El PIT-CNT lleva a Kaplan ante la Fiscalía y la CAU suspende a su campeona

El martes 2 de junio abre con tres movimientos hacia la Fiscalía que no comparten agenda pero sí comparten estructura: alguien lleva a la justicia lo que el poder preferiría no nombrar. El más resonante es la denuncia penal presentada el 29 de mayo por el PIT-CNT, Fucvam, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, la FEUU, Serpaj, BDS Uruguay, Cotidiano Mujer y otras organizaciones contra el militar uruguayo-israelí Roni Kaplan, por presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio contra el pueblo palestino.¹ La denuncia fue promovida por la secretaria de Derechos Humanos del PIT-CNT, Fernanda Aguirre, la exfiscal Mirtha Guianze y Silvia Martínez del Río, con el patrocinio del abogado Pablo Chargoñia. Las organizaciones piden además que Uruguay colabore con las órdenes de captura emitidas por la Corte Penal Internacional contra Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Galant.

En paralelo, el Centro de Maquinistas Navales (CMN) anunció que elevará a la Fiscalía denuncias contra la Prefectura Nacional Naval por habilitaciones irregulares de trabajadores extranjeros en embarcaciones de bandera uruguaya.² Y en el deporte, el presidente de la Confederación Atlética del Uruguay (CAU), Iván García, suspendió provisionalmente a Déborah Rodríguez —tres veces olímpica y flamante campeona iberoamericana de Lima— después de que la atleta lo acusara de "faltas de respeto" y de atentar contra su "salud mental".³ Las tres noticias ocurren mientras la Asociación de Magistrados Fiscales publica sus planteos para reformar el Código del Proceso Penal —plazos, participación policial, libertad a prueba— y mientras la Fiscalía General sigue sin fiscal de Corte titular, sostenida por el interinato de Ferrero que ningún acuerdo político termina de resolver.

Tres movimientos hacia la Fiscalía en un solo día: la denuncia por Gaza, las irregularidades marítimas y los magistrados que quieren cambiar las reglas. El Estado procesa lo que llega al expediente; el poder institucional castiga lo que se atreve a nombrarlo.

La denuncia que conecta Gaza con Montevideo

Roni Kaplan es un ciudadano uruguayo-israelí que sirvió en las fuerzas armadas de Israel. La denuncia presentada ante la Fiscalía el 29 de mayo lo identifica como potencialmente responsable por crímenes cometidos en Gaza, en el marco de lo que las organizaciones denunciantes caracterizan como genocidio contra el pueblo palestino.¹ El mecanismo jurídico que habilita la denuncia en Uruguay es la jurisdicción universal para crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra —el mismo principio que permitió juzgar en España a militares de la dictadura argentina— y el hecho de que Kaplan tenga nacionalidad uruguaya refuerza la conexión territorial de la causa. La exfiscal Mirtha Guianze, una de las promotoras, es conocida por haber llevado adelante causas de derechos humanos del período de la dictadura; su presencia en esta iniciativa no es circunstancial. La conferencia de prensa fue convocada en la sede del PIT-CNT con representantes de Fucvam, Madres y Familiares, FEUU, Serpaj, BDS Uruguay, Coordinación por Palestina, Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino, Cotidiano Mujer y otras. No es un grupo marginal: es la articulación más amplia de organizaciones de derechos humanos y sindicales que el país ha coordinado en una acción judicial en años recientes.

Las organizaciones piden además que la Fiscalía investigue a otras personas vinculadas al Estado de Israel que se encuentren en territorio uruguayo, y que Uruguay colabore activamente con las órdenes de captura emitidas por la CPI contra Netanyahu y Galant. Esta segunda solicitud es la más políticamente exigente: implica que el Estado uruguayo adopte una postura de cooperación con La Haya en un contexto donde la relación diplomática con Israel es un asunto que el gobierno de Orsi no ha cerrado públicamente en ninguna dirección. La denuncia llega cuarenta y ocho horas después de que el país terminara de procesar el 50° aniversario de los crímenes del Plan Cóndor, cuando los hijos de las víctimas denunciaron que ningún gobierno —de izquierda ni de derecha— convirtió la verdad en política de Estado. El mismo sistema jurídico que tardó cincuenta años en procesar parcialmente los crímenes de la dictadura propia recibe ahora una denuncia por crímenes de guerra cometidos por un ciudadano uruguayo en otro continente. La pregunta que la Fiscalía tendrá que responder —si abre o no una investigación— no es solo judicial: es la señal sobre qué tipo de sujeto internacional decide ser Uruguay.

La Prefectura que habilita lo que el decreto no avala

El Centro de Maquinistas Navales identificó una contradicción legal que el sector viene denunciando ante varios organismos: la Prefectura Nacional Naval estaría reconociendo títulos profesionales obtenidos en el exterior sin exigir los procesos de revalidación establecidos en el Decreto 311 y en el Convenio STCW —el Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar, ratificado por Uruguay.² Según el secretario del CMN, Facundo Montaña, el problema surge de una confusión deliberada o negligente entre dos marcos legales distintos: la modificación de la Ley de Pesca de 2021, que aumentó el porcentaje de trabajadores extranjeros que pueden integrar tripulaciones pesqueras, y los requisitos de revalidación de títulos profesionales para operar como oficial embarcado en buques de bandera uruguaya. "Una cosa es la ley de las tripulaciones y otra cosa es la ley de reconocimiento de títulos profesionales del Uruguay", dijo Montaña.

El impacto es concreto: trabajadores uruguayos que cursaron entre cinco y seis años en instituciones nacionales especializadas compiten con extranjeros que ingresan por una puerta de excepción diseñada para otro propósito. El CMN ya elevó planteos al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Defensa Nacional y al Ministerio de Educación y Cultura, y ahora analiza la denuncia ante la Fiscalía y acciones administrativas adicionales. La Prefectura depende del Ministerio de Defensa, el mismo despacho que el 30 de mayo tuvo que revocar la designación de una defensora de represores como asesora del comandante en jefe del Ejército. La acumulación de frentes en Defensa no es anécdota: es el síntoma de una cartera que gestiona instituciones con autonomías internas que la política civil todavía no logra subordinar del todo.

La CAU que suspende a la campeona que habló

Déborah Rodríguez ganó el domingo su medalla de oro en el Campeonato Iberoamericano de Lima en los 800 metros. Es tres veces olímpica —Pekín 2008, Londres 2012, Río 2016— y una de las figuras más reconocidas en la historia del atletismo uruguayo.³ El martes, el presidente de la Confederación Atlética del Uruguay, Iván García, la suspendió provisionalmente. El motivo declarado: Rodríguez le había recriminado "faltas de respeto" y lo había acusado de atentar contra su "salud mental". La sanción la dejaría fuera del Campeonato Panamericano de Atletismo de Medellín, entre el 29 y el 31 de junio, para el que venía entrenando específicamente con apoyo del Comité Olímpico Uruguayo.

Peñarol, el club que representa a Rodríguez, reaccionó con un documento dirigido a García señalando que los estatutos de la CAU "en ningún caso le otorgan el poder de decidir por sí" una sanción de esa magnitud. Es decir, que el presidente de la federación habría actuado fuera de su competencia reglamentaria. La secuencia es estructuralmente legible: una atleta en su momento de mayor visibilidad —acaba de ganar una medalla de oro internacional— denuncia conductas abusivas de la autoridad que la rige; esa autoridad la suspende de inmediato; el club que la representa sale a señalar que la sanción no tiene respaldo estatutario. La decisión de García no es solo un error administrativo: es el ejercicio del poder institucional para castigar una queja justo cuando hay menos margen para que esa queja pase desapercibida. Que Peñarol haya tenido que intervenir para exigirle a un presidente de federación que respete sus propios estatutos describe, en escala menor, la misma dinámica que el hilo de Ferrero: instituciones que se autorizan a sí mismas por encima de las reglas que las enmarcan.

El CPP que los propios fiscales quieren mover

En un contexto donde la Fiscalía General sigue operando con una fiscal de Corte interina —cuya legitimidad el Frente Amplio cuestiona desde el origen— la Asociación de Magistrados Fiscales publicó sus planteos para modificar el Código del Proceso Penal: más precisión en los plazos procesales, mayor participación de la Policía en la investigación y una regulación más clara de la libertad a prueba.⁴ El movimiento desde adentro tiene doble lectura. Por un lado, es una señal de que el CPP, en vigencia desde 2017, acumula fricciones suficientes como para que los propios operadores reclamen ajustes. Por otro, ocurre en un momento donde el déficit de conducción de la Fiscalía —sin acuerdo político para un titular, con el senador Brenta del FA proponiendo hasta un sorteo como salida de emergencia— hace que cualquier propuesta de los magistrados llegue sin un interlocutor con capacidad plena para procesarla.

Los tres planteos apuntan en una dirección que el sector de seguridad reclama desde hace tiempo: más agilidad procesal y más espacio para las fuerzas de seguridad en la investigación penal. Es un equilibrio delicado en un país donde el CPP fue diseñado precisamente para separar la investigación de la acusación, y donde décadas de sistema inquisitivo dejaron un sedimento de desconfianza sobre el rol policial en el proceso. Que los magistrados lo planteen ahora, cuando la Prefectura está siendo denunciada por el CMN y cuando la causa Kaplan abre la pregunta sobre qué puede y qué quiere hacer la Fiscalía, añade una dimensión institucional que el debate de la semana próxima tendrá que absorber.

Lo que la Fiscalía no puede elegir no recibir

El martes 2 de junio termina con la Fiscalía General como el organismo que concentra, sin haberlo buscado, cuatro frentes simultáneos: la denuncia por Gaza y la CPI, las irregularidades de la Prefectura, la reforma interna que los magistrados reclaman y el mandato político de encontrar un titular que resuelva el interinato de Ferrero. Vienen de actores distintos —organizaciones sociales, sindicatos, los propios fiscales— y apuntan en direcciones distintas. Lo que tienen en común es que ninguno espera. La denuncia por Kaplan ya tiene expediente; el CMN ya anunció la acción judicial; los magistrados ya publicaron sus planteos. La Fiscalía puede demorar, pero no puede pretender que no recibió nada. La CAU, en escala mínima, intentó lo mismo con la suspensión de Rodríguez: ejercer autoridad sin rendir cuentas, confiando en que nadie revisara los estatutos. Peñarol revisó. El patrón se repite porque las instituciones que se auto-autorizan tienen costos distintos según quién esté dispuesto a señalarlo.

Fuentes

1. Denuncia por Palestina: organizaciones piden investigar a Roni Kaplan en Uruguay. Caras y Caretas, 2 junio 2026.
2. Sindicato llevará a Fiscalía denuncias contra Prefectura por presuntas irregularidades. Caras y Caretas, 2 junio 2026.
3. Presidente de la CAU suspendió a Déborah Rodríguez luego de su medalla de oro y Peñarol exigió que revea su postura. El Observador, 2 junio 2026.
4. Plazos, participación de la Policía y libertad a prueba: los planteos de la Asociación de Magistrados Fiscales sobre el CPP. la diaria, 2 junio 2026.