La Bermeja como política: El Faro documentó las fosas que el régimen enterró antes de notificar

Marvin Antonio Benítez Perlera murió el 26 de junio de 2022 en el penal de Mariona. Legalmente inocente en el momento de su muerte: detenido bajo el régimen de excepción, sin condena, sin juicio. Su pareja embarazada no lo supo de inmediato. Durante meses —hasta noviembre de 2022— siguió llevando paquetes al penal porque nadie le notificó. El Estado no solo no la llamó: siguió aceptando los paquetes. Benítez Perlera fue enterrado en una fosa común del cementerio La Bermeja.¹ Rafael López Castellón era víctima de extorsión de la MS-13; fue detenido bajo el régimen de excepción bajo acusación de "pertenencia" a la misma pandilla que lo saqueaba, y murió cincuenta y cuatro días después de su captura. Henry Eleazar Joya Jovel tenía discapacidad intelectual. Murió con hematomas faciales que las autopsias no explicaron; el informe forense consignó "edema pulmonar". Tres casos, un patrón: personas que el Estado detuvo sin condena, que murieron bajo su custodia, y que fueron enterradas sin notificación a sus familias en fosas comunes de La Bermeja, mientras Centros Penales seguía aceptando los paquetes de quienes no sabían que ya eran cadáveres.

El Faro publicó el 12 de junio de 2026 la investigación que reconstruye esos tres casos y establece su contexto estadístico: en los primeros seis meses del régimen de excepción, el diagnóstico de "edema pulmonar" aparece como causa de muerte en 36 de los 69 fallecidos documentados —un porcentaje que los médicos consultados no pueden explicar como coincidencia epidemiológica.¹ El Socorro Jurídico Humanitario cuenta 526 muertes bajo custodia estatal desde marzo de 2022. La única vía documentada para que los familiares vean a los presos del régimen —no obtener su liberación, solo verlos— es pagar entre $200 y $500 a una red de corrupción penitenciaria. Los reclusos con recursos pagan hasta $35.000 para ser trasladados temporalmente a hospitales privados donde pueden reunirse con abogados y familia. Lo que el reportaje expone no es un fallo del sistema: es el sistema. El mismo día, el editorial "Cruelty" de El Faro nombró con precisión a quienes lo operan: el ministro de Seguridad, el director de Centros Penales Osiris Luna Meza, el jefe de los escuadrones de tortura William Magaña Rodríguez alias "Montaña", los legisladores de Nuevas Ideas que votan cada prórroga del régimen, y el presidente Bukele.²

La crueldad no es el precio que el régimen paga por mantener el orden: es la herramienta con la que lo mantiene. Las fosas de La Bermeja no son un error de gestión. Son el punto donde el sistema produce lo que fue diseñado para producir.

Las fosas de La Bermeja y el "edema pulmonar" que firmó Osiris Luna

El régimen de excepción produce un número específico de muertos bajo custodia estatal: 526, según el conteo del Socorro Jurídico Humanitario a mayo de 2026. Esa cifra circula en los informes de las organizaciones de derechos humanos desde hace meses. Lo que el reportaje de El Faro agrega no es el número sino el mecanismo concreto por el cual esos muertos desaparecen del registro público: la autopsia con diagnóstico de "edema pulmonar" para personas con hematomas en el rostro, la fosa común sin nombre propio, la familia que no recibe notificación y que el penal sigue atendiendo con paquetes hasta que alguien —no siempre el Estado— termina diciéndoles lo que pasó.¹

Los tres casos documentados por El Faro convergen en el mismo procedimiento aunque sean biográficamente distintos. Marvin Antonio Benítez Perlera, detenido y muerto sin condena el 26 de junio de 2022 en Mariona, cuya pareja embarazada llevó paquetes hasta noviembre sin saber que ya no había nadie para recibirlos. Rafael López Castellón, arrestado por pertenecer a la misma pandilla que lo extorsionaba —una de las paradojas más brutales del régimen: el Estado capturó como pandillero al hombre a quien la pandilla victimizaba— muerto cincuenta y cuatro días después. Henry Eleazar Joya Jovel, con discapacidad intelectual, muerto con hematomas que el médico forense eligió no consignar como causa relevante. En los tres casos, el informe de autopsia registra causas que no permiten vincular la muerte con violencia ejercida por agentes del Estado. En los tres casos, las familias tardaron semanas o meses en enterarse.¹

El editorial "Cruelty" de El Faro elige la palabra con precisión política, no con énfasis dramático. El argumento es estructural: la crueldad del régimen no es comparable con la crueldad de las pandillas porque sean simétricas moralmente, sino porque ambas son funcionales al tipo de poder que ejercen. La crueldad pandilleril producía terror social; la crueldad estatal produce el terror necesario para que el poder sobre cuerpos encarcelados —cuerpos que el Estado ya no necesita mostrar, solo retener— sea operativamente estable. Osiris Luna Meza dirige Centros Penales. William Magaña Rodríguez "alias Montaña" comanda los escuadrones de tortura que El Faro identificó con nombre y función. Los legisladores de Nuevas Ideas que votan la 52ª prórroga son el parlamento que certifica que el mecanismo continúa. Que el editorial nombre esos vínculos en términos institucionales —no como acusaciones personales sino como descripción de una cadena de mando y responsabilidad— es exactamente lo que distingue la denuncia periodística de la denuncia moral: no pide que alguien se sienta mal, exige que alguien responda.²

Dos mil cincuenta y tres: el número que el régimen no publicita

Cuando La Prensa Gráfica estimó que El Salvador tiene 123.838 personas en prisión a mayo de 2026, calculó también la tasa: 2.053 por cada 100.000 habitantes.³ Es la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. El propio gobierno de Bukele, que convirtió la reducción de homicidios en su argumento político central, no publicita este número con la misma energía con que publicita la cadena de presos uniformados del CECOT. La razón es obvia: 2.053 presos por cada 100.000 ciudadanos no es un indicador de seguridad exitosa sino el registro de un Estado que detuvo a una fracción extraordinaria de su población sin posibilidad de escrutinio, dado que la información penitenciaria opera bajo reserva de confidencialidad por decreto.³

En el mismo ciclo, la Organización de las Naciones Unidas exigió la liberación inmediata del exalcalde Ernesto Muyshondt, detenido desde 2021, al concluir que su detención viola normas internacionales de derechos humanos.³ Que la ONU establezca esa conclusión de manera formal no modifica la situación de Muyshondt de modo inmediato: el historial del régimen con las medidas cautelares de la CIDH muestra que el Estado salvadoreño recibe las resoluciones internacionales, las archiva y continúa. Enrique Anaya cumple un año en prisión bajo aislamiento prolongado, con medidas cautelares de la CIDH que el Estado no ejecutó.⁴ La diferencia entre la exigencia de la ONU y la resolución de la CIDH es de formato, no de efecto.

El contraste que el régimen sí publicita es el de los 138 días sin homicidios acumulados en 2026: la PNC reportó que El Salvador lleva 1.127 días sin asesinatos desde la implementación del régimen de excepción. La cifra circula en los medios oficialistas como prueba de que el modelo funciona. Lo que la cifra no incluye son las 526 personas muertas bajo custodia estatal desde marzo de 2022, que no ingresan al conteo como homicidios porque el Estado las procesa como "muertes en custodia" y los médicos forenses las firman con diagnósticos que no generan registro penal. El "edema pulmonar" que apareció en 36 de 69 autopsias en los primeros seis meses del régimen es el mecanismo concreto que mantiene separados esos dos conteos. La tasa de homicidio cae; la tasa de encarcelamiento sube a récord mundial; las muertes bajo custodia se firman con diagnósticos que no permiten clasificarlas como lo que son. El Estado produce sus propias estadísticas con una precisión que no es descuido: es elección.

La Corte de Cuentas y el calendario de la captura

El 13 de junio de 2026, la Asamblea Legislativa inició el proceso de selección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República, el ente constitucional encargado de fiscalizar el manejo de los recursos públicos del Estado.⁵ El mandato de los magistrados actuales vence el 27 de agosto. Las postulaciones cierran el 26 de junio. La Comisión Política hará entrevistas y presentará candidatos. Nuevas Ideas, que mantiene mayoría propia en el Pleno, los elegirá.

La Corte de Cuentas no es un actor visible en el debate político cotidiano salvadoreño, pero su función es estructuralmente relevante: audita y fiscaliza el gasto del Ejecutivo, incluyendo las contrataciones directas, los fondos del presupuesto extraordinario que el régimen de excepción utilizó desde 2022, y las compras sin licitación que las organizaciones de sociedad civil documentaron como áreas de riesgo. La lista de instituciones bajo control directo del oficialismo es larga: la Fiscalía General de la República que no pudo construir el caso de terrorismo contra los veteranos de la Alianza Nacional, la Sala Constitucional que rechazó los amparos del régimen de excepción, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría de Derechos Humanos que archivó 2.094 denuncias sin tramitar. La CCR era una de las pocas instituciones del sistema de controles que el régimen todavía no controlaba formalmente. El proceso que la Asamblea inició el 13 de junio tiene fecha de cierre: 27 de agosto. Después de esa fecha, la arquitectura de la captura institucional que Bukele construyó desde 2021 habrá alcanzado al último ente fiscalizador independiente que le quedaba.⁵

El plazo que ya no tiene vuelta: los veteranos de la Alianza Nacional

La Unidad de Defensa de Derechos Humanos de Centroamérica confirmó el 13 de junio que la Fiscalía General de la República no solicitó prórroga en el proceso contra los nueve detenidos de la Alianza Nacional El Salvador en Paz.⁶ La ley ya no permite más prórrogas. El plazo de instrucción vence el 14 de junio: si la FGR no formula acusación formal, el tribunal debe dictar sobreseimiento definitivo. Lo que el reporte del 11 de junio anticipó como posibilidad —la FGR llegando al vencimiento con las manos vacías— se convirtió en certeza en las últimas 48 horas.

José Santos Melara y Luis Menjívar permanecen detenidos en delicado estado de salud. Las abogadas defensoras Ivania Cruz y Rudy Joya se encuentran en el exilio, desplazadas por persecución política vinculada al mismo caso. La PDDH de Raquel Caballero no respondió a las solicitudes de monitoreo médico presentadas por las organizaciones que acompañan el proceso.⁶ El Estado que detuvo a nueve personas bajo acusación de terrorismo tiene hasta mañana para demostrar que ese caso puede sostenerse. Lo que las organizaciones de derechos humanos señalan es la implicación que trasciende el expediente: si la FGR no puede formular acusación en dos años, el caso de terrorismo que montó para neutralizar la disidencia en el momento más delicado del segundo mandato de Bukele queda expuesto como lo que siempre fue —una detención sin sustancia probatoria, certificada por el sistema procesal que el propio régimen controla.

El 13 de junio de 2026, el régimen de Bukele opera con la coherencia de quien ya no necesita ocultar el mecanismo: lo tiene cubierto. Las fosas de La Bermeja son el extremo visible de un sistema penitenciario con 123.838 personas que el Estado no puede auditar porque declaró reservada su propia información. El "edema pulmonar" que el médico forense firmó sobre los hematomas de Henry Joya Jovel es la forma que el aparato burocrático toma cuando procesa un muerto que el régimen necesita que no cuente como homicidio. La Asamblea inicia el proceso de la Corte de Cuentas el mismo día en que El Faro publica las fosas; no es una coincidencia dramática: es el Estado trabajando en varios turnos al mismo tiempo. La ONU exige la libertad de Muyshondt; el Estado la archiva. La CIDH emitió medidas cautelares para Anaya; el Estado las ignoró un año. Los veteranos de la Alianza Nacional llegan al límite del plazo sin que la FGR haya podido construir el caso que justificaría dos años de prisión preventiva. Las instituciones del régimen no fallan en esos momentos: producen exactamente los resultados para los que fueron diseñadas. Lo que El Faro documentó en La Bermeja —tres muertos, tres fosas, tres familias sin notificación— no es la excepción que desmiente la narrativa de seguridad. Es la infraestructura que la sostiene.

Fuentes

1. No Trial, No Funeral: The Bukele Regime Buries Unconvicted Prisoners in Mass Graves. El Faro, 12 de junio de 2026.
2. Cruelty. El Faro editorial, junio de 2026.
3. El Salvador: dos de cada cien ciudadanos están presos. El Faro, junio de 2026.
4. Abogados internacionales piden cumplir medidas cautelares otorgadas a Enrique Anaya. Diario Co Latino, junio de 2026.
5. Asamblea inicia proceso para elegir a magistrados de la CCR. Diario Co Latino, 13 de junio de 2026.
6. UNIDEHC mantiene acompañamiento a veteranos en proceso dilatorio de dos años. Diario Co Latino, junio de 2026. Ver también: Organizaciones exigen liberación de veteranos a días de finalizar la fase de instrucción. Diario Co Latino, junio de 2026.