El Código Penal llegó al ambiente; Casupá ya tiene cuatro firmas esperando
El domingo 28 de junio de 2026 llegó con una paradoja que el gobierno no enunció pero que el día organizó solo. El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto que incorpora, por primera vez en la historia del Uruguay, un título específico de delitos contra el ambiente en el Código Penal: contaminación del aire, el agua y el suelo; introducción ilegal de desechos peligrosos; caza, pesca y muerte de fauna protegida; tala y destrucción de flora en áreas protegidas; tráfico de especies; y obstaculización de la fiscalización ambiental. Las penas van de tres meses a ocho años de penitenciaría.1 Retoma una propuesta que la Dirección Nacional de Medio Ambiente y la Fiscalía General elaboraron en 2017 y que durmió nueve años sin que ningún gobierno la impulsara. Que el gobierno de Orsi la reactive es un hecho legislativo que merece ser leído como avance —el articulado tiene sustancia— pero el momento importa tanto como el contenido.
El mismo domingo, el directorio de OSE opera con un pliego de licitación aprobado el jueves 26 de junio: US$ 130 millones financiados por la CAF, cuatro consorcios internacionales precalificados, entre ellos el consorcio chino CCCC-YREC-Impacto, para construir la represa de Casupá sobre el río Santa Lucía.2 La obra implicará la tala de 426 hectáreas de monte nativo: hábitat de 39 especies de mamíferos, 111 de aves, 32 de reptiles y 26 de anfibios, cuyos cuerpos no aparecen en ningún balance oficial como costo ni como sujeto de derecho. La adjudicación está sujeta a la Autorización Ambiental Previa del Ministerio de Ambiente, que todavía no llegó. La pregunta que el día produce sola es la misma que el nuevo marco penal no responde: ¿qué delitos ambienta el código nuevo, y qué prácticas del mismo Estado quedarán fuera de su alcance?
El Estado uruguayo tipifica el crimen ambiental el mismo día que cuatro consorcios internacionales esperan licitar la obra que lo produciría: no es hipocresía en sentido individual, es la distancia estructural entre el instrumento y las condiciones que harían falta para que ese instrumento funcione.
de 2017 que dormía hace nueve años en ningún cajón
— adjudicación sujeta a autorización ambiental pendiente
— usó IA para planificar el crimen
— Jefatura tiene un solo blindado operativo
El código que durmió nueve años y la represa que no espera al juez
El proyecto de delitos ambientales no fue improvisado. La propuesta original de 2017 identificó el vacío legal con precisión: en Uruguay, destruir ecosistemas, contaminar fuentes de agua o traficar especies en peligro no tenía sanción penal propia —dependía de infracciones administrativas con multas que las empresas incorporaban como costo operativo, o de figuras penales generales difícilmente aplicables a daños ecosistémicos.1 El FA la tuvo en cartera durante los gobiernos de Vázquez y Martínez sin llevarla al Parlamento. Que el gobierno de Orsi la reactive nueve años después no cambia su validez, pero sí inscribe la decisión en un contexto que la tensiona.
El pliego de Casupá fue aprobado el jueves 26 de junio. El consorcio que gane construirá un embalse de 118 millones de metros cúbicos sobre una cuenca que ya tiene problemas de eutrofización —crecimiento descontrolado de algas por exceso de fósforo proveniente de la agricultura y la forestación aguas arriba. Por eso el Ministerio de Ambiente exigió a OSE modelos hidrológicos más sofisticados: QUAL2 y SWAT, que permiten simular el comportamiento del embalse ante distintos escenarios de carga de nutrientes.2 La adjudicación no ocurrirá sin esa autorización —el gerente general de OSE, Diego Ferreri, lo confirmó. Pero los cuatro consorcios ya están precalificados, el CAF ya comprometió el financiamiento y el directorio ya aprobó el pliego: los incentivos institucionales para que la autorización llegue son estructuralmente mayores que los incentivos para que se rechace. La Autorización Ambiental Previa no es un veto —es una negociación con el organismo que financia.
Ahí está la tensión que el proyecto penal no resuelve. El artículo de tala y destrucción de flora en áreas protegidas criminalizará futuras obras en ecosistemas catalogados. Pero la zona de influencia de Casupá incluye fragmentos de bosque nativo en cuya categorización de protección los propios informes ambientales no son concluyentes —y si el Estado adjudica la obra antes de que la discusión se cierre, el código penal llegará tarde. No porque la ley sea mala, sino porque el calendario de la obra precede al calendario del derecho. En materia ambiental, el después casi siempre es irreversible.
Clavijo y el anti-Bukele que defiende los blindados
El lunes es el primer día hábil de Alfredo Clavijo como nuevo jefe de Policía de Montevideo. Su primera entrevista pública —publicada el domingo por El Observador— colocó en el mismo párrafo dos mensajes que el gobierno prefería mantener separados.3
Sobre el "modelo Bukele", que según encuestas recientes supera el 45% de aprobación entre los uruguayos: "No son ejemplos de democracia ni de garantías de derecho. Eso es algo que me duele como hermano latinoamericano. Uruguay está en un momento como sociedad, en su estabilidad institucional, en garantías, libertades y desarrollo que hay que irse demasiado atrás para ver si Centroamérica lo alcanzó alguna vez." Sobre los blindados militares que la central sindical más importante del país y la base histórica del FA rechazaron la semana anterior: "Los recursos son de la gente y son del país. No son de un ministerio. Cuando es necesario darle soluciones a la gente, el Estado todo es quien dispone de recursos. Se llama eficiencia."
La posición de Clavijo no es incoherente —es la del pragmatismo institucional: rechazo al autoritarismo de fachada (el régimen de excepción que suspende garantías), aceptación del equipamiento militar en funciones policiales como una cuestión técnica neutra. Pero los datos que él mismo reveló cuestionan la potencia del instrumento. La Jefatura de Montevideo tiene un solo blindado operativo. El país tiene apenas seis en total, algunos en mantenimiento permanente. Los 12 vehículos del convenio —de cinco tipos distintos— serán una novedad logística, no una transformación de la capacidad policial real.
Los datos territoriales que Clavijo aportó valen más que el debate sobre los vehículos: las zonas operacionales 3 y 4 concentran la mayor violencia letal de Montevideo, con microterritorios que "no involucran a un barrio entero". Su diagnóstico sobre los ejecutores fue el más franco que un jerarca policial uruguayo ha formulado en mucho tiempo: "Los que ejecutan son jóvenes-varones-pobres y los que mueren son jóvenes-varones-pobres. Cuando se ven sus recorridos, hubo una exclusión a edades tempranas." El análisis de El Observador "No militarizarás la seguridad interna" recuperó lo que el propio Plan Nacional de Seguridad Pública del Ministerio del Interior sostiene sobre los patrullajes de saturación: "muestran efectos transitorios y riesgos de desplazamiento o escalamiento de la violencia, por lo que no se recomiendan como herramientas centrales".4 Clavijo comparte el diagnóstico estructural. El instrumento que el gobierno escogió no viene de ese diagnóstico —viene del cálculo de que la imagen de los blindados genera más rédito político que el patrullaje comunitario sostenido.
Avril, la inteligencia artificial y el sistema que no trató la esquizofrenia
El femicidio de Avril tiene una dimensión que los días anteriores solo habían esbozado. La joven de 19 años fue asesinada a puñaladas en plena calle de Ciudad del Plata el martes 24 de junio por un ex compañero de liceo de 21 años.5 El femicida fue detenido ese mismo día. En la audiencia del viernes, la jueza declaró su inimputabilidad por esquizofrenia no tratada y lo derivó al Hospital Vilardebó por 180 días.
El detalle que la audiencia reveló y que ningún caso uruguayo anterior había documentado: el femicida utilizó inteligencia artificial en su celular para consultar si en Uruguay existe cadena perpetua por homicidio y en qué partes del cuerpo apuñalar a una persona para que la muerte ocurra más rápido. Es el primer femicidio documentado en Uruguay donde la herramienta de planificación fue un sistema conversacional de IA. Lo que la IA hizo no fue proveer la motivación —la violencia machista preexistía— sino reducir la fricción entre la decisión y el acto: información letal disponible sin intermediarios, sin búsqueda que dejara rastros visibles, con una interfaz que no distingue entre consultas sobre recetas y consultas sobre cómo matar a alguien más rápido.
La hermana de Avril, Lorena, leyó una carta en la marcha del sábado en Ciudad del Plata que hace lo que el sistema judicial no puede: nombrar a la víctima como persona, no como cuerpo. "No quiero que cada vez que sea nombrada sea recordada solo por lo que le hicieron; quiero que también sea recordada por la persona excepcional que era. Avril nació un 14 de febrero, el día de los enamorados. Inteligente, muy inteligente, amaba los libros desde los seis años."
La inimputabilidad por esquizofrenia no tratada abre dos debates que Uruguay no tiene resueltos. El primero es sobre el sistema de salud mental: si la patología existía y no fue tratada, la pregunta no es solo sobre el individuo sino sobre el sistema que no lo detectó o no pudo sostener el tratamiento. El segundo es sobre el concepto de responsabilidad penal cuando hay planificación documentada con herramientas tecnológicas: el femicida tuvo la cognición suficiente para usar IA, buscar métodos y ejecutar el plan, pero no la imputabilidad legal para responder por ello. El uso de inteligencia artificial para planificar crímenes no tiene regulación específica en Uruguay. La declaración de inimputabilidad en femicidios con esquizofrenia no tratada puede volverse un precedente que tensione el debate entre garantismo y reparación para las víctimas de violencia de género en los próximos meses.
La ley de competitividad que Brecha leyó entera
El semanario Brecha publicó el domingo el análisis más riguroso disponible sobre la Ley de Competitividad de 240 artículos que el gobierno presentó como "buque insignia" y que ingresará al Parlamento junto con la Rendición de Cuentas el martes 30.6 El análisis no la rechaza en bloque —la lee artículo por artículo.
Lo que emerge no es una ley de ajuste ni una privatización encubierta, sino algo más sutil: un desplazamiento sistémico de controles desde instancias previas hacia mecanismos de verificación posterior. En materia ambiental, la reforma habilita "simplificar procedimientos o adelantar instancias de autorización dentro del proceso". Los controles no desaparecen —se trasladan al después. El problema es que en materia ambiental el después suele ser irreversible. La combinación del proyecto de delitos ambientales enviado el mismo domingo y una ley de competitividad que flexibiliza los controles previos produce un efecto paradójico: más sanciones disponibles después del daño, menos barreras antes de que ocurra.
Tres cláusulas concretas merecen lectura en paralelo con el debate ambiental. Primera: las zonas francas podrán incumplir proyectos de inversión pagando una multa de 300 UI —unos 2 mil pesos— después de un plazo de seis meses para subsanar.6 La sanción es tan simbólica que su efecto preventivo es prácticamente nulo. Segunda: el Poder Ejecutivo podrá autorizar actividades de comercio minorista dentro de zonas francas e incluso pernocte para emprendimientos de esparcimiento —la zona franca como exclave fiscal se expande hacia el mercado interior. Tercera: el INIA —Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria— queda autorizado a crear, adquirir o participar en sociedades privadas; las empresas que controle quedarán exoneradas de tributos nacionales, y sus investigadores podrán integrarlas sin remuneración adicional.
Esta última cláusula es la que más tensiona el mandato público de la institución. La investigación agropecuaria pública orientada a aplicaciones comercializables con exoneración fiscal no solo beneficia al agronegocio con capital público sin retorno aparente: crea incentivos para que los investigadores públicos prioricen los desarrollos que tienen mercado sobre los bienes públicos globales —la adaptación al cambio climático, la diversidad genética de semillas, el manejo sostenible de suelos— que no tienen comprador directo pero sostienen la resiliencia del sistema alimentario. Brecha lo formuló como la conversión del INIA en un actor de mercado con cobertura institucional pública. El Parlamento tendrá 60 días para decidir si eso es una reforma o una colonización.
Venezuela: el Uruguay que duele
La tragedia de los terremotos en Venezuela encontró a la comunidad uruguaya el sábado con una pérdida concreta: un fotógrafo uruguayo, su esposa venezolana y su hija murieron en los terremotos que según la ONU dejaron más de 1.450 muertos, más de 50.000 desaparecidos y casi siete millones de damnificados.7 La Cancillería activó el protocolo consular y la Embajada en Caracas coordina una campaña de recepción de medicamentos y artículos sanitarios, con importante movilización de voluntarios. La escala del desastre supera cualquier capacidad de respuesta bilateral, pero la pérdida humana directa convierte una catástrofe regional en una urgencia consular concreta para Uruguay.
El domingo cierra con una arquitectura política que no pide análisis sino lectura atenta. El Estado uruguayo envía al Parlamento la primera ley que penaliza la destrucción ambiental mientras cuatro consorcios esperan licitar la obra que destruirá cientos de hectáreas de ecosistema nativo. El nuevo jefe de Policía rechaza el autoritarismo salvadoreño mientras defiende los blindados que su propia hoja de ruta táctica no recomienda. El sistema judicial declara inimputable a un femicida cuya patología no fue tratada por el sistema de salud mental que el mismo Estado financia. La ley de competitividad desplaza el control ambiental hacia la verificación posterior el mismo día que el proyecto de delitos ambientales lo fortalece en el papel. No es contradicción ideológica —es la distancia estructural entre el instrumento y sus condiciones de posibilidad. El martes 30 llega la Rendición al Parlamento. Cada una de estas tensiones tiene una línea presupuestal detrás. Y cada línea que no está es una decisión ya tomada.
Fuentes
- Gobierno envió al Parlamento un proyecto que crea ocho delitos ambientales con penas de hasta ocho años de cárcel. Teledoce, 28 junio 2026.
- Represa en Casupá: OSE adjudicará la licitación luego que la obra reciba la autorización ambiental. El Observador, 27-28 junio 2026.
- Alfredo Clavijo: "Lo que importa a un policía no es ganarse la confianza del ministro sino de la sociedad". El Observador, 28 junio 2026.
- "No militarizarás la seguridad interna". El Observador, 28 junio 2026.
- Movilización y reclamo de justicia por Avril, víctima de femicidio en Ciudad del Plata. Subrayado, 28 junio 2026.
- Menos papel, más pasta. Brecha, 28 junio 2026.
- Comunidad uruguaya en Venezuela: campaña de donaciones y asistencia consular. Montevideo Portal, 28 junio 2026.