La circunscripción que no exige residencia y el TPS que nadie pidió prorrogar

Un análisis de Acción Ciudadana publicado el 10 de julio de 2026 comparó ocho modelos internacionales de representación legislativa de la diáspora y encontró que la reforma salvadoreña que crea la circunscripción 15 —con seis diputados extraídos de San Salvador y La Libertad— es el único caso entre los ocho donde los candidatos no necesitan haber vivido en el exterior para aspirar a "representar" a los salvadoreños que sí viven allá.¹ Colombia exige cinco años de residencia continua en el extranjero. Ecuador, dos años de residencia o haber nacido en la circunscripción. República Dominicana, cinco años en la demarcación específica. Francia, Italia, Portugal, Rumania y Croacia tienen cada una sus propias restricciones. El Salvador no pide nada: un diputado de Nuevas Ideas que reside en San Salvador puede inscribirse como representante de la diáspora en Estados Unidos sin vínculo real con esas comunidades. La reforma también omitió cómo participarán estos diputados en plenarias y comisiones, qué reglas rigen las campañas electorales fuera del país y cuál es el procedimiento matemático de reasignación de escaños. Lo que sí dejó claro es cuáles fueron los departamentos perjudicados: los seis escaños se obtuvieron restando cinco a San Salvador y uno a La Libertad, los dos donde la oposición tiene sus mejores posibilidades electorales.

El mismo 11 de julio, mientras esa reforma se asienta sobre un Tribunal Supremo Electoral que Nuevas Ideas ya capturó —despidió a más de 150 técnicos con décadas de experiencia y colocó operadores leales a la presidenta Roxana Soriano y a Casa Presidencial en áreas clave del registro electoral—, el plazo legal de 60 días para que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anuncie su decisión sobre el Estatus de Protección Temporal de los salvadoreños expiró sin pronunciamiento del DHS.² El TPS vence el 9 de septiembre de 2026. Más de 200.000 salvadoreños esperan una decisión que protege sus permisos de trabajo, su capacidad de sostener los $8.200 millones en remesas que financian el consumo interno del país y su posibilidad de no ser deportados a un sistema carcelario que el propio Estado no puede auditar. Bukele no ha gestionado públicamente ninguna solicitud de prórroga ante el DHS.

La reforma necesita los votos de la diáspora; el modelo necesita sus remesas. Lo que ninguno de los dos necesita es que Bukele llame al DHS.

La circunscripción que el TSE ya sabe cómo administrar

La reforma que crea la circunscripción 15 no omitió los requisitos de residencia por descuido legislativo. Como confirmó el análisis de Acción Ciudadana, esa omisión convierte a El Salvador en el único modelo entre los ocho revisados donde los candidatos no precisan ningún vínculo real con las comunidades que pretenden representar.¹ El economista Héctor Dada Hirezi lo formuló con precisión en una entrevista con FOCOS publicada el 10 de julio: la reforma "manipula los derechos de la diáspora" al vaciar de contenido la representación mientras aparenta ampliarla, y la Asamblea Legislativa "perdió su función deliberativa" al tramitar los cambios constitucionales sin debate real.³ Lo que la reforma construyó es el mecanismo inverso al que los modelos comparados intentan garantizar: en lugar de llevar la voz de quienes viven en el exterior al Parlamento, lleva operadores del aparato oficialista al espacio que esos votos abrieron.

El instrumento que procesará esa reforma en las elecciones de febrero de 2027 es el TSE que Nuevas Ideas ya capturó. Investigaciones de Divergentes y Confidencial publicadas en julio de 2026 confirman que el tribunal despidió a más de 150 técnicos con décadas de experiencia en el registro electoral, que la presidenta Roxana Soriano coordina directamente con Casa Presidencial, y que las reformas constitucionales que eliminaron la participación de los partidos en la designación del TSE habilitaron esa cooptación sin resistencia institucional visible.² El TSE publicó su primera actualización del calendario electoral el 11 de julio: cierre de actualización de domicilio en agosto de 2026, registro electoral definitivo en diciembre. El 12 de julio, Nuevas Ideas celebró sus elecciones internas en todo el país para elegir precandidatos.⁴

La oposición opera en ese escenario con pocos márgenes definidos. El médico Rafael Aguirre confirmó conversaciones con el FMLN para encabezar una fórmula presidencial; analistas lo califican como "decente y valiente" y advierten que la candidatura debe responder a una estrategia política, no solo electoral, en un campo donde el diseño institucional ya concentró ventajas antes de la fecha del voto.⁵ VAMOS descartó presentar candidatura presidencial por falta de garantías de transparencia. El patrón que la reforma, el TSE y las internas oficialistas del 12 de julio describen es la maquinaria electoral para 2027 en su versión más articulada: cinco escaños extraídos de los departamentos donde la oposición puede ganar, redistribuidos como representación de una diáspora cuyos candidatos no necesitan conocerla, administrados por un tribunal que ya removió al personal capaz de fiscalizarlo.

El 11 de julio y los 200.000 salvadoreños que el régimen no defiende

El plazo legal de 60 días que el DHS tiene para anunciar su decisión sobre el TPS salvadoreño venció el 11 de julio sin pronunciamiento publicado.⁶ Tres movimientos convergentes de esta semana delimitaron el problema. El 9 de julio, 81 congresistas encabezados por Jim McGovern enviaron una carta formal a Markwayne Mullin citando explícitamente el régimen de excepción, las muertes bajo custodia, los juicios colectivos, el encarcelamiento de menores y los casos de deportados que el sistema carcelario salvadoreño absorbió sin registro ni proceso como razones por las que El Salvador sigue siendo un país al que "no se puede devolver gente de manera segura".⁶ El mismo 9 de julio, la Alianza Nacional TPS y FWD.us publicaron que los beneficiarios del TPS salvadoreño aportan $5.400 millones anuales a la economía estadounidense y pagan $1.500 millones en impuestos.⁷ El congresista Tom Suozzi gestionó individualmente ante Mullin para evitar el fin del programa.

La administración Trump ya canceló 13 de los 17 TPS activos. El argumento del DHS en cada cancelación es el mismo: las condiciones que justificaron el estatus temporal "ya concluyeron". En el caso salvadoreño, ese argumento ignora que el régimen de excepción acumula más de dos años de prórrogas consecutivas desde marzo de 2022, que el GIPES identificó "bases razonables" para considerar que esas prórrogas configuran crímenes de lesa humanidad, y que salvadoreños deportados desde EE.UU. en los mismos vuelos que los venezolanos enviados al CECOT bajo el acuerdo Trump-Bukele llevan más de 15 meses encarcelados, incomunicados y sin cargos conocidos.⁸ Los venezolanos de esos vuelos fueron devueltos a su país meses después. Los salvadoreños —ciudadanos del Estado que los encarcela— no tienen consulado que los reclame ni presión diplomática que los busque. Irvin Quintanilla García permanece desaparecido del sistema carcelario pese a dos órdenes vinculantes de la Sala Constitucional y medidas cautelares de la CIDH; la FGR cerró "definitivamente" su investigación alegando que el delito "no se cometió en territorio salvadoreño", argumento que no explica por qué el director de prisiones tampoco puede ubicarlo.⁹

La tensión que el 11 de julio condensa es la siguiente: el régimen que construyó la circunscripción 15 para cooptar la representación de la diáspora, que depende de los $8.200 millones en remesas que esa diáspora genera, y que envió al vicepresidente Ulloa a la ONU a presentar Doctor SV como política de derechos humanos, no gestionó públicamente ante el DHS la prórroga del TPS que protege la capacidad de trabajo de las 200.000 personas que sostienen ese motor. La explicación más probable es política: tensionar la relación con Trump afectaría el sistema de deportaciones hacia el CECOT que la narrativa de seguridad del régimen necesita. La diáspora financia el modelo y sirve de capital electoral cooptable; lo que no hace es determinar cuándo el régimen decide salir a defenderla.

La IED que el BCR publica y el crecimiento que no produce inversión

El economista César Villalona publicó esta semana, con datos del Banco Central de Reserva, el análisis que desmonta uno de los pilares de la narrativa económica del régimen: la afirmación de que la "seguridad" de Bukele generó confianza internacional y atrajo inversión extranjera.¹⁰ Los datos del BCR muestran que el promedio anual de IED durante los siete años de Bukele fue de $471 millones, frente a $487 millones en los últimos siete años del FMLN. Sin ajuste por inflación. Si se ajusta por el deterioro acumulado del poder adquisitivo del dólar entre 2012 y 2025, la diferencia es todavía mayor en perjuicio del período actual. En el primer trimestre de 2026, la caída interanual alcanzó el 40%.

Ese dato contrasta con los indicadores que el régimen sí publica: la construcción lidera el crecimiento en Centroamérica con 18,5% de alza interanual en el IMAE a abril de 2026, y el PIB expandió 4,8% en el primer trimestre.¹¹ Pero El Faro documentó que desde 2021 el Estado acumuló $10.000 millones en deuda nueva para financiar ese crecimiento.¹² Las remesas sostienen el consumo. La inversión en infraestructura emblemática —Surf City, metrocable— depende del gasto público. La IED, el único motor que crearía empleo formal, transferiría tecnología y dinamizaría cadenas de valor sin deuda nueva, es la que cae. El economista Carlos Araujo señaló esta semana el obstáculo que el agregado macroeconómico no resuelve: "el principal obstáculo para atraer mayores inversiones radica en la falta de seguridad jurídica y en los problemas de carácter fiscal".⁵ El mismo modelo que produjo la captura del TSE y la eliminación de contrapesos institucionales genera la inseguridad jurídica que ahuyenta la inversión que el modelo dice haber atraído.

El circuito se cierra en el campo: la producción de maíz cayó de 50 quintales por manzana a 42 en cuatro años —una reducción del 16%— mientras la inflación acumulada de alimentos desde 2019 alcanza el 31,83%. El Ministerio de Agricultura declaró reservada su información de producción por siete años. El boom constructor que lidera Centroamérica no financia los reservorios de agua ni los fondos para pequeños productores que el campo necesita. El economista René Antonio Hernández, de la UCA, lo situó en perspectiva: El Salvador capta apenas una fracción de la IED que llega a América Latina, mientras Brasil y México absorben el 63% de los flujos regionales. El crecimiento del PIB se construye sobre un modelo que importa lo que no puede producir, financia con deuda lo que no logra atraer como inversión y reserva la información que podría medir el costo de esa combinación.

Lo que el 11 de julio deja instalado no es el estallido de una crisis sino el inicio de su plazo de vencimiento. El DHS puede anunciar en cualquier momento de julio o agosto. Si no prorroga el TPS, los $8.200 millones en remesas que sostienen el consumo interno empiezan a erosionarse justo cuando la IED que ya cayó 40% tampoco da señales de recuperarse. Los deportados que ingresen en los meses previos a las elecciones de febrero de 2027 entrarán al mismo sistema que no puede encontrar a Quintanilla. La circunscripción 15 fue diseñada para extraer representación de donde vive esa diáspora y redistribuirla hacia el aparato que no la defiende. El calendario que el TSE publicó el 11 de julio —cierre de domicilio en agosto, registro definitivo en diciembre— es la hoja de ruta de ese proceso. El 9 de septiembre no es la fecha del colapso del modelo; es la fecha en que el costo de no haber llamado al DHS empieza a acumularse en los mismos números que el BCR no puede reservar por siete años.

Fuentes

1. Así representan otros países a su diáspora: El Salvador deja vacíos en normas para diputados en el exterior, advierte Acción Ciudadana. La Prensa Gráfica, 10 de julio de 2026.
2. Nuevas Ideas controla el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador. Divergentes, julio de 2026. Ver también: El último árbitro: Nuevas Ideas se toma el Tribunal Supremo Electoral para reelegir a Bukele. Confidencial, julio de 2026.
3. Héctor Dada advierte «manipulación de los derechos de la diáspora» tras reforma constitucional para voto en el exterior. FOCOS, julio de 2026. Ver también: Héctor Dada Hirezi: "Soy enemigo de que se manipulen los derechos de la diáspora". FOCOS, julio de 2026.
4. Video: Esto debes hacer para votar en internas de Nuevas Ideas. La Página, julio de 2026. Ver también: TSE actualiza el calendario electoral para 2027. YSUCA, julio de 2026.
5. Analistas califican eventual candidatura presidencial de Rafael Aguirre como "decente y valiente". Diario Co Latino, julio de 2026. Ver también: Carlos Araujo: eventual candidatura de Rafael Aguirre debe responder a una estrategia política y no solo electoral. Diario Co Latino, julio de 2026.
6. Congresistas de EEUU piden extender el TPS para El Salvador. Diario Co Latino, julio de 2026. Ver también: Congresista pide evitar el fin del TPS para miles de salvadoreños. El Salvador.com, julio de 2026.
7. Salvadoreños con TPS aportan $5.400 millones anuales a la economía de Estados Unidos. La Prensa Gráfica, 10 de julio de 2026.
8. Salvadoreños deportados al CECOT siguen presos y sus familias no saben por qué. El Faro, julio de 2026.
9. Salvadoran Authorities Stonewall Each Other on Whereabouts of Missing CECOT Deportee. El Faro English, julio de 2026.
10. Tres aclaraciones sobre la inversión extranjera en El Salvador. Diario Co Latino, julio de 2026.
11. Construcción en El Salvador lidera el crecimiento en Centroamérica con un alza de 18.5%. Diario La Huella, julio de 2026.
12. El Salvador vive a crédito: Nuevas Ideas apuesta por sobreendeudarse. El Faro, julio de 2026.