La PNC mapeó los ojos privados de la ciudad; los médicos se fueron por falta de insumos

El inventario de cámaras privadas que la PNC desplegó a escala nacional durante la primera semana de julio de 2026 tiene una característica que lo separa de los otros instrumentos del régimen de excepción: no arresta, no encarcela, no procesa. Solo anota.¹ La Prensa Gráfica documentó el 1 de julio que agentes policiales recorren comunidades de Ciudad Delgado y otras zonas del país identificando inmuebles con cámaras de seguridad, registrando su ubicación, las áreas que cubren y los datos de contacto de los propietarios. Los testimonios de comerciantes y residentes revelan el patrón: ninguna explicación clara, ninguna orden judicial presentada, y en al menos un caso la respuesta que funciona como advertencia —"por ahora no"— a la pregunta de si estaban obligados a proporcionar la información, seguida de "más adelante sí". Una fuente policial confirmó que el procedimiento se desarrolla a escala nacional. Expertos en protección de datos advirtieron que no existe normativa específica que regule el acceso policial a cámaras privadas, y que el contexto del régimen de excepción —con garantías constitucionales suspendidas desde marzo de 2022 y prorrogadas 52 veces sin interrupción— podría ser interpretado por las autoridades como una facultad más amplia para acceder a esos dispositivos, vulnerando la Ley de Protección de Datos Personales vigente desde 2024.

En el mismo ciclo, el secretario general de SIMETRISSS, Rafael Aguirre, informó que 37 médicos especialistas extranjeros —contratados con salarios de hasta $8.000 mensuales, más de doce veces el promedio de un médico salvadoreño— renunciaron en menos de un año por "dificultades para desarrollar su trabajo", entre ellas la falta de insumos médicos y condiciones técnicas para procedimientos especializados.² No existe información pública sobre los hospitales donde fueron asignados ni los resultados obtenidos. Los que permanecen, según Aguirre, "cuentan con menor experiencia que quienes ya presentaron su renuncia". Los dos hechos —el Estado que anota las cámaras que no puede requisar legalmente y el Estado que pierde a los médicos que no puede retener materialmente— describen la misma anatomía: un régimen que expande su perímetro de vigilancia mientras el perímetro de su capacidad operativa real se contrae.

Lo que el policía llama "voluntario por ahora" revela la trayectoria del régimen más que cualquier decreto: lo que hoy se anota con amabilidad, mañana se exige bajo el paraguas de las garantías suspendidas. La excepción no fue temporal. Fue el ensayo.

El censo de los ojos ajenos

La arquitectura del régimen de excepción salvadoreño tiene ya cuatro capas documentadas: la incarceración masiva —más de 97.000 capturas desde marzo de 2022—, el procesamiento penal sin individualización —juicios masivos de hasta 485 imputados agrupados por territorio, no por evidencia—, la captura institucional de los órganos de control —Sala, FGR, PDDH, y el CNJ en proceso de consolidación—, y el cierre del espacio cívico mediante la Ley de Agentes Extranjeros. El censo nacional de videovigilancia privada que la PNC despliega en julio de 2026 añade una quinta capa cualitativamente distinta: ya no se trata de detener, procesar o silenciar. Se trata de mapear.¹

La diferencia no es menor. Un Estado que encarcela necesita un hecho o una sospecha. Un Estado que cataloga no necesita nada todavía: construye la infraestructura de acceso para cuando la necesite. El policía que anotó la ubicación de la cámara del comerciante de Ciudad Delgado, el ángulo que cubre y el número de teléfono del propietario no cometió ningún acto visible de represión. Solo tomó nota. Y cuando esa nota forme parte de un registro nacional cruzado con los sistemas de cámaras municipales ya desplegados en distritos como Soyapango, con la inteligencia artificial aplicada a seguridad pública que el régimen anunció en foros como Pax Silica, y con la vigilancia con Pegasus documentada en investigaciones previas sobre periodistas y opositores, el mapa se completa: el Estado que ya no puede justificar más capturas masivas porque las pandillas están nominalmente neutralizadas construye ahora la arquitectura para monitorear lo que sigue. El espionaje que antes requería tecnología costosa se vuelve gratuito cuando los propios ciudadanos tienen las cámaras instaladas y el Estado solo necesita anotarlas.

La respuesta de un policía a una residente que preguntó si estaba obligada a proporcionar la información —"por ahora no, más adelante sí"— condensa la lógica entera. La reelección indefinida también fue "por ahora inconstitucional" hasta que la Sala instalada en mayo de 2021 decidió que no lo era. La detención preventiva de dos años también fue "provisional" hasta que el Decreto 547 la extendió retroactivamente. El registro de cámaras privadas es "voluntario" hasta que alguna norma futura —aprobada con dispensa de trámite por la supermayoría— lo convierta en obligatorio. Los expertos consultados por La Prensa Gráfica señalaron que el contexto del régimen de excepción podría ser interpretado como facultad ampliada para acceder a dispositivos electrónicos, vulnerando la Ley de Protección de Datos Personales. El punto no es si esa interpretación es jurídicamente correcta. El punto es que nadie tiene la capacidad institucional de impugnarla.

Treinta y siete renuncias y la fachada sanitaria

Bukele anunció la incorporación de 200 médicos extranjeros en la inauguración del Hospital Rosales el 1 de junio de 2026.² El secretario general de SIMETRISSS, Rafael Aguirre, informó el 1 de julio que 37 de esos especialistas permanecieron entre 10 y 11 meses antes de renunciar. La cifra no es una abstracción: representa a cardiólogos, cirujanos, especialistas en trasplantes que llegaron a un sistema que anuncia robotización quirúrgica, alianzas con xAI y el plataforma DoctorSV como herramientas de modernización, y que no tiene los insumos básicos para que realicen los procedimientos para los que fueron contratados. Aguirre fue preciso en el señalamiento: "dificultades para desarrollar su trabajo" por "falta de insumos médicos y condiciones técnicas necesarias para realizar procedimientos especializados". La narrativa oficial de modernización sanitaria y la realidad de los insumos disponibles en los quirófanos son dos países distintos que comparten el mismo presupuesto.

El dato adquiere su dimensión real en el contexto acumulado desde el ciclo anterior: más de 7.700 trabajadores del sector público de salud despedidos durante 2025; 1.800 exempleados del Hospital Rosales sin indemnización desde el 23 de diciembre; expedientes clínicos de pacientes que, según CONADESA, "simplemente no existen" tras la remodelación; y al menos 35 médicos extranjeros del ISSS que renunciaron previamente por metas de atención que funcionaban "como una maquila", según el mismo sindicato. La lógica del ciclo es circular y su cierre es inevitable: el régimen despide médicos salvadoreños que ganan $623 mensuales para reemplazarlos con especialistas extranjeros a $8.000, los especialistas renuncian porque el sistema no tiene insumos para que trabajen, y el ciclo reinicia con nueva convocatoria internacional mientras los 1.800 despedidos del Rosales siguen esperando la llamada que se les prometió.²

El cuello de botella del sistema salvadoreño de salud no es de personal. No se resuelve con reclutamiento, con contratos en dólares ni con anuncios en foros tecnológicos. El informe del IUDOP-UCA publicado esta semana identificó la economía, el desempleo y la salud entre las tres principales preocupaciones ciudadanas. Lo que las cifras del BCR —4,8% de crecimiento en el primer trimestre de 2026, con la construcción como motor— no capturan es el agropecuario que contrajo 0,8%, los medicamentos que faltan, los especialistas que se van y los expedientes que no existen. El modelo que crece sobre deuda e imagen no construye los insumos que los médicos necesitan para operar.

Los cuerpos de las mujeres bajo el doble régimen

María Teresa Rivera —primera mujer en el mundo en recibir asilo por sufrir un aborto en El Salvador— relató a la diaria el 2 de julio su historia de cuatro años y medio de cárcel y posterior exilio en Suecia, en el marco del documental que Melissa Silva Franco le dedica desde hace más de diez años.³ El dato más preciso de su testimonio no es histórico sino actual: bajo el régimen de excepción, "las condiciones son más duras". Las mujeres presas por emergencias obstétricas —que ya estaban encarceladas antes de marzo de 2022— perdieron las visitas familiares que antes recibían una vez a la semana. "Hoy no hay visita para nada y las familias están incomunicadas. Y eso es lo que más duele: no ver a nuestros hijos."

La criminalización obstétrica y el régimen de excepción no son dos fenómenos paralelos en El Salvador: son el mismo aparato represivo aplicado sobre los mismos cuerpos. Rivera sufrió "la condena por aborto más larga registrada en el mundo" por una emergencia obstétrica criminalizada como homicidio. La prohibición absoluta del aborto —incluso en casos de violación, incesto o riesgo de vida— sigue vigente. La Movimienta, organización vinculada a Morena Herrera que trabajó por la liberación de mujeres en esa situación, advirtió que hay una mujer enfrentando un cuarto juicio por emergencia obstétrica, cuyo caso no se ha hecho público. El IDHUCA denunció que la FGR usa la categoría "intolerancia familiar" para clasificar muertes violentas de mujeres, invisibilizando el carácter estructural de la violencia de género. Y la Ley de Agentes Extranjeros, según Fátima Peña del Observatorio Universitario de DDHH, "ha debilitado las capacidades de atención y prevención de las violaciones a los derechos de las mujeres".³

La afirmación de Rivera — "Mi libertad no me la dio un gobierno ni un Estado. Mi libertad me la dio la lucha de las mujeres" — cierra una grieta que el régimen explota sistemáticamente: la que separa la retórica de seguridad del Estado de la experiencia concreta de los cuerpos que ese Estado encarcela, criminaliza e incomunica. Las 540 muertes bajo custodia que Socorro Jurídico Humanitario documentó hasta el 26 de junio incluyen cuerpos de mujeres detenidas por razones que el régimen de excepción no distingue de las pandillas. La opresión que Rivera describe —cuatro años y medio de cárcel, biopsia médica sin resultado comunicado a la familia, incomunicación con los hijos— no es accidental. Es el diseño.

El CECOT viaja a San José

La presidenta costarricense Laura Fernández anunció el 1 de julio de 2026 que el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) —inspirado explícitamente en el CECOT salvadoreño— alcanzó el 64% de avance en su construcción.⁴ Con capacidad para 5.100 presos y uniformes naranja —una práctica que Costa Rica no empleaba desde hacía 50 años— el CACCO representa la replicación más concreta del modelo bukelista fuera de El Salvador. La presidenta propuso organizar visitas de estudiantes de "barrios peligrosos" para que observen las condiciones carcelarias, replicando la retórica de "turismo carcelario" que el régimen salvadoreño ha promovido. El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, subrayó explícitamente la ruptura con la tradición penitenciaria costarricense al anunciar el retorno de los uniformes de color. La replicación ocurre en el país que históricamente fue la excepción democrática de Centroamérica.

El politólogo Daniel Zovatto fue directo en su análisis publicado por Confidencial: el modelo de Bukele, con el respaldo de Trump, "se constituye en un verdadero peligro para la democracia" en América Latina. El jefe de redacción de El Faro, Óscar Martínez —exiliado desde hace un año— articuló en la misma publicación el cálculo temporal que conecta todos los hilos del ciclo: Bukele adelantó las elecciones de 2029 a 2027 porque "Trump se va en el 2028, y Bukele quiere ir a elecciones con Trump en el poder".⁵ Martínez documentó además que Karim Bukele gestionó con la oficina de Marco Rubio un "descuento por presos" enviados al CECOT a cambio de 9 líderes pandilleros presos en Estados Unidos —la confirmación de que el CECOT no es solo infraestructura penitenciaria sino moneda de cambio diplomático entre San Salvador y Washington.

La pregunta de Martínez —qué sostiene emocionalmente un modelo con 540 muertes documentadas bajo custodia, tortura sistemática registrada por la OMCT y juicios masivos sin defensa efectiva— tiene una respuesta que el régimen no necesita enunciar: "ha convencido a la población de que si él sale del poder las cosas van a volver a ser como antes". El CACCO costarricense confirma que esa convicción viaja. La inauguración de la megacárcel de San José —prevista para finales de 2026 o principios de 2027— ofrecerá el primer caso de estudio comparativo sobre si la replicación produce la misma eficacia política que produjo en El Salvador, o si la resistencia institucional y social que allí no existe puede aparecer en otro contexto regional.

Lo que articula los cuatro hilos del 2 de julio de 2026 no es la violencia visible sino la consolidación de infraestructuras que el régimen construye antes de que la ventana se cierre. Martínez lo dijo con la precisión que da el exilio: "Bukele tiene algo muy claro, debe dejar este país como quiere antes de que Trump se vaya". El censo de cámaras privadas construye la infraestructura de monitoreo que ya no necesita estado de excepción para funcionar una vez que esté catalogada. Los 37 médicos que se fueron dejan un sistema de salud incapaz de sostener los procedimientos especializados que se anuncian, asegurado en su apariencia por inauguraciones y alianzas con xAI. El testimonio de Rivera y las mujeres presas por emergencias obstétricas incomunicadas con sus familias nombra la dimensión de los cuerpos que el relato de seguridad borra. Y el 64% del CACCO en Costa Rica confirma que el modelo exporta antes de haberse perfeccionado. Lo que Bukele construye no es para ser evaluado después de 2028. Es para ser irreversible antes.

Fuentes

1. Policía salvadoreña mapea cámaras privadas de videovigilancia en comercios y viviendas. La Prensa Gráfica, 1 de julio de 2026.
2. 37 médicos extranjeros renunciaron en menos de un año pese a salarios de $8.000. YSUCA, julio de 2026. Ver también: Despedidos del Hospital Rosales siguen sin recibir indemnizaciones. Diario Co Latino, junio de 2026.
3. María Teresa Rivera, activista salvadoreña: "Mi libertad me la dio la lucha de las mujeres". la diaria, 2 de julio de 2026. Ver también: Ley de Agentes Extranjeros ha reducido el espacio cívico. YSUCA, julio de 2026.
4. Costa Rica anuncia avance de 64% en su "megacárcel". Confidencial, 1 de julio de 2026.
5. Bukele, "el rey desnudo" se reelegirá (otra vez) en 2027, bendecido por Trump. Confidencial, julio de 2026. Entrevista a Óscar Martínez, jefe de redacción de El Faro.
6. Concluye jornada de juicio contra 485 cabecillas de la MS por homicidios cometidos entre 2012 y 2022. La Página, julio de 2026.
7. Carmen Rodríguez y Celia Medrano piden no desistir en la lucha por el TPS. Diario Co Latino, julio de 2026.
8. BCR destaca crecimiento económico de El Salvador con la construcción como principal motor. La Página, julio de 2026.
9. 540 personas detenidas bajo el régimen de excepción han fallecido hasta junio, según Socorro Jurídico Humanitario. YSUCA, junio de 2026.