Dieciocho democracias y 4.000 familias: la respuesta de Bukele a WOLA no incluye El Pitón

El 13 de julio de 2026, mientras Nuevas Ideas publicaba los resultados de sus elecciones internas sin cifras verificables —sin porcentaje de votos, sin tamaño del padrón, sin número de sufragios emitidos—, Nayib Bukele respondió públicamente a la presidenta de WOLA, que había comparado el proceso salvadoreño con Venezuela y Nicaragua por la reelección indefinida.¹ La respuesta no cuestionó la comparación en sus términos materiales —la captura de la Sala Constitucional, la destitución del fiscal, el TSE cooptado, el régimen de excepción con más de 23 prórrogas— sino que la desplazó hacia el plano formal: Bukele listó 18 democracias parlamentarias que permiten la reelección sin límite y cerró con "pero la idea es que suene mal".² La operación tiene una mecánica precisa — elegir el parámetro que valida el resultado deseado e ignorar los que lo refutan —, y no es la primera vez que la usa. Su vicepresidente Félix Ulloa ya describió el sistema con más honestidad en 2024: "No la estamos desmantelando, la estamos eliminando, la estamos sustituyendo por algo nuevo", dijo al New York Times.

Lo que el 14 de julio condensa no es solo esa respuesta. Es la convergencia de tres materiales que el régimen administra en frecuencias que no se tocan en sus comunicados pero que se solapan en el territorio. La primera: la narrativa internacional de legitimidad democrática. La segunda: el control territorial sobre comunidades que resisten —más de 4.000 familias de veteranos de guerra en la comunidad El Pitón, Nuevo Cuscatlán, enfrentan una orden de desalojo en 90 días sin reubicación, con advertencias explícitas de aplicarles el régimen de excepción si se oponen.³ La tercera: los datos del Censo 2024 que el Banco Central de Reserva publicó esta semana, que prueban que el "país seguro" que Bukele construyó sigue exportando población —no ya por miedo a las pandillas, sino por la imposibilidad de encontrar empleo digno.⁴

Un régimen puede citar 18 democracias para la galería internacional y administrar un régimen de excepción de cuatro años. La contradicción no le cuesta nada: se la cobran los 4.000 de El Pitón.

La falacia de los 18 países y lo que Ulloa ya dijo en voz alta

La respuesta de Bukele a WOLA tiene dos falacias superpuestas que conviene desmontar por separado.² La primera es de tipo: los sistemas parlamentarios que Bukele citó —Canadá, Reino Unido, Alemania, Australia y catorce más— permiten la reelección indefinida precisamente porque el jefe de gobierno puede ser removido en cualquier momento mediante una moción de censura parlamentaria. En el parlamentarismo, la permanencia en el cargo depende de la confianza continua de una cámara con oposición efectiva, prensa libre y judicatura independiente. No son países que habilitaron la reelección indefinida después de capturar su Sala Constitucional; son países donde esa reelección funciona porque la estructura de poder es exactamente la que El Salvador no tiene desde mayo de 2021.

La segunda falacia es de grado: la comparación que WOLA estableció no fue "El Salvador tiene reelección indefinida, igual que estos países", sino "El Salvador comparte con Venezuela y Nicaragua un patrón de captura institucional". GatoEncerrado lo documentó con precisión: la Sala Constitucional fue destituida e instalada con magistrados leales el 1 de mayo de 2021; el fiscal general fue designado el mismo día, en pocas horas; el TSE perdió más de 150 técnicos y recibió operadores leales a Casa Presidencial; la deuda política fue eliminada; la Ley de Ciberseguridad habilita el "derecho al olvido" para remover cobertura periodística crítica; alrededor de 50 periodistas están en el exilio.¹ La comparación con Venezuela y Nicaragua que Bukele rechazó no se sostiene o cae en función de si los países que mencionó permiten la reelección. Se sostiene o cae en función de si esos países destruyeron sus contrapesos institucionales para habilitarla. Ninguno de los 18 lo hizo.

La parte que la respuesta a WOLA omite la dijo el propio vicepresidente Ulloa en 2024: "No la estamos desmantelando, la estamos eliminando, la estamos sustituyendo por algo nuevo". Y en 2026, al diario El Español, sostuvo que El Salvador "es un modelo de democracia". Las dos afirmaciones no se contradicen desde adentro del sistema: nombran el mismo objeto desde el mismo punto de vista. La candidatura que Nuevas Ideas ratificó el 12 de julio proyecta a Bukele-Ulloa hasta 2033 —seis años más de ese "algo nuevo"—, con resultados publicados sin porcentaje de votos, sin tamaño del padrón, sin número de sufragios emitidos. WOLA señaló el proceso. La respuesta señaló otros países. Ninguna de las dos señaló el padrón.

El Pitón: cuando el régimen de excepción desaloja a sus propios veteranos

El 30 de junio de 2026, el Juzgado Segundo de Paz de Nuevo Cuscatlán emitió una resolución que concede 90 días a las familias de la comunidad El Pitón para abandonar la finca Florencia, donde más de 4.000 familias de veteranos de guerra desmovilizados construyeron durante once años su comunidad con recursos propios: agua potable, energía, calles, drenajes, puentes.³ La resolución identifica a 45 personas como "presuntos invasores" y no contempla reubicación alguna. Según denunciaron los propios habitantes ante YSUCA, la orden judicial vino acompañada de advertencias explícitas: si se oponen, podrían enfrentar consecuencias bajo el régimen de excepción. Sus habitantes sostienen que el terreno fue adquirido por el IPSFA con cotizaciones de los propios combatientes, para beneficiarlos a ellos.

El caso no es un accidente de gestión local. Es la materialización más nítida de un patrón que las organizaciones de derechos humanos documentan desde 2022: el régimen de excepción ya no se aplica únicamente como herramienta contra presuntos pandilleros, sino como mecanismo disciplinario generalizado frente a cualquier forma de resistencia social organizada. El Estado que envía 300 especialistas a un hospital de campaña en Venezuela y abre consulados honorarios en Lugano no ofrece un metro cuadrado de reubicación para 4.000 familias que construyeron su comunidad en territorio propio durante más de una década.

Ahí está el hilo que conecta El Pitón con los demás frentes territoriales de esta semana. Las organizaciones indígenas MILPA y Calpilli por la Vida lanzaron una campaña de defensa contra Volcano Energy y Hashpower Energy Solutions, que proyectan instalar un parque fotovoltaico en la Reserva de la Biosfera Apaneca-Ilamatepec, con denuncia de presiones sobre comunidades de Izalco, amenazas a fuentes de agua y destrucción de ecosistemas.⁵ La próxima Peregrinación de San Romero —1 y 2 de agosto— volverá a incluir el rechazo a la Ley General de Minería Metálica que la Asamblea aprobó el 23 de diciembre de 2024 sin consulta ciudadana, desoyendo las 150.000 firmas que la Iglesia presentó en marzo de 2025.⁶ El cardenal Gregorio Rosa Chávez advirtió que estamos en "un país donde casi no hay bosques y donde gran parte del agua está contaminada". Los tres casos —veteranos en Nuevo Cuscatlán, comunidades indígenas en Sonsonate, feligresía en la Peregrinación— comparten una estructura idéntica: se imponen sin consulta previa, se justifican en el lenguaje del desarrollo o la seguridad, y amenazan el agua, los bosques y los ecosistemas como si las comunidades no humanas que los habitan —la fauna acuática, los bosques que protegen nacimientos de agua, la biodiversidad de la reserva— no fueran parte del daño que se contabiliza. La diferencia entre el vocabulario de la "seguridad pública" que desaloja El Pitón y el del "desarrollo energético" que avanza sobre Apaneca no está en el impacto sobre quienes habitan esos territorios: está en el registro verbal con el que se justifica.

El Censo 2024 y la emigración que el régimen no puede celebrar del todo

El Banco Central de Reserva publicó los datos del Censo 2024 sobre motivaciones de emigración, y el régimen se encontró con un dato de doble filo que no eligió.⁴ La inseguridad como motivo de emigración cayó del 20,5% (2014) al 2,4% (2024). La búsqueda de trabajo subió al 59,8%. La reunificación familiar llegó al 19,8%, señal de que la migración se volvió estructural: ya no es solo la primera generación que parte, sino la que sigue a quien partió primero. El 8,1% de los hogares tiene al menos un integrante emigrado. Los departamentos que más expulsan son los más pobres: Cabañas con 17,3%, Chalatenango con 14,9%. El 22,5% de los hogares vive en pobreza; el 7,7% en pobreza extrema.

Bukele dirá —y en esa parte tendrá razón— que la caída al 2,4% por inseguridad confirma el éxito de su guerra contra las pandillas. Los salvadoreños ya no se van por miedo a un ajuste de cuentas en la calle. El dato es real y no se puede ignorar. Lo que también es real, y el régimen no puede celebrar en el mismo comunicado, es que los salvadoreños siguen yéndose —y ahora se van porque el modelo económico no genera empleo digno en los departamentos que producen migrantes. El régimen que eliminó el síntoma más visible no modificó las condiciones materiales que generaron ese síntoma ni las que ahora producen emigración estructural por razones económicas. El 59,8% de los hogares que cita el desempleo como motor migratorio convierte al "país seguro" en el "país seguro donde igual no podés quedarte a trabajar".

El momento en que esos dos datos convergen es el 9 de septiembre de 2026. Más de 80 senadores demócratas enviaron esta semana una carta al secretario del DHS Markwayne Mullin citando el régimen de excepción, las muertes bajo custodia y la fragilidad económica como razones por las que El Salvador no constituye un país al que se pueda devolver gente de manera segura.⁷ Si la administración Trump no prorroga el TPS, las deportaciones de septiembre en adelante regresarán población activa a un país que el Censo certifica que no tiene capacidad de absorberla laboralmente. Los beneficiarios aportan $5.400 millones anuales a la economía de Estados Unidos; los $8.200 millones en remesas que sostienen el consumo interno salvadoreño —y con ellos el boom constructor y el crecimiento del PIB— dependen de que esa diáspora siga en condiciones de trabajar y enviar. Bukele no gestionó públicamente una prórroga del TPS porque hacerlo implicaría reconocer que las condiciones que los 80 senadores citan —el régimen de excepción, las más de 544 muertes bajo custodia, los salvadoreños del CECOT incomunicados desde hace más de 15 meses— siguen vigentes.⁸ Es el mismo silencio que tiene sentido en la escala del modelo y que el Censo acaba de dejar sin coartada narrativa: ya no es posible decir que la gente se queda porque el país es seguro. Se queda la que no pudo pagar el pasaje.

El patrón que el 14 de julio deja instalado no es una suma de crisis sino una arquitectura que opera con automaticidad: el régimen cita 18 democracias para la galería internacional, desaloja a los veteranos que construyeron El Pitón durante once años, y espera que el Censo alcance para sostener el relato de éxito mientras el TPS vence sin gestión visible. El 20 de julio arranca el juicio por la masacre de la UCA en el Tribunal Cuarto de Sentencia, con la intimación reprogramada al excoronel Montano —condenado a 133 años en España—, abriendo el único proceso de justicia transicional en pie en un sistema judicial que el CNJ 2026-2031 está a punto de completar bajo control oficialista.⁹ El 26 de julio el FMLN celebra sus internas con Aguirre inscripto formalmente, el BRP fuera del proceso y el MDCT sosteniendo que las condiciones democráticas son insuficientes para participar.¹⁰ La misma arquitectura que produce internas sin padrón verificable, desalojos sin reubicación y TPS sin gestión también produce un juicio por la masacre de 1989 que inicia mientras el sistema que debería sostenerlo termina de ser cooptado. El 20 y el 26 son los próximos puntos de inflexión. Lo que miden no es si el régimen puede ganar: ya ganó. Lo que miden es si queda algo que pueda perder.

Fuentes

1. Bukele es ratificado como candidato presidencial por tercera vez consecutiva. GatoEncerrado, 13 de julio de 2026.
2. Presidente Nayib Bukele responde a críticas de WOLA sobre la reelección indefinida. La Página, julio de 2026. Ver también: Presidente Bukele responde a WOLA y defiende su postura sobre la reelección. Diario La Huella, julio de 2026.
3. Familias de comunidad El Pitón denuncian presiones para desalojar bajo amenazas del régimen de excepción. YSUCA, julio de 2026.
4. ¿Por qué emigran los salvadoreños? Estas son las principales razones. El Salvador.com, julio de 2026.
5. Comunidades de Sonsonate lanzan campaña contra parque fotovoltaico en Reserva Apaneca-Ilamatepec. Diario Co Latino, julio de 2026.
6. Peregrinación de San Romero incluirá mensaje contra la minería metálica y en defensa de la casa común. YSUCA, julio de 2026.
7. Senadores de EE.UU. argumentan violaciones de derechos humanos en El Salvador para pedir extensión del TPS. YSUCA, julio de 2026. Ver también: A dos meses del vencimiento del TPS: crece la incertidumbre para más de 230 mil salvadoreños. Contrapunto, julio de 2026.
8. Salvadoreños deportados al CECOT siguen presos y sus familias no saben por qué. El Faro, julio de 2026.
9. Reprograman intimación contra exmilitar salvadoreño por caso masacre en la UCA. YSUCA, julio de 2026.
10. Rafael Aguirre se inscribe como precandidato presidencial por el FMLN. YSUCA, julio de 2026. Ver también: BRP rechaza apoyar candidaturas y denuncia que elecciones 2027 serán un "fraude". Diario Co Latino, julio de 2026.