Ferrero desplaza al fiscal de Lacalle Pou y los hijos del Cóndor llevan 50 años sin respuesta
Ferrero desplaza al fiscal de Lacalle Pou y los hijos del Cóndor llevan 50 años sin respuesta
El lunes 2 de junio el Uruguay político tiene dos velocidades que no se sincronizan. La Fiscalía General de la Nación opera con la eficiencia de quien sabe que nadie puede pararla: el jueves 14 de mayo, Mónica Ferrero designó a Alejandro Machado —el fiscal que llevaba las causas por el pasaporte de Marset y las patrulleras de Cardama, ambas contra el expresidente Lacalle Pou— como titular de la nueva Fiscalía Especializada en Cibercrimen, donde lo esperan 9.000 denuncias acumuladas sin lineamientos ni instrucciones generales específicas.1 El movimiento es el tercero del mismo tipo: en los dos anteriores, las fiscalas que Ferrero designó para reemplazar a fiscales trasladados de causas con implicancias políticas —Luisa Vago en la causa Besozzi, Sandra Fleitas en la causa Carrera— resolvieron en dirección favorable a la oposición. El patrón no es una hipótesis conspirativa; es una secuencia con tres términos documentados.
Al mismo tiempo, los hijos de los asesinados por el Plan Cóndor llevan cincuenta años esperando que el Estado asuma su deuda y llegaron al aniversario con la misma respuesta de siempre: la megacausa sigue "en las chicanas de dilación", la fiscalía de lesa humanidad "trabaja con un fosforito" y ningún gobierno —ni de izquierda ni de derecha— convirtió la verdad en política de Estado.2 Juan Pablo Gutiérrez, hijo del presidente de la Cámara de Diputados asesinado en Buenos Aires en 1976, lo dijo sin margen para la ambigüedad: "La izquierda no defiende los derechos humanos. Lo quiero dejar sentado." No es una frase de campaña. Es el saldo de cinco décadas de promesas incumplidas.
La Fiscalía se reorganiza con eficiencia y sin rendir cuentas; la memoria se construye con archivos digitales que los sobrinos buscan solos porque el Estado no buscó.
un patrón que el FA ya nombra como tal
no entregó archivos ni financió la fiscalía
la Rendición de Cuentas no alcanza
US$ 15M en plena austeridad fiscal
El patrón que Ferrero no necesita negar
La notificación oficial llegó el jueves 14 de mayo, pero el impacto político tardó en aterrizar. La fiscal de Corte interina designó a Alejandro Machado como titular de la Fiscalía Especializada en Cibercrimen, creada en la última Ley de Presupuesto para atender el incremento de los delitos informáticos.1 Machado se había postulado voluntariamente al cargo, lo que Ferrero usa como argumento de que el traslado responde a criterios técnicos. El problema es que Machado llevaba dos de las causas más sensibles del ciclo judicial en curso: el pasaporte de Marset —que implica al expresidente Lacalle Pou por las gestiones de su gobierno para documentar a un narco internacional— y las patrulleras de Cardama, que señala irregularidades en una licitación de Defensa durante el mismo período. Ambas causas siguen sin avances significativos después de casi dos años de investigación.
El gobierno lo procesa como el tercer caso de una secuencia. El primero: la fiscal Adriana Edelman, que investigaba figuras opositoras, pasó de Homicidios a Drogas; los casos que llevaba derivaron con resultados favorables a los investigados. El segundo: Ferrero trasladó a las fiscales que investigaban al intendente Besozzi y al exsenador Carrera. En el caso Besozzi, Luisa Vago sobreseyó a todos los imputados; en el caso Carrera, la sustituta Sandra Fleitas solicitó la condena a cuatro años, pero el propio Carrera denunció a Ferrero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.3 El senador Caggiani lo definió como "medio raro". La bancada del FA presentó un pedido de citación que Ferrero rechazó argumentando exceso de trabajo. El senador Brenta (FA-Vertiente Artiguista) llegó a proponer un sorteo para designar un nuevo fiscal de Corte interino si el acuerdo político sigue bloqueado.4
Las palabras de Orsi en Las Piedras —"los intereses político-partidarios no deben interferir en la saludable independencia de la administración de justicia"— fueron confirmadas por fuentes del Ejecutivo como dirigidas a Ferrero. Es un mensaje inequívoco que revela cuánta confianza perdió el gobierno en la jerarca; pero decirlo en público y no poder hacer nada al respecto también revela el límite estructural del problema. El interinato que Ferrero sostiene no es un accidente: es el resultado de una reforma que la coalición multicolor aprobó por mayoría simple sin las mayorías constitucionales requeridas para el cargo, y cuya legitimidad el FA discutió entonces y sigue discutiendo ahora. Mientras tanto, la Asociación de Magistrados Fiscales pide instrucciones generales actualizadas; Ferrero se niega argumentando que es interina. La nueva Fiscalía de Cibercrimen arranca sin esas instrucciones, con 9.000 denuncias y sin criterios de priorización. El acuerdo político para un fiscal titular sigue siendo una utopía.
Los hijos del Cóndor que el Estado no buscó
Brecha publicó esta semana una entrevista colectiva que resume medio siglo de deuda institucional en dos horas de conversación. Los hijos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw, Rosario Barredo y Bernardo Liberoff —todos asesinados o desaparecidos en el marco del Plan Cóndor, entre el 18 y el 21 de mayo de 1976— se reunieron a pocas semanas de que se cumplan cincuenta años de los crímenes contra sus padres.2 Lo que dijeron no es un reproche partidario sino un inventario de fracasos que cruzan décadas y gobiernos de todos los signos. Juan Pablo Gutiérrez fue el más contundente: "La izquierda no defiende los derechos humanos. Lo quiero dejar sentado." Gabriela Schroeder denunció que la fiscalía de lesa humanidad "trabaja con un fosforito". Benjamín Liberoff describió la megacausa atascada en "las chicanas de dilación", y agregó que "todos los años se suponía que iba a quedar pronto". Marcos Michelini aspira a que el 20 de mayo se convierta en "fecha patria contra el terrorismo de Estado".
El Estado —no un gobierno, el Estado— no reconoció el daño a los niños secuestrados, no dotó de recursos a la fiscalía de lesa humanidad, no logró que el Ministerio de Defensa entregue los archivos que las familias reclaman desde hace décadas. La vicepresidenta Cosse inauguró el viernes la primera placa de señalización de memoria de Lavalleja, en el Batallón de Infantería Nº 11, donde hubo violaciones a los derechos humanos entre 1968 y 1984. Habló de "construir la historia sobre la base valiente de la verdad" y reclamó que "las instituciones hay que respetarlas muchísimo, por fuera y por dentro".5 Las familias de los asesinados podrían responderle con la pregunta que llevan cincuenta años haciendo: ¿cuándo va a respetar el Ejército el derecho de las víctimas a saber qué pasó con sus muertos?
La incorporación de Luis Eduardo Bergés a la lista oficial de desaparecidos de la INDDHH condensa el fracaso con precisión casi clínica. Sus sobrinos César y Valeria González Bergés lo buscaron durante décadas: su tío fue expulsado de una cárcel argentina en 1983, afiliado al Partido Comunista, y nunca más apareció.6 Fueron ellos quienes encontraron el rastro en archivos digitales; fue Valeria quien logró la inclusión en la lista oficial y describió ese reconocimiento como "un cierre". Su madre, Alba, murió sin saber qué pasó con su hermano. "La familia se reduce a nosotros dos, buscando", dice César. La burocracia del terror no necesitó negar; le alcanzó con demorar cuarenta y tres años.
El PIT-CNT le factura la Rendición al gobierno de izquierda
El primer paro general parcial del PIT-CNT contra el gobierno de Yamandú Orsi quedó fijado para el martes 10 de junio, de 9 a 13 horas, con movilización en el Cerro. La convocatoria no es de ruptura —es parcial, con sectores exceptuados, y el propio Sergio Sommaruga (Sintep/PIT-CNT) aclaró que el gobierno "tiene la primera responsabilidad, pero la oposición tampoco se puede ir de rositas"— pero es una señal que no admite lecturas optimistas desde Torre Ejecutiva.7 El sindicalismo le factura una Rendición de Cuentas de "gasto cero" que, según el Comité de Expertos, opera sobre proyecciones de PIB recortadas de 1,8% a 1,3% para 2026.
Sommaruga fue quirúrgico en los datos: 600.000 personas en "déficit de derechos laborales", medio millón ganando $28.000 líquidos mensuales, y una estructura tributaria donde los pobres pagan proporcionalmente más impuestos (30%) que los más ricos (22%). La propuesta del impuesto al 1% más rico no es nueva, pero adquiere peso político en el contexto de un Ministerio de Economía que fijó como lineamiento que toda nueva asignación debe financiarse con reasignaciones internas: si un ministerio quiere más, otro tiene que ceder.8 Las líneas que Orsi priorizó —infancia, seguridad, situación de calle, empleo— solo tienen espacio si otros rubros ceden, y eso es lo que COFE y el PIT-CNT llaman "dificultar las políticas públicas".
La declaración más precisa sobre el estado del FA la pronunció Sommaruga al comentar la camioneta presidencial: "la derecha la tiene más barata" porque la izquierda tiene "un discurso de impugnación" que genera "disonancia cognitiva" cuando reproduce comportamientos cuestionables. No es una acusación de corrupción —la camioneta no lo es— sino el diagnóstico de un problema de credibilidad que ningún argumento jurídico resuelve.9 El Partido Colorado la capitalizó acusando a la Jutep —con mayoría de directores frenteamplistas— de no ser "una referencia confiable" para investigar el caso, que acumula ya tres denuncias anónimas. El círculo se cierra: el gobierno que predica transparencia institucional necesita que la institución encargada de controlarlo también sea creíble, y esa credibilidad no se decreta.
La ANEP filtra la prensa y Cosse presenta el Palacio
En el margen —pero no irrelevante— quedaron dos movimientos institucionales que merecen más debate del que tuvieron. La ANEP emitió un comunicado firmado por Cecilia Aguiar, directora de Comunicación Social, estableciendo que "toda gestión vinculada a solicitudes de prensa" debe canalizarse previamente por ese departamento y prohibiendo el contacto directo de periodistas con escuelas, inspectores y docentes.10 Se argumenta "coordinación institucional", pero la medida filtra la información sobre el estado de la educación en un contexto donde el propio PIT-CNT cuestiona que la eliminación de la repetición escolar busca "mejorar las estadísticas" antes que los aprendizajes, y Semanario Voces documenta que el 46% de los niños afrodescendientes menores de 6 años vive en pobreza y que el racismo en la educación es sistemáticamente invisibilizado incluso en el Plan Nacional de Convivencia de la ANEP. Un gobierno que cierra el acceso directo a las fuentes educativas en ese contexto no construye transparencia: la administra.
La vicepresidenta Cosse presentó un proyecto de "intervención urbana del Centenario del Palacio Legislativo" que incluye un edificio anexo de 2.600 m², peatonalización de General Flores y un hogar estudiantil, con una estimación que el senador Viera (PC) calculó en no menos de US$ 15 millones. La propuesta es políticamente insostenible en su timing: en un gobierno que negocia la Rendición reasignando lo que ya tiene y que enfrenta un paro sindical por insuficiencia de recursos, la vicepresidenta lanza un proyecto edilicio que sus propios asesores reconocieron que "no es un proyecto en sí sino una aproximación".11 Que el FA deba evaluarlo "la semana próxima" sin haberlo respaldado todavía es la señal más elocuente de que Cosse tomó una iniciativa personal en un momento institucional que no la admitía.
El Estado que mueve las causas y no entrega los archivos
El 2 de junio deja el retrato de instituciones que operan con eficiencia selectiva: la Fiscalía General traslada fiscales y se niega a explicar; la ANEP centraliza la información y lo llama coordinación; el gobierno arma una Rendición sin recursos y lo llama austeridad responsable. Al mismo tiempo, las familias del Plan Cóndor llevan cincuenta años esperando que alguna de esas instituciones entregue lo que prometió, y los sobrinos de Bergés encontraron a su tío desaparecido en archivos digitales porque el Estado nunca buscó. El patrón no es el escándalo aislado sino la distancia entre la retórica institucional y la práctica: entre lo que Ferrero llama "criterios técnicos" y lo que el FA llama "patrón político", entre lo que Cosse llama "construir la verdad" y lo que Juan Pablo Gutiérrez llama el fracaso de la izquierda en defender los derechos humanos. La Fiscalía de Cibercrimen arranca con 9.000 denuncias y sin instrucciones generales. La megacausa del Cóndor sigue en las chicanas. El PIT-CNT para el 10 de junio. El Estado procesa lo que le conviene y demora lo que no.
Fuentes
- Entretelones de un traslado. Brecha, 1 junio 2026.
- Cincuenta años después. Brecha, 1 junio 2026.
- Traslados en la Fiscalía y algunos hechos que el Frente Amplio omitió. El Observador, 1 junio 2026.
- Brenta propone sortear fiscal de Corte interino si no hay acuerdo político. En Perspectiva, 1 junio 2026.
- Cosse en inauguración de la placa de señalamiento de memoria, Batallón de Infantería Nº 11. Diario La Unión, 1 junio 2026.
- «La familia se reduce a nosotros dos, buscando». Brecha, 1 junio 2026.
- Sommaruga (PIT-CNT): el impuesto al 1% podría conseguir los recursos que no están en la Rendición. la diaria, 1 junio 2026.
- Costo cero: los lineamientos del MEF para la Rendición de Cuentas. Subrayado, mayo 2026. | El Observador: proyecciones PIB recortadas.
- Jutep recibió denuncias anónimas por la camioneta de Orsi. Subrayado, 30 mayo 2026. | Colorado califica el caso de "grave". El Observador, 1 junio 2026.
- ANEP centralizó la comunicación y prohibió el contacto directo con la prensa. Todo Artigas, junio 2026.
- Paños fríos. Brecha, 1 junio 2026.