Noventa y cinco cuerpos que la PNC catalogó como 'por sobreaveriguar'

Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, la cuenta de redes sociales Desaparecidos SOS El Salvador registró el hallazgo de 95 cadáveres a nivel nacional. En el mismo período, la Policía Nacional Civil reportó oficialmente 35 homicidios.¹ La brecha no es un error de registro: es un método. El Movimiento de Trabajadores de la Policía —fuente interna, no organización de DDHH— confirmó el mecanismo: las muertes se registran en su mayoría, pero se catalogan como "muerte por sobreaveriguar", categoría que las excluye automáticamente del cómputo de homicidios. Aunque los forenses después analicen los cuerpos, la estadística no se modifica. El resultado es que 60 muertes adicionales —muchas con cortes, golpes y fracturas visibles, encontradas en quebradas de ríos y predios aislados— desaparecen del conteo antes de que nadie tenga que negarlas. No se suprimen: se clasifican en otra columna.

Ese dato, publicado el 8 de julio de 2026 por La Prensa Gráfica, no llega solo. El mismo día que el monitoreo de Desaparecidos SOS instaló la brecha, Reporteros Sin Fronteras publicó su informe global sobre el uso de leyes de seguridad nacional para perseguir periodistas, con un capítulo específico sobre El Salvador: desde 2019, unos 50 comunicadores se han visto forzados al exilio, y Víctor Barahona figura como el primer periodista detenido bajo el régimen de excepción.² El mismo día, La Prensa Gráfica reportó que al menos 150 salvadoreños fueron reclutados por la empresa IMPROA S.A. con contratos de seguridad privada y enviados a la República Democrática del Congo, donde fueron obligados a combatir como mercenarios bajo privación de agua y comida.³ Y ese mismo día, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA publicó que el Estado ya no utiliza el término "feminicidio" en ninguna de sus comunicaciones oficiales, aunque el OUDH documentó 26 en 2025.⁴ Cuatro noticias distintas, un solo principio de funcionamiento: donde no hay categoría, no hay delito; donde no hay registro, no hay víctima.

El régimen no niega los cuerpos: los archiva en columnas que la estadística oficial no suma. La diferencia entre 35 y 95 no es un error de conteo — es el margen que la categoría "por sobreaveriguar" produce deliberadamente.

El mecanismo del subregistro: lo que la categoría "sobreaveriguar" produce

La experta en seguridad consultada por La Prensa Gráfica con anonimato fue precisa al describir qué hace el subregistro con la realidad: "Es evidente que se están ocultando cifras en cuanto a las muertes violentas. Esto conlleva a un subregistro en la estadística oficial que no permite conocer la magnitud real".¹ Una segunda fuente amplió el diagnóstico a un fenómeno más estructural: "Si consideramos todas estas muertes —cadáveres en quebradas, muertes bajo custodia del Estado en centros penales, osamentas encontradas—, es claro que las cifras presentadas por el gobierno distan mucho de la realidad de violencia criminal que vive el país, en la que lo único que parece haber cambiado es el agente perpetrador". La última frase porta la carga política de la jornada: la violencia no desapareció, mutó de agente. Y la mutación de agente es precisamente lo que la categoría "sobreaveriguar" está construida para opacar.

El dato se cruza con tres registros que las ediciones anteriores de esta semana establecieron. El Socorro Jurídico Humanitario documentó 544 muertes bajo custodia del Estado durante el régimen de excepción —94% sin perfil pandillero ni condena judicial—, datos bajo reserva oficial por siete años.⁵ El GIPES identificó 540 casos de desaparición forzada hasta febrero de 2025, citados el 6 de julio en una carta abierta que 160 personas desde Australia enviaron a Bukele.⁶ Y el caso de Irvin Quintanilla —deportado en marzo de 2025, ingresado al CECOT, buscado infructuosamente por la Sala Constitucional durante siete meses— demostró que el Estado no puede decirle al máximo tribunal dónde está una persona viva. Si no puede decirlo para alguien con hábeas corpus activo y medidas cautelares de la CIDH, la precisión con que puede decir cuántos han muerto en el mismo sistema es, como mínimo, metodológicamente cuestionable. El Observatorio Universitario de Derechos Humanos añadió el eslabón femicida: en 2025 hubo 26 feminicidios y un suicidio feminicida documentados por el OUDH, pero las instituciones estatales ya no usan el término ni invocan la Ley Especial Integral para la Vida Libre de Violencia (LEIV) en sus comunicaciones.⁴ Treinta y uno de los 82 homicidios oficiales de 2025 aparecen clasificados como "intolerancia intrafamiliar", categoría que no existe en la legislación salvadoreña. La fábrica de invisibilidad opera en todos los estratos: los cuerpos en las quebradas son "sobreaveriguar", las muertas a manos de sus parejas son "intolerancia", los fallecidos en las cárceles están bajo reserva por siete años, los desaparecidos son expedientes que la FGR archiva "definitivamente".

RSF, los exiliados y la denuncia que sale desde donde el régimen no puede controlar

El informe de Reporteros Sin Fronteras publicado el 8 de julio documenta lo que en El Salvador se siente como hecho cotidiano pero que el régimen prefiere no registrar en ninguna columna: 50 periodistas en el exilio desde 2019, doce medios agrupados en la Asociación Periodística Intermedios que opera desde afuera del país, el caso de Víctor Barahona como el primero formalmente detenido bajo el régimen de excepción, y el uso sistemático de la Ley de Ciberseguridad y la Ley de Protección de Datos como instrumentos de control de contenidos digitales mediante el llamado "derecho al olvido".² El indicador jurídico global de la libertad de prensa se deterioró en más del 60% de los países entre 2025 y 2026: El Salvador no es excepción sino ejemplo temprano.

Lo que el exilio periodístico produce no es solo ausencia de cobertura interna: es el patrón que vincula al periodismo con la carta de los 160 desde Australia y con la reunión del vicepresidente Félix Ulloa con el Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, para presentar las plataformas de IA del régimen —Doctor SV, tutorías educativas— como política de derechos humanos.⁷ Türk subrayó la necesidad de "situar los derechos humanos en el centro de la gobernanza de la inteligencia artificial". El contraste no es accidental: la misma ONU que en marzo de 2026 presentó un informe con "bases razonables" para considerar que el régimen de excepción cometió crímenes de lesa humanidad recibe al vicepresidente salvadoreño a hablar de Doctor SV. El régimen gestiona simultáneamente la acusación de crímenes de lesa humanidad y la cooperación técnica con el mismo organismo que la formuló. Esa simultaneidad no es hipocresía: es arquitectura. Los 50 periodistas en el exilio no pueden volver a cubrirla desde adentro. Los que lo hacen desde afuera —El Faro desde Costa Rica, Intermedios desde donde esté— son los que producen la evidencia que la ONU después cita y que el régimen después presenta ante la ONU como cooperación en derechos humanos. El ciclo es cerrado y eficiente: el periodismo que el régimen exilió construyó el expediente que ahora el vicepresidente viaja a gestionar.

El 9 de septiembre y los 150 mercenarios: el Estado que no ampara en ninguna dirección

El 9 de septiembre de 2026 vence el Estatus de Protección Temporal (TPS) que ampara a unos 200.000 salvadoreños en Estados Unidos, sin que el Departamento de Seguridad Nacional haya anunciado prórroga.⁸ La administración Trump ya canceló formalmente el TPS para Venezuela, Honduras, Nicaragua, Nepal y Haití. La Corte Suprema de EE.UU. respaldó esa autoridad con dos fallos de mediados de 2026. El argumento del DHS es explícito: el programa "dejó de ser temporal" y las condiciones originales —los terremotos de 2001 que dieron origen a la designación de El Salvador— "ya concluyeron". La secuencia que eso activa es la que el ciclo del 8 de julio estableció: Trump cancela el TPS → los salvadoreños pierden permiso de trabajo → el informe blanqueado del Departamento de Estado de Rubio elimina obstáculos para deportarlos → los deportados ingresan a un sistema carcelario salvadoreño que el propio gobierno no puede auditar, donde la PNC registra 35 homicidios cuando el campo encontró 95 cuerpos. Los $8.200 millones en remesas de 2025 —el principal motor de consumo del país— dependen directamente de la capacidad de esas 200.000 personas de trabajar legalmente en EE.UU. El 9 de septiembre es la fecha en que ese pilar puede comenzar a ceder.

En el otro extremo del mismo patrón está la historia de IMPROA S.A. Al menos 150 salvadoreños firmaron contratos de "guardia de seguridad estática" y viajaron a la República Democrática del Congo. Al llegar, les retiraron los pasaportes, los privaron de agua y comida para presionarlos a entrenar, construir trincheras y combatir. "Nos daban armas de guerra, nos obligaban a entrenar y nos mandaban a construir trincheras", declaró un afectado.³ El contrato presentado ante el Ministerio de Trabajo difería del que los trabajadores firmaron. Varios regresaron con malaria. La FGR presentó denuncia formal el 26 de junio ante el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado. El Estado que no puede decirle a la Sala Constitucional dónde está Irvin Quintanilla dentro de sus propias cárceles tampoco supo —o no quiso— detectar que IMPROA S.A. estaba reclutando combatientes encubiertos de mercenarios para un conflicto en África. Mientras Bukele enviaba médicos del USAR a Venezuela como misión humanitaria, IMPROA S.A. enviaba 150 salvadoreños al Congo como carne de cañón. El Estado aplaudió la primera operación. Abrió un expediente por la segunda solo cuando los sobrevivientes volvieron a contarlo.

Lo que acumula el 9 de julio de 2026 no es la coincidencia de varias crisis: es la demostración de que el principio que las organiza es uno solo. El Estado borra las categorías —"sobreaveriguar", "intolerancia intrafamiliar", reserva por siete años— y así los hechos dejan de ser hechos registrables. Eso no es negligencia administrativa: es el dispositivo que hace posible gobernar con estadísticas de seguridad que organismos internacionales, periodistas en el exilio y madres de deportados contradicen con datos concretos. Los 95 cadáveres que Desaparecidos SOS registró y la PNC archivó en otra columna son el mismo tipo de acto que el exilio de 50 periodistas que RSF formalizó hoy, que los 26 feminicidios que el OUDH documentó y el Estado ya no nombra, que los 150 salvadoreños que IMPROA mandó al Congo con un contrato que el Ministerio de Trabajo nunca verificó. Cuando en septiembre la fecha del TPS venza y 200.000 personas pierdan su estatus, el Estado salvadoreño recibirá deportados que su propio sistema no podrá encontrar si los busca. El 9 de septiembre tampoco va a preguntar cómo los van a catalogar.

Fuentes

1. Cadáveres encontrados en primer semestre de 2026 superan cifra oficial de homicidios en El Salvador. La Prensa Gráfica, 8 de julio de 2026.
2. En nombre de la seguridad nacional se persigue a periodistas, denuncia RSF. YSUCA / Reporteros Sin Fronteras, julio de 2026.
3. Salvadoreños eran privados de agua y comida para obligarlos a combatir en el Congo, África. La Prensa Gráfica, 8 de julio de 2026.
4. 26 feminicidios y un suicidio feminicida fueron registrados durante 2025. YSUCA / OUDH-UCA, julio de 2026.
5. 544 personas habrían muerto en las cárceles del país, la mayoría por deterioro de su salud. YSUCA / Socorro Jurídico Humanitario, julio de 2026.
6. Salvadoreños y organizaciones en Australia envían carta abierta a Bukele. Diario Co Latino, julio de 2026.
7. El Salvador y la ONU amplían la cooperación en transformación digital y derechos humanos. La Página, julio de 2026. Ver también: El Salvador fortalece el diálogo con la ONU sobre derechos humanos e inteligencia artificial. Diario La Huella, julio de 2026.
8. TPS: la historia del programa migratorio que nació como solución temporal y hoy está en riesgo. La Prensa Gráfica, 9 de julio de 2026.