El MEF lo llama austeridad: el PIT-CNT fue al Cerro y lo llamó ajuste

El martes 9 de junio la Cámara de Diputados sesionó hasta la medianoche sin aprobar ninguna comisión investigadora sobre ASSE. La moción del Frente Amplio, impulsada por el diputado Federico Preve, terminó con cero votos —ni el propio Preve la votó— y la del Partido Nacional se quedó sin apoyos. El diputado blanco Federico Casareto fue preciso: "Se nos acabaron los instrumentos legislativos".¹ El miércoles 10 amaneció con el PIT-CNT en las calles del Cerro: más de 20 ómnibus del interior, educación paralizada 24 horas y el secretario general José Lorenzo López diciéndole al gobierno que "se va a tensar fuertemente la relación si no hay cambios" en la Rendición de Cuentas.² En el mismo día, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas cedió ante la Intergremial de Transporte y acordó dejar la Guía Electrónica en fase voluntaria indefinida. Tres frentes distintos, tres retrocesos o empates del Ejecutivo en menos de 24 horas.

La frase que López pronunció ante Sarandí es la que más debería incomodar al gobierno: "Eso en cualquier lugar del mundo se llama ajuste".² Se refería al documento del MEF enviado a los organismos públicos, que establece que quienes no ejecuten su crédito este año recibirán menos el próximo. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cerró oficinas en el interior, el MGAP perdió la mitad de sus funcionarios en diez años, las aduanas tienen turnos vacíos. No es una lectura maliciosa del sindicalismo: es la acumulación de datos que el propio gobierno reconoce pero encuadra como "racionalización". Lo que el miércoles 10 de junio hizo el PIT-CNT fue nombrar ese encuadre como lo que es, y hacerlo en la calle, ante cámaras y ante el país. El primer gran test de movilización del gobierno del FA terminó con la central sindical más fuerte que el gobierno esperaba.

El FA llegó al gobierno prometiendo que los que más tienen paguen más. El MEF firmó un documento que recorta a quien no ejecuta. Lo que la central sindical hizo el 10 de junio fue leer ese documento en voz alta en el Cerro, donde todo el mundo lo entendió sin traducción.

La Rendición que el MEF no quiso llamar ajuste

José Lorenzo López no llegó al Cerro con una agenda gremial estrecha. La plataforma del PIT-CNT para el paro del 10 de junio tiene cuatro ejes: seis por ciento del PBI para educación, fortalecimiento de las empresas públicas, reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario y un impuesto al uno por ciento de los hogares más ricos para combatir la pobreza infantil.² Pero la munición más pesada fue el documento del MEF. López lo describió con una claridad que los técnicos del ministerio no van a refutar con cifras: si un organismo no ejecuta su crédito este año, el año siguiente se lo recortan. La fórmula premia la inacción y penaliza la inversión pública. "Eso en cualquier lugar del mundo se llama ajuste", dijo López, y la frase quedó flotando sobre el Cerro como una definición política que el gobierno tendrá que responder.

La respuesta más incómoda viene de los propios números que el sindicalismo puso sobre la mesa. El sector rural —el mismo que movilizó tractores contra el MTOP por la Guía Electrónica— aporta el dos por ciento de sus ingresos al sistema de Seguridad Social. Los asalariados del sector privado y del Estado aportan el quince. No es una acusación, es la tabla de la BPS. López la citó con una frialdad que hizo más daño que cualquier consigna: "Es muy fácil hablar del peso del Estado cuando en realidad no estás pagando lo que deberías pagar".² La central pedirá reunión con el presidente Orsi y dialogará con todos los partidos sobre la propuesta de impuesto al uno por ciento más rico. Dentro del propio gabinete, López reconoció que "hay algunos integrantes que se han manifestado a favor de estudiar esa propuesta". Pero el ministro Oddone ya dijo que no. La tensión es real y el paro la hizo visible con una contundencia que superó lo que el gobierno calculaba.

El Partido Socialista, en su declaración del Comité Central publicada esta semana, respaldó la medida del uno por ciento, la reducción de jornada y la creación de la Universidad de la Educación, y confirmó que apoyará la candidatura de Fernando Pereira como presidente del FA.³ Es una señal de que la presión sobre la Rendición de Cuentas no viene solo de la central sindical sino de adentro del propio bloque. El Plenario del FA ya lo había formulado con franqueza: sin movilización sostenida, los avances del Diálogo Social quedan como victorias sobre el papel.

El Parlamento que no investigó nada

La sesión del martes 9 de junio duró hasta la medianoche y terminó sin resultados. La moción del Frente Amplio para crear una comisión investigadora sobre la gestión de ASSE obtuvo cero votos —el diputado Preve, su impulsor, no la votó cuando llegó al plenario. La del Partido Nacional no reunió los apoyos necesarios.¹ Casareto fue explícito sobre lo que sigue: "Se nos acabaron los instrumentos legislativos", y anunció que la Coalición presentará en los próximos días una denuncia penal contra Álvaro Danza por cobrar una partida de dedicación permanente de mil dólares mensuales durante ocho meses mientras trabajaba en cuatro mutualistas y la Universidad. Los cargos posibles son estafa, apropiación indebida y enriquecimiento ilícito. Según el legislador blanco, Danza marcaba tarjeta en el Hospital Pasteur mientras estaba en Fray Bentos, Rivera o Trinidad el mismo día.

En paralelo, y en el mismo nivel institucional, Brecha accedió a un mensaje de WhatsApp que el director general de Presidencia, Diego Pastorín, envió el 10 de julio de 2025 al entonces director de Agesic, Daniel Mordecki.⁴ El mensaje describe la incorporación de un asesor de ciberseguridad por once mil dólares mensuales y el mecanismo para hacerlo: "La forma es usando horas de la licitación que hay con HG. Ya lo hablé con Silvia [González, gerenta de HG]". Diez meses después, cuando la Comisión de Innovación lo convocó, Pastorín declaró que "todas las contrataciones las hizo el ex director ejecutivo". El WhatsApp no cierra el caso, pero abre una contradicción que la comisión prefirió no explorar: cerró el tema sin citar a Mordecki. La denuncia también señala conflictos de interés de la actual directora Cristina Zubillaga con el conglomerado Domus Global, y del ingeniero Jorge Abín —asesor de la Médica Uruguaya— colocado al frente de Salud Digital. Ninguno de estos puntos fue desarrollado ante la comisión.

Lo que vincula las dos historias —la sesión fallida de ASSE y el WhatsApp de Pastorín— es la misma lógica institucional: el control político del Parlamento sobre el Ejecutivo choca con la limitación de los instrumentos disponibles o con la falta de voluntad para usarlos hasta el fondo. El PN se queda sin comisiones y va a la Justicia. La comisión cierra el caso de Agesic sin convocar al testigo que contradice la versión oficial. Las instituciones tienen la capacidad. Lo que falta es el ritmo.

La caja que se desangra y quién paga la cuenta

El Poder Ejecutivo autorizó el 10 de junio a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias a emitir obligaciones negociables por hasta 317,5 millones de UI —unos 51,5 millones de dólares— con garantía del Estado.⁵ La entidad cerró 2025 con un déficit operativo de 91,2 millones de dólares, seis por ciento superior al de 2024, y proyecta resultados negativos hasta 2030. Los títulos vencen en 2040. La medida es técnicamente correcta y políticamente incómoda: mientras la central sindical exige más inversión pública y el MEF responde con un documento que penaliza la no-ejecución, el Estado sale de garante de una caja previsional que acumula rojo estructural. La reforma previsional de 2023 incorporó nuevas fuentes de financiamiento que no alcanzaron.

El episodio de la Guía Electrónica del MTOP cerró el miércoles con la misma lógica de retroceso estratégico. Tras días de cortes de ruta, quema de gomas y bloqueos en más de treinta puntos del país, el ministerio y la Intergremial de Transporte Profesional de Carga acordaron mantener el sistema en fase de prueba voluntaria.⁶ La obligatoriedad queda supeditada a ajustes técnicos, simplificación de costos y nuevas mesas de trabajo. La ministra Etcheverry había insistido en que la herramienta "no tiene costo"; los transportistas respondieron que los costos de conectividad en zonas rurales, equipos y tiempo de carga son reales. El acuerdo establece que no habrá costos directos y se minimizarán los indirectos. Es una derrota táctica que el gobierno encuadra como diálogo. Lo que quedó en evidencia es la dificultad estructural de digitalizar sistemas que dependen de infraestructura que el Estado todavía no resolvió.

El sector del medicamento suma una capa más: el SIMA —sindicato de la industria farmacéutica— se declaró en conflicto y anunció paros parciales de cuatro horas semanales tras cinco meses sin acuerdo salarial.⁷ Reclama un aumento real del dos por ciento, licencias por cuidados y reducción de la jornada de 44 horas. La producción y exportación de fármacos ya se resienten. Al mismo tiempo, la administración Trump anunció el incremento arancelario al 12,5% para Uruguay —entre 60 países— bajo el argumento de que el país no legisla contra el trabajo forzoso en sus cadenas de suministro, aunque nadie acusa a Uruguay de producir con trabajo esclavo.⁸ Las principales exportaciones tienen excepciones, pero la industria automotriz y metalúrgica registra caídas de hasta 57%. El gobierno tiene plazo hasta el 6 de julio para presentar descargos.

La señal equívoca que el Ejército envió sobre DDHH

Brecha reveló esta semana que Graciela Figueredo fue designada asesora jurídica del comandante en jefe del Ejército, general Stevenazzi.⁹ Figueredo es la abogada que promueve la tesis de la prescriptibilidad de los crímenes de la dictadura, que participó de un foro de ultraderecha en el Parlamento Europeo donde se entregó una plaqueta del Centro Militar agradeciendo "por su preocupación por los prisioneros políticos de nuestro país", y que ha cuestionado que la Justicia valide testimonios de víctimas como prueba. Pasó a retiro en febrero de 2025 y reingresó como "reservista incorporada" siete meses después. El antecedente del pago de 20.000 dólares del Ejército para la defensa del prófugo coronel Ferro con fondos de Cantinas Militares —un caso documentado— complica el cuadro.

Madres y Familiares emitió un comunicado calificando la designación de "contraria a la lucha y compromiso con el Nunca Más" y señalando que "pone en jaque la narrativa institucional de compromiso democrático". La ministra Sandra Lazo difundió un video diciendo que "no vine al Ministerio para mirar para el costado", pero hasta el cierre de esta edición no había resolución administrativa que revocara la designación.⁹ El general Stevenazzi había dicho que el Ejército "no esconde nada". Tener como asesora jurídica a quien defiende a represores y cuestiona el valor de los testimonios de las víctimas no es esconder: es una posición institucional. Y esa posición tiene consecuencias sobre la credibilidad de cualquier declaración sobre transparencia.

El mismo día, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Tercer Turno desestimó la interpretación del juez Federico Tobía, lo apartó por prejuzgamiento y reabrió la demanda de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras y Socobioma contra los contratos de ANCAP con multinacionales para exploración offshore.¹⁰ Los datos presentados ante la Justicia revelan 385 avistamientos de fauna y 104 ocasiones en que el buque prospector debió apagar sus fuentes acústicas por presencia de cetáceos, tortugas y pinnípedos. El nuevo juez que asuma el caso tendrá que escuchar los fundamentos científicos sin los tiempos acotados de un amparo. Las prospecciones de Viridien están previstas para noviembre.

El proyecto de delitos contra el ambiente que el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento pone el mismo patrón en el plano legislativo: tipifica como delito la contaminación del agua, el suelo y el aire con penas de hasta ocho años, pero restringe los delitos contra fauna y flora a las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que representan apenas el uno por ciento del territorio.¹¹ Más de cincuenta organizaciones ambientales y sociales ya expresaron su rechazo a esa restricción. El Estado promete proteger el ambiente en el dos por ciento del mapa. El resto es economía de mercado.

El miércoles 10 de junio deja en Uruguay una imagen precisa: un gobierno que llegó con promesas de transformación enfrenta, en un mismo día, la primera gran prueba de calle del sindicalismo organizado, el agotamiento de los instrumentos parlamentarios de control, y la pregunta de si sus propias instituciones —el MEF, el Ejército, el Poder Ejecutivo— están leyendo el mismo mandato que la calle fue a expresar al Cerro. La brecha entre lo que el gobierno dice que quiere hacer y lo que firma, designa y autoriza no es una contradicción de comunicación. Es una contradicción de poder: los sectores que más tienen siguen pagando el dos por ciento y los que más trabajan siguen poniendo el quince. El PIT-CNT lo dijo en voz alta. El gobierno tendrá que decidir si lo escucha o si lo administra.

Fuentes

1. ASSE: "Nos obligan a presentar la denuncia". la diaria YT, 10 junio 2026. | ¿Estafa al Estado? Tensión máxima en el Parlamento por la gestión de la salud pública. Uruguay al Día, junio 2026. | Comisiones investigadoras de ASSE: este martes se tratan las dos propuestas. la diaria, junio 2026.
2. José Lorenzo López, secretario general del PIT-CNT, en Palabras Cruzadas. Sarandí 690 YT, 10 junio 2026. | Paro del PIT-CNT el miércoles 10 de junio: qué servicios públicos se verán afectados. El Observador, junio 2026.
3. Declaración del Comité Central. Partido Socialista del Uruguay, junio 2026.
4. Cortafuegos. Brecha, 10 junio 2026.
5. Gobierno autorizó a la Caja Bancaria a emitir deuda para cubrir brecha financiera. El Observador, 10 junio 2026.
6. MTOP e Intergremial de Carga acuerdan mantener en prueba la Guía Electrónica antes de hacerla obligatoria. Carmelo Portal, junio 2026. | Resultado de mesa de trabajo entre la ITPC y MTOP sobre la Guía Electrónica. El Eco Digital, junio 2026.
7. Sin avances en negociación colectiva: sindicato del medicamento se declara en conflicto. El Popular, junio 2026. | Conflicto en la producción de medicamentos: trabajadores de laboratorios analizan profundizar medidas. El Observador, junio 2026.
8. ¿Trabajo forzado en la producción uruguaya? Cuáles son los argumentos de Trump para aumentar aranceles. la diaria, junio 2026.
9. Una señal inequívoca. Brecha, 10 junio 2026.
10. Desarchivando. Brecha, 10 junio 2026.
11. ¿Qué propone el nuevo proyecto de ley del Poder Ejecutivo que busca introducir los delitos contra el ambiente en el Código Penal?. la diaria, junio 2026.