajo

La manufactura de impunidad no se limita a los penales. El movimiento Somos El Espino denunció el 29 de mayo la tala de 55.711 metros cuadrados de bosque con maquinaria pesada y cerco policial para el nuevo Centro Internacional de Ferias y Convenciones financiado por China, pese a medio millón de firmas ciudadanas en contra y advertencias técnicas sobre el riesgo a la recarga hídrica del Área Metropolitana de San Salvador.⁹ La Embajada china aseguró que "no se moverá ningún árbol más" y que el 70% del terreno será área verde, afirmación que contradice tanto las imágenes documentadas por Gato Encerrado como un decreto de la Asamblea dominada por Nuevas Ideas que contradice al propio Ministerio de Obras Públicas sobre la ubicación exacta de la obra.¹⁰ La promesa se sostiene mientras la maquinaria trabaja.

En el frente laboral, el CROSS se manifestó frente al Ministerio de Trabajo exigiendo que El Salvador permanezca en la Lista Corta de la OIT: 47.000 despidos en el sector público, persecución a sindicatos independientes y 14 observaciones pendientes por violaciones laborales acumuladas bajo el régimen.¹¹ El gobierno intenta salir de la lista mediante lobby y sindicatos afines mientras el doctor Rafael Aguirre, secretario general del SIMETRISSS, enfrenta un proceso de destitución por denunciar el desabastecimiento de medicamentos en el ISSS —donde unos 450 médicos renunciaron desde enero de 2024— y revelar que el nuevo listado institucional excluyó unos 35 fármacos esenciales sin avisar a los profesionales que debían prescribirlos.¹² "Despedirme no hará que aparezcan los medicamentos", dijo Aguirre. El régimen no lo contradijo. Avanzó con el proceso disciplinario.

Lo que El Faro publica cuatro días antes del séptimo aniversario no es una denuncia nueva: es la documentación de un mecanismo. La cadena que produce impunidad en El Salvador no funciona por caos sino por diseño: captura con prueba frágil, muerte con señales borradas, diagnóstico que certifica la inocencia del Estado, apellido alterado para dificultar la búsqueda, archivo reservado para cerrar cualquier expediente que sobreviva, institución que niega lo que su propio archivo contiene. Marvin, Rafael y Henry no son las únicas víctimas de esa cadena. Son los tres que tienen nombre en una investigación que llegó hasta la fosa abierta. Los 527 restantes todavía esperan que alguien llegue hasta la suya.

Fuentes

1. El régimen de Bukele ha enterrado en secreto a reos sin condena en fosas comunes. El Faro, 30 de mayo de 2026.
2. Socorro Jurídico registra 530 fallecidos en el régimen de excepción. YSUCA, 26 de mayo de 2026.
3. Autoridades afirman no tener investigaciones por muertes en el régimen. La Prensa Gráfica, 26 de mayo de 2026.
4. Torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones: las 2.094 denuncias del régimen que calla la procuradora Caballero. Alharaca, mayo de 2026.
5. Bukele dice que su patrimonio aumentó 2.25 millones desde que es presidente. El Faro, mayo de 2026.
6. A cuánto asciende el patrimonio de los 60 diputados de la Asamblea Legislativa. La Prensa Gráfica, 25 de mayo de 2026.
7. ¿Alguien algún día pagará por esto? El Faro, carta del editor, 30 de mayo de 2026.
8. El deseado imperio de la ley y del orden. Rodolfo Cardenal, YSUCA, mayo de 2026.
9. Estamos de luto: Somos El Espino denuncia daño ambiental por construcción del nuevo CIFCO. Diario Co Latino, 29 de mayo de 2026.
10. FOTOS: esta es la zona deforestada para el nuevo CIFCO en El Espino. Gato Encerrado, 28 de mayo de 2026.
11. El Salvador no debe salir de la Lista Corta por los despidos masivos y persecución en el sector público. Diario Co Latino, mayo de 2026. Ver también El Salvador mantiene 14 observaciones pendientes de la OIT por violaciones laborales. YSUCA, mayo de 2026.
12. "Despedirme no hará que aparezcan los medicamentos": doctor Rafael Aguirre. YSUCA, mayo de 2026.