Del Diálogo Social a Ginebra: los empresarios que apelan lo que el Parlamento ya decidió

Los empresarios llevaron al Consejo de Administración de la OIT en Ginebra lo que no pudieron sostener en la mesa del Diálogo Social en Montevideo.¹ La denuncia cuestiona la Ley de Negociación Colectiva uruguaya —pilar del sistema de relaciones laborales construido desde 2005— bajo el argumento de que viola convenios de la OIT sobre libertad sindical. El subsecretario de Trabajo, Hugo Barretto, que viajó a Ginebra para exponer ante el Consejo, calificó la maniobra de "absurda" y advirtió que tiene "un efecto dañoso para el país" al proyectar una imagen de conflictividad laboral que no corresponde a la realidad del vínculo tripartito que Uruguay construyó en las últimas dos décadas. La calificación es exacta en términos jurídicos: el sistema de negociación colectiva uruguayo fue construido precisamente sobre convenios de la OIT que Uruguay ratificó. Pero la impugnación empresarial no tiene solo un argumento jurídico; tiene una estrategia. Si el Diálogo Social les cerró ciertos temas, la OIT es la segunda instancia.

Lo que hace relevante esa estrategia no es si va a prosperar —la probabilidad jurídica de que el organismo internacional revoque una ley construida sobre sus propios instrumentos es baja— sino lo que revela sobre el mapa de fuerzas actual. El Diálogo Social produjo acuerdos que la mesa empresarial encontró excesivos o amenazantes: el pasaje a la jubilación a los 60, la gestión directa de fondos de AFAP, la revisión de ciertas condiciones de contratación. CPA Ferrere, uno de los estudios más escuchados en los foros empresariales, publicó en los últimos días una advertencia formal sobre los "riesgos y costos" de las medidas del Diálogo Social.² Las encuestas de Exante muestran que el clima de negocios y la evaluación del gobierno caen en la visión de los empresarios. El episodio de la OIT es la formalización de ese malestar: ya no es una posición en la mesa, es un expediente en Ginebra.

El capital que no ganó en el Diálogo Social viaja a Ginebra. El Estado que reconoce la regresividad del fisco la estudia para otro período. La brecha entre lo que las instituciones saben y lo que deciden ejecutar tiene un costo, y ese costo siempre lo paga quien trabaja.

El fisco que sabe lo que no reforma

En paralelo a la ofensiva empresarial ante la OIT, un jerarca del Ministerio de Economía y Finanzas confirmó esta semana que el MEF estudia la viabilidad de cambios en el IVA, el IRPF y el IRAE con criterio redistributivo, aunque aclaró con énfasis que esos cambios "no se implementarán en este período".³ La aclaración tiene una lógica técnica —cambios tributarios de esa escala requieren preparación y discusión— pero también tiene una función política: señalar que el gobierno sabe lo que FUCVAM y los economistas heterodoxos llevan años documentando, y que sabe que no va a actuar sobre eso ahora.

La posición de FUCVAM, articulada esta semana, es precisa: el sistema tributario uruguayo es injusto porque la mayoría de la recaudación recae sobre el salario y el consumo, mientras el sector agroexportador y las zonas francas conservan amplios beneficios bajo la Ley de Inversiones.⁴ Lucía Anzalone, de la Facultad de Arquitectura (FADU-Udelar), sumó otro eje: el derecho a la vivienda no termina en cuatro paredes, sino que exige garantizar el "Derecho a la Ciudad" —acceso a servicios, transporte, infraestructura, espacio público— frente a la especulación inmobiliaria que expulsa a los sectores populares hacia la periferia.⁵ La articulación entre tributación regresiva y acceso a la ciudad no es abstracta: es la razón por la que 739.000 uruguayos figuran hoy como deudores incobrables en el sistema financiero, una cifra que no mide solo deuda sino la distancia entre ingresos disponibles y costo de vida.⁶

El movimiento cooperativista viene de un logro concreto —el Senado aprobó días atrás por unanimidad la ley de abreviación del trámite expropiatorio de inmuebles con deuda compensable, que habilita al Estado a recuperar viviendas vacías con un procedimiento más ágil. Pero esa herramienta opera sobre el parque existente; no modifica la estructura fiscal que sigue produciendo viviendas de un dormitorio para rentistas mientras las familias con hijos buscan dos dormitorios que el mercado formado ya no construye. La victoria en el Senado es real. La distancia que queda por cubrir también.

Copsa, Coleme y los trabajadores que pagan el modelo

Copsa no puede pagar salarios. El Parlamento convocó esta semana al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a los directivos de la empresa para dar explicaciones ante la comisión correspondiente sobre "la incapacidad estructural" de la empresa para cumplir con sus obligaciones salariales.⁷ Copsa opera rutas de transporte interurbano en el interior del país; su crisis no es reciente, pero la cita parlamentaria marca que el problema pasó del terreno de la gestión al terreno de la responsabilidad institucional. El MTOP tiene que responder si hubo negligencia en el control de la empresa, si la habilitación de la ruta es sostenible, y qué plan existe para que los trabajadores cobren lo que ya trabajaron.

El cierre de Coleme en Melo, Cerro Largo, es otro frente del mismo diagnóstico estructural: el modelo agroexportador uruguayo no es geográficamente uniforme.⁸ La cooperativa láctea más antigua del departamento cerró definitivamente por inviabilidad económica y falta de cuenca que la sustente. La zona de Cerro Largo nunca tuvo la concentración de tamberos que sostiene a las cuencas del litoral y el sur; el endeudamiento acumulado hizo el resto. Lo que el gobierno confirmó esta semana es que no hay plan de rescate ni reconversión viable: el cierre es definitivo. El impacto no es solo en los empleados directos de la cooperativa sino en los productores asociados que pierden el eslabón industrial que les daba sentido comercial a sus tambos.

Leídos juntos, Copsa y Coleme apuntan a la misma geografía económica: el interior profundo, donde los servicios de transporte y los eslabones industriales de la cadena agropecuaria son estructuralmente más frágiles y donde el Estado llega más tarde o con menos recursos a absorber el ajuste. La pregunta que ninguno de los dos casos responde todavía es si el gobierno tiene un modelo de desarrollo para esas zonas más allá de la administración del cierre.

La educación que construye ladrillos y no atiende diferencias

ANEP proyecta 44 nuevas obras edilicias en el marco de su plan de infraestructura, al mismo tiempo que las proyecciones demográficas muestran que la matrícula escolar caerá un 25% en los próximos 15 años.⁹ La contradicción no pasó inadvertida: la institución sigue invirtiendo en infraestructura fija en lugar de replantear el modelo hacia el transporte escolar, una propuesta que el técnico Germán Rama formuló hace décadas y que sigue siendo bloqueada por una combinación de inercia institucional y presiones sindicales. Construir nuevos edificios cuando el número de alumnos va a contraerse no es neutralmente ineficiente: implica fijar costos de mantenimiento, inversión y personal en estructuras que en quince años serán subutilizadas.

El dato más incómodo no es la cantidad de ladrillos. Es el estudio publicado esta semana por investigadores de la Udelar sobre incidencia de la ascendencia étnico-racial y las necesidades educativas específicas en los desempeños escolares.¹⁰ Los resultados confirman lo que la evidencia comparada ya estableció: los niños con ascendencia afro y los niños con necesidades educativas específicas tienen peores desempeños en las pruebas estándar, una correlación que no mide incapacidad sino la distancia entre lo que el sistema ofrece y lo que esos niños necesitan para aprender en igualdad de condiciones. El Estado que proyecta 44 edificios nuevos y no tiene un plan diferenciado para atender esa brecha está haciendo infraestructura sin pedagogía. El ladrillo no corrige la desigualdad de origen; en el mejor de los casos, la aloja.

La Jutep como campo de batalla, segunda vuelta

El expediente sobre la camioneta de Orsi sigue corriendo en la Jutep, y la disputa política sobre el organismo tampoco cerró. El diputado blanco Juan Martín Rodríguez dirigió esta semana una exigencia al director Ferraris: "Si se declara incompetente, que asuma esa condición y deje de lado esa responsabilidad".¹¹ La formulación es más precisa que el habitual cuestionamiento de la oposición porque no pide solo la renuncia sino que coloca al director ante una elección binaria: o tiene la capacidad técnica y ética para investigar al presidente, o debe reconocer que no y retirarse. El efecto político es el mismo que el de la semana pasada —deslegitimar al organismo antes de que produzca resultados— pero el tono es más personal y el objetivo más concreto.

La Jutep quedó en una posición que ningún organismo de control debería ocupar: investigar a quien es objeto de denuncia mientras es simultáneamente cuestionada por quienes tienen interés en que no investigue. El expediente sigue corriendo. El ruido político que lo rodea no lo detiene, pero determina el umbral de credibilidad que cualquier conclusión va a encontrar cuando llegue.

El 10 de junio, el PIT-CNT convoca al paro en el Cerro con una plataforma que recoge varios de los hilos de esta semana: 6% del PBI para educación, defensa de empresas públicas, impuesto al 1% más rico para combatir la pobreza infantil. Es el primer gran test de calle del gobierno del FA. El timing no pudo ser más elocuente: los empresarios llevan el Diálogo Social a Ginebra el mismo día en que los trabajadores llevan sus demandas a la calle del Cerro. No es coincidencia de calendario. Es el mismo conflicto en dos escenas simultáneas, y el gobierno tiene que responder en las dos al mismo tiempo.

Fuentes

1. Denuncia de empresarios ante la OIT es "absurda" y puede tener un "efecto dañoso" para el país, según subsecretario de Trabajo. la diaria, junio 2026. | Hugo Barretto expuso en la OIT: "Lo que está en marcha es una progresiva recomposición de las tareas". la diaria, junio 2026.
2. CPA Ferrere advierte sobre riesgos y costos de las medidas propuestas por Diálogo Social. Subrayado, junio 2026. | Clima de negocios y evaluación de gobierno cae en visión de empresarios, encuesta Exante. Subrayado, junio 2026.
3. Jerarca del MEF dijo que estudian viabilidad de cambios en el IVA, IRPF y en el IRAE. Subrayado, junio 2026.
4. El sistema tributario uruguayo es injusto: la mayoría de los impuestos recaen sobre el salario. FUCVAM, junio 2026.
5. Lucía Anzalone: "El derecho a la vivienda no se termina en la casa, hay que garantizar el Derecho a la Ciudad". FUCVAM, junio 2026.
6. Más de 739.000 uruguayos figuran como deudores incobrables. El Eco Digital, junio 2026.
7. El Parlamento citará al Ministerio de Transporte y a directivos de Copsa por la situación de la empresa. la diaria, junio 2026.
8. VTV al Día 06-06 | Coleme cerró sus puertas. VTV, junio 2026.
9. La educación pierde alumnos, pero ANEP proyecta 44 nuevas obras edilicias: el debate que reabre la camioneta de Orsi. El Observador, junio 2026.
10. Estudio muestra incidencia de ascendencia étnico-racial y necesidades educativas específicas en peores desempeños de escolares. la diaria, junio 2026.
11. Diputado Rodríguez: si Ferraris "se declara incompetente, que asuma esa condición y deje de lado esa responsabilidad". la diaria, junio 2026.