El Congo de IMPROA: 300 exmilitares salvadoreños en primera línea, el Estado dice que no sabía

La confirmación que el Grupo de Expertos del Consejo de Seguridad de la ONU hizo pública esta semana sobre los mercenarios salvadoreños en el Congo no es solo una noticia: es un espejo que el régimen de Bukele no puede evadir.¹ Desde julio de 2025, IMPROA S.A. de C.V. —empresa registrada en El Salvador a nombre del coronel retirado Juan Emilio Velasco Alfaro y el teniente retirado Rodrigo Antonio Tejada Alvarenga— reclutó al menos 300 ciudadanos salvadoreños, en su mayoría exmilitares y expolicías, los despachó con contratos de $4.225 mensuales y los terminó desplegando en primera línea de combate en Walikale, Baraka y Kalemie, en apoyo al Ejército congoleño contra el M23. Varios regresaron al país con malaria, hospitalizaciones y salarios impagos; los que completaron misión pasaron de labores logísticas en Kisangani a combate activo en provincias donde el conflicto lleva décadas de muertos. El gobierno de Bukele respondió a los expertos que "no tenía conocimiento" del reclutamiento y que "el Estado no había autorizado ningún despliegue".¹

La respuesta es estructuralmente difícil de sostener: IMPROA operó desde territorio salvadoreño, reclutó durante más de doce meses a 300 personas con trayectoria documentada en las fuerzas de seguridad del Estado y las sacó del país sin que las autoridades migratorias, militares o de inteligencia lo registraran — o sin que lo dijeran. La asimetría adquiere su peso real cuando se la pone junto al otro hilo del viernes: el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) se concentró frente al Centro Judicial contra el Crimen Organizado en Soyapango para denunciar que los juicios masivos del régimen de excepción condenan a inocentes sobre la base de un único testigo: un pandillero activo con criterio de oportunidad que señala a personas sin vinculación probada con estructuras criminales.² El Estado que no vio salir a 300 exagentes hacia África tiene, en cambio, la logística para condensar en un solo juzgado, en una sola audiencia, el destino de cientos de personas sin recursos para defenderse. La selectividad no es un error del sistema. Es su método.

Un Estado que no vio salir a 300 de sus exagentes hacia el Congo pero condena a inocentes en audiencias masivas no es un Estado negligente. Es un Estado que elige qué ver y qué no ver, y esa elección tiene gramática: aplica hacia arriba con ignorancia conveniente y hacia abajo con precisión que no perdona.

IMPROA y el Congo: la economía bélica de los cuerpos

El informe del Grupo de Expertos sobre la República Democrática del Congo circula ante el Consejo de Seguridad con un nivel de detalle que hace difícil la negación: nombres de los directivos de IMPROA S.A., zonas geográficas de despliegue, tipo de misión, condiciones contractuales, imágenes de campamentos improvisados con fortifications de sacos de arena en Kisangani.¹ El coronel retirado Juan Emilio Velasco Alfaro y el teniente retirado Rodrigo Antonio Tejada Alvarenga constituyen la empresa que funcionó como intermediaria entre el Ejército congoleño y los exintegrantes de las Fuerzas Armadas y la PNC que buscaban ingresos después del retiro. Los contratos eran de un año a $4.225 mensuales — nueve veces el salario promedio mensual de un trabajador formal urbano salvadoreño. La lógica económica es clara: el régimen de excepción que nominalmente "erradicó" las pandillas desmovilizó una economía de violencia que no tiene a dónde ir salvo hacia afuera.

La dimensión más significativa del hallazgo no es la cantidad de mercenarios sino la trayectoria: los 300 salvadoreños pasaron de "apoyo logístico" en Kisangani a "despliegue activo en primera línea" en Walikale, Baraka y Kalemie, provincias donde el M23, respaldado por Ruanda, disputa el control de minerales estratégicos para la cadena de producción tecnológica global. Los cuerpos de exintegrantes de las fuerzas de seguridad salvadoreñas terminaron siendo utilizados como fuerza de combate privada en una guerra por el coltan y la cassiterita, en un conflicto que lleva décadas de muertos del que ninguno de los 300 reclutados tenía razón de saber nada cuando firmó. Algunos regresaron con malaria hospitalaria. Otros no recibieron los pagos prometidos. La Prensa Gráfica ya había documentado en noviembre de 2025 la presencia de estos soldados en el Congo; el informe del Consejo de Seguridad de la ONU eleva el reporte periodístico a confirmación formal con evidencia fotográfica y testimonial.¹

El rol del Estado es la pregunta que el informe instala sin poder responder con certeza. El gobierno afirmó a la ONU que desconocía el reclutamiento y que no había autorizado ningún despliegue. Que una empresa privada con dos militares retirados al frente reclutara durante más de un año a 300 personas con trayectoria en las fuerzas armadas, las procesara documentalmente y las enviara a un conflicto armado activo en otro continente sin que las instituciones de migración, defensa o inteligencia del Estado con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo lo registraran es, en el mejor escenario, una negligencia que el propio gobierno debería investigar de oficio. En el peor, sugiere que la economía de los exagentes de seguridad — los miles desmovilizados de la Policía y el Ejército a lo largo de dos décadas — tiene mercados que el Estado prefiere no auditar mientras produzcan ingresos lejos del territorio. La Fiscalía General de la República, capturada desde 2021, no tiene incentivos conocidos para abrir expediente sobre IMPROA. La presión deberá venir del Consejo de Seguridad, o no vendrá.

Las audiencias de Soyapango: el testigo que condena muertos

El MOVIR se concentró el 4 de julio frente al Centro Judicial contra el Crimen Organizado en Soyapango para documentar públicamente lo que sus integrantes describen como el mecanismo central de la injusticia del régimen de excepción: las audiencias únicas masivas que agrupan a decenas de imputados en un solo trámite, donde la prueba descansa en un único testigo criteriado, y cuyo resultado está definido antes de que el defensor de oficio — asignado horas antes de la audiencia — pueda leer el expediente.² Alfredo Mejía, vocero del movimiento, articuló el dispositivo con la precisión que da haberlo visto operar: "ya no estamos a expensas de un fiscal o de un abogado para que nos diga si somos inocentes o culpables; estamos a expensas de un criminal que le ha hecho daño a la sociedad". El pandillero activo con criterio de oportunidad que señala a una persona sin vinculación probada — a cambio de una reducción de condena — es el pivote sobre el que gira la maquinaria.

Samuel Ramírez añadió el dato que vuelve el cuadro grotesco: en algunas audiencias masivas "se condenan a fallecidos que han quedado en fosas comunes, en centros penales". Personas que murieron bajo custodia estatal — entre las 471 causas documentadas por el OUDH y Socorro Jurídico Humanitario en ediciones previas — siguen siendo procesadas como si estuvieran vivas, en una maquinaria procesal que no detiene su marcha ni ante la muerte del imputado.³ El caso de Jisel Majano — cuyo hermano fue condenado a 60 años en Sonsonate sin pertenecer a pandillas — es un ejemplo entre miles. El 95% de los detenidos que el MOVIR representa son, según su relato, "gente pobre, obrera, amas de casa, campesinos": la descripción empírica del sesgo de clase del régimen, que no captura a quien puede pagar defensa privada o activar redes políticas, sino a quien no tiene ninguna de las dos cosas.

La "audiencia única abierta" colapsa la etapa en que el juez evalúa la pertinencia de la prueba antes de que el caso avance a juicio. Eso significa que una persona puede pasar de imputada a condenada a 60 años en un solo acto donde su defensor no ha leído el expediente, el testigo es un pandillero con incentivos para señalar a quien sea, y el juez pertenece al mismo sistema institucional capturado que la FGR y la Sala Constitucional. El MOVIR, COFAPPES, Cristosal y Socorro Jurídico Humanitario documentan estos patrones con sistematicidad creciente. Ningún órgano del Estado con capacidad de actuar los procesa.

La oposición ante el espejo roto: Aguirre, el boicot y el enemigo adentro

La jornada alinea tres análisis que, tomados juntos, describen el estado de la oposición salvadoreña a ocho meses de las elecciones generales: fragmentada, sin estrategia común, operando en un campo diseñado para que su participación legitime lo que no puede cambiar. El analista Marvin Aguilar reveló que el FMLN postularía al doctor Rafael Aguirre —secretario general de SIMETRISSS, el gremio médico del ISSS, reconocido por su activismo sindical pero sin base electoral visible— como candidato presidencial para 2027, una semana antes del anuncio oficial.⁴ Aguilar fue categórico sobre el efecto: participar en una elección con el TSE capturado, la reelección indefinida habilitada y el proceso adelantado dos años por decreto "únicamente contribuirá a legitimar el triunfo de Bukele". La diputada Claudia Ortiz, única legisladora de VAMOS en la Asamblea, añadió un frente interno: cuestionó públicamente la depuración del padrón partidario "sin reglas claras" y un sistema de votación digital "no consensuado", mientras su partido ya confirmó que no presentará candidatura presidencial por falta de garantías electorales.

El periodista Leonel Herrera formuló la versión más radical del argumento: la elección presidencial de 2027 es "ilegal" — debía celebrarse en 2029 según el ciclo constitucional original — y cualquier candidato opositor "únicamente contribuirá a legitimarla".⁴ Su propuesta: concentrarse en legislativas y municipales, "aunque fraudulentas, son legales", para documentar el fraude desde adentro, colocar en la agenda la crisis económica que el régimen pospone — aumento del IVA, reforma de pensiones, continuidad de la minería metálica — y organizar la ciudadanía para la resistencia que viene. Sobre Félix Ulloa afirmó que el régimen no puede desplazarlo porque "tiene información que los comprometería". El análisis de Herrera conecta con una predicción ominosa: la "medicina amarga" llegará después de los comicios, y la única defensa será la organización ciudadana que hoy no existe.

El análisis más incómodo fue el del director del Centro Monseñor Romero, Rodolfo Cardenal, que no se dirigió a la oposición sino al núcleo del oficialismo: el modelo de Bukele "replica los vicios del pasado — corrupción, asistencialismo electoral, diputados pidiendo el voto abiertamente — y sus enemigos más perniciosos son los responsables de su ejecución, no los defensores de los derechos humanos".⁵ Cardenal arguye que el régimen puede ser derrotado por sus propias contradicciones internas antes que por la presión opositora. Es una hipótesis que no reconforta: implica que mientras ese colapso no llega, el costo lo sigue pagando la misma "gente pobre, obrera, amas de casa, campesinos" que el MOVIR nombró frente al Centro Judicial de Soyapango. La presión internacional — la ONU, la CIDH, Amnistía Internacional, congresistas demócratas pidiendo sanciones Magnitsky por casos como el de Ruth López — es la única palanca externa activa. El régimen ha calibrado que esa presión, sin consecuencias operativas concretas, es absorbible.

La vivienda y el TPS: la distribución que el PIB no mide

La primera entrega de una serie periodística de YSUCA documenta un dato que el crecimiento económico del 4,8% del primer trimestre de 2026 no captura: 1.388.477 viviendas de déficit habitacional, con el 31% de los hogares en hacinamiento y el 45% sin propiedad de donde vive.⁶ El salario promedio mensual es de $352 en zonas rurales y $478 urbanas — insuficiente frente a un costo de vida que supera los $500 urbanos y frente a un programa Casa Joven que ofrece crédito de hasta $40.000 para viviendas que cuestan $45.000-$50.000. El arquitecto Carlos Ferrufino, de la UCA, lo diagnosticó con precisión: "la vivienda se entiende principalmente como un producto de mercado". El Estado no interviene como garante de acceso sino como facilitador de crédito que no alcanza. Dora, trabajadora de maquila de 52 años con $110 quincenales, resume la aritmética: "cada quincena debo decidir si pago el alquiler o compro comida".

En paralelo, organizaciones migratorias y sindicatos presentaron en Estados Unidos una demanda contra disposiciones de la "One Big Beautiful Bill Act" de Trump que eliminan el plazo de 30 días para resolver permisos de trabajo de solicitantes de asilo y restringen la autorización laboral de personas con TPS.⁷ Aproximadamente 170.190 salvadoreños mantienen TPS — muchos de ellos fuente de las remesas que crecieron 7,3% en el período y que sostienen en parte el PIB que el régimen celebra. Si las restricciones laborales se consolidan, la presión sobre el ingreso de los hogares que ya no pueden pagar alquiler y comida al mismo tiempo se agravará desde afuera de las fronteras que el modelo dice haber transformado. El economista César Villalona lo resumió: "es un problema de ingresos". El crecimiento es real en términos agregados; su distribución es la pregunta que el porcentaje no responde.

Lo que ordena la jornada del 4 de julio de 2026 es la distancia entre el nivel en que el régimen opera y el nivel en que sus efectos se acumulan. En el nivel de arriba: IMPROA reclutando 300 exagentes para combatir en África, el Estado firmando ignorancia; la ONU documentando lo que la Fiscalía no tiene incentivos de investigar; el proceso electoral de 2027 configurado para que la participación opositora sea tanto su legitimación como su desgaste. En el nivel de abajo: un pandillero criteriado condenando al hermano de Jisel Majano a 60 años; un juzgado procesando a fallecidos como si estuvieran vivos; Dora eligiendo entre alquiler y comida; 170.190 salvadoreños en el exterior pendientes de un permiso de trabajo que una ley que no votaron puede cancelar. El análisis de Cardenal sobre el "enemigo dentro del modelo" y la predicción de Herrera sobre la "medicina amarga" pospuesta no son diagnósticos opuestos: son el mismo sistema visto desde dos ventanas. Lo que comparten es que en ambos el costo lo paga la misma gente, y que la única pregunta que cambia es cuánto tiempo más.

Fuentes

1. Expertos de la ONU confirman presencia de mercenarios salvadoreños en El Congo, África. La Prensa Gráfica, 2 de julio de 2026. Ver también: La ONU está "lista" para apoyar posible alto el fuego en RD del Congo, donde hay mercenarios salvadoreños. La Prensa Gráfica, 3 de julio de 2026.
2. MOVIR rechaza audiencias masivas; piden juicios justos contra sus inocentes. Diario Co Latino, 4 de julio de 2026. Ver también: Familiares de detenidos protestan contra las audiencias masivas. Diario Co Latino, 4 de julio de 2026. Ver también: MOVIR se manifiesta contra los juicios masivos frente al Centro Judicial de Soyapango. YSUCA, 4 de julio de 2026.
3. Hermana de Ruth López está preocupada por la salud de la abogada. Diario Co Latino, 3 de julio de 2026.
4. Analistas ven crisis en VAMOS y debaten impacto de candidatura presidencial de Rafael Aguirre. Diario Co Latino, 4 de julio de 2026. Ver también: Leonel Herrera: la oposición debe concentrarse en las elecciones legislativas y municipales. Diario Co Latino, 4 de julio de 2026. Ver también: Claudia Ortiz cuestiona procesos internos de VAMOS. YSUCA, 4 de julio de 2026.
5. El enemigo dentro del modelo. YSUCA / Rodolfo Cardenal, 4 de julio de 2026.
6. Trabajar ya no es suficiente para tener vivienda propia. YSUCA, 4 de julio de 2026.
7. Demanda en EE.UU. busca frenar restricciones a permisos de trabajo para beneficiarios del TPS. YSUCA, 4 de julio de 2026.