Diez metros del aula y cuatro años de condena: el Estado que negocia sus propias normas

En la misma semana en que la Brigada Antidrogas de Maldonado fue celebrada por la propia Jefatura como autora de un operativo "histórico", la justicia convalidó un acuerdo abreviado que condenó al cabecilla multireincidente de esa red a tres años y diez meses de penitenciaría, cuando el delito prevé hasta doce.¹ En la misma semana, una investigación de la diaria basada en datos oficiales del MGAP reveló que entre 2020 y 2026 el ministerio otorgó cien exenciones para fumigar con pesticidas a menos de trescientos metros de escuelas rurales, llegando hasta los diez metros del predio donde estudian y juegan gurises.² Son dos hechos con protagonistas distintos, geografías distintas y ministerios distintos. El patrón que los conecta es el mismo: el Estado uruguayo construye capacidades técnicas e institucionales que luego administra con una blandura que no responde a la ley sino a quien está del otro lado de la mesa.

No es que los instrumentos fallen. La investigación policial fue impecable: dieciséis allanamientos simultáneos, cincuenta y siete kilos de cocaína, once vehículos de lujo, quince detenidos, más de tres millones de dólares en bienes incautados. La investigación periodística fue igualmente precisa: noventa y seis departamentos distintos, once departamentos del territorio nacional, exdocentes rurales que denuncian presiones para no hablar y dependencia económica de los padres respecto a los rubros productivos que fumigan. En ambos casos, el trabajo de detectar, medir y documentar fue riguroso. En ambos casos, la respuesta institucional final —la pena negociada, el permiso firmado— resultó inferior al marco legal que supuestamente la regía. No es una falla técnica. Es una decisión política que se repite hasta volverse sistema.

El Estado uruguayo tiene normas para proteger escuelas y normas para castigar el narco. Lo que no tiene es la costumbre de aplicarlas cuando alguien con suficiente capacidad de negociación golpea la ventanilla.

El acuerdo que convirtió el golpe en trámite

El Operativo Jacobo fue presentado el 4 de junio como el mayor golpe al narcotráfico en el litoral atlántico en años.¹ Santiago Nicolás Montelongo Porley controlaba unas veinte bocas de venta entre San Carlos, Maldonado y Punta del Este, era multireincidente, y acumulaba en su red los ingredientes completos del modelo narco que el ministerio de Interior dice querer desmantelar: estructura territorial, músculo financiero, vehículos de alta gama y capacidad de corrupción hacia adentro. El resultado judicial: nueve condenas, todas entre dos y tres años y diez meses de penitenciaría, con el líder recibiendo el tope más alto de ese rango, que es exactamente lo mismo que sus subordinados. La ley habilita hasta doce años para los delitos imputados. La jueza Sylvana García Noroya convalidó el acuerdo abreviado sin que se conozca públicamente ningún argumento que justifique la distancia entre el máximo legal y la pena resultante.

El senador Pedro Bordaberry lo formuló con la contundencia que la situación admite: "El Código de Proceso Penal fracasó".³ La afirmación es políticamente interesada —Bordaberry no es un observador neutral del sistema penal uruguayo— pero apunta a algo que el caso Jacobo vuelve visible con peculiar claridad: el acuerdo abreviado fue diseñado para descongestionar el sistema judicial, no para procesar jefes narco multireincidentes con veinte bocas de venta en la zona turística más cara del país. Cuando se usa para eso último, el mensaje que produce en los territorios que ese narco operó no es que la justicia actuó. Es que la justicia negoció. La Brigada Antidrogas hizo su parte. La Fiscalía y la Judicatura hicieron algo más parecido a una transacción.

Bordaberry propone crear el delito de pertenencia a organización criminal como respuesta legislativa. La propuesta tiene precedentes en Europa y América Latina, y su principal ventaja es que desancla la persecución penal de la necesidad de probar hechos concretos individuales —una de las limitaciones operativas más conocidas de la lucha antidrogas. Su principal debilidad es que, sin cambios en la cultura de la negociación procesal, el nuevo delito puede acabar siendo otro ítem en el menú del acuerdo abreviado. El problema del Jacobo no es lo que la ley permite castigar. Es lo que la práctica judicial decide negociar.

Los cien permisos que humean sobre los pupitres

La investigación publicada el 5 de junio por la diaria es de las que no admiten relativización.² Entre 2020 y 2026, el MGAP otorgó cien exenciones a privados para aplicar pesticidas por vía terrestre a menos de trescientos metros de centros educativos rurales. El noventa y seis por ciento de esas autorizaciones fueron para aplicaciones a menos de cincuenta metros. La distancia mínima permitida en ningún caso: diez metros del predio escolar. Las exenciones se duplicaron en 2024, alcanzando veintidós en un solo año. El ex diputado colorado David Helguera, uno de los propietarios de las plantaciones fumigadas en Guichón, fue a una radio local a calificar la investigación de "chusmerío".

Docentes rurales consultados por la diaria describieron un sistema de presión informal que funciona con precisión: dependencia económica de los padres respecto a los rubros productivos que fumigan, "cero apoyo" institucional para quienes alzan la voz, y la conciencia de que denunciar puede costar el puesto en una comunidad donde el empleador de la mitad del pueblo es también el que fumiga a diez metros de donde estudian sus hijos. La médica Jimena Heinzen, investigadora de la Udelar, aportó la evidencia que el MGAP no quería que circulara: su estudio sobre 5.735 madres gestantes de cincuenta y una localidades de Río Negro, Paysandú y Soriano detectó correlación positiva entre exposición a cultivos con agroquímicos y bajo peso al nacer y prematuridad.⁴ No es especulación. Es epidemiología con datos de historia clínica.

El subsecretario de Salud Leonel Briozzo tuvo la honestidad de decirlo en voz alta: "Creo que hay que rever esta normativa. Diez metros es una distancia que no asegura el no contacto con sustancias potencialmente tóxicas". La afirmación es correcta y necesaria. Lo que no explica es por qué el propio Estado —en su brazo de Ganadería— siguió firmando esos permisos durante seis años mientras la evidencia científica sobre el daño de la exposición infantil a agroquímicos se acumulaba en las mismas universidades públicas que el Estado financia. El PIT-CNT y más de dieciséis organizaciones sociales, ambientales y académicas exigieron el 5 de junio acciones concretas: prohibición de los plaguicidas más peligrosos, información sistematizada sobre impacto en la salud, presencia estatal real en las comunidades afectadas.⁵ La agenda llegó a la mesa del Diálogo Social. La pregunta es si el Ministerio de Ambiente —que ya anunció un proyecto de ley de delitos ambientales— incorpora la normativa de distancias a la reforma, o si las exenciones siguen siendo el mecanismo por el que la ley que existe coexiste con la práctica que la desmiente.

La memoria que sale de Montevideo y el negacionismo que vuelve al Parlamento

El 3 de junio, la Secretaría de DDHH para el Pasado Reciente instaló la primera placa de señalización de memoria frente al Batallón de Infantería Nº11 de Minas, en Lavalleja. Era uno de los tres departamentos del país sin ninguna marca territorial de los crímenes de la dictadura.⁶ La directora Alejandra Casablanca describió el acto con una frase que condensa la política de descentralización que el organismo viene impulsando: "La política de memoria no se hace desde la oficina en Montevideo, como si fuera el ombligo del mundo". Personas que vivieron en Lavalleja durante la dictadura relataron sus propias historias en el acto —algunas de ellas por primera vez en público, cincuenta años después. El PIT-CNT estuvo presente. Martín Cardozo, secretario del Interior de la central, dijo algo que vale la pena citar completo: "Uruguay está dentro de las democracias más sólidas, pero no va a ser plena hasta que aparezcan los más de doscientos compañeros y compañeras que están desaparecidos".

En el mismo bloque temporal, y en el mismo ámbito institucional, figuras políticas usaron una sala del Parlamento para relativizar la dictadura. La columna de Javier Perdomo en La Semana de San José lo describió sin eufemismos: en un evento organizado por el diputado Zubia, días después de la marcha del silencio del 20 de mayo, tres legisladores se dedicaron a instalar la teoría de los dos demonios.⁷ El objetivo era claro: que su voz resonara después de la marcha, no antes. Casablanca nombró la maniobra sin ambigüedades: "Discutir hoy la teoría de los dos demonios es retroceder cuarenta años de democracia".

Es en ese contexto donde la Comisión de DDHH del Frente Amplio presentó la exposición de motivos de su proyecto de ley contra el negacionismo del terrorismo de Estado.⁸ La iniciativa, presidida por la diputada Adriana Barros, propone incorporar dos artículos a la Ley 18.026: uno que penalice la negación pública del terrorismo de Estado, y otro que agrave las penas cuando quienes lo hagan sean docentes, periodistas, agentes estatales o personas con influencia social. Las penas son alternativas a la prisión —recorridos por circuitos de memoria, formación en historia reciente, preservación de sitios— lo que las convierte en una herramienta pedagógica antes que punitiva. El argumento de Barros es jurídicamente sólido: la libertad de expresión no protege la negación organizada de crímenes de lesa humanidad documentados. El desafío político es más concreto: el FA no tiene mayoría en Diputados, y un proyecto de esta naturaleza requiere construcción de consensos que la dinámica actual de la coalición no facilita. Sin movilización social sostenida, la ley queda como declaración de intención.

El paro que viene y la empresa que cierran

El martes 10 de junio el PIT-CNT convoca a un paro parcial con concentración en el barrio Cerro, en la esquina de Santín Carlos Rossi y Egipto. La plataforma tiene cuatro ejes: seis por ciento del PBI para educación, fortalecimiento de las empresas públicas, reducción de jornada laboral sin pérdida de salario, y un impuesto al uno por ciento de los hogares más ricos para combatir la pobreza infantil.⁹ Laura Martínez, del Secretariado Ejecutivo de la central, reconoció que los avances del Diálogo Social son reales —jubilación a los sesenta, gestión directa de fondos de AFAP— pero admitió que "no tuvimos tiempo de disfrutar lo logrado" porque la visita de Orsi al portaaviones estadounidense copó la agenda mediática justo después de los acuerdos. Es una descripción exacta de cómo opera la comunicación política: los logros requieren acumulación gradual y los errores producen impacto inmediato.

La contradicción que el PIT-CNT nombra con más fuerza no es la camioneta sino ANCAP. El directorio de la empresa tiene una postura "intransigente" y "resuelta" a cerrar la fábrica de cemento Portland en Paysandú, según el secretario del Interior de la central, Martín Cardozo.¹⁰ FANCAP y SUNCA han presentado propuestas alternativas que "no han sido de recibo". La contradicción que Cardozo enuncia es la misma que el Operativo Jacobo y los permisos del MGAP desde otro ángulo: "Hay un montón de obras públicas que se hacen con material extranjero. Es contradictorio cerrar una empresa pública cuando vos generás la materia prima". El gobierno habla de soberanía energética y planea perforar el primer pozo exploratorio offshore en 2027. Cierra una fábrica de cemento en el interior porque el directorio de ANCAP no encontró viabilidad en ninguna de las alternativas que los propios trabajadores propusieron.

El Plenario del FA evaluó la coyuntura con franqueza que en el movimiento frenteamplista equivale a decir que las cosas están mal. Ana Olivera del PCU dijo algo que debería pesar más de lo que pesa en el análisis político cotidiano: "No asumimos suficientemente que en Diputados no tenemos mayoría. Hay que construir la mayoría y no se construye solo con negociación, sino con movilización". La frase aplica al negacionismo. Aplica a Portland. Aplica al paro del 10 de junio. El gobierno que ganó con movilización no puede gobernar sin ella, y una parte de esa movilización está leyendo los permisos del MGAP, la sentencia del Jacobo y el cierre de Portland como síntomas de la misma distancia.

En ese cuadro, los damnificados de Conexión Ganadera calculan que la estafa alcanza los seiscientos millones de dólares y afecta a seis mil familias, mientras la sindicatura encontró solo el diez por ciento del ganado que debía existir por contrato.¹¹ Es el tipo de dato que no tiene dónde encajar en ningún ciclo mediático normal: demasiado grande para procesar, demasiado complejo para condensar, demasiado doloroso para las familias que lo viven para convertirlo en anécdota. Está ahí, acumulándose.

Lo que el sábado 6 de junio deja en Uruguay no es una crisis de comunicación ni un error de gestión. Es el retrato de un sistema que funciona dentro de sus propios límites, que es capaz de construir operativos históricos y luego negociar sus resultados, de aprobar normativas de distancia y luego eximir a quien pide, de instalar placas de memoria y luego aguantar a los que niegan la dictadura en el Parlamento. Las instituciones tienen capacidad. Lo que no tienen, con suficiente consistencia, es la voluntad de usarla hasta el fondo cuando alguien con recursos y acceso empuja en sentido contrario. Esa distancia —entre lo que la norma habilita y lo que el poder decide ejecutar— es el espacio donde se produce la mayoría del daño que el Estado uruguayo no puede rendir ante la gente que denuncia que algo falla.

Fuentes

1. Operativo Jacobo: acuerdo abreviado con Fiscalía permite que capo narco con multireincidencia reciba 3 años y 10 meses cuando la ley prevé hasta 12 años. Correo Punta del Este, junio 2026.
2. En seis años el MGAP brindó 100 permisos a privados para aplicar pesticidas a menos de 300 metros de centros educativos. la diaria, 5 junio 2026.
3. Bordaberry arremete contra el acuerdo con narco detenido en Punta del Este: "el Código fracasó". Correo Punta del Este, junio 2026.
4. PIT-CNT, organizaciones ambientales, productores y académicos exigen acciones concretas para población expuesta a agrotóxicos. la diaria, 5-6 junio 2026.
5. PIT-CNT y 16 organizaciones exigen acciones concretas contra agrotóxicos. la diaria, junio 2026.
6. "La gente tiene mucho para contar": primera placa de memoria en Lavalleja. Primera Página, junio 2026. | Dirigente del PIT-CNT y representante de los trabajadores en BPS estuvieron en Minas. Diario La Unión, 3 junio 2026.
7. Elucubraciones semanales: en el mismo lodo, todos manoseados. La Semana de San José, junio 2026.
8. Impunidad simbólica: el proyecto de ley contra el negacionismo del terrorismo de Estado. El Popular, junio 2026.
9. El PIT-CNT prepara el paro del 10 de junio. El Popular, junio 2026.
10. Dirigente del PIT-CNT en Minas: ANCAP tiene postura "intransigente" sobre cierre de Portland en Paysandú. Diario La Unión, 3 junio 2026.
11. Conexión Ganadera: estafa estimada en US$600 millones afecta a 6.000 familias; sindicatura halló solo 10% del ganado. En Perspectiva, 4 junio 2026.