La prórroga 52 salió sola; el IUDOP midió lo que el CECOT no puede subsanar

El Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA presentó esta semana los resultados de su encuesta del séptimo año de gestión de Nayib Bukele, realizada entre el 15 y el 26 de mayo de 2026, y el dato que ningún comunicado oficial va a destacar es el siguiente: el 70,7% de los salvadoreños identifica la economía como su principal problema, un salto de 23 puntos porcentuales desde diciembre de 2025.¹ Eso no es una variación marginal en una encuesta de seguimiento trimestral —es un desplazamiento que en seis meses redibujó el mapa de preocupaciones ciudadanas. El 37,3% señala la economía en términos directos; sumados el costo de vida (15,3%), el desempleo (12,4%) y la pobreza (5,7%), las preocupaciones de naturaleza económica dominan el cuadro con una amplitud que la narrativa del "país más seguro del hemisferio" no puede absorber sin fisura. El gobierno recibió una nota de 7,92 sobre 10 —bajó desde 8,33— y el propio Bukele obtuvo 8,24 —bajó desde 8,39—. La preferencia por Nuevas Ideas cayó 12,3 puntos porcentuales desde 2019, situándose en 34,2%. El 59,7% no se identifica con ningún partido.¹

En el mismo ciclo, un análisis comparativo de datos oficiales de mortalidad publicado por el analista David Alfaro en Diario Co Latino produjo el número que el relato de seguridad no puede responder con una tasa de homicidios: bajo cinco años de gobierno de Bukele (2019–2024), murieron 289.273 personas en El Salvador; bajo cinco años de Sánchez Cerén (2014–2018), murieron 229.245.² La diferencia es de 60.028 muertes. La tasa de mortalidad en 2024 es 7,47 por mil —prácticamente idéntica a la de 2019 (7,44 por mil)— y el COVID-19 aportó apenas 4.230 fallecimientos al total, insuficiente para explicar la brecha. El análisis no refuta la reducción de homicidios —es real, verificable y estadísticamente significativa—, sino que plantea la pregunta que el régimen prefiere no formular: ¿qué está pasando con la mortalidad evitable, el acceso a salud, las condiciones materiales de vida y los efectos colaterales del desmantelamiento institucional cuando la tasa total no mejora? La encuesta IUDOP y el análisis de mortalidad son dos instrumentos diferentes que describen la misma fractura: el modelo produce seguridad en un sentido estrecho y no la produce en el sentido amplio que la ciudadanía experimenta en su vida cotidiana.

El régimen que aprueba su prórroga número 52 sin debate construyó su legitimidad sobre la narrativa de seguridad, pero el 70,7% de la ciudadanía dice que el principal problema es la economía. Esa fractura no se administra con otro mes de excepción, y la mortalidad total de siete años la confirma: el CECOT no subsana lo que el modelo no produce.

La grieta económica que la narrativa de seguridad no puede cubrir

La encuesta del IUDOP-UCA no opera en el vacío: llega siete años después de que Bukele asumiera la presidencia con el discurso de que la corrupción, la ineficiencia del bipartidismo y el crimen organizado eran los obstáculos que separaban al país del bienestar. El régimen de excepción —que el 68,9% de los encuestados sigue respaldando— fue presentado como el instrumento que cerraría ese hiato.¹ Lo que el IUDOP mide ahora es la distancia entre la promesa y la experiencia: la nota al gobierno bajó, la preferencia partidaria cayó 12,3 puntos, y el 59,7% no se identifica con ningún partido. Eso último merece atención: no es que la oposición haya recuperado posiciones —ARENA y FMLN combinados no superan el 3%—, sino que el espacio que Nuevas Ideas está perdiendo no beneficia a nadie visible. El 59,7% del "ninguno" es un vacío de representación que la arquitectura de partidos existente no puede llenar, y que con elecciones presidenciales anticipadas a las que el 65,3% de la ciudadanía le da respaldo para realizarse en febrero de 2027, se convierte en una pregunta política sin respuesta articulada.

El sociólogo Walter Fagoaga formuló el diagnóstico más incómodo de la jornada: "Solo el 10% de los salvadoreños con empleo fijo gana más de $1.000 mensuales".³ La afirmación no es retórica —es el contexto material en el que un 70,7% prioriza la economía sobre cualquier otra preocupación. Fagoaga añadió que la sociedad salvadoreña se ha "desensibilizado ante el dolor de los demás", usando como ejemplo el caso de Ruth López —detenida e intervenida quirúrgicamente sin que su familia recibiera información sobre su estado de salud— y las deficiencias documentadas del ISSS en San Miguel. Lo que el sociólogo llama desensibilización es también la consecuencia lógica de un sistema en el que el dolor individual no tiene mecanismos de aggregación institucional: la PDDH no visita los centros penales, la FGR acusa sin individualizar conductas, y el Estado presenta el silencio como normalidad.

El análisis de mortalidad comparativa agrega una dimensión que el debate político suele esquivar porque sus implicaciones son difíciles de contener. Bajo el gobierno de Bukele murieron 60.028 personas más que bajo el gobierno de Sánchez Cerén en el mismo número de años —y la pandemia explica apenas 4.230 de esa diferencia.² La tasa de mortalidad total no mejoró. Esto no desmiente que los homicidios bajaron, pero sí desmantela la construcción narrativa que convierte esa reducción en sinónimo de bienestar general. El corolario de la encuesta IUDOP y del análisis de mortalidad es el mismo: el modelo produce una forma específica de seguridad —la securitaria, la del CECOT, la de los 1.137 días sin homicidio que los diputados de Nuevas Ideas celebran en el pleno—, y no produce, o produce en cantidades insuficientes, las condiciones materiales de vida que el 70,7% de la ciudadanía identifica como su principal problema.

La prórroga 52: la emergencia que ya no declara emergencia

La Asamblea Legislativa aprobó el 25 de junio la prórroga número 52 del régimen de excepción con 57 votos, sin debate sustantivo en el pleno.⁴ La medida estará vigente del 30 de junio al 29 de julio de 2026, extendiendo a 52 meses consecutivos la suspensión de garantías constitucionales iniciada en marzo de 2022: el derecho a defensa, el plazo para ser presentado ante un juez, la presunción de inocencia, el derecho a que los familiares sean notificados de una detención. El diputado Caleb Navarro (Nuevas Ideas) reivindicó en el pleno una tasa de 1,3 homicidios por cada 100.000 habitantes y 92.414 capturas desde el inicio del régimen. La discusión sobre los costos de ese número no formó parte del debate.⁴

Los costos acumulan registro fuera del pleno. Socorro Jurídico Humanitario documenta 537 fallecidos bajo custodia estatal sin sentencia.⁵ La PDDH, bajo la procuradora Raquel Caballero de Guevara, no ha realizado visitas sistemáticas a los centros penales. El abogado Guillermo García —defensor de veteranos de la Alianza El Salvador en Paz detenidos desde hace dos años sin que la FGR presentara acusación formal tras vencer el plazo de instrucción el 22 de junio— señaló con precisión: "La PDDH ha guardado silencio ante presuntas violaciones de derechos humanos".⁵ El caso de los veteranos —José Santos Melara, Atilio Montalvo, Julio Mira y Luis Menjívar, detenidos en el marco del régimen— es uno de los que la institución encargada de documentar esas situaciones prefirió no documentar. La AVEG-FMLN exige el sobreseimiento definitivo. La FGR no ha anunciado ninguna decisión.

Lo que hace que la prórroga 52 sea cualitativamente diferente de la primera no es la medida en sí —idéntica en su redacción— sino lo que su repetición rutinaria ha producido: un sistema que procesa detenidos en audiencias masivas de más de 400 imputados sin individualizar conductas, con defensores públicos que pueden tener 25 personas asignadas sin capacidad material de revisar expedientes, y una Fiscalía al 1% de transparencia activa, según el Scorecard 2026 de Acción Ciudadana. La investigación de El Faro sobre "La Raza" —documentada en la edición del 24 de junio— demostró que ese aparato no solo captura a quienes tienen nexos con estructuras criminales, sino que fabrica los nexos cuando no los encuentra. La prórroga 52 no es la prórroga de una emergencia: es la prórroga de un modo de gobierno.

El brote de enfermedades febriles eruptivas que acumula 682 casos en 2026, casi el triple que en 2025, y los 23 casos confirmados de sarampión importado que el ministro Francisco Alabi reconoció esta semana, se inscriben en el mismo marco.⁶ El sistema de salud que debería detectar y contener esos brotes perdió su primera línea: el presupuesto de los Equipos Comunitarios de Salud —los Ecos Familiares que operaban en zonas rurales— cayó de $297 millones en 2020 a $2 millones en 2024. La última epidemia de sarampión en el país, en 1989, dejó 16.536 casos y 200 muertos entre menores de cinco años. El Estado desmanteló la infraestructura que lo prevenía y aprobó $17 millones de refuerzo presupuestario para el Ministerio de Economía para pagar servicios de la nube de Google.⁷ La prioridad no es equivocada —es legible.

Cabañas y el patrón extractivo que persiste

Entre 20 y 30 familias de San Isidro y Santa Marta, en el departamento de Cabañas, enfrentan amenazas de desalojo por parte de la empresa Inversiones El Dorado S.A. de C.V. —vinculada a la empresa ecuatoriana La Pavic y, presuntamente, a intereses estadounidenses— en la misma zona donde la empresa Pacific Rim realizó exploraciones de oro hace dos décadas y donde hay perforaciones documentadas de hasta 500 metros de profundidad con confirmación de minerales en el subsuelo.⁸ El área en disputa abarca 45 km² y contiene, según los relatos comunitarios, alrededor de 15.000 árboles de teca, además del mineral confirmado en profundidad. Una habitante de 55 años, con 42 años de residencia en el lugar, declaró a Diario Co Latino: "Somos vulnerables, somos pobres".⁸

La respuesta institucional reproduce el patrón que el movimiento Todos Somos El Espino documentó en detalle semanas atrás: el MOP derivó la responsabilidad a la alcaldía de Cabañas Este, que posterga el desalojo por contexto preelectoral. Nadie dice que el desalojo no ocurrirá —dicen que no ocurrirá todavía. El acuerdo de reciprocidad minera con Estados Unidos que el régimen firmó en los últimos meses podría acelerar ese tipo de presión extractiva en zonas como Cabañas: los territorios donde Pacific Rim ya exploró, y donde Inversiones El Dorado avanza ahora, forman parte de una geografía que el acuerdo hace más permeables a la inversión extranjera en minería sin que las comunidades afectadas tengan mecanismos vinculantes de consulta o veto.⁸

El patrón compartido con El Espino —documentado el 24 de junio— no es una coincidencia de agenda: es la estructura del modelo. En El Espino, el MARN declaró "inexistente" toda la documentación del proyecto; en Cabañas, el MOP deriva hacia la alcaldía; en ambos casos, los mecanismos institucionales de protección se declaran incompetentes ante la presión extractiva. La diferencia es de escala y visibilidad: El Espino está en el Área Metropolitana de San Salvador, tiene 528.843 firmas de respaldo y acceso directo a cámaras de televisión. Cabañas tiene 20-30 familias rurales y una habitante de 55 años que nombra su vulnerabilidad sin eufemismo.

La Corte de Cuentas: el último órgano técnico que Ernesto Castro no ha renovado

El proceso de postulación para la Corte de Cuentas cerró el 26 de junio, con la selección de tres magistrados para el período 2026-2029 —el presidente y dos vocales— a cargo de una Comisión Política dominada por el bloque oficialista y dirigida en sus tiempos por Ernesto Castro, quien en paralelo confirmó que buscará la reelección como presidente de la Asamblea Legislativa.⁹ La diputada Claudia Ortiz (Vamos) exigió que la selección se base en "idoneidad, independencia y capacidad técnica". El diputado Francisco Lira (ARENA) pidió transparencia. Ninguno de los dos tiene capacidad de vetar el resultado: el bloque oficialista controla los votos.

La importancia del proceso es directa y cuantificable. En 2026, la Asamblea ya aprobó más de $1.450 millones en endeudamiento público, incluyendo $340 millones del BCIE para el sistema de agua potable Guluchapa y para infraestructura vial, más $118 millones en refuerzo presupuestario para siete instituciones —de los que $30 millones van al Ministerio de Salud y $17 millones al Ministerio de Economía para la nube de Google.⁷ Los préstamos tienen plazos de 20 años con cinco de gracia. La Corte de Cuentas es, constitucionalmente, el ente encargado de auditar la ejecución de esos recursos. Si los nuevos magistrados responden a la línea oficialista —como ya ocurrió con la FGR, la Sala de lo Constitucional renovada en 2021 y la PDDH—, el ciclo de captura de los órganos de control quedaría virtualmente completo.⁹

Foreign Policy publicó el 25 de junio un análisis que ubica a El Salvador en el contexto de la nueva derecha latinoamericana: Bukele, Noboa en Ecuador, Kast en Chile y, desde el 22 de junio, Abelardo de la Espriella en Colombia —quien ganó la segunda vuelta con el respaldo explícito de Trump y prometió construir megacárceles al estilo CECOT.¹⁰ El argumento de la revista es que estos gobiernos gobiernan con congresos fragmentados y enfrentan el riesgo de "acumulación de poder ejecutivo". En el caso salvadoreño, esa descripción llega tarde: el proceso de captura institucional comenzó en mayo de 2021 con el reemplazo de la Sala de lo Constitucional y la FGR, y se extendió a la PDDH. La Corte de Cuentas es la última pieza disponible.

El 25 de junio de 2026, El Salvador completa su décima semana consecutiva de ciclos que el régimen prefiere narrar en clave de logros de seguridad y el IUDOP mide en clave de preocupación económica creciente. La encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA no refuta que el 77,4% de los encuestados considera la seguridad el principal logro del gobierno —esos dos datos conviven sin contradicción: la ciudadanía puede valorar la reducción de homicidios y simultáneamente identificar la economía como su principal problema. Lo que la encuesta documenta es que el 70,7% que prioriza la economía —salto de 23 puntos en seis meses— y el análisis que registra 60.000 muertes más en el mismo período comparado describen un país donde la seguridad no se traduce en bienestar. La prórroga 52 del régimen de excepción pasó esta semana sin debate porque el modelo de gobierno que produce no necesita debatir sus instrumentos: los necesita renovar. El proceso para renovar la Corte de Cuentas —con Ernesto Castro administrando los tiempos y el bloque oficialista controlando los votos— es la versión institucional de ese mismo mecanismo. Lo que El Salvador muestra en esta edición no es un sistema en crisis: es un sistema que opera con precisión hacia sus propios objetivos, que no son los que la encuesta del IUDOP registra como prioridades del 70,7% de la ciudadanía.

Fuentes

1. Encuesta del IUDOP revela que la economía es el principal problema en el séptimo año de Bukele. Diario Co Latino, junio de 2026. Ver también: Preocupación por la economía y el alto costo de la vida supera el 70 % de percepción ciudadana. YSUCA, junio de 2026. Y: Preferencia por Nuevas Ideas cae más de 12 puntos porcentuales desde 2019. YSUCA, junio de 2026.
2. Ha muerto más gente durante los gobiernos de Bukele que durante el de Sánchez Cerén. David Alfaro / Diario Co Latino, junio de 2026.
3. "A El Salvador le falta humanismo, ética, moral y solidaridad": Walter Fagoaga. Diario Co Latino, junio de 2026.
4. Aprueban nueva prórroga del Régimen de Excepción mientras persisten debates por derechos humanos. ContraPunto, junio de 2026. Ver también: Oficialismo aprueba nuevamente 30 días más de régimen de excepción. Diario Co Latino, junio de 2026. Y: Aprueban prórroga de Régimen de Excepción para continuar combate a pandillas. Diario La Huella, junio de 2026.
5. "La PDDH ha guardado silencio ante presuntas violaciones de derechos humanos": Abogado. YSUCA, junio de 2026.
6. Enfermedad febril eruptiva suma 682 casos en El Salvador, casi el triple que en 2025. La Prensa Gráfica, 22 de junio de 2026. Ver también: El Salvador registra 23 casos de sarampión, según ministro Francisco Alabi. ElSalvador.com, junio de 2026.
7. Aprueban préstamo de $185 millones para mejorar abastecimiento de agua en el AMSS. ElSalvador.com, junio de 2026. Ver también: Diputados acuerdan asignar $118 millones a siete instituciones públicas. Diario Co Latino, junio de 2026.
8. Comunidades de Cabañas denuncian amenazas de desalojo por proyecto minero. Diario Co Latino, junio de 2026. Ver también: Organizaciones denuncian amenazas de desalojo en zonas de interés minero. YSUCA, junio de 2026.
9. Diputados piden transparencia en elección de nuevos magistrados de la Corte de Cuentas. YSUCA, junio de 2026. Ver también: Ernesto Castro se inscribirá en Nuevas Ideas para buscar la reelección. Diario Co Latino, junio de 2026.
10. Why Latin America's New Right Will Struggle to Govern. Foreign Policy, 25 de junio de 2026. Ver también: Colombia y su voltereta extrema. Gato Encerrado, 24 de junio de 2026.