La Fiscalía no halla a sus muertos, Ruth López cumple un año y los Sol cobran sin licitar

El dato más revelador de la semana en El Salvador no es una denuncia nueva: es una ausencia. La Fiscalía General de la República respondió a una solicitud de acceso a la información asegurando que su sistema no registra investigaciones por muertes de reos bajo el régimen de excepción.¹ No es un fallo del servidor. Es la negación de un rastro que los propios funcionarios del régimen dejaron por escrito: en junio de 2023 el fiscal Rodolfo Delgado declaró en televisión que se investigaron 142 muertes y que todas fueron archivadas "porque no había delito que perseguir", y el ministro de Justicia Gustavo Villatoro reconoció 115 muertes ese mismo año, cifra que también recogió el Departamento de Estado de Estados Unidos.¹ Que hoy la FGR diga que no hay registros no borra los cuerpos: documenta una decisión.

Esa negativa hay que leerla en cadena con lo que la sociedad civil sí cuenta. El Socorro Jurídico Humanitario documentó 530 fallecidos bajo custodia estatal desde marzo de 2022 y presentó 470 denuncias ante la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de lesa humanidad.² Mientras la Fiscalía dice no encontrar lo que buscar, los expedientes que la incriminan ya cruzaron el Atlántico. La pregunta que ordena esta edición no es cuántos murieron, sino quién decidió que no quedara constancia de cómo.

La impunidad salvadoreña dejó de ser un efecto colateral del régimen de excepción para volverse su método: no se trata de no investigar, sino de garantizar que no quede registro de qué habría que investigar.

La Fiscalía que no encuentra a sus muertos

La Dirección General de Centros Penales mantiene bajo reserva los datos del sistema SIPE desde finales de 2021, y ahora la FGR sostiene que tampoco ella tiene constancia de investigaciones por las muertes ocurridas en ese encierro.¹ El movimiento es de manual: si no hay datos, no hay delito; si no hay expediente, no hay responsables. Pero la cuenta que llevan las organizaciones de derechos humanos no depende del archivo estatal. Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario, confirmó las 530 muertes acumuladas y señaló que al menos tres familias recibieron confirmación fiscal de investigaciones por homicidio agravado —lo que contradice frontalmente la versión oficial de que no existe rastro alguno.² El caso de Humberto Adonay Escoboza Mónico, comerciante capturado junto a su esposa y fallecido tras 47 días en Mariona con signos de violencia, no es una anomalía: es el patrón en su forma más concreta.²

La negación no se limita a la Fiscalía. La procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, negó públicamente recibir denuncias por torturas y ejecuciones bajo el régimen, pero los registros oficiales de su propia institución documentan 2.094 denuncias por torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones.³ La maquinaria que debería custodiar a las víctimas —Fiscalía, Procuraduría, Centros Penales— opera, en cambio, como una infraestructura de borrado: cada institución desmiente lo que su propio archivo contiene. El punto es simple pero potente: en El Salvador la impunidad no se sostiene escondiendo los cuerpos, sino negando el papel donde figuran.

Ruth López: un año de castigo a la disidencia

El 18 de mayo se cumplió un año de la captura de Ruth López, jefa de la Unidad Anticorrupción de Cristosal, declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional y catalogada por expertos de la ONU como víctima de desaparición forzada durante las más de 30 horas en que el Estado ocultó su paradero.⁴ López sigue incomunicada en Izalco pese a las medidas cautelares de la CIDH que ordenaron garantizar el contacto con su familia, con cargos que se le cambiaron en pleno proceso y bajo el secreto judicial que ella misma exige levantar.⁴ Su trabajo investigó el uso de Pegasus contra periodistas, las irregularidades de la Chivo Wallet y las compras sin licitación durante la pandemia: la disidencia que el régimen castiga es, precisamente, la que sabe leer contratos.

Que durante su encierro haya recibido seis premios internacionales —entre ellos el Magnitsky Award y el reconocimiento Anti-Corruption Hero de la OCCRP— dice menos sobre su currículum que sobre el vaciamiento institucional del país: la comunidad internacional suple lo que la justicia salvadoreña ya no hace.⁵ Y el cerco sobre quien denuncia se extiende más allá de su caso. La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) anunció su disolución tras casi 37 años de trabajo, alegando que la Ley de Agentes Extranjeros —con multas de hasta 250.000 dólares y un impuesto del 30%— vuelve imposible su operación.⁶ En paralelo, el médico Rafael Aguirre, secretario general del sindicato del ISSS, enfrenta un proceso de destitución por denunciar el desabastecimiento de medicamentos y revelar que el nuevo listado oficial excluyó unos 35 fármacos esenciales sin avisar a los médicos.⁷ El mensaje es coherente en cada frente: denunciar tiene un precio, y el régimen lo cobra por adelantado.

La familia que factura: contratos sin licitar

Mientras se castiga a quien audita, los auditados prosperan. La empresa Tecnutral S.A. de C.V. —donde la ministra de Vivienda Michelle Sol es directora comercial y su hermano Francisco Sol vicepresidente— obtuvo 175.017 dólares en nueve contratos estatales, siete de ellos durante gobiernos de Bukele.⁸ Grupo Tres y Punto, del presidente de la Asamblea Ernesto Castro, recibió siete contratos con la alcaldía de San Salvador mientras él era secretario privado del entonces alcalde Bukele.⁸ Ninguno fue por licitación pública, y varios se ampararon en declaratorias de emergencia aprobadas por la misma Asamblea que Castro preside. Por si la trama necesitara cierre, los hermanos Sol compraron a la familia Bukele un terreno en el humedal Ramsar de Jaltepeque por 131.702 dólares.⁸

El patrón se repite hasta en lo aparentemente menor. La empresa Apamo S.A. de C.V. monopolizó la provisión estatal de aparatos auditivos marca Starkey, cuya representante exclusiva en el país es Oído Center, de Carla Rodríguez de Rondeau, hermana de la primera dama; en febrero de 2026 el Ministerio de Salud le adjudicó un contrato de más de dos millones de dólares para tamizaje auditivo.⁹ La filantropía, el negocio familiar y el presupuesto público se confunden en una sola identidad comercial. Y cuando la transparencia llega, llega a regañadientes: el Ministerio de Hacienda habilitó un portal de declaraciones patrimoniales —con patrimonios que van de saldos negativos a 1,8 millones de dólares— sólo por exigencia del FMI, sin desglose y con cuatro diputados oficialistas que directamente no aparecen.¹⁰ Como resumió la diputada Claudia Ortiz, la medida responde al Fondo, no a una voluntad de rendir cuentas.¹⁰

Obra pública con cerco: escuelas caras y un bosque talado

La propaganda también extrae. El programa "Dos Escuelas por Día", ejecutado en buena parte por la Dirección de Centros Penales con mano de obra carcelaria, levanta escuelas a 1.137 dólares el metro cuadrado: más del doble que las del Ministerio de Educación (529) y por encima de las de la DOM (711).¹¹ De 732 escuelas intervenidas por 720 millones de dólares, el 77,5% lo ejecutaron reos, los contratos están bajo reserva y los presupuestos se publicaron antes de las mediciones técnicas; Bases Magisteriales denunció directamente que se sobrevaloran presupuestos "para justificar fondos".¹¹ La obra que el régimen exhibe como logro es, en la letra chica, un mecanismo de gasto sin control competitivo.

El mismo cerco se traslada al territorio. La deforestación de la Finca El Espino para construir el nuevo CIFCO —financiado por China— avanzó con maquinaria pesada y custodia policial, pese a medio millón de firmas ciudadanas en contra y a las advertencias sobre el impacto en la recarga hídrica del Área Metropolitana de San Salvador.¹² La Embajada china aseguró que no se moverá "ningún árbol más" y que el 70% del terreno será área verde, pero un decreto de la Asamblea dominada por Nuevas Ideas contradice al propio Ministerio de Obras Públicas sobre la ubicación exacta del proyecto, para el que ya se cedieron más de 55.000 metros cuadrados de la finca.¹³ El movimiento "Somos El Espino" denuncia que las firmas valieron menos que el cronograma de obra.

El telón de fondo económico no contradice el cuadro: lo completa. El Salvador siguió afianzándose como laboratorio regulatorio cripto con la licencia DASP otorgada a Bitfinex bajo la Ley de Emisión de Activos Digitales, una vitrina de modernidad financiera que convive con un sistema de salud donde renunciaron unos 450 médicos del ISSS desde enero de 2024.¹⁴

Lo que emerge de la semana no es una sucesión de escándalos sino una sola ingeniería: destruir registros, negar lo que las propias autoridades ya admitieron, cerrar ONG con legislación confiscatoria, procesar a quien denuncia y blindar con reserva los contratos de la obra pública. Bukele anunció que instaurará "el imperio de la ley y del orden", y el director del Centro Monseñor Romero, Rodolfo Cardenal, le devolvió la frase con su única consecuencia lógica: si el compromiso fuera auténtico, el régimen de excepción debería derogarse de inmediato.¹⁵ No lo será. El patrón no apunta a una transición hacia la legalidad sino a su contrario: un orden donde la ley se aplica con precisión quirúrgica contra los que disienten y se suspende, sin dejar rastro, para los que gobiernan.

Fuentes

1. Autoridades afirman no tener investigaciones por muertes en el régimen. La Prensa Gráfica, 26 de mayo de 2026.
2. Socorro Jurídico registra 530 fallecidos en el régimen de excepción. YSUCA, 26 de mayo de 2026.
3. Torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones: las 2.094 denuncias del régimen que calla la procuradora Caballero. Alharaca, mayo de 2026. Ver también Las torturas que calla Caballero. Revista Factum, mayo de 2026.
4. Ruth López: One Year as a Political Prisoner for Exposing Corruption in El Salvador. Cristosal, mayo de 2026. Ver también A un año de la captura de Ruth López, su voz sigue acompañando las luchas. Revista La Brújula, 18 de mayo de 2026.
5. Political Prisoner Ruth López. El Faro, mayo de 2026.
6. FESPAD anuncia el cierre de sus operaciones. FESPAD, mayo de 2026.
7. "Despedirme no hará que aparezcan los medicamentos": doctor Rafael Aguirre. YSUCA, mayo de 2026.
8. Empresas del presidente de la Asamblea y la ministra de Vivienda recibieron 14 contratos en las administraciones de Bukele. Revista La Brújula, 18 de mayo de 2026.
9. Gobierno Bukele impulsa el negocio de la hermana de la primera dama. Revista La Brújula, 25 de mayo de 2026.
10. A cuánto asciende el patrimonio de los 60 diputados de la Asamblea Legislativa. La Prensa Gráfica, 25 de mayo de 2026. Ver también Transparencia en activos y pasivos fue por presiones del FMI: Claudia Ortiz. Diario Co Latino, mayo de 2026.
11. Escuelas que construye Centros Penales cuestan $1,137 por metro cuadrado, el doble que las del MINED. La Prensa Gráfica, 22 de mayo de 2026.
12. FOTOS: esta es la zona deforestada para el nuevo CIFCO en El Espino. Gato Encerrado, 28 de mayo de 2026. Ver también "Vecinos han visto animales corriendo, se está destruyendo el bosque": movimiento afirma que inició construcción en El Espino. La Prensa Gráfica, 28 de mayo de 2026.
13. Decreto aprobado por Nuevas Ideas contradice al MOP sobre construcción del CIFCO en Finca El Espino. Diario Co Latino, mayo de 2026.
14. El Salvador impulsa nueva era de finanzas digitales en América Latina. Periódico Equilibrium, mayo de 2026.
15. El deseado imperio de la ley y del orden. Rodolfo Cardenal, YSUCA, mayo de 2026.