El bebé de Colón y el confeso libre: treinta años de endurecimiento que no protegen
Uruguay lleva treinta años endureciendo penas y la única cosa que no aumentó es la protección. El bebé de Colón, el confeso libre y el arma en el aula son tres síntomas del mismo diagnóstico: más cárcel no equivale a menos muertos.
un bebé muerto, el padre herido
cuando el plazo se vence
a disparos en aulas
con cerveza y recursos desviados
El bebé de Colón y el confeso libre: treinta años de endurecimiento que no protegen
28 de abril de 2026
El martes 28 de abril no amanece con una noticia sino con tres que, leídas en secuencia, exceden cualquier categoría disponible. Un bebé de un año asesinado de un balazo en la cabeza cuando desconocidos balearon el auto en el que viajaba con su padre en la zona de Colón, Montevideo.1 Un adolescente de 16 que se entregó acompañado por su madre, confesó el homicidio del repartidor cubano de Carrasco Norte, y quedó en libertad porque la Fiscalía no logró imputarlo antes del vencimiento del plazo legal de detención.2 Una menor que ingresó con un arma a un liceo de Salto y efectuó disparos que hirieron a estudiantes con balas de aire comprimido.3 Tres episodios, tres edades, tres territorios. Lo que los conecta no es la casualidad: es la longitud de una política que lleva tres décadas incrementando penas sin reducir la violencia.
En paralelo, la Ursea recomendó subas de combustibles de hasta 24% para fueloils y casi 6% para naftas en un contexto de presión geopolítica sobre el petróleo4, ASSE destituyó al director del Hemocentro de Maldonado tras una auditoría que describe una fundación paralela, colectas patrocinadas por marcas de bebidas alcohólicas y desvío de recursos públicos a clínicas privadas5, y el Sipiav registró 2.536 nuevas situaciones de violencia contra la infancia en 2025, con 7 nuevos casos por día y un 70% de recurrencia6. El Consejo de Ministros se reúne hoy para recibir el documento final del Diálogo Social, pero la agenda que encuentra es más vasta y más dura que cualquier papel previsional.
Siete impactos, un año de edad
Alrededor de cinco disparos impactaron un auto color rojo en Pasaje J y Aparicio Saravia, zona de Colón. El vehículo quedó con al menos siete impactos de bala en la zona del parabrisas. El padre —que iba al volante con el bebé— llegó por sus propios medios a una emergencia médica frente a la plaza Colón, con heridas en un brazo, un hombro y una oreja. El niño tenía al menos una herida de bala en la cabeza. Murió.1
El Departamento de Homicidios y la Fiscalía especializada trabajan en la causa. Los atacantes se mantienen prófugos y la Policía aún no determinó si iban a pie o en otro vehículo. La hipótesis que se baraja es que el blanco era el padre: un ajuste de cuentas que presumía conocimiento del target, planificación y ejecución fría. No es la violencia de la rapiña oportunista que mata repartidores por una moto —la que el viernes segó la vida del cubano en Carrasco Norte—. Es otra gramática: la vendetta, con daño colateral infantil. En un país donde los homicidios se asociaban mayoritariamente al delito callejero y al narcotráfito territorial, la irrupción de la violencia dirigida con víctimas de un año marca un umbral que ninguna estadística trimestral va a capturar del todo.
La confesión que no alcanza y el aula que se armó
El domingo, un adolescente de 16 años caminó hasta la seccional con su madre y admitió ser el autor del disparo que mató al repartidor cubano de 31 años. El crimen había sido grabado por cámaras del Ministerio del Interior. Y aun así, quedó libre. La Fiscalía no logró reunir pruebas suficientes para formalizar la imputación antes del vencimiento del plazo legal de detención de menores.2
La tensión es estructural, no burocrática. El sistema penal juvenil uruguayo tiene plazos más restrictivos que el de adultos —y es correcto que los tenga según los estándares internacionales de derechos humanos que el país suscribe—. Pero cuando esos plazos operan como mecanismo de liberación de quien confesó un homicidio filmado, el resultado es un golpe a la percepción de justicia que ningún argumento técnico desactiva. El adolescente quedó emplazado y la investigación continúa; la imagen que queda es la de un confeso en la calle el mismo día en que un bebé moría baleado en Colón.
El tercer episodio conecta con una crisis que el lunes tenía forma de amenaza y hoy tiene forma de disparo. Una adolescente ingresó con un arma a un liceo de Salto donde se efectuaron disparos —al menos con balas de aire comprimido que hirieron a estudiantes—.3 Las familias anunciaron denuncias. El episodio se inscribe en la ola que el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, cuantificó ayer en casi 100 denuncias por amenazas en centros educativos de los 19 departamentos.7 Lo que arrancó como graffitis en baños mutó hacia la violencia física real: armas en las aulas, heridos, una Fiscalía que cita a la menor con sus adultos responsables. La línea entre la amenaza ficticia y el daño concreto se borró.
Treinta años de más pena y menos protección
En medio de la secuencia, el catedrático en Derecho Penal Germán Aller dijo en Informativo Sarandí lo que viene diciendo hace años pero que hoy suena como un diagnóstico a contrapelo de toda la furia circulante: Uruguay es "muy punitivista" y eso ocurre "sin importar la mano derecha o la izquierda". Desde mediados de los 90, describió, se da "cada vez más delito, más pena, menos posibilidades de obtener la libertad y, a su vez, aumento de la criminalidad". Ese proceso, afirmó, "no resiste el análisis".8
Aller no pide impunidad: "Las penas hay que aplicarlas" e "las imputaciones hay que llevarlas a cabo". Su punto es otro: la proporcionalidad y la eficacia. "La justicia más benigna suele ser más justa", dijo, en una frase que, leída contra un bebé muerto y un confeso libre, produce una disonancia que es exactamente la que el país necesita procesar. La respuesta política predominante frente a casos como el del adolescente liberado es "hay que endurecer las penas" o "bajar la edad de imputabilidad". Pero Aller muestra que Uruguay lleva 30 años haciendo exactamente eso —más penas, más presos, más dureza— y el resultado es más delito, más criminalidad, más víctimas.
El contraste continental es explícito. El mismo lunes, El Salvador habilitó la prisión perpetua para menores de edad9, el extremo del modelo que la columna de El Observador del domingo bautizó "la tentación de un Bukele a la uruguaya". Aller ofrece la antidoto: si el modelo que exporta Bukele funcionara, El Salvador no necesitaría prisión perpetua para adolescentes porque el delito habría disminuido. Que necesite extender el castigo al extremo es la prueba de que el castigo no alcanza.
Los datos del Sipiav completan el cuadro. En 2025, el sistema registró 2.536 nuevas situaciones de violencia detectadas, con casi 7 nuevos casos por día. El 55% afecta a niñas y adolescentes mujeres. El maltrato emocional lidera con 38%, seguido de negligencia (24%) y violencias sexuales (18%). El 70% de los casos muestra alta recurrencia y el 57% cronicidad.6 Son los mismos niños y adolescentes que aparecen en las otras noticias del día: el de 16 que apretó un gatillo, la de Salto que entró al liceo armada, el de un año que viajaba en un auto rojo por Colón. La violencia que los mata o los convierte en verdugos no empieza en la calle: empieza en los datos que el Sipiav registra y que el sistema no logra interceptar a tiempo.
Hemovida: la fundación paralela y los partidos que blindan al destituido
La auditoría de ASSE sobre el Hemocentro de Maldonado no describe un problema de gestión: describe una arquitectura de desvío. El documento, conocido este lunes con detalle, constata el uso de la Fundación Hemovida para canalizar recursos fuera del control del director técnico; sobregiros presupuestales; colectas de sangre fuera de la región con el Hemobus sin autorización del Servicio Nacional de Sangre, patrocinadas por empresas de cerveza y vino; y desvío de recursos públicos a instituciones privadas como la clínica MP, para "usuarios ajenos a ASSE".5
ASSE concluyó que configura una "gestión paralela y arbitraria" con "desconocimiento sistemático hacia la autoridad del SNS". Que un prestador de salud pública asocie su imagen a marcas de bebidas alcohólicas para promocionar la donación de sangre es, en sí mismo, un escándalo sanitario. Pero el dato políticamente relevante es la reacción: dirigentes de todos los partidos de Maldonado salieron a criticar la destitución de Jorge Curbelo y se convocó una movilización de apoyo. Curbelo se había convertido en una figura popular por su gestión durante la pandemia, y ese capital político parece blindarlo más que las evidencias de la auditoría. La propia fundación decidió "resguardar lo recaudado para el Banco de Leche Materna fuera del alcance del doctor Curbelo" —ni dentro de la estructura paralela había control unipersonal—.5
El combustible que nadie vio llegar
En un contexto donde la seguridad domina cada segundo de la agenda, la Ursea presentó un informe que en otras circunstancias sería titular propio. Las variaciones recomendadas para los Precios de Paridad de Importación con impuestos van desde 3,96% para el Supergás hasta 24% para los fueloils. Naftas: entre 5,57% y 5,92%. Gasoils —que impactan directamente en el transporte de carga y el costo logístico de los alimentos—: 10,5%.4
La Ursea advirtió que las variaciones "superan los rangos habituales en la evolución histórica de los PPI" y deben leerse en un escenario de tensión geopolítica —fletes, seguros, precio FOB de referencia— que incluye petróleo por encima de los 100 dólares por la escalada entre Estados Unidos e Irán. El gobierno analiza cómo trasladar estos valores. En una semana donde ya arrastra el costo político de los repartidores asesinados, los cortes de luz en el interior y el paro de Copsa, una suba de combustibles de esta magnitud agrega un frente que toca directamente el bolsillo. Los fueloils al 24% impactan en la industria y las termoeléctricas; el gasoil al 10%, en la cadena de precios de los alimentos. El 1° de Mayo está a tres días.
Lo que se acumula
El martes 28 encuentra al gobierno en una encrucijada que no se resuelve con un Consejo de Ministros. El bebé de Colón y el confeso libre no son dos noticias separadas: son las dos caras de un Estado que no logra desarticular la violencia antes de que produzca víctimas y que no logra procesar penalmente a quien confiesa ante cámaras. El arma en el liceo de Salto es la extensión de esa misma violencia al espacio educativo, que el sistema reconoce como emergencia pero que no contiene. La fundación paralela de Maldonado muestra que ni siquiera dentro del propio Estado el control institucional funciona sin resistencia política. La suba de combustibles recuerda que la presión no es solo simbólica: llega al bolsillo en la misma semana del 1° de Mayo.
Aller tiene razón: Uruguay lleva tres décadas endureciendo sin resultados. Pero lo que el martes 28 revela no es solo la ineficacia del castigo —es la ausencia de la alternativa. Más Barrio, el Diálogo Social, los planes nacionales de cuidados: la agenda constructiva existe en el papel. En el territorio, un bebé de un año viajaba en un auto rojo por Colón cuando alguien decidió que el padre debía morir, y el niño pagó la cuenta.
Fuentes
- Asesinaron a un bebé de un año cuando balearon el auto de su padre en Colón. Caras y Caretas, 28 abril 2026.
- Quedó en libertad el adolescente que confesó el homicidio del delivery en Carrasco Norte. Caras y Caretas, 27 abril 2026.
- Una adolescente ingresó con un arma a un liceo de Salto y se habrían efectuado algunos disparos. Caras y Caretas, 27 abril 2026.
- De 3 a 24%: el gobierno analiza subas en combustibles recomendadas por la Ursea. San José Ahora, 27 abril 2026.
- Destitución de Curbelo: ASSE constató gravísimas irregularidades financieras y administrativas. Caras y Caretas, 27 abril 2026.
- Sipiav registró 2.536 nuevas situaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes en 2025. Caras y Caretas, 27 abril 2026.
- Pablo Caggiani defendió la eliminación de las contraprestaciones de las asignaciones familiares. la diaria, 27 abril 2026.
- Germán Aller: Uruguay es "muy punitivista" y hay "cada vez más delito, más pena y más criminalidad". Radio Sarandí, 27 abril 2026.
- Se habilita en El Salvador la prisión perpetua para menores de edad. El Popular, 27 abril 2026.