Edema pulmonar: la autopsia que entierra lo que el régimen no pudo condenar
La palabra que el régimen de Bukele puso en las autopsias fue "edema pulmonar". Es una causa de muerte clínicamente plausible, lo suficientemente técnica como para que el certificado cruce el escritorio sin levantar la mirada, y lo suficientemente vaga como para que no deje registro de lo que ocurrió antes. Marvin Benítez tenía 22 años, era albañil de Chalatenango y murió con señales de estrangulamiento dos meses después de su captura bajo el régimen de excepción. Su autopsia dijo "edema pulmonar". Henry Joya Jovel era discapacitado intelectual; murió con golpes en la cara. Su autopsia también dijo "edema pulmonar". Rafael López Castellón, 53 años, era víctima de los saqueos de la MS-13 —él mismo había denunciado a la pandilla— cuando fue capturado como "miembro activo". Centros Penales siguió recibiendo paquetes para él durante meses después de su muerte. Los tres fueron enterrados en fosas comunes del cementerio La Bermeja sin que nadie notificara a sus familias.1
La investigación de El Faro publicada en los primeros días de junio de 2026 no documenta un incidente: documenta un sistema. El estado de excepción lleva 51 prórrogas desde marzo de 2022, con casi 91.000 personas detenidas. El gobierno declaró reservada toda la información sobre fallecidos en penales. Socorro Jurídico Humanitario contabiliza 526 muertes bajo custodia hasta mayo de 2026 —una cifra que sus investigadores consideran conservadora, porque el secreto oficial hace incontables los que no tienen a nadie buscándolos. La Federación Internacional de Derechos Humanos fue directa en su evaluación: el patrón documentado por El Faro podría constituir crímenes de lesa humanidad.1 El régimen lleva siete años en el poder. El séptimo año abrió con esta constatación: no solo hay muertos bajo custodia —eso se sabía— sino que el Estado los enterró en secreto con autopsias que mienten sobre cómo murieron.
El "edema pulmonar" en la autopsia de un reo con señales de estrangulamiento no es un error médico: es un instrumento administrativo. El régimen no oculta los cuerpos porque no tiene opción; los oculta porque tiene la infraestructura para hacerlo y la impunidad para sostenerse.
el régimen que entierra lo que no juzgó
bebés muertos en cárcel
mientras la economía no cierra
minería metálica de regreso en Cabañas
Las fosas de La Bermeja
El cementerio La Bermeja no es una fosa clandestina: es una institución pública del Estado salvadoreño, administrada por la Alcaldía de San Salvador, con registros, con funcionarios, con procedimientos. El régimen de Bukele no tuvo que improvisar un lugar secreto para enterrar a sus muertos; usó la infraestructura existente y la convirtió en archivo de lo que prefería no registrar. Los tres casos que El Faro reconstruye lo demuestran con distinta textura.1
Marvin Benítez fue capturado en la oleada masiva de detenciones del régimen de excepción sin que exista documentación pública de los cargos que se le imputaban. Murió dos meses después de su captura. Las señales en su cuerpo indicaban estrangulamiento. La autopsia consignó "edema pulmonar". La Fiscalía General de la República continuó procesándolo póstumamente —es decir, siguió abriendo audiencias, registrando movimientos del expediente, actuando como si el imputado estuviera vivo— durante un período después de su muerte. Nadie notificó a su familia. Rafael López Castellón es el caso que invierte la lógica de la persecución: era víctima, no perpetrador, y el sistema que debía protegerlo lo convirtió en detenido con los mismos expedientes que usaba para procesar a los que lo saqueaban. Su familia envió paquetes que Centros Penales siguió recibiendo después de que muriera; nadie devolvió los paquetes, nadie hizo la llamada. Henry Joya Jovel, discapacitado intelectual, presenta el patrón más claro de violencia directa: los golpes en la cara no admiten lectura alternativa. La autopsia los llamó "edema pulmonar".1
Lo que el patrón revela no es exceso sino protocolo. La decisión de usar "edema pulmonar" como causa de muerte estandarizada para muertes violentas bajo custodia requiere coordinación entre el sistema penitenciario y el sistema de salud forense. Los entierros en fosas comunes sin notificación familiar requieren acuerdos operativos entre Centros Penales y la Alcaldía de San Salvador. No son errores que se acumulan: son procedimientos que se replican. La Federación Internacional de Derechos Humanos no llegó a la calificación de "posibles crímenes de lesa humanidad" a partir de un caso —llegó a partir de un patrón sistémico documentado en 526 muertes bajo custodia en 38 meses. La diferencia entre una violación grave y un crimen de lesa humanidad es precisamente esa: la sistematicidad y el conocimiento institucional de lo que se hace.
La infancia que el régimen no contabiliza
Diario Co Latino publicó el 5 de junio de 2026 los datos que ningún comunicado oficial desglosa: 64.000 niños cuyos padres fueron detenidos bajo el régimen de excepción, separados sin procedimiento y sin ninguna red de protección estatal que intervenga en su situación.2 La cifra no es un dato de bienestar infantil con consecuencias a largo plazo; es el número de personas que perdieron a su referente adulto de un día para el otro, sin aviso, sin proceso judicial visible, sin plazo conocido. La mayoría de esos 64.000 niños viven con abuelos, tíos, vecinos o solas en condiciones que el Estado no monitorea y no registra.
Dentro de los penales, la infancia toma otra forma: 1.082 menores de edad presos bajo el régimen de excepción, sin garantías de defensa que el sistema de justicia juvenil establece, en instalaciones diseñadas para adultos. Cuatro bebés murieron en prisión mientras acompañaban a sus madres detenidas —una consecuencia que el marco legal del régimen de excepción nunca consideró porque nunca pensó en las madres lactantes que caían en los operativos masivos. El régimen de excepción suspendió el derecho a la defensa, el derecho a conocer los cargos, el derecho a habeas corpus. No suspendió la maternidad: simplemente no la gestionó.2
El dato de los 64.000 niños completa una contabilidad que el gobierno mantiene deliberadamente fragmentada. Las 526 muertes bajo custodia son personas adultas detenidas; los 64.000 niños son el daño colateral de esas detenciones. Los 1.082 menores presos son la versión juvenil del mismo sistema. Los 4 bebés muertos son la consecuencia de llevar ese sistema hasta su límite sin revisión. Lo que estos números comparten es la ausencia de un actor responsable en el organigrama del Estado: no hay una institución que haya sido encargada de gestionar el impacto del régimen de excepción en la infancia, porque gestionarlo implicaría reconocerlo como daño.
El 85,5% y la paradoja del séptimo año
La encuesta LPG Datos de mayo de 2026 —1.200 entrevistas a nivel nacional, margen de error ±2.8%— ubica la aprobación presidencial de Nayib Bukele en 85,5%: 49,5% que "aprueba mucho" y 36,0% que "aprueba algo".3 Siete años de gestión y la aprobación resiste. El número es real, su metodología es sólida y su interpretación requiere precisamente no tratarlo como un misterio. La seguridad es el único eje donde la aprobación es consistentemente alta: el 62,3% de los encuestados evalúa negativamente el costo de la vida; solo el 34,8% considera que el gobierno ayuda a resolver los problemas económicos. La diferencia entre esos dos porcentajes es la textura del séptimo año: un régimen que produce un beneficio que la población puede palpar —caminar sin miedo en zonas que antes eran intransitables— y que no puede resolver los costos que esa seguridad genera y que tampoco declara.
El analista Luis Armando González publicó en Contrapunto, en los primeros días de junio, el texto que completa la lectura de la encuesta: "cultura de la crueldad".4 Su argumento es que el régimen de excepción no solo produce prácticas abusivas en el sistema penitenciario —produce una normalización social del abuso, un ecosistema donde ejecutores, burladores y espectadores interiorizan la crueldad como atributo de la eficiencia. El 85,5% de aprobación no convive con las fosas de La Bermeja como contradicción: convive con ellas como consecuencia del mismo esquema de valoración. Si la seguridad se mide por la ausencia de pandillas en la esquina, y esa seguridad aprueba el 85,5%, entonces todo lo que ocurra adentro de los penales queda invisibilizado por el beneficio que produce hacia afuera. La crueldad se vuelve administrable. El "edema pulmonar" en la autopsia de Marvin Benítez es la forma burocrática de esa administración.
El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular evaluó el séptimo año con una articulación más política: un período de deterioro democrático sostenido, donde el único logro que el propio gobierno admite es la seguridad, y donde ese logro es el escudo que cubre el resto del balance.5 La EMFI, entretanto, revisó el crecimiento proyectado a la baja —3,0% para 2026— y elevó la inflación a 2,4%, casi el doble de la proyección anterior. La canasta básica urbana cerró abril en $256,70. Esos números son los que el 62,3% siente en el supermercado, no en la esquina.
El Espino el 5 de junio
El Día Mundial del Medio Ambiente fue el 5 de junio de 2026, y el movimiento "Todos Somos El Espino" lo eligió como fecha de movilización en San Salvador con la consigna que lleva meses circulando: "El Espino no se vende, se defiende".6 Las 500.000 firmas recolectadas contra la construcción del nuevo Centro Internacional de Ferias y Convenciones en la finca de recarga hídrica del Área Metropolitana no detuvieron la maquinaria —tampoco lo hizo la declaración del Ministerio de Medio Ambiente, publicada la semana anterior, de que no existen estudios ambientales para la obra. Lo que el 5 de junio agrega no es un dato nuevo sobre el CIFCO: es una movilización que se sostiene en el tiempo contra un proyecto que el Estado ejecuta como si la oposición no existiera.
El ambientalista Peter Natarén amplió el diagnóstico más allá de El Espino: calificó como "crimen ambiental" los siete años de gestión de Bukele, poniendo en primer plano la derogación de la ley que prohibía la minería metálica en El Salvador.7 Esa derogación —discreta, sin campaña de comunicación— abrió la puerta a operaciones extractivas en Cabañas y La Unión que ya tienen nombre de empresa: Inversiones El Dorado, que acumula compras de tierra en Cabañas con riesgo de desalojo para al menos 30 familias. Lo que El Espino volvió visible para el ecosistema urbano de San Salvador —la conversión de una zona de recarga hídrica en obra de infraestructura financiada por China sin estudios ambientales— tiene su versión rural en la minería que regresa a los municipios que ya pelearon contra ella hace dos décadas y ganaron la prohibición que ahora dejó de existir.
El séptimo año del régimen de Bukele se cierra con una imagen que ninguna encuesta de aprobación puede capturar: tres hombres enterrados en fosas comunes del cementerio La Bermeja con "edema pulmonar" en el certificado, 64.000 niños que perdieron a sus padres sin proceso ni plazo conocido, y una aprobación del 85,5% que no contradice ninguna de esas cifras sino que las hace posibles. El régimen produce seguridad hacia afuera y administra violencia hacia adentro; esa arquitectura no es inestable mientras el afuera no vea el adentro. El Faro abrió una ventana. Lo que hay del otro lado son las fosas que el Estado organizó, las autopsias que el sistema sanitario firmó y los paquetes que Centros Penales siguió recibiendo para un hombre que ya había sido enterrado. El "edema pulmonar" es la palabra que el régimen eligió para ese proceso. Su significado político es más sencillo: la muerte que el Estado no puede explicar, reescrita como la muerte que el Estado puede archivar.
Fuentes
- El régimen de Bukele ha enterrado en secreto a reos sin condena en fosas comunes. El Faro, junio de 2026. Ver también: Esto es pura crueldad. El Faro, junio de 2026.
- Infancia rota: el costo oscuro del régimen de excepción de Nayib Bukele. Diario Co Latino, 5 de junio de 2026.
- Aprobación de Bukele en 85.5%, luego 7 años de gestión. LPG Datos / Contrapunto, junio de 2026.
- Cultura de la crueldad. Luis Armando González. Contrapunto, junio de 2026.
- El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular critica siete años de gestión de Nayib Bukele. Contrapunto, junio de 2026.
- Día Mundial del Medio Ambiente entre caminata ecológica y llamados a proteger la naturaleza. El Salvador.com, 5 de junio de 2026.
- Ambientalista califica como "crimen ambiental" los siete años de gobierno de Bukele. Diario Co Latino, junio de 2026.