Tres votos contra la fiscalía, 75 femicidios sin castigo y una editorial en la hoguera

La captura institucional ya no entra por la fuerza: entra por la recalificación, el expurgo y el mocionero.

El debut de la nueva Corte de Constitucionalidad de Guatemala no dejó margen para la interpretación. El 24 de abril, los magistrados Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa Escribá y Julia Marisol Rivera Aguilar votaron a favor de anular la nómina de seis finalistas a fiscal general, contra la disidencia de Anabella Morfín y Astrid Lemus, designadas por Arévalo y el Colegio de Abogados.¹ La resolución ordena recalificar los expedientes sin computar la experiencia judicial de los aspirantes —es decir, descalifica exactamente el perfil que la comunidad internacional había señalado como necesario para desarticular las redes que operan dentro del propio sistema de justicia.² En un país donde la impunidad se garantiza desde los tribunales, se descalifica a los jueces como candidatos a fiscal.

En paralelo, Honduras despliega una ofensiva que no se limita a la violencia física. La Secretaría de Cultura exhibe libros ante las cámaras, los califica de "ideológicos" y purga el catálogo de la Editorial Eva Thais mientras cuelga banderas provida en oficinas del Estado.⁵ El Centro de Derechos de Mujeres registró más de 75 femicidios en los primeros cuatro meses de 2026 con una tasa de impunidad del 95%, y el presupuesto lo confirma: Defensa recibe un incremento del 14,6% frente al 2,7% para la Secretaría de la Mujer.⁴ Lo que une ambas escenas no es el escándalo, sino la arquitectura que lo vuelve rutinario.

Guatemala: los nombres detrás de los tres votos

Para entender lo que pasó el 24 de abril hay que trazar la trayectoria de quienes firmaron la anulación. Roberto Molina Barreto fue electo por el Congreso controlado por las bancadas tradicionales —la misma arena que filtró una nómina original con al menos cuatro candidatos vinculados a las redes de impunidad—. Dina Ochoa Escribá proviene de la Corte Suprema de Justicia. Julia Marisol Rivera Aguilar fue designada a través del Consejo Superior Universitario de la Usac bajo el control de Walter Mazariegos, el rector que impidió la reelección de un candidato independiente y enfrenta movilizaciones estudiantiles exigiendo su renuncia.¹ La lógica es transparente: la CC no actuó como tribunal constitucional independiente sino como extensión de los poderes que controlan el Congreso y la CSJ. El editorial de La Hora lo sintetizó: "es pública la forma en que ocurrieron las designaciones en el Congreso y en la CSJ, así como la elección bajo el control férreo de Mazariegos en la Usac".¹

La OEA lo reconoció implícitamente. Su Misión Especial expresó preocupación de que una decisión "provisional" de un tribunal que "se declara a sí mismo incompetente" produzca efectos "en la práctica definitivos" sobre una nómina ya integrada y remitida al Ejecutivo, y subrayó que "la posibilidad de control judicial no debe traducirse en incertidumbre permanente, ni en la alteración expansiva de etapas preclusivas".² El PEI-GT fue más lejos y calificó la resolución de "interferencia desproporcionada", recomendando a la Comisión de Postulación no alterar el listado salvo en los casos específicos que no cumplan requisitos; documentó además que el amparo fue presentado el 4 de marzo y resuelto después de enviada la nómina.³ La Comisión quedó dividida: cinco de seis comisionados expresaron desacuerdo; solo la presidenta, Claudia Paredes, respaldó la resolución y advirtió que no acatar la decisión de la CC podría constituir "rompimiento del orden constitucional".⁷

El dato que cierra el cuadro: la recalificación bajó el puntaje de Gabriel Estuardo García Luna de 86,21 a 72,21 puntos al excluir su experiencia como juez, pero sigue por encima de la línea de corte reducida a 70 puntos —es decir, sigue elegible—.⁸ Cuando el proceso se recalibra para mantener dentro a ciertos perfiles y afuera a los jueces con trayectoria en el Organismo Judicial, la ironía se vuelve diseño institucional: se excluye como candidato a fiscal exactamente al tipo de profesional que podría investigar desde adentro.

Honduras: la pluma, la bandera y la cuenta

La Secretaría de Cultura de Honduras no está editando libros; está haciendo política identitaria con el aparato del Estado. El director del Libro, José Luis Argeñal, exhibió ante cámaras los textos catalogados como "ideológicos": "Los hijos e hijas del golpe", "El pensamiento de Xiomara Castro" y "Para Nosotras", una antología de poesía erótica de mujeres y disidencias publicada durante la administración anterior.⁵ Confirmó el expurgo del catálogo de la Editorial Eva Thais —que pasará a llamarse Editorial Lucila Gamero de Medina— y declaró que la secretaría está "comprometida directamente con el tema provida" y que "todo lo que tenga que ver con valores cristianos va a estar en esta secretaría".⁵ El ministro Yasser Handal exhibe una bandera provida en su oficina durante entrevistas. La instrumentalización del aparato cultural para una agenda confesional no tiene precedentes recientes en Honduras; el expurgo de catálogos editoriales es una forma de censura que se administra desde el Estado.

La violencia contra las mujeres opera en el mismo registro de abandono institucional. El Centro de Derechos de Mujeres registró más de 75 femicidios al 15 de abril de 2026, cifra cercana a los 79 del mismo punto de 2025; en 2025 se cerró con 262 casos y 95% de impunidad.⁴ De las 232 muertes violentas de 2024, el Poder Judicial solo realizó 99 autopsias; apenas el 2,6% de los casos llegan a tribunales y solo el 21% recibe sentencia condenatoria. Desde 2005 se acumulan 7.736 casos con solo 204 ingresados a juzgados de lo penal. Más de 110 mujeres desaparecidas en lo que va de 2026, según la Asociación Calidad de Vida.⁴ La Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres fue entregada al Congreso en marzo de 2022 y nunca se trató. La coordinadora del CDM, Lara Bohórquez, definió la situación con precisión: el enfoque del Legislativo es "de corte conservador y abiertamente antiderechos" y prioriza "endurecer las penas" en lugar de abordar las causas estructurales de la violencia.⁴

Las cifras presupuestarias confirman ese diagnóstico. La Secretaría de Defensa pasó de 10.844,8 a 12.429,9 millones de lempiras (+14,6%); el Poder Judicial recibió 250,4 millones más (+6%); la Secretaría de la Mujer, 3,8 millones (+2,7%).⁴ Solo nueve casas refugio operan para 18 departamentos; Ciudad Mujer tiene el presupuesto congelado en 141,3 millones. El mensaje es doble: la seguridad se militariza mientras la protección de las mujeres se congela, y la violencia estructural contra los cuerpos se administra con la misma mano que purga las bibliotecas.

La captura electoral completa el cuadro hondureño. Con 49 diputados del Partido Nacional y 41 del Partido Liberal, el cogobierno alcanza los 86 votos necesarios para nombrar reemplazos en el CNE y el TJE sin incluir al Partido Libre.⁶ El diputado del PN Eder Mejía afirmó que "la Ley Electoral no establece que se tengan que repartir los cargos entre las tres fuerzas políticas más votadas"; el de Libre, German Altamirano, admitió que su bancada está "maniatada".⁶ La Misión de Observación Electoral de la UE ya documentó la supuesta "instrumentalización" de la Fiscalía durante las elecciones de 2025. Si la exclusión de Libre se materializa, el sistema electoral quedará bajo control de las fuerzas que impulsaron los juicios políticos contra funcionarios independientes.

Costa Rica y Panamá: el ladrillo y la pinza

La Municipalidad de San José clausuró el proyecto inmobiliario Escalante Verde —vinculado a los hijos del canciller Arnoldo André Tinoco— tras detectar que el permiso de construcción estaba vencido y que se registró daño ambiental de 3.748 m² en el área de protección de la Quebrada Los Negritos.⁹ El Sinac confirmó el daño y ordenó reforestación con 387 árboles; la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental investiga bajo expediente 25-000021-0611-PE.⁹ La desarrolladora inició la tala de árboles la semana anterior pese al daño documentado. Cuando el canciller del gobierno saliente tiene hijos en un proyecto clausurado por daño ambiental, la pregunta no es si hay conflicto de interés sino cuánto tarda el sistema en nombrarlo.

En la Asamblea Legislativa, el diputado Gilberto Campos Cruz (PLP) presentó 50 mociones de fondo al expediente 24.739, que busca declarar a Costa Rica territorio libre de minería marina.¹⁰ El proyecto ya fue dictaminado afirmativamente por la Comisión de Ambiente con respaldo unánime y consulta a más de 40 instituciones; las mociones buscan "abrir portillos para actividades que el proyecto precisamente pretende evitar", según el diputado proponente Manuel Morales Díaz.¹⁰ La dilación legislativa como técnica de bloqueo tiene la misma función que el amparo en Guatemala o la destitución en Honduras: neutralizar la rendición de cuentas sin derogarla.

Panamá abrió el juicio por peculado contra Ronny Rodríguez y William Pittí, exfuncionarios del Consejo de Seguridad Nacional prófugos durante 12 años por la pérdida de equipos de interceptación telefónica valorados en 13,4 millones de dólares durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).¹¹ Ambos comparecieron vía Zoom desde la DIJ, donde están detenidos tras entregarse el 26 de marzo de 2026. El fiscal anticorrupción Javier Cuadra solicitó condena; la defensa pidió absolución por ausencia de pruebas.¹¹ Los equipos se usaron para espiar a dirigentes políticos, sindicales y gremiales. Una condena sentaría un precedente raro para la región: la rendición de cuentas por espionaje político estatal.

El patrón del 24 de abril no es un país ni un escándalo aislado; es un mecanismo que se replica con variantes. En Guatemala, la CC funciona como correa de transmisión de las redes de impunidad hacia la selección del fiscal; en Honduras, la purga cultural y la captura electoral acompañan un presupuesto que militariza la seguridad mientras congela la protección de las mujeres; en Costa Rica, la dilación legislativa y los conflictos de interés del gabinete neutralizan las instituciones de control; en Panamá, un juicio por espionaje intenta cerrar una herida que lleva 12 años abierta. Lo que distingue esta fase no es la excepcionalidad de cada caso, sino la convergencia temporal: la captura de las instituciones de rendición de cuentas se sincroniza en la región, y la impunidad deja de ser defecto para convertirse en diseño.

Fuentes

1. El debut de la nueva CC. La Hora, 24 abril 2026.
2. Tras amparo de la CC por elección de Fiscal General, OEA pide seguridad jurídica y estabilidad institucional. La Hora, 24 abril 2026.
3. PEI-GT sugiere a Comisión de Postulación no cambiar nómina a Fiscal General pese a "amparos maliciosos". La Hora, 24 abril 2026.
4. Honduras registra más de 75 femicidios en lo que va de 2026 bajo un sistema que garantiza la impunidad. Contracorriente, 24 abril 2026.
5. Secretaría de Cultura que ostenta bandera provida en Honduras condena de "ideológico" libro impreso por gobierno anterior. Contracorriente, 17 abril 2026.
6. Juicio político a Ochoa y Morazán abre negociaciones por reemplazos en el CNE y el TJE, con o sin Libre. Contracorriente, 17 abril 2026.
7. Elección de Fiscal General: Postuladora se divide en opiniones por resolución de CC. La Hora, 24 abril 2026.
8. Pese a recalificación, Gabriel García Luna se mantiene sobre línea de corte y aún es elegible para nómina final. La Hora, 24 abril 2026.
9. Municipalidad de San José frena polémico proyecto inmobiliario en Barrio Escalante. Delfino, 24 abril 2026.
10. Diputado del PLP presenta 50 mociones para entrabar avance de proyecto para prohibir la minería marina en Costa Rica. Delfino, 24 abril 2026.
11. Arranca juicio por el caso de la "máquina pinchadora": Rodríguez y Pittí comparecen vía Zoom. La Prensa, 24 abril 2026.