El FMI cobra mientras la reforma duerme: $18 millones en abril, el doble en octubre

En abril de 2026, El Salvador pagó dieciocho millones de dólares que no aparecieron en ningún comunicado de prensa oficial.¹ El pago fue confirmado por Moody's: es la penalidad por no cumplir el macrotest de la emisión de deuda 2024, condición ligada al acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo Monetario Internacional firmado en enero de 2025. El macrotest exigía que el FMI completara una revisión del programa antes de determinada fecha. La revisión no ocurrió —el programa está paralizado desde junio de 2025— y los inversionistas que compraron la deuda bajo esa condición activaron la cláusula de penalidad. El gobierno pagó. No lo anunció.

El dato no es solo financiero: es la materialización de algo que el régimen administra como abstracción. El acuerdo con el FMI fue presentado como hito de ordenamiento fiscal; los $1.400 millones del préstamo, como respaldo a la estabilidad. Lo que Moody's documenta es la otra cara: cuando los compromisos estructurales —reforma previsional, venta de Chivo Wallet, ajuste del sistema de pensiones— no se cumplen en los plazos pactados, el costo no desaparece. Se convierte en una cuota. La próxima vence en octubre de 2026: si el FMI tampoco completa la revisión entonces, el Estado desembolsará otros $18 millones.¹ EMFI Group calcula 65% de probabilidad de que el programa siga estancado hasta fin de año y 36% de colapso total. La reforma previsional comprometida venció el 10 de febrero de 2026 y no se ha presentado cuatro meses después.

El régimen gestiona dos economías en paralelo: la del espectáculo —inauguraciones, acuerdos, titulares— y la de los costos reales, que se pagan en silencio. El FMI no hace espectáculos: cobra.

Lo que el macrotest cobró y la reforma no pagó

La deuda del Gobierno de El Salvador con las AFP superó los $11.520 millones en abril de 2026, con un crecimiento de $778 millones en los últimos doce meses y $279 millones solo en el primer cuatrimestre del año.² El 89% de los activos que administran los fondos privados de pensiones está expuesto a deuda del propio Estado —una concentración que el FMI señaló explícitamente como riesgo de sostenibilidad en la revisión del programa aprobado en enero de 2025. El punto es que esa revisión nunca ocurrió.

El mecanismo que generó los $18 millones pagados en abril es técnicamente el macrotest de la emisión de deuda 2024: una condición contractual que exigía que el FMI validara el programa dentro de un plazo. Si la validación fallaba, los inversionistas podían activar la penalidad. La revisión no llegó. El pago sí.¹ Lo que Moody's confirma no es que el gobierno incumplió por negligencia: es que la paralización del programa tiene un costo real, medible en dólares, que alguien paga. Ese alguien es el fisco salvadoreño. La reforma previsional que hubiera desbloqueado la revisión venció en febrero y sigue sin presentarse. La próxima fecha crítica es octubre: mismo mecanismo, misma cláusula. Si el programa sigue paralizado, son otros $18 millones.

Los Certificados de Financiamiento de Transición, que representan $8.394 millones de esa deuda previsional, dejaron de pagar capital e intereses tras la reforma de 2022. El Estado convirtió los ahorros de millones de trabajadores en instrumento de financiamiento estatal sin respaldo creíble, y la distancia entre lo que debe y lo que paga crece cada cuatrimestre. Lo que octubre puede confirmar —si el programa no se desbloquea— es que el costo de sostener esa arquitectura sin reforma se mide en penalidades concretas cada vez que un mecanismo contractual externo la interpela. El FMI puede esperar; sus cláusulas, no.

Categoría 4 en Ginebra: el costo de reputación que el lobby no borró

La Confederación Sindical Internacional publicó su Índice Global de los Derechos 2026 y ubicó a El Salvador en categoría 4 —"violaciones sistemáticas de los derechos"— por tercer año consecutivo.³ La categoría 4 describe países donde el gobierno interfiere en la organización sindical, donde trabajadores son arrestados por ejercer derechos laborales y donde el Estado obstaculiza la negociación colectiva. La CSI vincula la calificación al régimen de excepción, que desde marzo de 2022 suspendió garantías constitucionales y procesó a más de 91.000 personas, incluyendo sindicalistas.

El momento tiene una ironía política precisa: el resultado llega tres días después de que el gobierno celebrara su salida de la Lista Corta de la Conferencia Internacional del Trabajo como una victoria diplomática. El lobby que logró esa exclusión no opera sobre el Índice de la CSI: son mecanismos distintos. La salida de la Lista Corta requirió convencer a delegados gubernamentales y empresariales de no votar la situación especial; el Índice de la CSI lo elaboran las organizaciones sindicales afiliadas con base en documentación de campo. Sindicalistas de Europa y América Latina que participaron en la 114ª Conferencia en Ginebra respaldaron las denuncias salvadoreñas en reuniones paralelas al plenario.⁴ Lo que el lobby compró en el plenario, el Índice de la CSI lo contabiliza con otra unidad de medida: no votos, sino casos.

Los datos del Índice incluyen la persecución al sindicato del ISSS, los más de 47.000 despedidos del sector público sin proceso, los sindicalistas procesados y fallecidos bajo régimen de excepción. La calificación no es nueva —tres años consecutivos en categoría 4—, pero llega en el mismo ciclo en que el gobierno se presenta en foros internacionales como referente de seguridad. Esas dos narrativas coexisten: el Estado exporta la marca "país seguro" mientras la organización sindical internacional documenta las condiciones bajo las cuales esa seguridad se produce.

El TSE vacía su portal mientras llega 2027

A menos de un año de las elecciones legislativas de 2027, el Tribunal Supremo Electoral presenta un portal de transparencia que la organización Acción Ciudadana describió como inoperante en sus funciones básicas: 26 de 33 apartados están desactualizados, las secciones de funcionarios y sus currículos desaparecieron, y el Plan General de Actividades Legislativas —PLAGEL— fue publicado en versión reducida con partes declaradas reservadas.⁵ Lo que el TSE publica hoy sobre sí mismo es menos de lo que publicaba en 2006.

El vaciamiento del portal no es técnico: es político. El TSE administra el padrón electoral, los centros de votación, los materiales, las juntas receptoras de votos. La información sobre sus funcionarios y sus actividades programadas es la base mínima de auditoría ciudadana sobre el aparato que decide cómo se cuenta el voto. Que esa información desaparezca en el año previo a la campaña no es negligencia de mantenimiento: es la arquitectura de lo opaco instalándose antes de que la contienda empiece. Esto ocurre en el mismo período en que Romeo Auerbach —cuya designación ilegal como coordinador de Organización Electoral documentamos el 1° de junio— coordina la logística de esa elección desde adentro de la institución. El portal vacío y el coordinador leal son la misma operación en dos ventanas distintas.

Los contratos que las empresas del presidente de la Asamblea Ernesto Castro y la ministra de Vivienda recibieron durante las administraciones de Bukele —al menos 14 documentados por Revista La Brújula— forman parte del mismo patrón de captura institucional que el régimen consolida en cada ciclo electoral.⁶ Lo que cambia entre un ciclo y el siguiente no es el método: es la profundidad de la penetración y la formalidad con que se normaliza. El PLAGEL con partes reservadas es esa formalidad: el TSE no elimina su portal, lo declara secreto. La diferencia es legal, no política.

El TPS y la alianza que empieza a cobrar

La administración Trump anunció nuevas restricciones a los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal para el acceso a empleo, préstamos, subsidios de vivienda y otros beneficios en Estados Unidos.⁷ El TPS protege a salvadoreños que llevan décadas en el país —muchos con hijos ciudadanos estadounidenses, con propiedades, con empresas— bajo un estatus que el Ejecutivo puede no renovar. Las nuevas restricciones no eliminan el TPS: lo degradan, convirtiendo a sus beneficiarios en una categoría que el Estado federal puede excluir de servicios básicos por decreto ejecutivo.

La alianza Trump-Bukele circula en una sola dirección: El Salvador ejecuta las deportaciones —de venezolanos, de colombianos, de sus propios nacionales— que Trump necesita para sostener la narrativa migratoria; Trump entrega legitimidad internacional y acceso a organismos financieros. Lo que las restricciones al TPS revelan es que esa alianza no protege a la diáspora salvadoreña: la usa como objeto de la política migratoria trumpista sin que el gobierno de Bukele haya articulado ninguna demanda de reciprocidad. En paralelo, el Departamento de Estado anunció que analiza controles a la importación de bienes con trabajo forzoso de El Salvador, señal de que el Plan Cero Ocio —trabajo no remunerado de reos en obras públicas— empieza a generar fricción en la relación comercial bilateral.⁸

La remesa que la diáspora envía al país supera el 24% del PIB salvadoreño. El TPS cubre a una porción de esa diáspora. Que el régimen sostenga una alianza con quien amenaza ese ingreso sin exigir condiciones no es un error de cálculo: es la consecuencia de una relación donde la moneda de intercambio es la ejecución de deportaciones, no la protección de nacionales. El Estado salvadoreño cobra en visibilidad internacional lo que sus migrantes pagan en precariedad legal.

Un año sin Ruth López, sin pistas sobre Josué

El 28 de mayo de 2026, Ruth López cumplió un año detenida.⁹ La abogada anti-corrupción, directora de la Unidad de Justicia Fiscal de Cristosal, fue capturada en 2025 acusada de lavado de dinero —cargos que sus colegas y la CIDH caracterizan como criminalización de su trabajo de denuncia. En mayo de 2026, el Estado la operó quirúrgicamente sin notificar a su familia ni a sus defensores hasta después del procedimiento. La CIDH mantiene medidas cautelares que el Estado salvadoreño sigue incumpliendo. Cristosal y FESPAD no tienen acceso al expediente médico completo.

El caso de Ruth López y el de Roberto Esquivel, veterano detenido sin orden judicial en mayo de 2024 cuya prórroga de investigación vence el 14 de junio de 2026, comparten el mismo esqueleto procesal: captura sin base probatoria pública disponible, prórroga como sustituto del juicio, información médica o judicial bajo reserva.¹⁰ Lo que la prórroga del 14 de junio decidirá es si la Fiscalía presenta evidencia o solicita más tiempo. En los dos años que lleva el caso, la disyuntiva siempre se resolvió a favor del tiempo.

A quince años de la desaparición de Josué Elizondo, adolescente de Santa Ana cuya madre denuncia que la Fiscalía nunca mostró el documento de ADN de 2012, el caso sintetiza lo que el sistema de búsqueda salvadoreño produce cuando opera sin presión institucional: un expediente abierto sin avances documentados, cuya auditoría de restos óseos reciente no arrojó coincidencias.¹¹ La impunidad es el estado default del sistema, no la excepción.

Lo que el 4 de junio dejó visible no es una crisis nueva: es la textura de los costos que el régimen externaliza. El FMI cobra $18 millones que el gobierno pagó sin anunciarlo, porque anunciarlo es admitir que los compromisos del acuerdo no se cumplen. El TSE vacía su portal porque la transparencia de las urnas no conviene cuando el coordinador electoral es un aliado designado en violación de la ley. La CSI califica por tercer año consecutivo lo que el lobby de mayo logró sacar de la Lista Corta pero no puede borrar del Índice. Y la diáspora que sostiene el 24% del PIB ve sus condiciones legales degradarse bajo la misma alianza que el régimen festeja como logro diplomático. La economía del espectáculo y la economía de los costos reales no son contradictorias: son complementarias. Una produce los titulares; la otra paga las facturas.

Fuentes

1. Falta de revisión del FMI obligó a El Salvador a pagar $18 millones extra a inversionistas. La Prensa Gráfica, 3 de junio de 2026.
2. ¿Está en riesgo tu pensión? La deuda del Gobierno con las AFP ya supera los $11.520 millones. El Salvador.com, junio de 2026.
3. Nota 4 y bajo observación: El Salvador continúa señalado por la CSI en la CIT de la OIT en Ginebra. Diario Co Latino, junio de 2026.
4. Sindicalistas de Europa y América Latina respaldan denuncias sobre El Salvador en la OIT. Diario Co Latino, junio de 2026.
5. Acción Ciudadana pide mayor transparencia al TSE ante elecciones de 2027. Diario Co Latino, junio de 2026.
6. Empresas del presidente de la Asamblea y la ministra de Vivienda recibieron 14 contratos en las administraciones de Bukele. Revista La Brújula, 18 de mayo de 2026.
7. Nuevas restricciones a migrantes en Estados Unidos. El Salvador.com, junio de 2026.
8. EE.UU. analiza controles a El Salvador por importación de bienes con trabajo forzoso. El Salvador.com, junio de 2026.
9. Ruth López: one year as a political prisoner for exposing corruption in El Salvador. Cristosal, mayo de 2026. Ver también: A un año de la captura de Ruth López, su voz sigue acompañando las luchas. Revista La Brújula, mayo de 2026.
10. "Nos dijeron que fue un accidente": así capturaron a un veterano acusado de planear atentados. La Prensa Gráfica, 1° de junio de 2026.
11. Relato: "Después de 15 años no tenemos ninguna pista sobre Josué". La Prensa Gráfica, 3 de junio de 2026.