MOVIR destapó la economía del régimen; nueve congresistas enviaron la cuenta a Rubio
El 26 de junio de 2026, el Movimiento de Víctimas del Régimen presentó la contabilidad que el Estado nunca publicó: Samuel Ramírez, su dirigente, describió ante medios de comunicación cómo la suspensión de garantías constitucionales que la Asamblea renueva por quincuagésima segunda vez este mes no es solo un instrumento de control social, sino una estructura de extracción económica con precios de lista.1 Cobros de $1.000 por una visita familiar a un detenido. Cobros de $35.000 para trasladar a un preso enfermo —el empresario Catalino Miranda, quien murió en septiembre de 2025 después de pagar para salir del hospital penitenciario de Mariona— de una instalación penitenciaria a un hospital privado. Contrataciones de urgencia que evitan la fiscalización de la LACAP. Uso de personas privadas de libertad como mano de obra gratuita en proyectos estatales sin costo ni registro público. Y una pregunta que MOVIR lanzó sin destinatario oficial, porque ninguna institución con jurisdicción la responde: "¿Quién construyó el CECOT? ¿Qué empresa? ¿Cuál fue el costo real? ¿Cuál fue el sobrecosto?".1 En un país donde el organismo encargado de auditar ese gasto —la Corte de Cuentas— está siendo renovado esta semana con tiempos administrados por Ernesto Castro y votos del bloque oficialista, la pregunta es estructural: no tiene respuesta porque el sistema que debería producirla está siendo capturado en tiempo real.
En el mismo ciclo, una carta firmada el 25 de junio por nueve legisladores estadounidenses —McGovern, Raskin, Kaine, Omar, Tlaib, Ivey, Delia Ramírez, Norton y Van Hollen— le pidió al secretario de Estado Marco Rubio "utilizar las facultades de sanciones en materia de derechos humanos para negar la entrada a los Estados Unidos a quienes sean responsables" de la detención de Ruth López.2 La referencia es directa: mecanismos tipo Magnitsky, instrumentos que trascienden la retórica diplomática y que, de activarse, producirían consecuencias materiales sobre funcionarios nombrados. Tres semanas atrás, esta misma edición documentó cómo el senador Van Hollen había extraído de Juan Segura —nominado para subsecretario de Estado— el primer compromiso nominativo de un funcionario de la administración Trump sobre los presos políticos salvadoreños. El 25 de junio, Van Hollen está en la carta. Ahora son nueve. Y la petición ya no es un compromiso de ratificación: es una solicitud formal de activar las herramientas sancionatorias. El régimen que calibró durante meses que la presión democrática en Washington no tiene traction real bajo Trump está mirando cómo ese cálculo se complica.
El régimen de excepción que MOVIR describió el 26 de junio no es solo un instrumento de seguridad: es una caja registradora sin auditoría, y la carta de nueve congresistas a Rubio es el primer intento de colocarle una cerradura desde afuera.
gratuito — contabilidad del régimen
que el CECOT nunca publicó
escalada desde el compromiso nominal
de Segura ante el Comité el 18 de junio
200.000 salvadoreños en el eje
de la paradoja migratoria de Bukele
+ "récord histórico de opacidad" —
diagnóstico desde el exilio
La contabilidad que el Estado nunca fiscalizó
El Movimiento de Víctimas del Régimen no habla de derechos humanos en abstracto. Lo que Samuel Ramírez presentó el 26 de junio es un desglose con cifras verificables en uno de sus extremos —el caso de Catalino Miranda está documentado, su muerte en septiembre de 2025 fue publicada por El Faro— y con preguntas sin respuesta en el otro, que son precisamente las preguntas que un Estado sin opacidad debería poder responder: a cuántas familias se les cobró, cuántas órdenes de compra se emitieron con carácter de urgencia, cuántas empresas vinculadas a funcionarios resultaron beneficiadas, cuántas personas privadas de libertad trabajaron en obras estatales sin registro.1
La mecánica que MOVIR describe no es nueva en el sentido técnico —los elementos aislados han sido documentados por periodistas y organizaciones de derechos humanos durante meses— pero sí es nueva en su articulación política. Hasta el 26 de junio, el régimen de excepción era criticado principalmente como violación de garantías constitucionales. Lo que MOVIR añade es la dimensión económica: la suspensión de garantías habilita la extracción porque elimina los mecanismos que la detectarían. Sin LACAP, sin auditoría independiente de la Corte de Cuentas —que está siendo renovada en este momento con las mismas manos que renovaron la FGR y la Sala Constitucional en 2021—, sin PDDH que visite los centros penales, sin acceso familiar regular a los detenidos, el sistema opera sin costos visibles. El cobro de $250 en paquetes para Rafael López —muerto el 1° de junio de 2022, que su familia descubrió dos meses después al pedir antecedentes penales, mientras Centros Penales seguía cobrando— no es un accidente burocrático: es la consecuencia lógica de un sistema de captura en el que nadie responde por los registros de los muertos.3
La pregunta de Ramírez sobre el CECOT —"¿quién lo construyó? ¿qué empresa? ¿cuál fue el costo real?"— es en realidad la pregunta sobre si el mecanismo que MOVIR describe tiene dimensiones que todavía no son públicas. La Asamblea aprobó el 25 de junio un préstamo de $185 millones del BCIE para el sistema de agua potable Guluchapa con 57 votos sin debate sustantivo.4 El mismo mecanismo que aprueba sin debate, audita sin independencia, y renueva sin transparencia es el que MOVIR está describiendo desde adentro, con los datos que la familia de Catalino Miranda pudo verificar después de pagar treinta y cinco mil dólares para morir fuera de la prisión.
La carta que nueve congresistas enviaron a Rubio
La escalada desde el 18 de junio —cuando Van Hollen extrajo el primer compromiso nominativo de Segura— al 25 de junio —cuando nueve congresistas piden sanciones Magnitsky— sigue una lógica acumulativa que el régimen no había contemplado completamente en su cálculo de costos de la presión legislativa en Washington.2 El compromiso de Segura era una señal con valor de alerta. La carta del 25 de junio, firmada por McGovern, Raskin, Kaine, Omar, Tlaib, Ivey, Delia Ramírez, Norton y Van Hollen, es una solicitud formal de activar instrumentos disponibles bajo legislación vigente.
La precisión fáctica de la carta es notable. Detalla que Ruth López fue detenida "sin orden judicial ni investigaciones previas", que estuvo "15 días sin cargos formales", que su juicio es secreto, que se le aplicó el régimen de excepción "a pesar de que esta medida es exclusiva para pandilleros", que fue intervenida quirúrgicamente sin notificación a su familia, y que la CIDH emitió medidas cautelares que el gobierno de Bukele ignora.2 El lenguaje de la misiva no es el de la denuncia genérica de derechos humanos: es el de quien construyó un expediente. McGovern lo formuló directamente en X: "Ruth López es una defensora de los derechos humanos injustamente encarcelada por un gobierno dictatorial salvadoreño que reprime a la sociedad civil y al Estado de derecho". La carta sitúa la detención en el contexto de "una ola de represión" que incluyó "el éxodo del país de actores democráticos, entre ellos periodistas, profesionales, líderes comunitarios, ambientalistas y defensores de derechos humanos".
Lo que hace que esta presión sea cualitativamente diferente de los ciclos anteriores es el instrumento que invocan. Las sanciones Magnitsky no requieren la aprobación del pleno del Congreso —son facultades administrativas del Ejecutivo, del propio Departamento de Estado al que le están escribiendo. La paradoja del régimen es visible: cultivó a Rubio y a Trump como aliados indispensables en su política de seguridad y deportaciones, y ahora necesita que ese mismo Rubio ignore una carta firmada por nueve legisladores que le piden activar herramientas legales sobre funcionarios nominados. La cirugía a la que fue sometida López sin notificación familiar —y el hermetismo continuo sobre su estado de salud— podría convertirse en el punto de quiebre si su condición se deteriora antes de que Segura sea confirmado y decida si honra el compromiso que hizo ante el Comité.5
TPS: la paradoja migratoria que Bukele no puede resolver
La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos del 26 de junio (6-3) que autoriza a Trump a terminar el Estatus de Protección Temporal para migrantes haitianos y sirios introduce una variable que la arquitectura de la alianza Bukele-Trump no había procesado completamente.6 Los 200.000 salvadoreños beneficiarios del TPS —muchos con más de dos décadas de residencia legal en Estados Unidos— enfrentan el vencimiento de su protección en septiembre de 2026. El fallo establece que el Departamento de Seguridad Nacional tiene "autoridad para administrar y modificar las protecciones", un precedente que allana el camino sin que sea necesaria una nueva decisión legislativa.
El impacto potencial sobre la economía salvadoreña es de primer orden. Las remesas de la diáspora en Estados Unidos equivalen a más del 25% del PIB y sostienen a aproximadamente una cuarta parte de los hogares del país. El economista César Villalona documentó esta semana que la inversión extranjera directa en El Salvador cayó casi a la mitad respecto a 2018 y que el país captó apenas el 5% del flujo regional, que la deuda pública creció $2.387 millones en 16 meses, y que las pérdidas en la posición bitcoin del Estado ascienden a aproximadamente $173 millones.7 En ese contexto de debilidad estructural, un recorte masivo de remesas no sería una señal de deterioro: sería un colapso del modelo fiscal doméstico que ninguna narrativa de seguridad puede absorber.
La paradoja es política antes que económica. Bukele necesita a Trump para su supervivencia internacional —el apoyo en la OEA, la cooperación en deportaciones, la validación ante el FMI—, pero su base económica doméstica depende de la comunidad migrante que la administración Trump busca deportar o desproteger. El TPS salvadoreño no vence en septiembre por decisión de Trump: vence porque el ciclo de renovaciones llega a su fin y la SCOTUS acaba de confirmar que el Ejecutivo tiene autoridad para no renovarlo. La respuesta del canciller Romeo Huezo o de Casa Presidencial sobre el fallo de la Corte Suprema no se produjo al momento de esta edición.6
Dictadura familiar: el diagnóstico desde el exilio
La entrevista de Héctor Dada Hirezi desde México ofrece el marco analítico más articulado del régimen en esta jornada, no por ser el más polémico sino por ser el más preciso desde el punto de vista institucional.8 Dada —economista, ex canciller, ex ministro, fundador de la Democracia Cristiana salvadoreña— no usa el término "dictadura familiar" como insulto político sino como descripción funcional: los hermanos Ibrajim, Karim y Yusef Bukele Ortez ejercen funciones oficiales sin tener cargos públicos, tienen acceso a información reservada del Estado, coordinan con instituciones formales y dan respuestas públicas en nombre del gobierno en redes sociales. Cuando en abril un ciudadano cuestionó a Ibrajim en X sobre las más de 500 muertes bajo custodia, este respondió que existe "un equipo independiente que revisa caso por caso" que "trabaja de la mano con Fiscalía, Ministerio de Justicia y Centros Penales" y "forma parte del Despacho de la Primera Dama". La institución que Ibrajim describió no existe en ningún organigrama oficial del Estado.
Dada Hirezi añade la dimensión que la cobertura externa suele pasar por alto: el régimen no se sostiene solo con represión, sino con la colusión de "personas que fueron de lo más rancio de ARENA y de lo más rancio del FMLN metidas en la construcción de una dictadura familiar".8 Su referencia a Eugenio Tironi —las dictaduras "no se dirigen a un ciudadano que delibera, sino a uno que confía o teme"— describe con precisión el efecto que la encuesta IUDOP midió esta semana: el 68,9% sigue respaldando el régimen de excepción, pero el 70,7% identifica la economía como su principal problema. Son los mismos ciudadanos. No hay contradicción: respaldaron el instrumento de control que les prometió seguridad y ahora esperan que produzca bienestar. El diagnóstico de Dada desde el exilio nombra lo que esa espera contiene: "Toda dictadura, tarde o temprano, se enfrenta a una crisis". La pregunta no es si el modelo puede sobrevivir indefinidamente. Es cuál de sus grietas se profundiza primero.
El 26 de junio de 2026, El Salvador cierra una semana con una visibilidad sobre sus contradicciones que el aparato propagandístico del régimen no puede contener completamente. MOVIR articuló la economía del régimen de excepción con cifras que CECOT nunca publicó. Nueve congresistas norteamericanos escalaron la presión sobre Rubio desde el compromiso nominal hasta la solicitud de sanciones con nombre. La Corte Suprema de Estados Unidos abrió la puerta al fin del TPS para los 200.000 salvadoreños que sostienen con remesas la economía que el régimen no logra construir con inversión interna. Y Dada Hirezi, desde el exilio, puso el adjetivo que los datos acumulados de semanas anteriores ya dibujaban: familiar. Lo que distingue al 26 de junio no es que el régimen enfrente una amenaza sin precedentes —no la enfrenta todavía—, sino que los frentes que siempre operaron por separado empiezan a converger en la misma imagen: un Estado que lucra con la excepción que prometió ser temporal, presionado desde adentro por las víctimas que calcularon el precio y desde afuera por legisladores que pusieron nombre a los responsables.
Fuentes
- MOVIR acusa al Estado de lucrar con el régimen de excepción y exige presión internacional. Diario Co Latino, 26 de junio de 2026.
- Congresistas de EEUU exigen liberación de Ruth López. Diario Co Latino, 26 de junio de 2026. Ver también: Congresistas de EE. UU. piden a Marco Rubio intervenir por la liberación de Ruth López. YSUCA, 26 de junio de 2026.
- Familiar de Rafael López: "Nadie nos avisó que estaba muerto, lo fueron a meter a una fosa a La Bermeja". El Faro, junio de 2026.
- Aprueban préstamo de $185 millones para mejorar abastecimiento de agua en el AMSS. ElSalvador.com, junio de 2026.
- Congresistas de EE.UU. piden que un representante de la Embajada visite a Ruth López. Diario Co Latino, 26 de junio de 2026.
- Corte Suprema de EE. UU. permite a Trump terminar protecciones del TPS para migrantes de Haití y Siria. YSUCA, 26 de junio de 2026.
- Economista advierte menor inversión y persistencia de problemas económicos. YSUCA, 26 de junio de 2026.
- Héctor Dada Hirezi: "Claramente estamos frente a una dictadura familiar". FOCOS, 26 de junio de 2026.