El expediente del castigo ya cruza fronteras en Centroamérica

Hay días en que la región se deja leer como un mapa. Y hay días, como el 16 de abril, en que se deja leer como una estructura de castigo. El dato nuevo no es sólo que El Salvador y Nicaragua volvieron a ocupar el centro de la escena. Es que, por unas horas, las dos arquitecturas de poder más disciplinarias del istmo quedaron expuestas en dos idiomas distintos pero complementarios. Por un lado, Cristosal, Human Rights Watch y American University llevaron al Congreso de Estados Unidos una acusación sostenida con forensia, cifras y nombres propios sobre el régimen de excepción salvadoreño.¹²³ Por otro, OFAC apuntó directo al circuito económico íntimo de Ortega y Murillo, sancionando a dos de sus hijos, a cinco personas más y a siete empresas ligadas al negocio del oro.⁴ Lo distinto del día es eso: la violencia estatal y la renta familiar dejaron de aparecer como expedientes paralelos y empezaron a encajar como piezas de una misma legibilidad regional.

Centroamérica no mostró dos crisis separadas. Mostró una misma gramática del mando: en El Salvador el castigo entra al expediente forense, en Nicaragua la dinastía entra al balance contable.

El Salvador, cuando la crueldad entra al expediente

Cristosal documentó 513 muertes bajo custodia estatal desde marzo de 2022. De ese total, 420 casos fueron investigados con certificados de defunción, informes forenses, testimonios y evaluaciones externas. Sólo en 2026 ya registró 93 nuevas muertes.¹ La desagregación es todavía más devastadora: 181 presentan evidencia de violencia física, 168 muestran traumatismos en cabeza, pecho o abdomen compatibles con golpizas, 16 corresponden a asfixia y en seis de esos casos la versión oficial habló de suicidio pese a evidencia forense que la contradice. También aparecen 73 muertes asociadas a condiciones cardíacas sin atención, 71 por enfermedades infecciosas no tratadas, 36 por desnutrición severa y siete por deshidratación.¹ No es un exceso aislado. Es un sistema con firmas, patrones y administración.

La audiencia ante la Comisión Tom Lantos importó porque ordenó ese horror para volverlo jurídicamente legible. Susana Sacouto, de American University, sostuvo que existen "motivos razonables para creer" que la respuesta estatal salvadoreña cumple elementos constitutivos de crímenes de lesa humanidad bajo el Estatuto de Roma.³ Juan Pappier, de Human Rights Watch, empujó la consecuencia política: pidió condicionar la asistencia financiera, técnica y de seguridad al sistema penitenciario y a las fuerzas de seguridad, y sancionar a los altos mandos responsables.² En el centro de esa escena apareció otra vez Ruth López, detenida desde mayo, casi un año sin juicio y con expediente secreto a pedido de la fiscalía.¹ El castigo no está pensado sólo para quienes el régimen llama pandilleros. También está diseñado para quebrar a quienes documentan, denuncian y nombran.

El contrapeso vino de Andrés Martínez-Fernández, de Heritage Foundation, que afirmó que las críticas "exageran la naturaleza y magnitud" de los abusos y que las medidas de presión previas no cambiaron la postura del gobierno de Bukele.³ Pero incluso esa defensa revela el cambio de terreno: la discusión ya no es si el régimen salvadoreño violenta derechos humanos, sino cuánto costo internacional puede acumular antes de que la alianza que lo sostiene empiece a resentirse.

Nicaragua, cuando la familia gobernante aparece como balance contable

En Nicaragua, la noticia fuerte no llegó por el lado de la retórica democrática sino por el de la ingeniería financiera. OFAC sancionó a Maurice Facundo Ortega Murillo, a Daniel Edmundo Ortega Murillo, a otras cinco personas y a siete empresas vinculadas al negocio del oro.⁴ La importancia política de esa movida está en que baja al régimen del plano abstracto al operativo. Ya no se habla sólo de una autocracia familiar. Se habla de hijos, sociedades, cadenas de propiedad y renta extractiva, con participación china en el entramado minero, según Divergentes.⁴ En otras palabras, el poder deja huella en los registros mercantiles.

Ese golpe externo coincide con un colapso interno que ya no puede maquillarse. La Corte Suprema de Justicia resolvió apenas 245 de los 1.999 recursos de casación programados para 2025, apenas 12,3 por ciento, su peor desempeño en cinco años.⁵ El dato sirve para medir algo más que ineficiencia: después de las barridas políticas impulsadas por Rosario Murillo, el aparato judicial perdió incluso la capacidad de simular normalidad. A eso se suma el bloqueo sistemático de apostillas a personas nicaragüenses en el exilio, una forma de persecución administrativa que vuelve imposible estudiar, trabajar o regularizarse fuera del país.⁶ Cuando Panamá reconoce, en boca de José Raúl Mulino, que esa población "podría tener un estatus" especial, lo que queda expuesto es que la violencia del régimen ya se exporta como problema regional.⁷

Lo que aparece con nitidez es un desplazamiento de escala. En El Salvador, el expediente penal internacional empieza a darle forma a lo que el gobierno quiso vender como excepcionalidad soberana. En Nicaragua, la sanción financiera deja ver que la reproducción del mando depende de una economía familiarizable, rastreable y extractiva. Distintos dispositivos, misma certeza: el poder más estable del istmo ya no puede esconder del todo su materialidad.

Las otras grietas del istmo no son decorado

Mientras El Salvador y Nicaragua condensan la forma más concentrada del mando, Costa Rica y Guatemala muestran cómo la dominación también opera en sistemas más porosos. En Costa Rica, la comisión legislativa que investiga la denuncia de abuso sexual de la exdiputada Marulin Azofeifa contra Fabricio Alvarado pidió una prórroga por 3 votos contra 1.⁸ Cinco diputadas de tres bancadas llegaron a respaldar presencialmente a la denunciante.⁹ A tres semanas de la elección del 8 de mayo, esa prórroga no es un detalle procedimental. Es una disputa sobre si el aparato parlamentario funciona como vía de esclarecimiento o como máquina de enfriar costos políticos. En paralelo, Rodrigo Chaves respaldó públicamente a Laura Fernández, tensando todavía más el cierre del ciclo electoral.¹⁰

Guatemala, por su parte, sigue atrapada en la gramática más gris pero no menos peligrosa de la captura. El Ministerio de Comunicaciones adjudicó en marzo 19 proyectos de infraestructura prioritaria por Q1.200 millones, con predominio de mantenimiento y supervisión por encima de obra nueva.¹¹ Al mismo tiempo, analistas cuestionan la opacidad del gobierno sobre qué programas se recortarán para financiar el subsidio a combustibles de Q2.000 millones aprobado por el Congreso.¹² El problema no es sólo presupuestario. Es político: quién paga la gobernabilidad y qué estructuras quedan intactas mientras se administra la urgencia. Por eso no sorprende que el debate público vuelva una y otra vez sobre la captura institucional como matriz de fondo.¹³

Belize trae un recordatorio importante: la región no se agota en presidentes fuertes y tribunales colonizados. El National Garifuna Council y el Belize National Indigenous Council denunciaron el presunto secuestro del presidente comunal de Indian Creek Village, reabriendo el conflicto por tierra y soberanía indígena.¹⁴ La Belize Bus Association amenaza con cesar operaciones desde el 20 de abril si no se autoriza un alza tarifaria.¹⁵ Y el National Trade Union Congress rechazó la nueva exigencia de receta médica para acceder a anticonceptivos, calificándola de "arcaica".¹⁶ Tierra, trabajo y reproducción social: la misma estructura, en otro idioma.

Costa Rica y Guatemala no aparecen como excepciones democráticas limpias. Aparecen como máquinas más prolijas para administrar demora, cobertura patriarcal y opacidad presupuestaria.

Lo que falta también habla

Honduras y Panamá casi no aparecen en el paquete del 16 de abril. Eso no significa calma. Significa hueco. Honduras está entrando en un ciclo preelectoral y Panamá sólo asoma lateralmente en la cuestión migratoria nicaragüense. Cuando una región tan saturada de conflicto queda súbitamente muda en dos de sus nodos, conviene desconfiar de la apariencia. No faltan hechos. Faltan fuentes, o faltó colección.

La escena regional, entonces, no muestra estabilidad sino una mutación de escala. En El Salvador, el terror carcelario entra en un idioma penal internacional.¹³ En Nicaragua, la dinastía deja rastros cada vez más visibles en la economía del oro.⁴ En Costa Rica y Guatemala, las instituciones siguen funcionando, sí, pero también siguen ofreciendo superficies para la cobertura patriarcal, el cálculo electoral y la administración opaca del presupuesto.⁸¹² Y en Belize reaparecen, con nitidez, las luchas por el territorio y por la autonomía de los cuerpos.¹⁴¹⁶ Lo distinto del día es que todas esas líneas, por un momento, encajaron. Y cuando encajan, el poder se vuelve un poco más fácil de señalar.