La jueza cierra el crimen de 1974, el jefe de policía abre el expediente de las balas

El viernes 12 de junio de 2026 condensa, con precisión quirúrgica, la brecha entre lo que el Estado uruguayo puede cerrar y lo que todavía no puede regular.¹ La jueza Isaura Tórtora procesó con prisión preventiva a tres militares retirados —Glauco Yanone, Mario Aguerrondo y Gustavo Criado— por la desaparición forzada del militante comunista Eduardo González González, secuestrado en su domicilio de Pocitos en diciembre de 1974 y asesinado bajo tortura en el Regimiento de Caballería 6.² Los restos nunca aparecieron. La dictadura declaró que se había fugado. Cincuenta y dos años después, la Justicia nombra el crimen como lo que fue y lo procesa como un delito permanente: mientras no se conozca el destino final de la víctima, la desaparición forzada no prescribe. En el mismo día, el nuevo jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, admitió en entrevista con Sarandí que el país «no tiene una regulación estricta y firme en torno a la munición y a la venta de munición» y que «como país debemos regular mucho más».¹ El Estado avanza en el pasado con fuerza institucional real. En el presente, no sabe cuántas balas circulan.

Ese mismo viernes, la Organización Internacional del Trabajo formalizó su mandato sobre la ley 18.566 de negociación colectiva —pieza clave del primer gobierno del Frente Amplio, aprobada en 2009 bajo Vázquez— e instó al gobierno a «adoptar las medidas legislativas necesarias», dándole plazo hasta el 1° de setiembre para informar avances.³ La paradoja no está en que la OIT tenga razón o no: está en que el organismo que los empresarios usaron como segunda instancia tras no lograr sus objetivos en el Diálogo Social termina fallando de un modo que obliga al FA a reabrir una ley que construyó como señal de identidad. Mientras tanto, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, adelantó que Orsi le dio «la certeza» de que el acuerdo con HIF Global —una planta de hidrógeno verde de más de cinco mil millones de dólares— estaría cerrado a fines de junio, mientras el sindicato AUTE advierte que la operación generaría pérdidas de setenta y cinco millones de dólares anuales para UTE.⁴ El mismo gobierno que no regula las balas que circulan hoy está a días de cerrar un acuerdo que su propio sindicato eléctrico dice que subsidiará a una multinacional extractivista con recursos de la empresa pública.

Un Estado que avanza en la justicia histórica y se atranca en el presente no es inconsecuente: es un Estado que sabe cómo cerrar lo que ya pasó y todavía no aprendió a regular lo que pasa ahora mismo.

El Estado que no cuenta sus propias balas

El ministro Carlos Negro presentó los cambios en la cúpula policial como una «reasignación de perfiles»: Alfredo Clavijo pasa de subdirector nacional a jefe de Policía de Montevideo, Pablo Lotito asume la dirección de Investigaciones, Julio Sena ocupa la subdirección nacional.¹ Clavijo confirmó la narrativa en Sarandí: no es un castigo sino mover «a los mejores en el campo de juego». La formulación es políticamente impecable y tácticamente comprensible: el gobierno no admite derrota ante la ola de violencia que registra homicidios, balaceras y tres policías atacados en menos de una semana. Un hombre de 54 años asesinado en Villa Española con trece disparos detectados por ShotSpotter; un hombre de 39 años baleado en Pinares, Maldonado; un joven de 24 años grave tras ser atacado en Plácido Ellauri —todo el 12 de junio.¹ Un policía de 26 años baleado dos veces en una pierna en Punta de Rieles al intentar frenar un rapiñero que le quitó el arma de reglamento. El nuevo jefe de la capital reconoció que los hechos en Los Sueños y Manga «parecen una demostración de fuerza», y dijo que la respuesta debe ser «una demostración de fuerza mayor».

Lo más revelador de Clavijo no fue esa declaración sino el diagnóstico que la precede. «Mucha de esa munición tuvo un ingreso ilícito al país —admitió—, pero también es cierto que no tenemos una regulación estricta y firme en torno a la munición y a la venta de munición.»¹ Prometió un decreto reglamentario. La promesa de un decreto sobre la venta de balas en 2026, en un país donde los homicidios aumentan y donde el ShotSpotter detecta ráfagas en asentamientos con regularidad creciente, no es una solución: es el reconocimiento de que el Estado tardó. El plan operativo que Clavijo anunció —tótems en la Seccional Décima, centro de análisis y monitoreo con georreferenciación en tiempo real, unidad antipandillas— tiene lógica táctica. Pero el hueco que él mismo nombró es estructural: si el canal de la munición ilegal es difícil de cerrar, la regulación del canal legal es lo mínimo que el Estado debería haber hecho antes. No lo hizo. El primer reconocimiento público viene del jefe entrante.

Ese mismo día, los camioneros autoconvocados —en conflicto desde antes de que la Intergremial firmara con el MTOP— coparon la Rambla Portuaria y marcharon al Palacio Legislativo.⁵ El Sutcra denunció agresiones de transportistas contra trabajadores del sector. El diputado Olaizola pidió informes al Interior por los controles de Policía Caminera. Es la tercera semana de un conflicto que el acuerdo con la Intergremial no resolvió porque los autoconvocados nunca reconocieron a la Intergremial como representante. El gobierno negoció con quien podía negociar y los que no negocian siguen en la calle.

La OIT y la ley que los empresarios no pudieron derogar

El hilo que empezó el 9 de junio —cuando los empresarios llevaron su denuncia contra la ley 18.566 de Consejos de Salarios a Ginebra— cerró esta semana con un giro que ningún actor esperaba exactamente así.³ La Comisión de Aplicación de Normas de la OIT debatió el caso uruguayo más de cuatro horas y emitió su conclusión: instó al gobierno a «adoptar las medidas legislativas necesarias, en particular la modificación del artículo 12 de la ley 18.566», con plazo al 1° de setiembre para informar avances. El subsecretario de Trabajo, Hugo Barreto, dijo que «Uruguay nunca debió haber sido incluido en la lista». El representante empresarial Fernando Yllanes recordó que el caso lleva «diecisiete años sin resolverse». El secretario general del PIT-CNT, José Olivera, formuló la dimensión política de lo que estaba ocurriendo: «Lo que está en disputa es si Uruguay seguirá siendo un país donde el trabajo organizado tenga voz».

El dato más incómodo para el gobierno es que la estrategia empresarial —usar la OIT como segunda instancia después de no obtener todo lo que querían en el Diálogo Social— produjo un resultado con forma de mandato real, aunque limitado. La OIT no derogó la ley 18.566: la impugnó en un artículo específico y le puso fecha. El FA llega al debate parlamentario sobre la ley de su primer gobierno —construida como señal de identidad del modelo laboral progresista— desde una posición en la que un organismo internacional con plena legitimidad le exige modificarla. No es lo mismo que si lo hubiera pedido solo el capital. Antes del 1° de setiembre, el gobierno debe mostrar avances concretos o explicar qué hizo para producirlos. La pulseada con el PIT-CNT —que defendió la ley en Ginebra— no termina en Ginebra: sigue en el Parlamento, que recibe la Ley de Empleo el martes con modificaciones de la oposición ya anunciadas.

HIF Global: la certeza que AUTE no comparte

El intendente Nicolás Olivera fue preciso en Subrayado: Orsi le garantizó que «a fines de junio estaría cerrado» el acuerdo con HIF Global para la planta de hidrógeno verde en Paysandú.⁴ La planta demandará más de cinco mil millones de dólares de inversión y generaría entre mil quinientos y tres mil empleos durante la construcción. El memorando original venció en marzo de 2026 y fue prorrogado hasta junio. La empresa exige dos condiciones que el gobierno todavía no formalizó por escrito: certeza sobre el precio de la energía y relocalización en un terreno de Ancap. Paysandú lleva décadas necesitando inversión industrial de esa escala. El argumento de los empleos es real y políticamente potente.

AUTE puso los números en la mesa el mismo día y no cuadran con el festejo.⁴ El sindicato de UTE calculó que UTE vendería energía a HIF Global a un precio inferior al costo de compra —el Estado uruguayo produce más energía renovable de la que consume en ciertos picos, pero el costo financiero de esa producción no desaparece—, generando pérdidas de setenta y cinco millones de dólares anuales. AUTE formuló la denuncia con una frase que el gobierno tendrá que responder: el acuerdo «resigna fondos de políticas públicas para subsidiar a una multinacional extractivista que exportará el combustible sintético». La paradoja no es nueva en la economía uruguaya, pero el dato es nuevo. El Estado que redujo el IVA a la canasta básica para aliviar el costo de vida de los hogares más vulnerables estaría, si AUTE tiene razón, subsidiando con energía barata la exportación de combustible sintético al mercado europeo. La pregunta que el gobierno no respondió todavía es si los setenta y cinco millones de dólares anuales de pérdida proyectada están dentro del cálculo del beneficio esperado o si el cálculo no se hizo.

El mismo viernes, el BCU aprobó la compra del cien por ciento de HSBC Uruguay por BTG Pactual, el banco brasileño, por unos ciento setenta y cinco millones de dólares.⁶ La operación, anunciada hace meses y aprobada luego de la revisión regulatoria del BCU, significa que el mercado bancario uruguayo suma otro actor de capital brasileño. No es una noticia dramática, pero el timing dice algo: el mismo día en que el gobierno da certeza a la inversión extranjera más grande de su mandato, el sistema financiero reorganiza silenciosamente su estructura de propiedad.

La desaparición que el crimen intentó enterrar dos veces

Eduardo González González fue secuestrado en su casa de Pocitos el 11 de diciembre de 1974. Era militante del Partido Comunista Revolucionario, tenía veintisiete años. Efectivos de las Fuerzas Conjuntas lo trasladaron al Regimiento de Caballería 6. Fue torturado hasta la muerte. La dictadura emitió un comunicado informando que se había «fugado». Los restos nunca aparecieron.²

El 12 de junio de 2026, la jueza Isaura Tórtora procesó con prisión preventiva a Glauco Yanone, Mario Aguerrondo y Gustavo Criado por desaparición forzada. El fundamento jurídico de la imputación es el mismo que organiza todo el sistema de justicia transicional uruguayo: la desaparición forzada es un delito permanente mientras no se conozca el destino final de la víctima. Sin restos, sin paradero confirmado, el crimen no tiene fecha de vencimiento. La dictadura intentó enterrarlo dos veces: primero con el cuerpo, después con la mentira. La justicia llegó cincuenta y dos años tarde, pero llegó con ese argumento intacto.

El contraste con el episodio del Ejército documentado la semana previa —cuando Brecha reveló que una abogada defensora de represores fue designada asesora jurídica del comandante en jefe— no es solo institucional: es de señales. El Estado tiene dos velocidades en DDHH. La Justicia penal avanza, produce hechos, nombra crímenes y les da forma de sentencia. La señal institucional del Ejército retrocede, nombra a quien defiende la prescriptibilidad de esos mismos crímenes como asesora de su comandante. El 12 de junio, los dos movimientos ocurrieron al mismo tiempo, aunque en instancias distintas. La ministra Sandra Lazo dijo la semana pasada que «no vino al Ministerio a mirar para el costado». El procesamiento de la jueza Tórtora es lo que parece cuando el Estado mira de frente. La designación de Figueredo es lo que parece cuando mira para el costado.

En paralelo, la politóloga Camila Zeballos publicó en Caras y Caretas el diagnóstico más directo sobre el gobierno de Orsi que circuló esta semana: «Un gobierno de izquierda no puede presentar una Rendición de Cuentas con gasto cero».⁷ Zeballos cuestionó la «revolución de las cosas simples», la falta de perfil presidencial de Orsi y la dificultad del gobierno para «elegir un tema y acelerar a fondo». La Ley de Competitividad de 240 artículos que Oddone presenta como reforma de Estado —y que Zeballos ironizó preguntando si «entregar contenedores para resolver una vivienda» es política de izquierda— llega al Senado la semana próxima. Los paros zonales de ADES empiezan el lunes y el paro general docente es el jueves 18.

Lo que el viernes 12 de junio deja visible no es un gobierno en crisis sino un Estado con asimetrías de capacidad muy precisas. Puede procesar militares, puede regular los trámites de importación, puede autorizar que BTG compre HSBC, puede dejar que los apartamentos se achiquen hasta los cuarenta metros cuadrados con exoneraciones de interés social. Lo que todavía no puede —o no quiso— es contar cuántas balas circulan por sus asentamientos, hacer que AUTE y HIF Global cuadren sus números antes del cierre, o reformar el artículo 12 de la ley 18.566 sin que la OIT tenga que pedírselo. La pregunta de Zeballos —para cuándo la aceleración a fondo— suena más urgente después de un día en que la única aceleración visible llegó desde el juzgado.

Fuentes

1. Noticias del viernes 12 de junio de 2026. En Perspectiva, 12 junio 2026. | Alfredo Clavijo, Jefe de Policía de Montevideo, en Informativo Sarandí. Sarandí 690 YT, 12 junio 2026.
2. Noticias del viernes 12 de junio de 2026 — procesamiento de militares. En Perspectiva, 12 junio 2026.
3. El regreso de la OIT: gobierno debe modificar una ley insignia de la primera administración del Frente Amplio. El Observador, 12 junio 2026.
4. Olivera adelantó que Orsi le dio "la certeza" de que a fines de junio estaría cerrado el acuerdo con HIF Global. Subrayado, 12 junio 2026. | ¿Puede el proyecto HIF Global generar pérdidas a UTE? Esto dice AUTE. Caras y Caretas, junio 2026.
5. Camioneros autoconvocados en Rambla Portuaria. En Perspectiva, 12 junio 2026.
6. BTG Pactual recibe la aprobación final del Banco Central para adquirir HSBC Uruguay. Correo Punta del Este, 12 junio 2026.
7. "Un gobierno de izquierda no puede presentar una Rendición de Cuentas con gasto cero". Caras y Caretas, 12 junio 2026.