Moscú firma cinco años con Avilés, el PUSC borra a Ajoy y Tegucigalpa cita al CNE

El miércoles 29 de abril por la tarde, la institucionalidad centroamericana cambió de mano en cuatro escenarios a la vez, pero ninguna se movió tan lejos como el Ejército de Nicaragua. El Consejo de la Federación de Rusia —el Senado del Kremlin— ratificó hoy el acuerdo de cooperación militar firmado el 22 de septiembre de 2025 entre el ministro de Defensa ruso Andréi Beloúsov y el jefe del Ejército nicaragüense, general Julio César Avilés.¹ La ratificación legislativa convierte en derecho doméstico ruso un marco que cubre intercambio de información militar, entrenamiento conjunto de tropas, lucha contra "ideologías extremistas", protección radiológica, química y biológica, y guerra radioelectrónica. La vigencia formal es de cinco años prorrogables: una arquitectura jurídica que sobrevive a Ortega, a Murillo y a cualquier vaivén político en Managua.

A 1.500 kilómetros al sur, el Tribunal de Ética del PUSC expulsó esta tarde a Melina Ajoy y Horacio Alvarado por haber votado en contra de levantar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves en 2025; el mismo proceso se mantiene abierto contra María Marta Carballo y Carlos Andrés Robles.² Ajoy calificó la medida de "persecución política" y "sed de venganza" de la cúpula socialcristiana, pero el efecto material es más simple: la nueva Asamblea que entra en funciones el 1° de mayo se encuentra con un PUSC depurado y con un oficialismo de Laura Fernández que aspira a tomar todos los puestos del Directorio Legislativo, incluida la vicepresidencia para Esmeralda Britton.³ Mientras tanto, en Tegucigalpa, el Congreso abrió las audiencias públicas del CNE y el TJE con una renuncia sorpresiva —Idulio Melquiades Alonso Medina se retiró del CNE horas antes de su examen, pero conservó la candidatura al TJE— y en Guatemala, los expedientes de los seis candidatos a Fiscal General entraron a Casa Presidencial mientras un amparo seguía buscando anular la nómina.⁴

La institucionalidad centroamericana ya no se redibuja en cumbres ni en plazas: se redibuja en una ratificación legislativa rusa, un tribunal de ética partidaria y una agenda de audiencias que dura doce horas por día.

Nicaragua: el cuartel que Moscú ratifica y la frontera que el Hemisferio no protesta

La ratificación rusa del acuerdo militar con Nicaragua no es un comunicado: es una operación legislativa concreta que convierte un tratado bilateral firmado en septiembre de 2025 en una obligación de derecho doméstico ruso.¹ El marco legal cubre seis ejes: intercambio de información militar entre Estados Mayores, lucha contra el terrorismo y "el extremismo internacional", entrenamiento conjunto de tropas en territorio nicaragüense y ruso, defensa contra armas radiológicas, químicas y biológicas, guerra radioelectrónica y cooperación en cartografía militar. Cada uno de esos ejes tiene una contrapartida operativa que requerirá presencia de personal ruso —instructores, técnicos, oficiales de enlace— y acceso a infraestructura nicaragüense. El convenio no menciona bases permanentes, pero tampoco las prohíbe; el cinco años prorrogables le da tiempo de instalarse de forma incremental sin necesidad de un nuevo gesto político.

El antecedente que ordena la lectura es la base de Yepes, en Punta Huete, que en los últimos años recibió equipos rusos de monitoreo electrónico y comunicaciones. Esa instalación nunca fue formalizada como base militar rusa, pero acumuló capacidades que solo se entienden como tales. La ratificación de hoy le da a Moscú la cobertura jurídica para multiplicar ese modelo en otras instalaciones del Ejército nicaragüense, especialmente en zonas costeras estratégicas para el monitoreo del Pacífico hemisférico. Daniel Ortega y Rosario Murillo no necesitan firmar nuevos acuerdos: alcanza con que las cláusulas existentes se ejecuten.

El silencio diplomático que envuelve la ratificación es la otra parte del cuadro. El Comando Sur del Pentágono inauguró esta semana en San Salvador un entrenamiento regional contra el crimen organizado, una operación que reúne a fuerzas centroamericanas alineadas con Washington bajo el liderazgo del oficialismo bukelista.⁵ Pero el núcleo Ortega-Murillo permanece fuera de las listas personales de OFAC, como documentó Despacho 505 tras las sanciones del 16 de abril sobre la red del oro: la administración Trump sanciona a empresas auríferas, sanciona a dos hijos del régimen y deja intacto a Daniel, a Rosario, a Tino y a Luciana.⁶ La señal que Washington envía a Moscú es ambigua: tolera la profundización de la alianza militar mientras concentra su energía diplomática en Hormuz, Pekín y el Canal de Panamá. Para los gobiernos de Centroamérica, el dato práctico es que ya no hay una potencia hegemónica clara en el patio: hay dos potencias militares operando simultáneamente, cada una con clientelas distintas, y una región que tendrá que aprender a moverse entre ambas sin perder la cabeza.

Costa Rica: el PUSC condena a quienes defendieron a Chaves y se entrega depurado a la nueva Asamblea

El Tribunal de Ética del Partido Unidad Social Cristiana hizo público esta tarde el fallo que expulsa a las y los diputados Melina Ajoy y Horacio Alvarado por haber votado, en 2025, en contra de levantar la inmunidad presidencial al mandatario Rodrigo Chaves. La votación se produjo cuando la Fiscalía General investigaba al presidente por presuntos delitos de concusión. Ajoy y Alvarado se opusieron a abrir la vía penal contra el Ejecutivo —una posición que, vista hoy, lee como un alineamiento explícito con el chavismo desde el centroderecha—. La cúpula socialcristiana lo interpretó como traición y abrió un proceso interno que concluye, un año después, con la expulsión efectiva.² Ajoy lo calificó de "persecución política" y de "sed de venganza"; el mismo expediente sigue abierto contra María Marta Carballo y Carlos Andrés Robles, lo que sugiere que la sangría partidaria todavía tiene una segunda fase.

La maniobra ocurre a 48 horas del cambio de gobierno y reordena, en simultáneo, el Directorio de la Asamblea Legislativa. La diputada electa Yara Jiménez, del Partido Pueblo Soberano, asumirá la presidencia del Congreso el 1° de mayo con dos prioridades anunciadas —Marina de Limón y Ciudad Gobierno— y un compromiso explícito de "devolver la credibilidad" al hemiciclo, una frase que reconoce sin nombrarla la fractura institucional que dejó la última sesión legislativa.³ El oficialismo de Laura Fernández (31 diputados) se prepara para tomar los demás puestos del Directorio, con Esmeralda Britton perfilada como vicepresidenta. Cuatro expresidentes —Calderón, Pacheco, Solís y Carlos Alvarado— ya confirmaron que no asistirán al traspaso del 8 de mayo, y se esperan 27.000 personas en el Estadio Nacional. Lo que entrega el período saliente, en otras palabras, es un mapa partidario donde el chavismo absorbió a una parte del PUSC y dejó al resto del socialcristianismo dedicado a depurarse a sí mismo.

A esa erosión política se le suma una erosión institucional documentada hoy por la Contraloría General de la República. Casi 300 funcionarios del Poder Judicial recibieron aumentos en 2025 pese a tener salarios por encima del global previsto por la Ley Marco de Empleo Público, y se pagaron ₡251 millones de más por incapacidades no recuperadas al cierre del ejercicio.⁷ El sindicato judicial SITRAJUD respondió que la mayoría de salarios siguen congelados y advirtió sobre fuga de talento, pero la Contraloría no entró a discutir el costo laboral del Poder Judicial: entró a documentar que las reglas se aplican de forma diferencial. La señal que la nueva Asamblea recibe sobre uno de los pilares del Estado —el sistema de justicia— es que la regulación opera de forma desigual hacia adentro, y que el control externo solo aparece cuando la cifra ya está en el balance.

Honduras: el examen del CNE arranca con renuncia, el Liberal pierde a Elvir y los acusados de magnicidio se defenderán en libertad

La selección del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral entró este miércoles en su fase pública con un episodio que terminó marcando el tono: el abogado Idulio Melquiades Alonso Medina renunció a su aspiración al CNE pocas horas antes de comparecer en la audiencia, y mantuvo únicamente su candidatura al TJE.⁴ El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, ya había solicitado al Ministerio Público y a la Procuraduría General la información sobre antecedentes penales y demandas activas de los más de 100 autopostulantes; la renuncia de Alonso Medina ocurre en ese contexto y reabre la pregunta sobre cuántos otros se retirarán antes de que la matriz de la Gerencia Legislativa —que evalúa transparencia, trayectoria y "expertise"— los obligue a exponer en treinta minutos lo que no resiste el escrutinio público.⁸

La fractura interna del Partido Liberal le agregó un segundo frente al proceso. La diputada Iroshka Elvir anunció esta tarde que se aparta de la bancada liderada por Jorge Cálix, al que calificó de "impositivo", y que no asistirá a las reuniones partidarias mientras él ocupe la jefatura.⁹ Elvir rechazó las versiones que la ubican en alianza con el oficialismo de Xiomara Castro y sostuvo que los cargos del CNE y el TJE deberían ser apolíticos: una posición que, leída desde la coyuntura, reduce el músculo de la oposición liberal precisamente en la semana en que se decide el árbitro. Cálix había aspirado simultáneamente a la jefatura de bancada y a la presidencia del Congreso, una doble candidatura que el sector de Elvir interpreta como concentración de poder. La consecuencia material es que la principal fuerza opositora a Castro entra a la negociación del CNE con menos disciplina interna y con la presión añadida de tener que demostrar que su voto sigue siendo predecible.

El cuadro hondureño se completa con una decisión judicial que el oficialismo recibió con mucha más reserva. Un juez otorgó medidas sustitutivas a los tres imputados por el presunto plan de magnicidio contra el expresidente Manuel Zelaya —Perfecto Enamorado, Antonio Kattan y Arcadio Corrales—, lo que les permite defenderse en libertad pese a las acusaciones de terrorismo, magnicidio y conspiración contra el orden constitucional.¹⁰ La defensa argumentó que las pruebas se basan en mensajes de WhatsApp y que no hay documentación que acredite una estructura criminal. Si la lectura fiscal era que el caso demostraba la existencia de una conspiración política contra Zelaya y, por extensión, contra el gobierno de Castro, la decisión de hoy le quita peso público al expediente justo cuando Libre necesita encadenar narrativas de amenaza para movilizar disciplina partidaria. El antecedente recuerda lo que ocurre cuando los casos políticos se construyen con material probatorio frágil: la justicia los devuelve achicados, y la maniobra termina debilitando al actor que la inició.

Guatemala: los expedientes ya están en Presidencia y el reloj corre contra el amparo

En Ciudad de Guatemala, los expedientes de los seis candidatos a Fiscal General fueron remitidos formalmente a Casa Presidencial tras concluir las entrevistas privadas que el presidente Bernardo Arévalo realizó entre martes y jueves de esta semana.¹¹ La novedad respecto al cierre de la mañana es que el cronograma se cumplió: Arévalo tiene ahora la totalidad de los legajos y entra en una ventana de decisión de tres días en la que pesa, simultáneamente, la negativa de los observadores internacionales a las entrevistas a puerta cerrada y la persistencia del amparo presentado por el abogado David Juárez Aldana, que sigue buscando anular la segunda nómina y forzar una recalificación que excluya a fiscales y defensores públicos.¹¹

El nuevo factor que entra hoy al tablero es la posición de Estados Unidos. Juan Rodríguez, nominado embajador en Guatemala, expuso ante el Senado norteamericano sus prioridades para la misión bajo el lema "América Primero": cooperación migratoria, contención de China en infraestructura crítica y lucha contra el narcotráfico, sin mencionar de forma central la lucha contra la corrupción ni el respaldo a Arévalo en su disputa con la Corte de Constitucionalidad.¹² El cambio de énfasis es relevante porque, hasta ahora, Washington había sido un aliado táctico de la Presidencia guatemalteca contra las redes de impunidad domésticas; la nueva embajada llega con una agenda donde la independencia judicial guatemalteca queda en un escalón secundario, lo que habilita —sin proponérselo— una mayor autonomía operativa para los abogados que litigan en sentido contrario. Arévalo elige ahora con un MP debilitado, una CC funcional al pacto, un amparo dilatorio activo y una embajada que ya no le firma cheques diplomáticos automáticos; el margen de error es mínimo.

El patrón: la institucionalidad regional se redibuja con piezas externas

Lo que conecta a las cuatro escenas del día no es un fenómeno discursivo, es una mecánica concreta. En Managua, Moscú formaliza su presencia operativa en el Ejército nicaragüense por cinco años. En San José, el partido que arbitra la transición depura a sus disidentes y se entrega adelgazado al oficialismo entrante. En Tegucigalpa, el árbitro electoral abre el examen mientras la principal oposición se parte. En Ciudad de Guatemala, una embajada estadounidense reordenada bajo el lema "América Primero" deja de ser ancla diplomática del proceso de selección del Fiscal General. Cada una de estas piezas tiene un actor externo que la habilita: Moscú, OFAC, el FMI, la Embajada saliente. El Estado centroamericano del año electoral 2026 no se debilita en aislamiento; se redibuja con manos que no votan en sus padrones, y con calendarios legislativos —el del Senado ruso, el del Comando Sur, el del Tesoro estadounidense— que corren más rápido que los propios. La defensa del estado de derecho ya no se juega solo en quién controla las instituciones desde adentro: se juega en quién las usa, desde afuera, como pieza de su propio tablero.

Fuentes

1. Rusia ratifica el acuerdo de cooperación militar con Nicaragua. teleSUR, 29 abril 2026.
2. Tribunal de Ética expulsó a diputados Melina Ajoy y Horacio Alvarado del PUSC. Monumental, 29 abril 2026.
3. Cuáles serán las prioridades de Yara Jiménez de cara a dirigir el plenario legislativo. Monumental, 29 abril 2026.
4. Renuncia sorpresiva sacude elección del CNE: aspirante se retira a horas de audiencias públicas. ConfidencialHN, 29 abril 2026.
5. Cluster de seguimiento SIC sobre el inicio del entrenamiento regional del Comando Sur en El Salvador, 28-29 abril 2026.
6. EE.UU. sanciona a Maurice y Daniel Edmundo Ortega Murillo y a la red de oro del régimen. Despacho 505, 16 abril 2026.
7. Contraloría: casi 300 funcionarios judiciales recibieron aumentos en 2025 pese a tener salarios mayores al global. Monumental, 29 abril 2026.
8. Congreso Nacional inicia audiencias públicas a aspirantes del CNE y TJE. Diario Roatán, 29 abril 2026.
9. Diputada Iroshka Elvir cuestiona liderazgo de Jorge Cálix y se aparta de la bancada liberal. Diario Roatán, 29 abril 2026.
10. En libertad se defenderán los señalados por el supuesto plan de magnicidio. ConfidencialHN, 29 abril 2026. Ver también: Otorgan medidas sustitutivas a acusados de supuesto plan de magnicidio contra Manuel Zelaya. Diario Roatán, 29 abril 2026.
11. Amparo busca anular la segunda nómina de candidatos a Fiscal General. Prensa Libre, 28 abril 2026. Ver también: Observadores piden al presidente verificar la honorabilidad del futuro fiscal general. Prensa Libre, 29 abril 2026.
12. Cluster de seguimiento SIC sobre la audiencia de Juan Rodríguez ante el Senado de Estados Unidos, 28-29 abril 2026.