La decisión está tomada y las cámaras del Borro no cooperaron

El miércoles 24 de junio de 2026 entrega dos hechos que deberían cortocircuitar entre sí y no lo hacen porque el gobierno maneja los ritmos con instrumentos separados. Primero: la abogada de la familia de Brian Leites —el adolescente de 16 años muerto el 18 de junio en un allanamiento en el Borro— afirmó ante la prensa, tras acceder a los videos de las cámaras corporales GoPro, que el adolescente "en ningún momento se lo ve levantando el arma", que el policía disparó a los dos segundos de ingresar y que la voz de alto se dio después de los disparos, no antes.¹ Tres medios —Subrayado, El Observador y Teledoce— informaron la misma descripción de los videos. El ministro Carlos Negro había respaldado el operativo el mismo día de la muerte afirmando que "está todo filmado porque los policías llevaban cámaras corporales", como si la tecnología garantizara automáticamente la corrección del procedimiento. Lo que los videos muestran, según la defensa, es exactamente lo contrario: la filmación que el gobierno exhibió como garantía desmiente la versión oficial.

Segundo: ese mismo miércoles, el presidente Yamandú Orsi cerró el debate que él mismo había abierto el martes al reconocer la falta de marco jurídico. "La decisión está tomada", dijo. "No podemos escatimar" en seguridad. Y respondió directamente a su ministro de Defensa, Juan Castillo, quien el martes había cuestionado que "las calles estén patrulladas por camiones del Ejército no es una buena cosa".² El senador Óscar Andrade —del propio Frente Amplio, histórico referente del PIT-CNT— fue más preciso que Castillo en su disidencia: "El personal militar está preparado para la guerra, no para seguridad. Poner en el operativo a alguien que no está preparado para seguridad, sino para la guerra, no parece razonable."³ Estos dos hechos no se anulan entre sí pero sí se contaminan: el gobierno despliega una decisión de seguridad reforzada mientras la evidencia sobre la conducta policial en el Borro transita un camino opuesto al que el ministerio trazó.

Orsi cerró el debate sobre los blindados el mismo día que los videos del Borro lo reabrieron. Lo que une los dos hechos no es una conspiración ni un error de comunicación: es la distancia entre la lógica del anuncio presidencial y la lógica de la evidencia judicial.

El video que Negro exhibió como garantía y la versión que desmontó

El ministro del Interior Carlos Negro planteó la filmación corporal como argumento de autoridad cuando respaldó el operativo del 18 de junio en el Borro. "Está todo filmado porque los policías llevaban cámaras corporales", sostuvo ante la Comisión de Seguridad del Parlamento, en el mismo contexto en que defendió la decisión de desplegar los 12 vehículos Mamba.¹ La abogada Leticia Latorres, representante de la familia de Brian Leites, accedió a esos videos esta semana. La descripción que entregó a tres medios distintos es incompatible con la versión policial: el adolescente "en ningún momento se lo ve levantando el arma"; el policía disparó a los dos segundos de ingresar al domicilio; la voz de alto se dio después de los disparos, no antes; y Brayan corría con el arma apuntando al piso.¹

La fiscal de Homicidios de 4° Turno, Silvia Naupp, tiene la investigación. Es ella quien determina si la conducta policial configura un homicidio en exceso de fuerza legítima o un procedimiento ajustado a protocolo. Pero el daño político no espera el fallo judicial: el secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez había adoptado el mismo marco apologético que Negro —"tuvimos un primer tiempo regular, en el segundo tiempo hicimos cambios"—, y ese marco ahora tiene un contraargumento que no proviene de la oposición sino de las propias cámaras que el gobierno eligió destacar.⁴ Si los videos muestran lo que la defensa afirma, el operativo del Borro pasa de "procedimiento con evidencia de corrección" a un episodio bajo investigación por uso letal de fuerza sin advertencia previa en una vivienda con menores.

Lo que el análisis de Antonio Ladra había formulado antes de que los videos fueran conocidos cobra nuevo peso: "Doce vehículos blindados no cambian por sí solos el mapa del delito. El efecto suele ser desplazamiento geográfico del delito."⁵ La llegada de los Mamba no llegó en un vacío: llegó en la semana en que la muerte del Borro, el femicidio de Valeria Medero en Tres Ombúes y el asesinato del adolescente de 14 años en Maldonado acorralaron al gobierno con la urgencia de mostrar acción de fuerza visible. El problema es que "mostrar acción" y "explicar los muertos" son dos lógicas que no se alinean cuando los videos no cooperan.

La decisión que el presidente tomó y el FA empezó a discutir

El martes 23 de junio, en Paysandú, Orsi había reconocido que "hay que resolver la mejor forma jurídica". El miércoles 24 de junio, en Montevideo, lo corrigió: "La decisión está tomada. No podemos escatimar."² El giro en 24 horas no fue anecdótico: vino después de que su ministro de Defensa, Juan Castillo, se distanciara públicamente de la medida. "Las calles estén patrulladas por camiones del Ejército no es una buena cosa", afirmó Castillo el martes, poniendo sobre la mesa la objeción que varios legisladores del FA habían mantenido en voz baja.²

Orsi respondió a Castillo con la autoridad presidencial que la situación reclamaba. "Acá no es un tema de imagen, acá es un tema de acción y resolver", dijo, marcando que el debate interno ya estaba resuelto desde la cima.² Pero la cima no silencia las voces que emergen desde la base. El senador Andrade llevó el cuestionamiento al plano técnico: "El personal militar está preparado para la guerra, no para la seguridad. Ante un incidente, vas a tener a alguien preparado para la guerra, no para los temas de seguridad. No parece razonable." Y agregó el argumento que ningún defensor de la medida respondió con precisión: "Para desmontar una banda criminal parece mucho más importante el trabajo de inteligencia financiera, pasar donde lavan el dinero. Son otros los circuitos donde tenés que ser eficaz y para nada de eso te ayuda el mamotreto."³

El secretario Sánchez intentó aclarar el flanco constitucional: "No es que las Fuerzas Armadas van a ocuparse de la seguridad interna."⁴ Pero la distancia entre esa fórmula y la realidad operativa no la cierra ninguna declaración: si militares conducen blindados en patrullajes de barrios, están insertos en el dispositivo de seguridad interna, independientemente del verbo elegido para describirlo. La ley de vigilancia fronteriza excluye expresamente los "centros poblados" del ámbito de actuación militar. La pregunta que el senador blanco Pablo Abdala formuló el lunes —"si son conducidos por militares, requiere ley"— sigue sin respuesta formal. El Consejo de Ministros del viernes 27 definirá el encuadre. Ese mismo viernes es el 53° aniversario del golpe del 27 de junio de 1973.

Seis días para una Rendición que no puede contentar a todos

La cuenta regresiva hacia el 30 de junio —plazo de envío de la Rendición de Cuentas— organiza el resto del tablero político del miércoles. Fenapes convoca a paro nacional de 24 horas para el jueves 26 bajo la consigna "quebremos el cero". La CSEU reclamó reunión con el presidente antes del vencimiento. El secretario general de Fenapes, Emiliano Mandacen, articuló la posición sindical con precisión: "Hay que empezar a discutir no solo políticas compensatorias, sino políticas de cambio estructural. La pobreza infantil requiere eso. Uno de esos elementos es el 1% al 1% más rico."⁶ La ANEP pedirá unos 3.000 millones de pesos adicionales que "no cuentan con respaldo del Poder Ejecutivo", según reconoció la propia confederación sindical educativa.

Del otro lado del corredor fiscal, la Asociación Rural del Uruguay exigió una rebaja del 15% en el gasoil a partir del 1° de julio, denunciando que el combustible se encareció cerca del 30% desde febrero —de $48,90 a $61,76 el litro para el gasoil 50-S.⁷ La doble presión —sindicatos que reclaman más gasto, ruralistas que reclaman menos costos— dibuja el corredor en el que el equipo económico tiene que navegar. El ministro Oddone defendió en la interpelación del lunes que la Rendición incluirá "reasignaciones" para financiar transferencias a la infancia sin aumentar el gasto global. El senador Andrade señaló en esa misma sesión la inconsistencia que nadie resolvió: "No nos dicen de dónde ahorra para que el gasto global sea menor y no vaya a generar nuevas formas de recaudación. Ese planteo no cierra."

Una señal que abre un margen, aunque pequeño: la presidenta del BPS, Jimena Pardo, anunció que las jubilaciones y pensiones mínimas tendrán un aumento adicional del 1% a partir del 1° de julio, alcanzando a 115.000 personas.⁸ No cambia la ecuación de la Rendición, pero señala que el gobierno entiende la presión distributiva y busca anticiparse con los instrumentos que tiene disponibles antes del 30.

El otro flanco institucional del día es la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU). El gobierno envió nota rechazando la invitación a negociar el timbre de $170 sobre consultas médicas e insistiendo en que buscará el mecanismo para anular la resolución. El problema legal es preciso: los delegados del Poder Ejecutivo votaron a favor de la resolución del 28 de mayo y no pueden activar el mecanismo de revisión. El camino que queda, según el magíster en Derecho Administrativo Miguel Pezzutti, requiere que un interesado presente recurso de nulidad, los delegados voten en contra, y así elevar la cuestión al Ejecutivo.⁹ El presidente de la Caja, Andrés Pérez, anticipó que si se publica un decreto "la Caja va a recurrirlo". Es un conflicto entre el gobierno y un ente público no estatal con el mayor nivel de independencia de la administración, donde el instrumento que el gobierno eligió para resolver —negativa y amenaza de anulación— no tiene el respaldo legal que necesita para ejecutarse sin litigio.

El extractivismo que no admite pausa

El miércoles también tuvo una presentación que el ritmo político tiende a hundir en el ruido. Redes-Amigos de la Tierra y el Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales (IECA) presentaron una iniciativa para regular la expansión forestal y proteger las cuencas hídricas. Los científicos Marcel Achkar e Ismael Díaz demostraron que hasta los estudios financiados por las propias empresas forestales confirman el impacto negativo del monocultivo sobre el agua y los suelos —y que "el sistema político invisibiliza el tema".¹⁰ Karin Nansen, de Redes, advirtió sobre la concentración de tierras y el desplazamiento de poblaciones rurales que genera el modelo.

La iniciativa llega en un contexto que hace su argumento difícil de ignorar: el gobierno prepara la licitación de Casupá —que destruiría 450 hectáreas de monte nativo sobre el Santa Lucía— y esta semana recurrió a importaciones masivas de energía eléctrica de Brasil porque las reservas de agua y gasoil no alcanzan para el invierno.¹¹ La matriz "98% renovable" que Oddone exhibió como activo diferencial frente a Botana convive con una vulnerabilidad operativa que el invierno destapó en tiempo real. Y HIF Global, que prometió ser la inversión del siglo, demanda energía barata y agua del río Uruguay para producir e-combustibles que se exportarán a Alemania mientras Paysandú Soberano acumula 17.000 firmas en contra. Lo que une la forestación, Casupá, HIF y la dependencia energética de Brasil es un patrón que la presentación del IECA nombró con precisión: el Estado administra recursos naturales estratégicos como si la extracción no tuviera costo territorial, y las comunidades que dependen de esos recursos tienen voz consultiva pero no poder de veto.

Crysol —organización de personas expuestas a sustancias peligrosas en el trabajo— solicitó formalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que "acelere" el diálogo con el gobierno uruguayo por la incompatibilidad de la Prestación por Edad y Riesgo (PER) con estándares internacionales de derechos laborales.¹² Es un escalamiento al ámbito internacional de un problema de salud laboral que el Estado uruguayo ha dejado sin reforma normativa. Llega tres días antes del aniversario del golpe, en la semana en que el convenio MEC-INDDHH-Udelar para sistematizar archivos de detenidos desaparecidos avanza en paralelo a la placa de memoria vandalizada en el Batallón 11 de Minas.

El patrón estructural del miércoles no admite lectura de conjunto cómoda: el presidente endureció cuando la evidencia cedía; el partido cerró filas cuando las voces internas se abrían; el gobierno rechazó negociar un timbre que no sabe cómo anular; los sindicatos se posicionan para la Rendición que llega sin el presupuesto que pedían; y los científicos presentan datos que el sistema político ignora mientras licita la represa y promete el hidrógeno. La fiscal Naupp tiene los videos del Borro. El Consejo de Ministros del viernes tiene la decisión de los blindados. Y el reloj del 30 de junio sigue corriendo sobre todo eso.

Fuentes

1. Adolescente abatido en el Borro: "En ningún momento se lo ve levantando el arma". Subrayado, 24 junio 2026. | Defensa del adolescente abatido en el Borro dice que las cámaras corporales contradicen la versión del policía. El Observador, 24 junio 2026. | Adolescente abatido: no le apuntó a los agentes según registros de cámara GoPro. Teledoce, 24 junio 2026.
2. "Acá no es un tema de imagen, es un tema de acción y resolver": Orsi dijo que la decisión sobre patrullaje con blindados ya está tomada. Teledoce, 24 junio 2026. | Orsi dijo que "la decisión está tomada" sobre vehículos militares: "No podemos escatimar". Montevideo Portal, 24 junio 2026. | "La decisión está tomada", dijo Orsi: los vehículos del Ejército para patrullar barrios "no es un tema de imagen". Subrayado, 24 junio 2026.
3. Óscar Andrade afirmó que no le convence que los militares participen en seguridad. YouTube, 24 junio 2026.
4. Sánchez sobre blindados del Ejército en operativos policiales: "No es que las Fuerzas Armadas van a ocuparse de la seguridad interna". El Observador, 24 junio 2026. | Sánchez descartó que los militares se hagan cargo de la seguridad pública. Caras y Caretas, 24 junio 2026.
5. Los Mamba para patrullar barrios — El análisis de Antonio Ladra. YouTube, 23 junio 2026.
6. Noticias del miércoles 24 de junio de 2026. En Perspectiva, 24 junio 2026.
7. La Federación Rural exige señales claras, menos costos y más competitividad. Todo Campo, 24 junio 2026.
8. Jubilaciones y pensiones mínimas tendrán un aumento adicional a partir del 1° de julio. Caras y Caretas, 24 junio 2026.
9. Gobierno rechaza negociar con la Caja de Profesionales e insiste en anular el timbre: ¿qué alternativas tiene?. El Observador, 24 junio 2026.
10. "Es hora de poner límites": presentaron iniciativa que regula la forestación y brinda más condiciones de vida digna. la diaria, 24 junio 2026.
11. Ante el invierno, Uruguay recurre a energía de Brasil para cuidar reservas de gasoil y agua. El Observador, 24 junio 2026. | Gobierno lanzará en los próximos días la licitación para la represa de Casupá. Semanario La Prensa, 24 junio 2026.
12. Crysol solicitó formalmente a la CIDH "acelerar" el diálogo con el gobierno uruguayo por la incompatibilidad de la PER. la diaria, 24 junio 2026.