La Caja insubordinada, el Ejecutivo que anula y once días para HIF

El viernes 19 de junio de 2026 entregó a Uruguay una imagen que el almanaque no suele producir con tanta precisión: el Poder Ejecutivo firmó y envió al Senado un proyecto de 240 artículos para modernizar el Estado, desregular trámites y abrir el mercado, mientras en paralelo anunciaba que anulará la resolución de uno de sus propios organismos, que resistió en sesión y ratificó por cinco votos contra dos el cobro de timbres médicos que el propio gobierno había calificado de "inadmisible".¹ No es una inconsistencia de calendario: es la tensión estructural del momento político. El Estado uruguayo avanza simultáneamente en dos direcciones que no se anulan pero tampoco se explican sin esfuerzo; liberaliza en un flanco, centraliza en otro; propone más mercado para las aduanas y más poder de veto para el Ejecutivo sobre las cajas corporativas. Lo hace mientras once días lo separan del 30 de junio —la fecha límite que HIF Global tiene para cerrar negociación tarifaria con UTE y habilitar la decisión final de inversión para la planta de cinco mil trescientos ochenta y cinco millones de dólares en Paysandú.²

El viernes 19 de junio no tiene un hecho único que lo ordene. Lo que tiene son cuatro relojes corriendo en paralelo: el de la Caja, que obligó al Ejecutivo a responder antes del fin de semana; el de HIF, que impone una decisión diplomático-comercial antes del mes; el de Imprenta Casabó, donde los trabajadores evalúan ocupar la empresa el lunes si no hay acuerdo; y el de la Rendición de Cuentas, que el gobierno comprometió para el 8 de julio y que tendrá que responder preguntas que hoy abrió sin cerrar. El patrón del día no es el colapso institucional —fue el marco del jueves anterior— sino el de un gobierno que gestiona velocidades múltiples sin poder reducirlas todas al mismo tiempo.³

El mismo gobierno que desregula aduanas y deroga las carnicerías del domingo anuncia que anulará a su propia Caja de Profesionales. No es contradicción: es la semana en que el reloj manda más que el programa.

La Caja que no cedió

El directorio de la Caja de Profesionales sesionó el jueves 19 de junio y ratificó por cinco votos contra dos el cobro de 170 pesos por cada registro de consulta médica. Los dos votos contrarios fueron los representantes del Poder Ejecutivo, que según la diaria revirtieron una posición anterior.¹ La Junasa del MSP ya había alertado que la medida "configura un aumento indirecto de las tasas moderadoras y, por tanto, de las barreras económicas de acceso". El director de Seguridad Social Leonardo Di Doménico la había calificado de "inadmisible" el día anterior. La Caja sesionó igual, y votó igual.

El presidente de la Caja, Andrés Pérez, ofreció una salida que también es un diagnóstico: da marcha atrás si el Ejecutivo "aporta los recursos que necesita".⁴ La formulación condensa el problema real: la Caja de Profesionales tiene un déficit estructural que la reforma previsional de 2022 no resolvió y, según el propio Di Doménico, "agrava". Los servicios actuariales del BPS "recientemente han demostrado que, lejos de disipar el déficit estructural de nuestra previsión social, lo agrava, porque postergando la edad de retiro no se revierte". La reforma que prometía cerrar la brecha la ensanchó. La Caja busca ingresos donde puede —en este caso, vía timbres sobre el sistema de salud— porque el diseño del sistema no le dejó otra puerta abierta.¹

Lo que el gobierno anunció —anular la resolución— resuelve el conflicto inmediato pero no el estructural. La Rendición de Cuentas del 8 de julio es el próximo momento en que el déficit previsional puede tener respuesta presupuestal. Si la tiene, la Caja tiene una razón para no buscar fuentes alternativas. Si no, la misma discusión volverá en otra forma. El director Rodríguez Sanguinetti defendió la medida con una lógica que el Ejecutivo no puede desestimar por decreto: la Caja "dispone aplicar una norma preexistente cuya vigencia nunca fue derogada" y "las consideraciones de política sanitaria no tienen entidad para enervar la aplicación de una norma tributaria vigente". El gobierno puede anular la resolución. No puede anular la norma sin una derogación legislativa explícita, y ese trabajo todavía no está en ninguna agenda.¹

Los 240 artículos que el Senado recibió el mismo viernes

El proyecto de competitividad llegó al Senado el viernes: 159 páginas de articulado más 51 de exposición de motivos, ingresado en paralelo a la Rendición de Cuentas para tratamiento simultáneo.⁵ El título del proyecto condensa su filosofía: eliminar regulaciones anacrónicas, facilitar trámites y reducir la burocracia que frena la actividad económica. Tres elementos merecen escrutinio.

El primero es el autodespacho aduanero: habilita que personas con "idoneidad técnica" realicen sus propios trámites sin intervención obligatoria de despachantes. La medida ya fracasó en el Presupuesto quinquenal anterior por falta de respaldo; vuelve con requisitos más flexibles. El senador Botana (PN) la celebró como "una ley bien orientada";⁶ los despachantes de aduana, que ven en la medida el inicio de su desaparición como categoría profesional, llevarán el argumento a las comisiones parlamentarias. El segundo es el acceso de las entidades financieras al historial de pagos de los ciudadanos —incluyendo datos de DGI y BPS con consentimiento del titular— para evaluación crediticia y prevención de lavado. El proyecto aclara que la información se usará "exclusivamente" para esos fines; lo que no aclara es quién controla que la exclusividad se respete una vez que el dato circula. El tercero es la obligación de acompañar evaluaciones de impacto en nuevas regulaciones: todo proyecto del Ejecutivo deberá justificar "la necesidad y relevancia" y "alternativas viables". Es una práctica razonable que, sin mecanismo de control independiente, puede convertirse en un corsé para la regulación protectora.

Las derogaciones más visibles son también las más anacrónicas: la prohibición de vender alcohol en envases mayores a un litro (ley de 1941), la de que las carnicerías abran los domingos y la de importar camiones usados. Son señales de que el proyecto equilibra reformas sustantivas —algunas polémicas— con cambios que nadie puede defender porque nadie recuerda por qué existieron. La combinación es deliberada: es más difícil votar contra un proyecto que deroga la carnicería del domingo que contra uno que solo abre el historial de pagos a los bancos.⁵

El reloj de HIF y las 32.000 firmas que pueden invalidarse

La cronología que la diaria publicó el viernes condensa seis meses de tensiones en torno a la planta de e-combustibles de HIF Global en Paysandú: demanda argentina por el Estatuto del Río Uruguay, relocalización propuesta por el intendente Olivera a los predios de Ancap en Nuevo Paysandú, pulseada tarifaria con UTE, 17.000 firmas de Paysandú Soberano y 15.000 de la Intersocial.⁷ La ministra Cardona confirmó que las negociaciones con UTE están "absolutamente avanzadas". Eso es todo lo que confirmó.

La fecha del 30 de junio es la prórroga vigente para el cierre del acuerdo definitivo. Si se concreta, HIF tiene hasta diciembre para la decisión final de inversión —la que convierte el proyecto en construcción. Si no se concreta, la inversión más grande de la historia uruguaya no naufraga por falta de voluntad sino por falta de alineamiento entre el precio que HIF necesita (40 USD/MWh, el 70% de su costo operativo) y el que UTE puede aceptar sin comprometer su propia rentabilidad. La discusión tarifaria no es un detalle técnico: es la variable que determina si la planta se construye o no.⁷

Lo que la Corte Electoral agregó a este cuadro —al exigir huella dactilar para validar firmas de plebiscitos— pone en riesgo las 17.000 firmas ya recolectadas por Paysandú Soberano y las 15.000 de la Intersocial.⁸ Los colectivos reunieron las firmas bajo las condiciones vigentes antes de la resolución. La Corte cambió las reglas a mitad de proceso, con una resolución —no una ley— que Leonardo Belasi describió sin ambigüedad: "acá no hubo una ley, hubo una resolución. Se obvió la ley". Los movimientos socioambientales que usaron los instrumentos de la democracia directa para frenar un proyecto extractivo se encuentran ahora con que los instrumentos tienen bordes que se mueven según el momento.

En paralelo, los vecinos de Laguna del Cisne mantienen su rechazo a un emprendimiento inmobiliario de 200 hectáreas que amenaza el principal reservorio de agua dulce de la Costa de Oro —que abastece a unos 100.000 habitantes a través de OSE— y reclaman que los predios pasen a ser área protegida.⁹ En Bolívar, pueblo de Canelones, vecinos fueron al Parlamento el viernes para advertir que tendrían treinta minutos para evacuar si la represa de Casupá —proyecto del gobierno de Orsi sobre el río Santa Lucía— colapsara: 450 hectáreas de monte nativo serían aniquiladas. No hubo consulta previa.¹⁰

Cuando los movimientos sociales llenan planillas y la Corte cambia las reglas, cuando el gobierno construye represas y los vecinos piden treinta minutos para evacuar, el problema no es la democracia directa: es quién decide cuándo aplica.

El frente laboral que puede romper el lunes

Cuatro conflictos laborales activos en simultáneo configuran la semana más tensa del gobierno de Orsi con el movimiento sindical antes de la Rendición de Cuentas. La simultaneidad no es coincidencia: ocurre en un trimestre donde la inversión cayó 6,4% y la construcción se contrajo 3,4%.¹¹ Cuando la torta no crece, la distribución se convierte en disputa abierta.

En Imprenta Casabó —empresa del Grupo Mailhos, proveedor de Monte Paz y Burger King— dieciocho trabajadores recibieron la notificación de despido por WhatsApp o teléfono, varios de ellos delegados sindicales con treinta años de antigüedad, tras rechazar una propuesta de rebaja salarial.¹² El Sindicato de Artes Gráficas resolvió paro de 24 horas y movilización al MTSS. La Dinatra convocó una instancia tripartita sin acuerdo. La dirigente Nathalie Barbé denunció "impunidad total" y persecución sindical: la presidenta del sindicato fue impedida físicamente de ingresar a la reunión donde la empresa amenazó con nuevos despidos si continuaban las medidas gremiales. Los trabajadores evalúan ocupar la planta el lunes.

En Ancap-La Tablada, el MTSS solicitó formalmente al ente que dialogue con Fancap por el conflicto en la planta, enmarcado en la reestructura del ente y su déficit de recursos. Los directivos "ven difícil" que el directorio dialogue: es el mismo patrón que la Caja —un organismo con restricciones presupuestales que bloquea la negociación hasta que alguien externo interviene.¹³ En el sector farmacéutico, el Sindicato del Medicamento rechazó las propuestas patronales en los Consejos de Salarios. Y el SUNCA tiene convocado un paro nacional para el 1° de julio tras casi noventa días sin convenio en construcción —el sector que registró una caída de 3,4% en el primer trimestre.¹¹

La Ley de Empleo Integral aprobada por unanimidad esta semana —29 votos sobre 29 en el Senado— es la señal de que el gobierno puede construir consensos cuando el tema no fractura su base social. El diputado Diverio (FA) lo dijo con precisión: "no resuelve de fondo el tema, pero marca el camino correcto".¹⁴ Lo que no resuelve es el salario real de quienes ya trabajan, ni el convenio de la construcción, ni el conflicto de Casabó.

Lo que el viernes dejó corriendo

El viernes 19 de junio no produce un desenlace. Produce cuatro carreras sin línea de llegada visible. La Caja de Profesionales pierde la batalla del timbre pero no pierde el déficit que la empujó a buscarlo. El proyecto de competitividad entra al Senado con 240 artículos que pasarán meses en comisión antes de que alguien sepa cuáles sobreviven. HIF tiene once días para cerrar un número que hasta ahora nadie confirmó públicamente. Imprenta Casabó tiene hasta el lunes.

La economista Cecilia Rikap advirtió el viernes algo que conecta todos estos hilos desde abajo: el riesgo de Uruguay es "desarrollar una política de crecimiento disfrazada de política de desarrollo" al atraer inversión tecnológica sin cuestionar el extractivismo de datos que conlleva.¹⁵ El proyecto de competitividad da acceso de datos a los bancos. HIF extrae hidrógeno del viento y el agua de la cuenca del Santa Lucía. Los vecinos de Laguna del Cisne defienden un reservorio que OSE administra para 100.000 personas. Lo que Rikap —y Luis Porto desde el BID, que propuso que UTE y Antel funcionen como "arquitectas de redes de desarrollo" en lugar de meras proveedoras de insumos baratos— nombran es la pregunta que el 30 de junio no va a responder: ¿a quién sirve la inversión cuando el Estado no controla el recurso que la hace posible?¹⁶

El ministro Negro admitió en comisión parlamentaria que el segundo trimestre mostrará una "leve suba" de homicidios y heridos de arma de fuego, revirtiendo la caída del 9,2% del primero. La Fiscalía pidió declaración y desarme de los efectivos que participaron en el allanamiento del Borro. El excanciller Bustillo fue separado del cargo con retención del 50% del sueldo en el marco del sumario por el caso Marset, abriendo una grieta dentro de la coalición con la acusación de "venganza política" desde el Partido Colorado.³ Son los bordes del cuadro: la seguridad que no mejora al ritmo prometido, la justicia que avanza por casos y la coalición que cruje por dentro mientras el gobierno gestiona los cuatro relojes del viernes. La Rendición de Cuentas del 8 de julio es el momento siguiente en que el gobierno puede mover alguno de estos marcadores. Si no lo hace ahí, los relojes no paran.

Fuentes

1. Caja de Profesionales ratificó cobro de timbres a actuaciones médicas, con la oposición de los representantes del Ejecutivo. la diaria, 19 junio 2026. | Gobierno tiene decidido anular decisión de la Caja de Profesionales sobre timbres en registros médicos. El Observador, 19 junio 2026.
2. Entre la esperanza y la incertidumbre: la larga carrera de HIF Global hacia Paysandú en 2026. la diaria, 19 junio 2026.
3. Negro informó que las cifras de homicidios y heridos por armas de fuego del segundo trimestre tendrán una "leve suba". la diaria, 19 junio 2026. | Adolescente abatido: por protocolo, Fiscalía pidió declaración y desarme de los policías. Subrayado, 19 junio 2026. | Inician sumario a Francisco Bustillo y le retienen 50% del sueldo por caso Marset. Subrayado, 19 junio 2026.
4. Caja de Profesionales dispuesta a dar marcha atrás al cobro de timbres si el Ejecutivo aporta los recursos. Subrayado, 19 junio 2026. | Gobierno anulará que Caja de Profesionales cobre timbres por registro de consultas médicas. Montevideo Portal, 19 junio 2026.
5. Proyecto de competitividad incluye el autodespacho aduanero y obliga al Ejecutivo a justificar nuevas regulaciones. la diaria, 19 junio 2026.
6. Proyecto de competitividad del Ejecutivo ingresó al Senado: "una ley bien orientada", aseguró Botana. Subrayado, 19 junio 2026.
7. Entre la esperanza y la incertidumbre: la larga carrera de HIF Global hacia Paysandú en 2026. la diaria, 19 junio 2026. | Ambientalistas resisten la instalación de la planta HIF en Paysandú: "otro pacto colonial". Caras y Caretas, 19 junio 2026.
8. Corte Electoral exigirá huellas para habilitar plebiscitos y colectivos advierten que se cambian "las reglas sobre la marcha". la diaria, 19 junio 2026.
9. Vecinos de Laguna del Cisne, firmes en contra de desarrollo inmobiliario. El Megáfono, 19 junio 2026.
10. El pueblo tendría 30 minutos para ser evacuado: el miedo de los vecinos de Bolívar ante la represa de Casupá. El Observador, 19 junio 2026.
11. La economía uruguaya creció 0,9% en el primer trimestre, en términos interanuales, según el BCU. la diaria, 19 junio 2026.
12. Tras los 18 despidos, trabajadores de Imprenta Casabó podrían ocupar la empresa el lunes. la diaria, 19 junio 2026. | Barbé denunció "impunidad total" por los 18 despidos de Imprenta Casabó. Caras y Caretas, 19 junio 2026.
13. Ministerio de Trabajo solicitó a Ancap que negocie con los trabajadores por el conflicto en La Tablada. la diaria, 19 junio 2026.
14. El Parlamento dio sanción definitiva a la Ley de Empleo Integral que presentó el Poder Ejecutivo. la diaria, 19 junio 2026.
15. La "obsesión por el crecimiento" vuelve al progresismo "cómplice" de las gigantes tecnológicas, advierte experta argentina. la diaria, 19 junio 2026.
16. Desarrollo endógeno con equidad: el rol de las empresas públicas. Luis Porto (BID), la diaria, 19 junio 2026.