La Asamblea desarmó la SIGET: Álvarez regulará la empresa que él mismo dirige
El 26 y 27 de junio de 2026, la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa —dominada por Nuevas Ideas— emitió dos dictámenes favorables para transferir las funciones reguladoras del sector eléctrico desde la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) hacia la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM).1 El movimiento tiene una sola característica que convierte lo que podría parecer una reforma técnica en una decisión política desnuda: el director de la DGEHM, Daniel Álvarez, también ejerce como director ejecutivo de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), la principal empresa estatal del sector eléctrico salvadoreño. Con las seis leyes que la reforma le transfiere —incluyendo la Ley General de Electricidad, la Ley de Energías Renovables y la Ley del Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía—, Álvarez quedaría en posición de regular a la misma empresa que él mismo dirige. La diputada Claudia Ortiz (VAMOS) señaló el conflicto de interés en la discusión de comisión. Ningún diputado oficialista formuló preguntas. La SIGET no fue convocada.
Ese mismo ciclo, el Ministerio de Salud confirmó un caso de sarampión en el Complejo Educativo Jorge Lardé, en San Martín, y decretó la cuarentena preventiva de 2.180 estudiantes y personal hasta el 14 de julio.2 El país acumula 27 casos importados y 74 notificaciones de enfermedad febril eruptiva en la semana epidemiológica 24 —el registro semanal más alto de 2026—, con una escalación sostenida desde la semana 14. El sarampión fue eliminado de El Salvador; la última epidemia data de 1989, con 16.536 casos y 200 muertos de menores de cinco años. Lo que no fue eliminado es la condición que lo habilitaría: el presupuesto de los Equipos Comunitarios de Salud —la primera línea de vigilancia epidemiológica territorial— cayó de $297 millones en 2020 a $2 millones en 2024. Las dos noticias del día no comparten sección del periódico pero sí comparten lógica: el Estado concentra los sectores que producen poder discrecional y abandona los que producen cuidado sin rédito político inmediato.
El Estado que desarmó a la SIGET sin invitarla a la discusión y el Estado que desmanteló los Ecos Familiares sin anunciarlo son el mismo Estado: el que captura lo que regula el poder y descarta lo que cuida los cuerpos.
seis leyes del sector eléctrico
bajo control directo del Ejecutivo
$2M en Ecos Familiares vs $297M en 2020;
sistema de vigilancia desmantelado
tiempos — $1.450M en préstamos
esperando al auditor que vendrá
200.000 salvadoreños sin protección
tras SCOTUS 6-3 el 26 de junio
El árbitro eléctrico que el oficialismo quitó sin preguntar
La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones nació del proceso de reestructuración del sector eléctrico salvadoreño en los años noventa como un ente autónomo de regulación técnica, separado del operador estatal (CEL) y de las distribuidoras privadas, para que ningún actor con intereses en la cadena pudiera fijar las reglas que condicionan las tarifas, las concesiones y las licitaciones que afectan a todos los demás. La reforma que la Comisión de Tecnología aprobó el 26 de junio —con dictámenes firmados sin que SIGET fuera escuchada— quiebra esa separación en el extremo más sensible: transfiere la autoridad regulatoria a un funcionario que ya dirige el operador estatal más importante del sistema.1
La precisión del señalamiento de Claudia Ortiz merece registrarse con literalidad: Álvarez "va a tener la facultad de regular a CEL, siendo director de la CEL, o sea es como si el ministro de Hacienda aprobara el presupuesto del Ministerio de Hacienda". El conflicto no es una hipótesis —es una descripción funcional de la estructura que la reforma produce. Álvarez quedaría a cargo de supervisar el cumplimiento de la Ley General de Electricidad y la Ley de Energías Renovables en un mercado donde CEL opera hidroeléctricas y es parte activa en las decisiones de despacho que afectan los precios al consumidor final. La ausencia de preguntas por parte de los diputados oficialistas y la no convocatoria de SIGET a la discusión no son fallas del proceso —son el proceso.
El dictamen pasa ahora al pleno de la Asamblea para su aprobación final. Con 57 votos oficialistas en una cámara de 60, el resultado no depende de debate sustantivo —depende del timing que el bloque decida para el trámite. Una vez aprobada, la pérdida de autonomía técnica de la SIGET en materia eléctrica es directa e irreversible bajo la legislación actual: la Dirección General a la que migran las funciones es una dependencia directa del Ejecutivo, sin periodo de cargo protegido, sin consejo técnico autónomo, sin el blindaje institucional que la SIGET tenía precisamente para que su dirección no pudiera ser reemplazada por criterio político. El sector eléctrico —con sus tarifas, sus concesiones de generación renovable, sus licitaciones de transmisión y su fondo de inversión— queda bajo la discrecionalidad de un funcionario que responde a Casa Presidencial y opera simultáneamente la empresa estatal del ramo. Esa concentración es el patrón, no la excepción.
El sarampión llega donde los Ecos no llegan más
La cuarentena del Complejo Educativo Jorge Lardé de San Martín no es la primera del brote: el Instituto Nacional de la Colonia Santa Lucía, en Ilopongo, ya había enviado cuatro secciones a cuarentena preventiva por sospecha de transmisión local.2 Lo que hace que Jorge Lardé marque una escalación es la escala —2.180 estudiantes y personal, hasta el 14 de julio— y la cifra que lo acompaña: 74 notificaciones de enfermedad febril eruptiva en la semana epidemiológica 24, el registro semanal más alto de 2026 en un año que ya venía escalando desde la semana 14. Entre las semanas 1 y 13, los registros oscilaban entre 3 y 15 casos semanales; desde la semana 14, la curva no bajó.
El sarampión no es endémico en El Salvador —fue eliminado, y el país mantenía certificación de libre circulación del virus. Su reaparición, incluso en variante importada, depende de fallas en la cobertura vacunal y en la vigilancia epidemiológica territorial. Los Equipos Comunitarios de Salud —los ECOS Familiares— eran precisamente la infraestructura diseñada para detectar brotes, actualizar registros de vacunación y activar respuesta temprana en zonas rurales y periurbanas. Su presupuesto cayó de $297 millones en 2020 a $2 millones en 2024, mientras el Estado comprometía $17 millones en servicios de nube de Google para el Ministerio de Economía y $630,5 millones en bitcoin.3
En paralelo, el sistema hospitalario formal acumula sus propias fracturas: SIMETRISSS informó que al menos 35 médicos extranjeros renunciaron porque las metas de atención funcionan "como si la atención médica fuera una maquila"; CONADESA denunció la desaparición de expedientes clínicos del Hospital Rosales tras su integración a la Nueva Red Nacional de Hospitales —entidad paralela al MINSAL y al ISSS que "evidencia serias deficiencias administrativas"; pacientes denuncian esperas de hasta 12 y 24 horas en Rosales y Benjamín Bloom.3 Si el brote de sarampión escala desde casos importados hacia transmisión local sostenida, el sistema que debería contenerlo opera sin su primera línea y con su segunda línea bajo presión acumulada. La certificación de eliminación que la OMS otorgó al país dependía de la capacidad operativa de un sistema al que el régimen le retiró los recursos que tenía cuando fue certificado.
La Corte de Cuentas sin perfil y el CNJ con cuatro candidatos
El proceso de selección de magistrados de la Corte de Cuentas avanzó esta semana sin que el oficialismo definiera el perfil del cargo que busca cubrir.4 Ernesto Castro confirmó que la Comisión Política entrevistará a los candidatos sin criterio técnico previo establecido. La diputada Claudia Ortiz formuló el señalamiento con precisión: el proceso funciona "al revés" —recibir currículos antes de definir qué se busca. Francisco Lira (ARENA) pidió que no se repita el caso de Roxana Soriano, ex precandidata de Nuevas Ideas elegida presidenta de la CCR en la renovación anterior. Los actuales magistrados dejan el cargo el 27 de agosto.
La importancia es cuantificable con el dato de esta semana: la Asamblea aprobó $340 millones del BCIE para agua e infraestructura vial, $185 millones para el sistema Guluchapa y $118 millones en refuerzo presupuestario para siete instituciones —de los cuales $30 millones van al Ministerio de Salud y $17 millones al Ministerio de Economía para servicios de nube de Google.5 Los préstamos tienen plazos de 20 años con cinco de gracia. La Corte de Cuentas es el ente constitucional encargado de auditar esa ejecución —la única institución con mandato formal para preguntar cuánto costó una obra, quién la contrató y si el precio fue el correcto. MOVIR preguntó el 26 de junio cuánto costó el CECOT. Esa pregunta no tiene respuesta institucional visible precisamente porque el ente que debería generarla está siendo renovado con los mismos mecanismos que renovaron la FGR, la Sala Constitucional y la PDDH desde 2021.
En el Consejo Nacional de la Judicatura, las universidades privadas eligieron el 25 de junio las ternas para la Asamblea con solo cuatro candidatos y dos vacantes en la terna suplente.4 La baja participación fue atribuida por una abogada consultada a la "desconfianza" en procesos que "responden más a decisiones desde otros espacios de poder". La arquitectura del sistema de designación judicial —donde la PDDH no visita penales, la FGR mantiene presos sin juicio y la Sala Constitucional ya no es el árbitro que era— produce exactamente ese efecto: la percepción de que la independencia técnica no es una garantía sino una aspiración retórica que los postulantes evalúan antes de decidir si vale la pena postular.
La acumulación que Rubio tiene que decidir si archiva
La presión desde Washington sobre el caso de Ruth López suma capas que esta semana ya registraban como el volumen más denso hasta la fecha. La carta del 25 de junio —firmada por McGovern, Van Hollen, Raskin, Kaine, Omar, Tlaib, Ivey, Delia Ramírez y Norton— pide a Rubio activar sanciones tipo Magnitsky para los funcionarios responsables de su detención, solicitar una visita consular para verificar su estado de salud y negar la entrada a Estados Unidos a los responsables nombrados.6 El antropólogo Marvin Aguilar evaluó que la carta "trasciende una simple muestra de solidaridad" y abre la puerta a mecanismos con consecuencias materiales sobre funcionarios individualizados. López lleva más de un año detenida sin juicio, con medidas cautelares de la CIDH ignoradas y proceso bajo secreto judicial; fue intervenida quirúrgicamente sin notificación a su familia.
El escenario migratorio que rodea esa presión es el dato que el régimen prefiere no articular en conjunto. Las remesas familiares alcanzaron $4.209 millones entre enero y mayo de 2026, equivalentes a aproximadamente una cuarta parte del PIB.7 El TPS que protege a 200.000 generadores de ese flujo vence en septiembre, y la SCOTUS acaba de habilitar (6-3) al Ejecutivo para terminarlo sin necesidad de legislación adicional. La designación de Lance Schroyer —expolicía nominado para liderar ICE— refuerza la señal de que el endurecimiento migratorio es política de Estado, no posición de negociación.8 La IED en El Salvador cayó casi a la mitad respecto a 2018, la deuda pública creció $2.387 millones en 16 meses y las pérdidas en bitcoin ascienden a $173 millones estimados. En ese contexto, un recorte masivo de remesas no sería una señal de deterioro —sería el colapso del modelo fiscal doméstico que ninguna narrativa de seguridad puede absorber. El régimen que cultivó a Trump como aliado indispensable necesita ahora que ese mismo aliado preserve el flujo de los migrantes que alimenta la economía que el régimen no logra construir por inversión interna.
El 28 de junio de 2026, el patrón estructural del régimen se vuelve visible en dos noticias que el ciclo informativo trata como independientes. La Comisión de Tecnología aprobó quitar a la SIGET su función regulatoria del sector eléctrico para dársela a un funcionario que ya dirige la empresa estatal que debería regular. El sarampión llegó a un complejo educativo con 2.180 estudiantes en un país que desmanteló la infraestructura comunitaria de salud que lo prevenía. No son dos historias diferentes: son dos aplicaciones de la misma decisión distributiva —concentrar la autoridad sobre lo que produce poder discrecional, y retirar los recursos de lo que produce cuidado sin rédito político inmediato. La Corte de Cuentas, cuyo proceso de renovación avanza sin perfil definido, es el mecanismo que debería auditar el resultado de esas decisiones. El sistema que captura al auditor antes de que el daño sea visible no necesita ocultar la cuenta: necesita que nadie la pida.
Fuentes
- Avalan reforma para quitar funciones sobre sector eléctrico a SIGET. La Prensa Gráfica, 26 de junio de 2026.
- Centro educativo de San Martín entra en aislamiento preventivo por caso de sarampión. ContraPunto, junio de 2026. Ver también: Cuarentena en centro educativo de Ilopongo por sospecha de sarampión. ElSalvador.com, junio de 2026. Y: Casos de enfermedad febril eruptiva llegan a su registro semanal más alto de este 2026. ElSalvador.com, junio de 2026.
- SIMETRISSS asegura que 35 médicos extranjeros han renunciado al sistema de salud. Diario Co Latino, 27 de junio de 2026. Ver también: CONADESA denuncia desaparición de expedientes clínicos del Hospital Rosales. Diario Co Latino, junio de 2026. Y: Denuncian esperas de hasta 12 y 24 horas para recibir atención en hospitales Rosales y Benjamín Bloom. YSUCA, junio de 2026.
- Hoy vence plazo para que aspirantes a magistrados de la CCR presenten sus atestados. Diario Co Latino, 27 de junio de 2026. Ver también: Vence plazo para postularse a magistrado de CCR. Diario Co Latino, junio de 2026. Y: Universidades privadas eligen ternas para el CNJ en una asamblea marcada por la baja participación. YSUCA, 25 de junio de 2026.
- Asamblea autoriza dos nuevos préstamos y asigna $118 millones a 7 instituciones. Diario Co Latino, junio de 2026.
- La petición de los congresistas de EE.UU. a Marco Rubio a favor de Ruth López representa mayor presión sobre el gobierno. Diario Co Latino, 27 de junio de 2026. Ver también: Congresistas de EE.UU. piden a Marco Rubio intervenir por la liberación de Ruth López. YSUCA, 26 de junio de 2026. Y: Congresistas de EE.UU. piden que un representante de la Embajada visite a Ruth López. Diario Co Latino, junio de 2026.
- Remesas familiares alcanzan $4.209 millones entre enero y mayo de 2026. ElSalvador.com, junio de 2026.
- Trump nominó a Lance Schroyer, expolicía, para liderar ICE. ElSalvador.com, junio de 2026. Ver también: Corte Suprema de EE.UU. permite a Trump terminar protecciones del TPS para migrantes de Haití y Siria. YSUCA, 26 de junio de 2026.