El espectáculo como forma de Estado: Bukele, las pandillas y la fábrica del consentimiento

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1. El truco que no se ve

Hay un tipo de poder que no necesita explicar lo que hace. Necesita que se vea bien. Nayib Bukele no gobierna El Salvador: lo produce. Cada movimiento es cámara, cada decisión es contenido, cada silencio es post-producción. Y el resultado —un tipo joven, informal, con chaqueta de cuero y cabina de avión presidencial— se ha convertido en el producto político más exportable de América Latina.

La pregunta que nadie se hace con suficiente insistencia es: ¿cómo se sostiene una popularidad del 80% en un país donde la pobreza subió tres puntos durante el mismo gobierno que presume de éxito? ¿Cómo se celebra una seguridad que costó 517 muertes bajo custodia, 91.300 detenciones y la suspensión permanente del estado de derecho?

La respuesta no está en lo que Bukele hizo. Está en lo que logró que dejáramos de ver.

Este texto intenta desarmar la máquina. No la máquina represiva —esa ya tiene sus cronistas, y son valientes— sino la máquina narrativa: el andamiaje de pactos, imagen, familia y terror que convirtió a un país pequeño, pobre y historically violentado en el set de filmación del autoritarismo contemporáneo.

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2. El pacto que armó al presidente

La historia oficial dice que Bukele derrotó a las pandillas. La historia real dice que primero pactó con ellas, después se benefició del pacto, y cuando el pacto se rompió convirtió la ruptura en el acto central de su espectáculo.

Todo empieza en 2014. Bukele se presentaba como candidato a la alcaldía de San Salvador, y su equipo —no operadores laterales, sino su círculo íntimo— entabló negociaciones directas con las cúpulas de la MS-13 y el Barrio 18. Carlos Marroquín, jefe de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, fue el intermediario. El pacto era simple y brutal: las pandillas entregaban votos y reducían la violencia a cambio de beneficios penitenciarios, dinero y protección.

Carlos Cartagena, alias "Charly de la IVU", líder del Barrio 18 Revolucionarios, lo confesó a cara descubierta ante El Faro: "Hubo un acuerdo monetario". Su misión consistía en "influir en familias, amigos, vecinos... Hay que votar por ya saben... Dar una directriz concreta". No fue un pacto de izquierda ni de derecha. Fue un pacto de poder: votos a cambio de impunidad.

Cuando Bukele llegó a la presidencia en 2019, el pacto escaló. Marroquín y Osiris Luna, director de Centros Penales, visitaban personalmente a los líderes pandilleros en prisión. El gobierno entregaba beneficios carcelarios —traslados, comunicaciones, reducción de condenas— y dinero. A cambio, las pandillas mantenían la tasa de homicidios baja. El país se volvía "seguro" sin que nada sustancial cambiara.

Élmer Canales Rivera, alias "Crook", uno de los cabecillas de la MS-13 condenado a cuarenta años, fue liberado secreta e ilegalmente por el gobierno de Bukele como parte del acuerdo. Crook después fue detenido en México en 2023 y extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos de terrorismo en una corte de Nueva York. Su liberación no fue un error: fue un pago.

La Operación Catedral, iniciada por el fiscal general Raúl Melara en 2021, investigaba a los tres hermanos Bukele —Nayib, Karim e Ibrajim— por una "compleja red de corrupción" que incluía estos pactos. La investigación fue archivada cuando Bukele destituyó a Melara y lo reemplazó por Rodolfo Delgado, un fiscal leal que después ordenaría cerrar 142 casos de muertes en prisión argumentando que "no constituían ningún delito", sin presentar evidencia.

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3. La ruptura y el espectáculo

El fin de semana del 25 al 27 de marzo de 2022, la MS-13 asesinó a 87 personas. No fue un estallido espontáneo: fue la ruptura deliberada del pacto. La masacre fue la respuesta de la pandilla a la detención de algunos de sus líderes —una señal de que el acuerdo se estaba desmoronando desde adentro.

Bukele no dudó. Convirtió la crisis en el acto fundacional de su segundo acto: el salvador que enfrenta al mal. El 27 de marzo decretó el régimen de excepción. Desde entonces, acumula 48 prórrogas legislativas, más de 91.300 detenciones, una población carcelaria que supera las 107.000 personas y el reconocimiento oficial de que al menos 8.000 detenidos no tenían vínculos delictivos.

El giro fue magistral como pieza de comunicación política. El hombre que había pactado con las pandillas se reinventó como el hombre que las destruía. La gente que había vivido décadas bajo extorsión, miedo y violencia no necesitaba conocer los antecedentes del pacto para sentir alivio. Y ese alivio fue real. Pero el alivio no es lo mismo que la justicia, y la seguridad obtenida mediante la suspensión de los derechos no es lo mismo que la libertad.

La producción del espectáculo tiene dos actos clave, identificados por Óscar Martínez, editor de El Faro, en su libro Bukele: el rey desnudo:

4 de febrero de 2024. Antes de que el Tribunal Supremo Electoral ofreciera resultados oficiales, Bukele salió al balcón del Palacio Nacional a proclamarse ganador. Dijo que la oposición había quedado "pulverizada" y que El Salvador tenía "un sistema de partido único en un contexto democrático". Atacó a la prensa internacional, calificó los Acuerdos de Paz de 1992 como una "farsa" y se presentó como el único salvador posible. No fue un discurso de victoria: fue un manifiesto.

1 de junio de 2024. Bukele asumió su segundo mandato con una levita oscura bordada en dorado, reminiscencias imperiales, simbolismo religioso y la presencia de figuras como Javier Milei y el rey Felipe VI. Comparó a El Salvador con un paciente enfermo de cáncer —las pandillas— que sólo él, "el octavo doctor", había podido curar. Y exigió al pueblo un juramento: defender las decisiones del gobierno sin quejarse y no escuchar a los "enemigos del pueblo". Fue, en palabras de Martínez, una "entronización": la democracia convertida en ceremonia de lealtad personal.

Ortega tardó once años en consolidar su dictadura en Nicaragua. Bukele lo hizo en cinco.

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4. Los hermanos y la máquina

Nayib Bukele no gobierna solo. Detrás de la cámara hay una estructura familiar que funciona como holding empresarial con acceso directo al erario público, la diplomacia y las decisiones militares.

Karim Bukele (40 años) es el hermano mayor después de Nayib y el operador más poderoso del régimen. No tiene cargo formal en el gabinete, pero el politólogo David Lingelbach lo describe como el "jefe de gabinete" de facto. Dirigió las campañas electorales de 2015, 2019 y 2021. Acompañó misiones diplomáticas clave en China. Negoció la implementación de la Ley Bitcoin. Presidió el comité organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. Participó en las negociaciones legislativas para la gestión de fondos durante la pandemia. Antes de la presidencia, fue CEO de Global Motors (Yamaha El Salvador), empresa que después recibiría cheques de la partida secreta del gobierno anterior. En 2021, la Operación Catedral lo incluyó en la investigación por corrupción antes de que Bukele destituyera al fiscal.

Ibrajim Bukele (36 años, gemelo de Yusef) es el hombre de las designaciones. Antes de que Nayib asumiera la presidencia, Ibrajim realizó 270 entrevistas para cargos gubernamentales relacionados con la economía y envió una lista de candidatos a su hermano para su consideración. En 2020, fue nombrado presidente del comité que gestionó US$2.000 millones de fondos de emergencia COVID. También fue director ejecutivo de Yamaha Motor El Salvador y presidente de NRA S.A. de C.V., empresa que antes dirigía Claudia Rodríguez de Guevara —la misma persona que después fue designada presidenta interina para habilitar la reelección de Nayib. Ibrajim participó en visitas diplomáticas a Turquía, se reunió con el presidente de Samsung Latinoamérica y, junto con su gemelo Yusef, negoció con inversores extranjeros la introducción del bitcoin como moneda de curso legal. También fue investigado en la Operación Catedral.

Yusef Bukele (36 años, gemelo de Ibrajim) completa el cuadro. Participó junto a Ibrajim en las reuniones con inversores para impulsar la Ley Bitcoin y acompaña misiones y operaciones del círculo familiar. Su perfil es más bajo pero su presencia en las decisiones es consistente.

Lo que define a los hermanos Bukele no es la capacidad técnica sino la ubicuidad. Están en la campaña, en la diplomacia, en el presupuesto de emergencia, en la ley de criptomonedas, en los negocios familiares que reciben fondos del Estado, en la designación de funcionarios. La Operación Catedral investigó una "compleja red de corrupción" que los incluía a los tres. La investigación fue archivada por el fiscal que Bukele designó después de destituir al que investigaba.

La estructura funciona como una corporación familiar con acceso al monopolio de la violencia legítima. No es nepotismo clásico: es captura del Estado como negocio de familia, con el hermano mayor comoCEO-de-fachada y los menores como directores de áreas.

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5. La fábrica de muerte procesada

Walter Vladimir Sandoval tenía 25 años. Fue detenido el 30 de marzo de 2022, cinco días después del régimen de excepción. Cuatro días después estaba muerto. Su cuerpo mostraba fracturas y heridas visibles en la cara, las rodillas y el pecho. Los oficiales responsables dijeron que "se cayó por unas escaleras" en la prisión de Izalco. El informe policial filtrado dice otra cosa: "Las lesiones encontradas en la víctima fueron infligidas deliberadamente, determinando que el caso es un homicidio".

Sandoval fue el primero. Desde entonces, al menos 517 personas han muerto bajo custodia del Estado salvadoreño, según la organización Socorro Jurídico Humanitario. El País pudo corroborar 30 casos con testimonios directos y documentos policiales filtrados.

Los números son una topografía del horror:

• 92% murieron sin condena.
• 94% ni siquiera habían sido identificados como miembros de pandillas.
• 30% murieron por causas violentas o tortura.
• 32% por negligencia médica.
• 50 víctimas con señales de tortura fueron diagnosticadas con "edema pulmonar" por médicos forenses —un diagnóstico que los especialistas consideran anormalmente frecuente y que se usa rutinariamente para enmascarar otras causas de muerte.
• Las muertes "no violentas" en prisión pasaron de un promedio de 9 por mes en 2019 a 39 por mes en 2022.

Bukele lo normalizó con una frase: "Así como la gente muere en sus casas de vieja o por enfermedad, también muere en las cárceles". El fiscal general cerró 142 casos de muerte argumentando que no constituían delito. El ministro de seguridad dijo que "más gente moría en las cárceles antes y nadie decía nada". El director de prisiones defendió la línea oficial.

Ingrid Escobar, directora de SJH, fue forzada al exilio en 2025 por sus denuncias persistentes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibe los casos. En marzo de 2026, un grupo de expertos y juristas acusó al gobierno de Bukele de crímenes de lesa humanidad ante las Naciones Unidas.

No es exceso. Es sistema. El régimen de excección suspendió el debido proceso, impuso cuotas mínimas de detención —confirmadas por altos mandos policiales en funciones— y produjo una población carcelaria de más de 107.000 personas en un país de 6,3 millones. La maquinaria mata, diagnostica, archiva y silencia. Y el espectáculo sigue corriendo.

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6. Megajuicio sin prensa: la justicia como set de filmación

En abril de 2026, El Salvador inauguró una nueva forma de justicia: la macroaudiencia. Cuatrocientos ochenta y seis presuntos miembros de la MS-13 fueron procesados simultáneamente por 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022. Cuatrocientos trece estaban detenidos en el CECOT. Setenta y tres fueron procesados en ausencia. La prensa quedó afuera.

El gobierno lo presentó como una victoria sin precedentes contra el crimen organizado. Y en términos de comunicación política, lo fue: la imagen de cientos de hombres tatuados, encapuchados, sentados en filas dentro de la megacárcel más grande de las Américas es una imagen que se exporta sola. Es el producto que Milei quiere replicar en Argentina, que Petro rechaza desde Colombia y que Ecuador ya está probando.

Pero la macroaudiencia no es justicia. Es produccion. No existe forma de garantizar defensa efectiva, evaluación individual ni debido proceso cuando se juzga a 486 personas en una sola audiencia. La eficiencia penal —si es que se puede llamar así— borra la posibilidad de distinguir entre culpables e inocentes, entre quienes cometieron delitos graves y quienes fueron detenidos por vivir en el barrio equivocado. Y eso es exactamente el punto: el procedimiento masivo no está diseñado para resolver casos. Está diseñado para producir la imagen de la resolución.

La cooperación con Italia en seguridad y desarrollo, anunciada el mismo mes, empuja el mismo relato hacia afuera: El Salvador no es un caso aislado de mano dura, sino un modelo de seguridad sin fricción democrática que se puede vender en ferias, cumbres y contratos bilaterales.

La excepción deja de ser excepción cuando se presenta como marca país.

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7. La miseria que no cambia y la popularidad que sí

Acá está el núcleo del truco. Y es donde el tecnofascismo muestra su verdadera eficacia.

Cuando Bukele asumió la presidencia en 2019, la pobreza monetaria en El Salvador era del 22,8% de los hogares —la tasa más baja en décadas, herencia de los gobiernos del FMLN que la habían reducido desde el 37,8% en 2009. Al cierre de su primer quinquenio, la pobreza llegó al 25,8%. La pobreza extrema subió del 4,5% al 9,08%. Más familias hambrientas, no menos.

Los datos son del Banco Central de Reserva, publicados en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples. No son estimaciones de ONGs ni proyecciones de la oposición. Son las cifras oficiales del Estado salvadoreño.

La administración Bukele no tiene ningún récord histórico en el combate a la pobreza. Al contrario: los hogares pobres incrementaron en su quinquenio. La propaganda oficial —amplificada por cuentas con cientos de miles de seguidores que se presentan como "aliadas de la Presidencia"— tergiversa los datos del propio BCR para presentar el 25,8% como "la tasa más baja de la historia". Es falso. La tasa más baja fue la que Bukele heredó: 22,8% en 2019.

Pero la popularidad no se mueve con la pobreza. Se mueve con la percepción de seguridad, y ahí está la genialidad del montaje. Antes de Bukele, la gente no salía de noche en extensas zonas del país. Las pandillas cobraban extorsión —la "renta"— en cada negocio, en cada bus, en cada casa. El homicidio era moneda diaria. Cuando Bukele decretó el estado de excepción y llenó las cárceles, la extorsión colapsó y los homicidios cayeron a tasas históricamente bajas. Para una población que vivió décadas bajo el terror pandillero, eso no es un dato estadístico: es la posibilidad de caminar a la noche, de abrir un negocio, de que los hijos lleguen a casa.

El problema es que esa seguridad se construyó sobre tres mentiras:

1. Que el gobierno combatió a las pandillas desde el principio. No: pactó con ellas, se benefició del pacto y cuando se rompió convirtió la ruptura en propaganda.

2. Que la seguridad equivale a libertad. No equivale. La seguridad sin derechos es una jaula cómoda. El régimen de excepción lleva cuatro años, se prorroga mensualmente, suspende garantías constitucionales y ha producido 517 muertes bajo custodia, decenas de miles de detenciones arbitrarias y al menos 86 presos políticos documentados.

3. Que el éxito se puede mantener sin cambiar las condiciones materiales. La pobreza subió. El empleo no mejoró estructuralmente. Las remesas —25% del PIB— siguen siendo la principal fuente de ingresos. El bitcoin fue un experimento publicitario. La economía no se transformó. Pero la sensación de seguridad compensa —temporalmente— la ausencia de cambio material. Y mientras la sensación dure, la popularidad se sostiene.

Esto es lo que el etnógrafo Luis Rodríguez Castillo llama un "encanto persistente": la capacidad del régimen de mantener la adhesión popular no mejorando la vida de la gente sino mejorando la imagen de la mejora. No es populismo clásico —dar cosas a cambio de votos—. Es algo más sofisticado y más peligroso: producir la sensación de transformación sin que la transformación ocurra.

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8. El modelo exportable

El "modelo Bukele" no es un plan. No tiene fases, indicadores, metas ni evaluación. El propio "Plan Control Territorial" que el gobierno presenta como su estrategia insignia es, según altos mandos policiales, un documento de 51 páginas con directrices de patrullaje que no incluye nada de lo que Bukele anunció públicamente. Cuando el autor de un estudio académico intentó solicitar el plan oficial en 2019, le fue negado. Un documento filtrado en 2023 confirmó que el plan real era una guía operativa básica de despliegue policial-militar. La propaganda, no el plan, es la política.

El modelo, entonces, no es una política pública. Es una ruta de cinco pasos hacia la reinstauración autoritaria:

1. Llegar democráticamente al poder —pero con pactos no democráticos ya en marcha.
2. Capturar el sistema judicial —destituyendo magistrados y fiscales, reemplazándolos por leales.
3. Crear una crisis que justifique la excepción —la ruptura del pacto con las pandillas funciona como catalizador.
4. Gobernar por decreto bajo estado de excepción permanente —suspendiendo derechos, deteniendo en masa, llenando cárceles.
5. Convertir la represión en marca exportable —vendiéndola como eficiencia, modernidad y orden.

Cada paso tiene su contraparte mediática. La captura judicial se vende como "independencia de poderes". Las detenciones masivas se venden como "guerra contra el crimen". El estado de excepción permanente se vende como "la nueva normalidad". Y el resultado —un país donde la tasa de homicidios bajó pero la democracia murió— se exporta como modelo a Ecuador, a Argentina, a cualquier país donde un político necesite una narrativa de orden.

El Pacto Trump-Bukele agregó una capa: El Salvador como cárcel outsourcing para Estados Unidos. Más de 200 migrantes venezolanos fueron deportados al CECOT sin antecedentes penales ni vínculos probados con pandillas. Bukele abrió las puertas de la megacárcel, Trump celebró la efectividad, y ambos mintieron sobre a quién estaban encerrando. El acuerdo consolidó a Bukele como aliado estratégico de la Casa Blanca y le dio cobertura internacional para seguir operando sin frenos.

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9. Lo que el espectáculo oculta

Detrás de la cámara hay cosas que la cámara no muestra.

Hay 517 muertes bajo custodia —o 2.000, según Socorro Jurídico Humanitario— con un patrón documentado de tortura, negligencia médica y encubrimiento. Hay cuerpos enterrados en cementerios clandestinos sin que las familias fueran informadas. Hay personas que murieron por desnutrición severa y deshidratación dentro de prisiones que el gobierno exhibe como modelo de eficiencia.

Hay un sistema judicial colonizado. La Sala de lo Constitucional —la misma que habilitó la reelección inconstitucional— cierra investigaciones sobre muertes en prisión sin presentar evidencia. El fiscal general archiva casos. Los jueces leales procesan en masa.

Hay 86 presos políticos documentados. Gente como Ruth López, detenida desde mayo de 2025, casi un año sin juicio, con expediente secreto a pedido de la fiscalía. Como Ingrid Escobar, forzada al exilio por documentar los muertos. Como los periodistas de El Faro —los hermanos Martínez entre ellos— empujados al autoexilio después de que Bukele los declarara enemigos y acusara de falsificar documentos.

Hay tres hermanos que operan el Estado como empresa familiar, que fueron investigados por corrupción y cuya investigación fue destruida por el fiscal que designó el hermano mayor. Hay negocios familiares —Yamaha, Obermet/Saatchi & Saatchi, NRA S.A.— que recibieron fondos públicos y cuya trayectoria se cruza con las designaciones gubernamentales. Hay una partida secreta que financió cheques a las empresas de los hermanos antes de que Nayib asumiera la presidencia. Hay US$2.000 millones de fondos COVID gestionados por un comité presidido por Ibrajim sin rendición de cuentas pública conocida.

Hay un país donde la pobreza subió tres puntos, donde más del 25% de los hogares vive en situación de pobreza y más del 9% enfrenta hambre, pero donde el presidente se permite declarar que ha roto todos los récords. Hay una economía que no se transformó, que depende de las remesas, que no generó empleo estructural nuevo, y que sin embargo produce la imagen del éxito.

Hay un territorio donde más del 90% de las aguas superficiales están contaminadas por minería y monocultivo, donde los defensores ambientales son perseguidos por decir que el agua no se negocia, y donde el CECOT funciona no sólo como prisión sino como nodo de militarización territorial.

Todo eso existe. Pero la cámara no lo muestra. La cámara muestra al presidente en cabina de avión, al ministro de seguridad anunciando capturas, al CECOT lleno de hombres tatuados. La cámara produce la sensación de orden, y la sensación de orden produce popularidad, y la popularidad produce impunidad, y la impunidad permite que todo siga igual.

Eso es el tecnofascismo: no la dictadura militar del siglo XX con uniformes y discursos largos, sino la dictadura mediática del siglo XXI con sneakers, redes sociales y una narrativa tan bien producida que la miseria parece desarrollo y el terror parece seguridad.

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Fuentes

1. El Faro / PBS Frontline, "El trato: Trump, Bukele y las pandillas de El Salvador", documental, abril 2026. elfaro.net

2. DW, "Líder pandillero revela los pactos de Bukele con las maras", entrevista con Carlos Cartagena "Charly de la IVU", 2026. dw.com

3. El País, "More than 500 prisoners have died in Bukele's prisons since 2022", abril 2026. elpais.com

4. La Silla Rota, "Los detalles del pacto Trump y Bukele que reveló El Faro", abril 2026. lasillarota.com

5. La Silla Rota, "Bukele en El Salvador: los dos discursos que lo desenmascararon como dictador", abril 2026. lasillarota.com

6. Nexos, "El modelo Bukele", análisis de Luis Javier Pérez, 2024. seguridad.nexos.com.mx

7. Voz Pública, "Seis engaños sobre el combate a la pobreza en la gestión Bukele", octubre 2025. vozpublica.net

8. Wikipedia, "Ibrajim Bukele", "Karim Bukele" — compilación de fuentes periodísticas (El Faro, Revista Elementos, La Prensa Gráfica). es.wikipedia.org

9. El Faro, "Bukele ushers in a new era of political prisoners in El Salvador", 2026. elfaro.net

10. WOLA, "Political Imprisonment in El Salvador and the Dismantling of Democracy", 2026. wola.org

11. El País, "Bukele tiene al menos 86 presos políticos en las cárceles de El Salvador", marzo 2026. elpais.com

12. El Periódico, "El Salvador celebra el megajuicio contra casi 500 miembros de la mara Salvatrucha", abril 2026.

13. ContraPunto, "El Salvador refuerza cooperación con Italia en materia de seguridad y desarrollo", abril 2026.

14. Cristosal, intervención de Noah Bullock ante la Comisión Tom Lantos del Congreso de EE.UU., abril 2026.

15. Reporte Latinoamérica, "El Salvador inicia megajuicio contra 486 presuntos miembros de la MS-13", abril 2026. reportelatinoamerica.com