Cinco días en El Salvador: la misión española certifica lo que el régimen llama progreso

La misión internacional de juristas españoles que presentó sus hallazgos preliminares el 5 de julio de 2026 no llegó a El Salvador a verificar hipótesis académicas: llegó a escuchar a las personas que viven dentro del sistema que el régimen de Nayib Bukele exporta como modelo.¹ Lo que encontró en cinco días de reuniones con organizaciones civiles, víctimas, abogados y operadores de justicia coincide —con la precisión que da el registro externo sobre un fenómeno largo tiempo documentado desde adentro— con lo que el Observatorio Universitario de Derechos Humanos, Cristosal, Socorro Jurídico Humanitario y el MOVIR llevan cuatro años nombrando. La delegación —seis organizaciones, entre ellas Jueces para la Democracia, el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo y la Unión Progresista de Fiscales— concluyó que El Salvador atraviesa una "grave crisis institucional" derivada de la concentración de poder y del debilitamiento de los controles democráticos; que "parece prevalecer una presunción de culpabilidad" en lugar del principio constitucional de presunción de inocencia; que el Ejecutivo interfiere sobre el sistema judicial de manera sistemática. La jurista Sonia González, directora de la Fundación Paz y Solidaridad, articuló la síntesis que el régimen conoce de memoria porque lleva tres años calibrando su costo diplomático: "no puede privilegiarse un derecho anulando todos los demás".¹

El valor político del diagnóstico español no es su contenido —que es el mismo que relatores de la ONU, la CIDH y delegaciones académicas llevan años construyendo— sino su procedencia y destino. Seis organizaciones con membresía institucional en el sistema legal europeo, con canales hacia el Parlamento Europeo y la Comisión, anunciaron que en los próximos meses elaborarán un informe final que será presentado "ante instancias nacionales e internacionales".¹ Eso traduce al lenguaje de Bruselas lo que hasta ahora circulaba principalmente en informes de ONGs e instancias interamericanas. En paralelo, el mismo TSE que la investigación de FOCOS describió el 3 de julio como capturado —con 150 técnicos despedidos y el Registro Electoral bajo la gestión de Athalia Ganz Argueta, sobrina del arquitecto de la reelección— anunció que los salvadoreños en el exterior podrán votar desde el celular y con anticipación para las elecciones de febrero de 2027.² Los dos movimientos describen el mismo sistema desde ángulos opuestos: uno acumula documentación; el otro acumula infraestructura. La pregunta que ordena la jornada es cuál de los dos acumula más rápido.

Un régimen que construye mecanismos de voto móvil mientras expulsa a los técnicos que auditan los resultados no está democratizando el acceso al sufragio: está diseñando el sufragio.

La misión española y el diagnóstico que acumula

La delegación internacional de juristas españoles cubrió en cinco días un terreno que los organismos nacionales llevan años documentando pieza por pieza: entrevistó a organizaciones sociales, escuchó testimonios de víctimas del régimen de excepción, se reunió con abogados defensores que enfrentan vigilancia y hostigamiento, y observó el funcionamiento del sistema judicial con la perspectiva de quien llega desde un Estado de derecho que reconoce sus propios mecanismos cuando los ve al revés.¹ Entre sus principales preocupaciones figuran la ausencia de separación de poderes, la destitución de magistrados constitucionales en 2021, las jubilaciones forzosas de jueces, las detenciones arbitrarias, las audiencias masivas que impiden el ejercicio de una defensa adecuada, y las condiciones de las personas privadas de libertad. La exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Mirna Perla —defensora de derechos humanos que conoce el sistema desde adentro— declaró durante la presentación que el país enfrenta "una profunda crisis institucional que afecta el ejercicio integral de los derechos fundamentales".

Lo que el informe preliminar español añade a la acumulación existente no es información nueva sobre hechos específicos —el OUDH ya documentó 471 muertes bajo custodia, 118.360 presos, 49 criminalizaciones en 2025— sino un sello institucional de origen europeo que opera en circuitos distintos a los de la CIDH o el sistema interamericano.¹ La presencia de Jueces para la Democracia —magistratura española organizada— y del Colegio de Abogacía de Vizcaya en la delegación activa redes de incidencia dentro del sistema de justicia de la Unión Europea. Que la Unión Progresista de Fiscales española haya suscrito un informe que describe "presunción de culpabilidad" y "audiencias colectivas que impiden ejercer una defensa adecuada" significa que ese lenguaje circula ahora en el idioma de quienes instruyen procesos en España —incluyendo los que involucran bienes, cuentas o residencia de funcionarios salvadoreños. El régimen ha calculado hasta ahora que la presión internacional es absorbible. El informe español no cambia ese cálculo inmediatamente. Abre la posibilidad de que cambie el ambiente en que ese cálculo se hace.

La criminalización de abogados fue señalada por la misión como un patrón concreto y no como una tendencia abstracta. Los defensores de presos políticos Luis Rivera y Guillermo García ya documentaron el 3 de julio la vigilancia policial a sus domicilios sin orden judicial; García describió a agentes de la PNC fotografiando su vivienda y su vehículo durante varios minutos como "persecución política abierta y dirigida".³ La misión española recogió en sus entrevistas el hostigamiento que, según indicaron, ha obligado a varios abogados a exiliarse. El número exacto de abogados en el exilio no figura en los hallazgos preliminares, pero la metodología de la delegación —reuniones directas con operadores de justicia activos e inactivos— hace probable que el informe final tenga nombres y fechas. El régimen, que en 2025 contabilizó 43 periodistas en el exilio según el OUDH, suma ahora una nueva categoría de fuga profesional al inventario de su modelo.

El celular como urna: el TSE extiende el voto al exterior

El anuncio del Tribunal Supremo Electoral de que los salvadoreños en el exterior podrán votar desde el celular y con anticipación para las elecciones de febrero de 2027 llegó el 3 de julio, una semana antes del cierre del proceso de inscripción de candidatos, y se sumó a un expediente que las ediciones de esta semana han ido construyendo pieza por pieza.² El 3 de julio, la investigación de FOCOS documentó cómo el TSE había sido vaciado de su personal técnico —150 renuncias forzadas desde septiembre de 2024— y cómo su Registro Electoral quedó bajo la gestión de Athalia Ganz Argueta, sobrina del abogado que diseñó la destitución de la Sala Constitucional en 2021 y redactó el fallo que habilitó la primera reelección. El mismo órgano que en 2024 tuvo que cancelar la transmisión de resultados por colapso técnico, cuya Junta de Vigilancia Electoral fue despojada de recursos para auditorías independientes, anuncia ahora un sistema de voto móvil para la diáspora de entre cinco y seis millones de salvadoreños fuera del país.

La pregunta que el anuncio instala no es técnica sino política: para qué se habilita el acceso al voto cuando el árbitro ya está capturado. Los salvadoreños en el exterior que voten desde el celular lo harán a través de un sistema administrado por el TSE de Roxana Soriano, que toma decisiones en el décimo piso antes de bajarlas al pleno, con un Registro Electoral bajo quien hereda el apellido del operador electoral del régimen, en una elección presidencial cuya fecha fue adelantada dos años por decreto y que VAMOS, el único partido que rompió el bipolarismo en 2024, evaluó no disputar por "falta de garantías de transparencia electoral".⁴ El voto móvil en ese contexto no democratiza el acceso: lo ingeniería. La diáspora salvadoreña —que mandó remesas por más de $7.000 millones en 2025— es convocada a participar en un proceso cuya arquitectura técnica y registral garantiza el resultado antes del primer voto. La innovación es el envoltorio. Lo que está dentro es el mismo sistema.

El analista Malcolm Cartagena, en el exilio desde junio de 2025, caracterizó la reforma constitucional del 30 de abril de 2026 que eliminó el derecho de los partidos a proponer magistrados del TSE como "no una despartidización, sino una partidización a un solo lado". El voto celular es la continuación lógica de ese principio: una herramienta técnicamente moderna, institucionalmente capturada, que extiende el perímetro del sufragio sin extender ninguna de sus garantías.

El 13.5% que no mide la distribución

El Banco Central de Reserva informó que el sector construcción creció 13.5% en el primer trimestre de 2026, liderando la expansión económica del período y contribuyendo de manera significativa a la tasa de crecimiento del PIB.⁵ La cifra es la más alta de cualquier sector en el período y el gobierno la cita como evidencia del dinamismo económico del modelo. El problema con esa lectura no es que el dato sea falso —el sector de la construcción creció, y el PIB creció— sino que el dato selecciona el ángulo desde el que el crecimiento es visible y silencia el ángulo desde el que no lo es. El déficit habitacional de El Salvador supera 1.388.477 viviendas, con el 31% de los hogares en hacinamiento y el 45% sin propiedad del lugar en que vive. El salario promedio mensual es de $352 en zonas rurales y $478 urbanas. El sector que creció 13.5% construye para el segmento que puede acceder al crédito o pagar al contado; no construye para quien gana $352 al mes y debe elegir entre el alquiler y la comida.⁶

La advertencia que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe publicó en los últimos días sobre el impacto de la caída de la natalidad en el sistema educativo salvadoreño añade un horizonte temporal al mismo problema de distribución.⁷ Según la CEPAL, el descenso sostenido en los nacimientos producirá en los próximos años una presión presupuestal sobre el sistema educativo: menos niños en el sistema implica que la infraestructura escolar —construida para una matrícula mayor— requerirá o bien ajuste o bien subutilización, y que el presupuesto educativo per cápita puede aumentar nominalmente mientras el sistema real se contrae. El Ministerio de Educación no ha publicado un plan de ajuste demográfico. La CEPAL identifica el problema; el Estado que celebra el crecimiento del sector construcción no ha señalado cómo ese crecimiento se articulará con las escuelas que en cinco años tendrán menos alumnos. El 13.5% de expansión sectorial no se construye en el vacío: se construye en la misma economía donde trabajar ya no alcanza para tener techo propio y donde el sistema educativo enfrenta una transición demográfica sin política de respuesta visible.

Lo que articula la jornada del 5 de julio no es un conflicto entre el régimen y sus críticos: es la documentación simultánea de dos velocidades. A una velocidad, los juristas españoles registran en cinco días lo que el sistema de DDHH salvadoreño lleva cuatro años construyendo, y agregan un circuito nuevo —el europeo— al mapa de la presión internacional. A otra velocidad, el TSE habilita el voto celular para la diáspora, el sector construcción crece 13.5%, y el PIB sube en un país donde 1.38 millones de viviendas faltan y la CEPAL advierte que el sistema educativo no tiene respuesta para la transición demográfica que ya está en curso. El régimen administra la segunda velocidad con competencia. La primera la absorbe como costo previsible. El informe final de la misión española, cuando llegue a las instancias europeas, será otro documento en un expediente que crece más rápido que las consecuencias que produce. Lo que cambia no es el diagnóstico. Es quién lo firma y en qué mesa lo deposita.

Fuentes

1. Juristas españoles alertan sobre una profunda crisis en el Estado de derecho y la democracia en El Salvador. YSUCA, julio de 2026.
2. Salvadoreños en el exterior podrán votar desde el celular y con anticipación. El Diario de Hoy, 3 de julio de 2026.
3. Abogados denuncian uso político del sistema judicial y cuestionan procesos contra presos políticos. Diario Co Latino, 3 de julio de 2026.
4. El último árbitro: Nuevas Ideas se toma el Tribunal Supremo Electoral. FOCOS, julio de 2026. Ver también: Nuevas Ideas controla el Tribunal Supremo Electoral en El Salvador. Divergentes, julio de 2026.
5. Construcción lidera crecimiento económico de El Salvador en el primer trimestre de 2026. Diario La Huella, 2 de julio de 2026.
6. Trabajar ya no es suficiente para tener vivienda propia. YSUCA, julio de 2026.
7. CEPAL advierte impacto en el sistema educativo por menos nacimientos en El Salvador. El Diario de Hoy, 3 de julio de 2026.