La Raza que la Policía inventó y los datos médicos que Bukele le vendió a Google

El 12 de septiembre de 2024, estudiantes del Instituto Nacional Técnico Industrial —el INTI— y del INFRAMEN se enfrentaron a pedradas cerca del redondel Don Rúa, en el centro de San Salvador. Cuatro heridos de gravedad, diez detenidos: la Policía redactó esa noche un parte de "riña callejera".¹ Lo que ocurrió después pertenece a otro género. El Capítulo 2 de la investigación de El Faro sobre "La Raza" —publicado antes del 24 de junio de 2026— reconstruye con documentación forense cómo la carpeta de inteligencia policial y el Informe de Análisis Delincuencial convirtieron ese incidente en el origen formal de una "estructura criminal estudiantil" con jerarquías (Doctor, Mister, Señor/a), misiones y territorios. Las pruebas que la Fiscalía reunió para sostener esa estructura son concretas y precisas: cuadernos escolares con dibujos "góticos", escarapelas de institutos rivales como emblemas de pertenencia, laptops del programa gubernamental Crecer Juntos reclasificadas como "posibles instrumentos del delito", y el uso de camisas abrochadas y tenis blancos como marcadores de "aspecto pandilleril".¹ No se incautó ningún arma. No se encontraron narcóticos. Los testigos clave que establecieron la jerarquía interna de La Raza fueron reclutados por investigadores de la Policía —no víctimas de los acusados, no informantes espontáneos: funcionarios de inteligencia que construyeron el organigrama.

En el mismo ciclo en que esa investigación se publicó, el régimen operaba en otro registro igualmente documental: un convenio de aproximadamente $500 millones a siete años con Google —clasificado como secreto de Estado— que entrega la arquitectura de salud pública salvadoreña a infraestructura corporativa extraterritorial.² La app Doctor SV, construida sobre Gemini de Google, conecta hospitales, laboratorios, farmacias y centros de llamadas con los servidores de la corporación. Un convenio paralelo con Nvidia proyecta la creación de un millón de "ciudadanos digitales" sintéticos a partir de datos de la población real. Y en el bosque El Espino —una de las últimas zonas de recarga hídrica del Área Metropolitana de San Salvador—, las máquinas que llegaron antes de la medianoche del 27 de mayo destruyeron antes del amanecer del 28 más de 55.000 m² sin estudios ambientales, sin permisos, sin que las diez instituciones contactadas durante diez meses por el movimiento Todos Somos El Espino respondieran con algo más que silencio o protocolo.³ Tres hilos que el régimen prefiere leer como separados. Son la misma decisión sobre tres tipos de recurso: los cuerpos de los estudiantes, los datos de los pacientes, el suelo del bosque.

No son tres crisis diferentes: son la misma infraestructura del poder aplicada sobre tres recursos distintos. El régimen que fabrica pandilleros con cuadernos escolares firma contratos de datos en secreto y derriba árboles de madrugada con el mismo aparato operativo y la misma ausencia de rendición de cuentas.

La fábrica: cómo se construye una pandilla con cuadernos escolares

La investigadora Jeannette Aguilar explica en el análisis de El Faro lo que la Fiscalía no incorporó: los conflictos territoriales entre estudiantiles de institutos públicos tienen en El Salvador una historia documentada desde los años noventa, son claramente distinguibles del pandillerismo por patrones de comportamiento, ocupación territorial y actividad económica, y responden a una lógica de rivalidad entre centros educativos que no constituye estructura criminal en ningún sentido técnico del término.¹ La PNC no aplicó esa distinción. La FGR tampoco. Lo que ambas instituciones construyeron en su lugar es un relato en el que una pelea entre adolescentes se convierte —mediante el análisis de las carpetas de inteligencia— en el momento fundacional de una pandilla con nombre, rango y modus operandi.

El relato de El Faro sobre las "pruebas" es el más revelador porque no requiere interpretación: el expediente de La Raza contiene cuadernos con dibujos calificados de "góticos" por los investigadores, escarapelas de institutos como marcadores de pertenencia a una estructura, y laptops del programa Crecer Juntos —entregadas por el propio gobierno a estudiantes como parte de una iniciativa de conectividad educativa— que la Fiscalía reclasificó como posibles instrumentos del delito.¹ A seis estudiantes se les incautaron esas laptops. No se encontraron en ellas mensajes sobre actividad criminal, planes de operación ni contactos fuera del ámbito escolar. Se encontraron tareas, redes sociales, juegos. La Fiscalía incluyó los equipos en el expediente igual.

Los testigos clave son el tercer elemento que el Capítulo 2 documenta con precisión. En la arquitectura procesal ordinaria, un testigo clave es alguien que presenció un hecho o fue víctima de la conducta imputada. En el expediente de La Raza, los testigos clave que establecen la jerarquía interna de la supuesta pandilla —quién era el Doctor, quién el Mister, cuáles eran las "misiones"— son personas reclutadas por investigadores de la Policía Nacional Civil.¹ Ninguno de ellos fue víctima de los acusados. Ninguno presenció los hechos del 12 de septiembre. Fueron contactados por la inteligencia policial durante el proceso de construcción del expediente. La defensa señaló la anomalía. La jueza no la resolvió antes del vencimiento de plazos relevantes.

El caso de La Raza suma 20 estudiantes al total de 91.500 detenidos desde marzo de 2022 bajo el régimen de excepción. Lo que lo distingue no es su escala sino su documentación: El Faro pudo acceder a las carpetas de inteligencia, al informe de análisis delincuencial, al listado de pruebas incautadas y a los registros de los testigos. Lo que esa documentación revela no es un caso borde del sistema sino su funcionamiento regular. La maquinaria que durante 51 meses procesó decenas de miles de personas sin individualizar conductas ni pruebas —con defensores públicos que pueden tener 25 imputados asignados sin capacidad material de revisar expedientes— produce en La Raza el mismo resultado que produce en el 98% de los casos que nunca serán objeto de una investigación periodística de este nivel: una acusación, una detención, un proceso en el que los cuadernos escolares y las escarapelas son prueba porque el aparato lo decidió así.

El laboratorio: los datos médicos de millones como insumo corporativo

El convenio con Google que el gobierno de Bukele firmó por aproximadamente $500 millones a siete años —financiado con préstamos internacionales y clasificado como secreto de Estado por el Ejecutivo— no tiene precedente en la región en términos de escala y opacidad.² La app Doctor SV, construida sobre Gemini de Google, integra en un solo sistema los registros de hospitales públicos, laboratorios, farmacias, centros de llamadas y expedientes clínicos de la población salvadoreña. Bukele la describió como "única en el mundo". La Organización Panamericana de la Salud expresó apoyo. SIMETRISSS —el sindicato de médicos del Seguro Social— preguntó lo que ninguna institución estatal estaba preguntando: "¿Quién está garantizando que la inteligencia artificial no se esté equivocando?"⁴

El profesor Ricardo Valencia, de la California State University, formuló la dimensión política que el debate técnico suele omitir: "En un país controlado por un solo líder, los ciudadanos dejan de ser participantes y rápidamente se convierten en sujetos de prueba."² El paralelo que El Faro traza con los experimentos de sífilis en guatemaltecos financiados por la agencia predecesora de la OPS en los años cuarenta no es estético: es arquitectónico. En ambos casos, el Estado habilita el acceso a cuerpos vulnerables para un experimento cuyo diseño, monitoreo y beneficios pertenecen a una entidad externa sin vínculo de responsabilidad directa con la población afectada. Las diferencias son obvias: no se inocula a nadie, no hay intervención física deliberada. Lo que se inocula es la infraestructura. Los cuerpos que se convierten en insumo son los datos de salud —historiales clínicos, diagnósticos, medicamentos, resultados de laboratorio— de millones de personas que no firmaron ningún consentimiento informado y no pueden saber cómo serán usados.

El convenio con Nvidia agrega un registro diferente al mismo patrón: el proyecto de creación de un millón de "ciudadanos digitales" sintéticos toma como materia prima la información de la población real para producir perfiles que puedan ser usados en el entrenamiento de sistemas de IA corporativos.² Traducido sin eufemismo: el Estado salvadoreño provee datos de sus ciudadanos para que una corporación construya réplicas artificiales de esos ciudadanos, que luego usa para mejorar sus propios sistemas. Los ciudadanos salvadoreños no son los clientes de ese sistema. Son la materia prima.

Lo que hace que esto sea distinguible de otros contratos de digitalización en la región es la clasificación como secreto de Estado. Sin acceso a los contratos, no hay posibilidad de auditoría. Sin auditoría, no hay mecanismo para establecer qué datos se transfieren, bajo qué marco legal, con qué garantías de reversibilidad, con qué acceso de las corporaciones a información adicional más allá de la pactada inicialmente. La Asamblea Legislativa de mayoría oficialista aprobó $17 millones de refuerzo presupuestario para el Ministerio de Economía para pagar servicios de la nube de Google en el mismo ciclo en que el convenio fue clasificado.⁵ La pregunta central no es si la IA puede mejorar la salud pública —puede— sino quién controla los datos de 6,5 millones de personas bajo qué marco legal cuando la respuesta a esa pregunta es secreto de Estado.

El desmantelamiento del primer nivel de atención médica que ocurrió en paralelo a estos convenios completa el cuadro. El presupuesto de los Equipos Comunitarios de Salud —los Ecos Familiares que detectaban abusos sexuales en zonas rurales, que hacían seguimiento de embarazos, que monitoreaban enfermedades crónicas en comunidades sin acceso a hospitales— cayó de $297 millones en 2020 a $2 millones en 2024: un recorte de $256 millones en cuatro años.⁶ Durante 2025, cerraron más de 60 equipos comunitarios. En 2024, el país registró 7.900 embarazos en niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años —21 casos diarios—, la mayor parte en zonas donde los Ecos ya no operaban. El Colegio Médico es preciso en su diagnóstico: el vaciamiento del primer nivel no es accidente de presupuesto sino estrategia para justificar la privatización del sistema. La IA no reemplaza la visita domiciliaria de un equipo comunitario que conoce a la familia. Reemplaza el expediente. Los cuerpos que caen entre esas dos cosas no entran en ningún dashboard.

El bosque: diez puertas, diez meses, una madrugada

El movimiento Todos Somos El Espino recorrió diez puertas durante diez meses entre mediados de 2025 y mayo de 2026: Presidencia de la República, Asamblea Legislativa, Fiscalía General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Cancillería, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Hacienda, embajada de China, y la comisión legislativa de Medio Ambiente.³ Presentaron avisos penales, solicitaron estudios de impacto ambiental, entregaron 528.843 firmas ciudadanas, solicitaron audiencias, enviaron cartas formales. La respuesta acumulada de diez instituciones durante diez meses equivale a una sola acción: la vicepresidenta de la Asamblea, Suecy Callejas, respondió a la solicitud formal de la diputada Claudia Ortiz con tres palabras: "Se toma nota."

El MARN declaró "inexistente" toda la documentación del proyecto de construcción del nuevo CIFCO en El Espino.³ La ASA —autoridad del Sistema de Agua— confirmó que no existen estudios de recarga hídrica. La embajada de China, cuando el movimiento intentó entregar una carta, respondió que "nadie hablaba español". Cuando la diputada Claudia Ortiz solicitó formalmente que la Asamblea escuchara al movimiento ciudadano —amparada en el artículo 78 del Reglamento Interior—, obtuvo tres votos. El MOP publicó a las 8:10 de la noche del 27 de mayo de 2026 un comunicado que decía que "no se construirá CIFCO en El Espino". Al amanecer del 28 de mayo, no quedaba un árbol de pie en más de 55.000 m² del bosque. Las máquinas habían entrado antes de medianoche.

El hidrólogo Alberto González Leiva formuló el parámetro técnico que el debate político suele dejar fuera: "Una vez usted le cambia el uso natural de ese suelo, ya no lo puede restaurar."³ La capacidad de infiltración hídrica del Espino —32 millones de m³ anuales— es irreversible en términos humanos. Los diez pozos del Gran San Salvador que se secaron en 2024 según el entonces presidente de ANDA no recuperan su nivel por decreto. El 19,2% de los hogares salvadoreños sin acceso a agua potable y el 80% del territorio bajo estrés hídrico no son indicadores de un problema futuro: describen el presente en el que la destrucción del Espino se vuelve material. La promesa del MOP de sembrar 20.000 árboles nuevos equivale a reemplazar un bosque centenario con plántulas: el número no está mal, la función de infiltración no regresa en décadas.

Mapaches, iguanas y garrobos huyeron a las colonias aledañas en los días siguientes.³ La demanda de inconstitucionalidad del Decreto 361 presentada ante la Sala de lo Constitucional el 11 de junio es la última vía institucional disponible. La Sala no se ha pronunciado. Ninguna institución del Estado salvadoreño —tras diez meses de solicitudes, avisos penales, firmas y cartas— ha respondido al movimiento con algo vinculante. Lo que el Espino documenta no es la ausencia del Estado sino su presencia activa: el MOP coordinó con la embajada china, el MARN desapareció la documentación, la Asamblea tomó nota, y las máquinas llegaron de noche.

El circuito exterior: Ábrego, la FGR que retrocede y los veteranos que esperan

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció antes del 24 de junio que apelará la decisión del juez federal Waverly Crenshaw —del Distrito Medio de Tennessee— que desestimó los cargos por tráfico de personas contra Kilmar Ábrego García, calificándolos de "selectivos y vengativos".⁷ La apelación va al Sexto Tribunal de Apelaciones del Circuito, en Ohio, y busca anular la sentencia. Si prospera, el gobierno de Trump intentará nuevamente deportar a Ábrego García a un tercer país —Liberia figura como destino posible— sin que el Salvador tenga necesariamente injerencia formal en la decisión. El caso sigue siendo el más visible de la arquitectura de deportaciones que vincula al régimen de excepción con la política migratoria de Trump: el CECOT como destino terminal, los vuelos de la Alien Enemies Act como mecanismo, y el gobierno de Bukele como socio operacional que acepta cuerpos cuya transferencia sus propios aliados judiciales declararon ilegal.

La FGR, mientras tanto, desistió de revertir la absolución de los ambientalistas de Santa Marta tras más de tres años de proceso y dos absoluciones consecutivas.⁸ El analista Leonel Herrera interpreta el movimiento como una señal —insuficiente pero real— de que el sistema conserva un margen mínimo de autocorrección cuando la presión internacional y la debilidad probatoria convergen de forma sostenida. La pregunta que formula el propio Herrera —si la FGR puede rectificar en Santa Marta, ¿por qué no en los casos de Ruth López y los veteranos, donde las "publicaciones periodísticas muestran vicios de legalidad en las acusaciones"?— no tiene respuesta institucional visible.⁸

El plazo de instrucción del caso contra los veteranos de la Alianza Nacional El Salvador en Paz venció el 22 de junio, como esta edición documentó en el ciclo anterior. El 24 de junio, la AVEG-FMLN exige sobreseimiento definitivo. Atilio Montalvo —con insuficiencia renal crónica grado 5 y 10% de funcionamiento renal, capturado tres días antes de iniciar diálisis— sigue detenido.⁹ Su hija relató que la familia se preparaba para cuidarlo, que el hermano tuvo que exiliarse en México tras viralizar un video exigiendo su liberación, que nadie les avisó que el plazo procesal vencía sin acusación. La Sala Constitucional recibió el 11 de junio la demanda sobre El Espino. No se pronunció. El Juzgado Primero Contra el Crimen Organizado recibió el vencimiento del caso de los veteranos. No hay resolución pública. Morena Herrera, desde el Premio Defensoras 2026 en Barcelona, dijo sobre Ruth López lo que ninguna institución del Estado salvadoreño ha dicho: "No merece estar presa, debe estar en libertad."¹⁰

El 24 de junio de 2026, El Salvador opera con una coherencia que la acumulación de datos hace difícil no nombrar. La Policía fabrica pandillas con cuadernos escolares y testigos reclutados, mientras la Fiscalía extiende la detención provisional sin poder construir los expedientes que la justifican. El gobierno firma convenios de $500 millones en datos médicos como secreto de Estado, mientras desmanteló el sistema de salud comunitaria que detectaba abusos y protegía a las niñas más vulnerables. El Estado prometió que no destruiría el Espino, publicó el comunicado a las 8:10 de la noche, y mandó las máquinas antes de medianoche. Tres hilos que el régimen prefiere disociar comparten arquitectura: la decisión no rinde cuentas, la institución que debería supervisarla se declara incompetente, y el daño es irreversible antes de que cualquier mecanismo judicial pueda detenerse en él. La FGR que desistió en Santa Marta confirma que el sistema puede corregirse cuando la presión es suficiente y la debilidad probatoria es total. El problema es que la corrección llega siempre tarde, selectivamente, y solo después de que los costos han sido pagados por los cuerpos, los datos y los árboles que ninguna sentencia posterior puede devolver.

Fuentes

1. La Raza: la pandilla que el régimen de Bukele inventó | Capítulo 2: Las pruebas. El Faro, junio de 2026.
2. El Salvador Embarks on a Perilous A.I. Experiment. El Faro, junio de 2026.
3. Así ignoró el régimen de Bukele cada puerta que la ciudadanía tocó para salvar El Espino. FOCOS, junio de 2026.
4. Pese a duplicar presupuesto y gastar $43 millones en administración, el Hospital Rosales sigue colapsado. YSUCA, junio de 2026.
5. Diputados acuerdan asignar $118 millones a siete instituciones públicas. Diario Co Latino, junio de 2026.
6. El desplome del presupuesto de salud comunitaria expone a las niñas a embarazos forzados. Revista La Brújula, 22 de junio de 2026. Ver también: Embarazos forzados. Revista Factum, junio de 2026.
7. Apelarán decisión de juez que retiró cargos a Kilmar Ábrego. YSUCA, junio de 2026.
8. FGR: El desafío de rectificar. Leonel Herrera / Diario Co Latino, junio de 2026.
9. "Nos preparábamos para cuidarlo y tres días después fue capturado": hija de Atilio Montalvo. Diario Co Latino, junio de 2026. Ver también: AVEG-FMLN exige sobreseimiento definitivo para líderes veteranos. Diario Co Latino, junio de 2026.
10. "Ruth López no merece estar presa, debe estar en libertad": Morena Herrera. YSUCA, junio de 2026.