Oddone lanza 240 artículos de libre mercado mientras los fiscales del FA encallan en el Senado

El 10 de junio el gobierno del Frente Amplio presentó lo que el ministro Gabriel Oddone llama el "buque insignia" de la administración Orsi: un proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida de más de 240 artículos elaborado por cuatro ministerios, que será enviado al Parlamento esta semana.¹ En la misma jornada, el bloque oficialista en el Senado retiró sin dar razones la designación de tres fiscales departamentales que había sido acordada interpartidariamente días antes.² Afuera, los transportistas autoconvocados que no aceptaron el acuerdo que el MTOP cerró con la Intergremial avanzaban en caravana por ruta 5 hacia Montevideo con cubiertas encendidas en la radial de San José.³ La coincidencia no es azarosa: es el patrón de un gobierno que gestiona bien los acuerdos de mesa y no termina de controlar lo que pasa afuera del cuarto.

La ironía estructural de la Ley de Competitividad no requiere elaboración. Un gobierno de izquierda, nacido de la tradición que construyó los Consejos de Salarios y fortaleció las empresas públicas como instrumentos redistributivos, presenta su reforma más ambiciosa bajo el paraguas conceptual del mercado libre: importadores múltiples para romper monopolios de hecho, silencio positivo ante la burocracia estatal, autodespacho aduanero, sandboxes para fintech. La tertulia de En Perspectiva lo formuló con la precisión que la ocasión merece: Ana Laura Pérez recordó que el candidato Lacalle Pou usó la metáfora de la "pasta de dientes" para ilustrar las mismas importaciones en 2019, y que el gobierno siguiente no ejecutó nada al respecto.¹ Lo que Oddone llama "modesta reforma" es, desde esa perspectiva, la acumulación de años de postergaciones que ahora el FA presenta como iniciativa propia. El tertuliano Martín Bueno la llamó "revolución de las cosas simples". Ana Laura Pérez fue más precisa: la vara está tan baja que "a uno lo emociona que se anuncie algo que implica cambiar algo".

Un gobierno de izquierda puede invocar la libre competencia como herramienta. El problema es que lo que el mercado no distribuye tiene que distribuirlo el Estado, y ese Estado firmó una Rendición de Cuentas de costo cero la semana pasada.

La izquierda y el libre mercado

El paquete que el Ejecutivo envía al Parlamento tiene cuatro capítulos: simplificación de trámites, fomento de la inversión, desarrollo exportador e innovación. Entre sus medidas concretas: el silencio positivo ante la falta de respuesta estatal, el autodespacho aduanero para operadores certificados, la figura del importador múltiple para un mismo producto —diseñada para quebrar los monopolios de importación que el gobierno identifica como causa directa del encarecimiento de la canasta—, la extensión de los registros sanitarios de cinco a diez años, la exhibición obligatoria de precios por unidad de medida, y sandboxes regulatorios para fintech.¹ Oddone lo definió como "una modesta pero importante reforma del Estado". Sus colegas de Industria, Ganadería y Salud Pública completaron la presentación en la Torre Ejecutiva el 10 de junio.

La recepción de la oposición fue cautelosamente favorable, lo que dice bastante sobre el contenido. Javier García, Pablo Abdala y Carlos Rydström no se opusieron de frente; objetaron los tiempos y pidieron ver el articulado completo antes de comprometerse.¹ El problema de fondo no está en lo que la ley contiene sino en lo que no alcanza a tocar: la estructura que sostiene la desigualdad del costo de vida no es la burocracia de los trámites, es el IVA que recae sobre el consumo y el IRPF que recae sobre el trabajo, mientras el sector agroexportador y las zonas francas conservan beneficios que nadie discutió en la conferencia de prensa. Que el MEF diga que estudia viabilidad de reformas tributarias redistributivas "para otro período" mientras presenta una ley de libre competencia como su reforma estrella no es inconsistencia: es una elección política con consecuencias distribuidas hacia abajo.

El capítulo de importadores múltiples es el más disruptivo, y también el más políticamente arriesgado. Romper los monopolios de importación de facto implica afectar a sectores organizados con capacidad de presión institucional. Que el Uruguay sea "extremadamente conservador y transversal" para tocar vacas sagradas, como señaló un oyente en la tertulia de En Perspectiva, no es una caracterización abstracta: es el mapa de fuerzas que la ley tendrá que atravesar para llegar a la Cámara.¹ Por ahora el gobierno tiene la presentación. La semana próxima, el articulado completo llega al Senado. Ahí empieza la negociación real, y el primer gran test no va a ser la oposición: va a ser el propio bloque que ya demostró esta semana que puede retirar del orden del día lo que no le conviene votar.

Los fiscales que el FA guardó del orden del día

El legislador frenteamplista Aníbal Gloodtdofsky retiró el 10 de junio, sin dar razones públicas, la designación de tres fiscales departamentales del orden del día de la sesión del Senado.² El nombramiento había sido acordado en la reunión interpartidaria del lunes. Las tres candidatas ocupan el 5°, 8° y 10° lugar de la lista de prelación generada por el concurso de la Fiscalía General de la Nación —no las primeras en el orden. La bancada argumentó que quiere conocer los criterios de selección antes de votar. La oposición lo leyó de otra manera.

Javier García y Graciela Bianchi lo calificaron de "muy grave". Bianchi fue directa: "El responsable de la mayor parte de las cosas que le pasan a este gobierno es Jorge Díaz", en referencia al prosecretario de Presidencia.² La hipótesis que circuló sin confirmación pública es que la maniobra apunta a debilitar a la fiscal de Corte Mónica Ferrero, que ya sufrió un atentado en su domicilio y opera en un clima de hostilidad institucional. Andrés Ojeda dijo haber quedado "perplejo". El frenteamplista Caggiani respondió que la oposición "sueña" con llamadas de Torre Ejecutiva. La sesión pasó a otro punto sin resolución.

El mismo día, el fiscal Diego Chaves reveló a El Observador que pidió su traslado desde Durazno tras un "evento grave" de seguridad que motivó la intervención de Inteligencia.⁴ Chaves llevaba la causa contra el exintendente de Tacuarembó Wilson Ezquerra cuando ocurrió el incidente. Su frase —"¿Quieren que me quede acá y termine muerto?"— resume la situación de la Fiscalía en el interior: organismos sin presupuesto para proteger a sus funcionarios, casos de alto impacto político en departamentos con redes de influencia densas, y un sistema que reacciona al escándalo pero no tiene estructura para prevenirlo. El traslado de Chaves no fue una decisión administrativa; fue una condición de supervivencia. La causa Ezquerra sigue. Los fiscales que debían votar esta semana, tampoco.

Los autoconvocados que no firmaron

La Intergremial de Transporte Profesional de Carga firmó el 10 de junio con el MTOP un acuerdo para mantener la guía electrónica de carga en fase voluntaria indefinida.³ El gobierno lo presentó como resultado del diálogo. Los transportistas autoconvocados lo leyeron como una traición. El 11 de junio, camiones de Rivera, Tacuarembó, Durazno, Salto y Paysandú marcharon en caravana por ruta 5 hacia Montevideo —entre 47 y 100 unidades según las fuentes— con cubiertas encendidas en la radial de rutas 1 y 3 en San José. La transportista Florencia Ramírez fue precisa sobre lo que viene: "Los que dicen que molestamos, prepárense porque van a escuchar ruido".³

Lo que diferencia a los autoconvocados de la Intergremial no es solo la táctica sino la demanda de fondo. La Intergremial negoció los términos de implementación; los autoconvocados rechazan la herramienta de raíz. La guía electrónica la asocian con fiscalización encubierta sobre el precio del gasoil y la rentabilidad estructural del transporte independiente. El senador Sebastián Da Silva lo formuló con la claridad que la oposición prefiere: "Es la primera prueba de administración de crisis del gobierno".³ La prueba está siendo reprobada en tiempo real, porque el gobierno pensó que la mesa con la Intergremial cerraba el conflicto. Lo que descubrió es que hay dos conflictos distintos con el mismo nombre: uno que negocia y uno que no reconoce al negociador.

El patrón es el mismo que el PIT-CNT señaló el 10 de junio desde el Cerro: los actores organizados que llegan a las mesas no representan a todos los que tienen el mismo problema. La Intergremial es un actor institucional; los autoconvocados son los que quedaron afuera del acuerdo y no se sienten representados en él. La caravana que avanzó por ruta 5 el 11 de junio no pide diálogo: ya hubo diálogo, y el resultado les resultó inaceptable. Lo que el gobierno llama "administración del conflicto" es, para quienes están en ruta 5, la evidencia de que el sistema de representación no los incluye.

Lo que el Estado no integra: infancia, humedales, carne

Gabriela Toscani, trabajadora social, y José Sousa, psicólogo, trabajan en clubes de niños en convenio con INAU en Montevideo. El 11 de junio describieron en el programa No Toquen Nada lo que el discurso político sobre pobreza infantil no alcanza a nombrar: niños en "estado de alarma permanente", viviendo en costaneros de madera y chapa, con tres generaciones de usuarios del mismo club, familias monoparentales con jefatura femenina de veinte a treinta años, abuelas de cuarenta a cargo de nietos.⁵ El SIPI —sistema de información del INAU— no se comunica con ANEP ni con salud. Los datos no se cruzan. Cuando un niño es derivado por vulneración, el Estado no verifica si sus hermanos están en la misma situación. Toscani lo dijo sin atenuantes: "No importa mucho la infancia. En realidad, no votan".

La frase no es cinismo: es diagnóstico estructural. Es la misma infancia que el presidente Orsi dice priorizar, la misma por la que el PIT-CNT propone el impuesto al uno por ciento más rico, la misma que la Ley de Competitividad no toca porque su lógica es la del mercado y el mercado no tiene política de primera infancia. Lo que Toscani y Sousa documentan desde adentro es el desamparo como condición heredada: el Estado produce datos sobre la pobreza infantil y no los integra entre sus propios organismos porque integrarlos implicaría responder, y responder cuesta más que la Rendición de Cuentas de costo cero.

En paralelo, FUCVAM publicó esta semana un informe extenso sobre la empresa Bislum S.A., que busca construir un barrio privado de 226 hectáreas en los Bañados de Carrasco —una superficie equivalente al barrio Pocitos— sobre un humedal que filtra las aguas de cuatro arroyos y amortigua las inundaciones que afectan a 256.000 personas.⁶ La Intendencia de Montevideo, bajo Mauricio Zunino, ya firmó la resolución para iniciar el Programa de Actuación Integrada. El Ministerio de Ambiente excluyó los Bañados de Carrasco del decreto de Humedales de Importancia Ambiental de 2025. El edil socialista Juan Ceretta cuestionó que no existe "una explicación clara de por qué este bañado fue eliminado de los sitios prioritarios". El geógrafo Saúl Cerrada documentó que en catorce años el suelo suburbano de la zona aumentó un 144% y la actividad rural se redujo un 28%.⁶ La iniciativa de Bislum avanza con el respaldo de ediles del MPP, la Vertiente Artiguista y la Convocatoria Seregnista. El Partido Socialista y la lista 1001 se oponen. Es el mismo FA que presenta una ley para abaratar el costo de vida y que en la Junta Departamental apoya urbanizar el humedal que protege a 256.000 personas de las inundaciones.

Y el MGAP activó esta semana protocolos de investigación tras recibir de China un reclamo por residuos del antiparasitario imidocarb detectados en carne del frigorífico Tacuarembó, del grupo brasileño MBRF.⁷ Es el segundo reclamo reciente del mismo mercado. No hay sanciones por ahora, pero el plazo de respuesta es de cuarenta y cinco días. El mercado chino absorbe la mayor parte de las exportaciones cárnicas uruguayas: un segundo episodio de residuos no detectados antes del embarque no es solo una alerta sanitaria, es una señal de que el sistema de trazabilidad tiene un hueco que el frigorífico no reportó y que China encontró dos veces. El MGAP tiene el protocolo. El protocolo no tiene respuesta para por qué falló la trazabilidad interna antes de que el buque zarpara.

Lo que los tres episodios comparten —la infancia de INAU sin datos integrados, el bañado excluido del decreto sin explicación, la carne embarcada con residuos no detectados— es exactamente lo que la Ley de Competitividad no toca: la capacidad del Estado de conectar la información que ya produce y actuar sobre ella antes de que el daño sea visible. Oddone puede desregular los trámites de importación. No puede desregular el desamparo estructural de tercera generación que el propio sistema produjo, ni el humedal que la Intendencia firma sin explicación, ni el frigorífico que exporta sin trazabilidad suficiente. La "modesta reforma" resuelve algo. Lo que la jornada del 11 de junio exhibió es que el catálogo de lo que no resuelve es más largo que los 240 artículos.

Fuentes

1. Gobierno presentó proyecto sobre competitividad y reducción del costo de vida. la diaria, 10 junio 2026. | Noticias del jueves 11 de junio de 2026. En Perspectiva, 11 junio 2026. | Gobierno presenta proyecto de ley de Competitividad. Teledoce, 10 junio 2026. | Tertulia de los Jueves: Ley de Competitividad. En Perspectiva, 11 junio 2026.
2. Frente Amplio postergó votación de fiscales en el Senado y la oposición denuncia accionar "muy grave": Bianchi apuntó a Jorge Díaz. El Observador, 10 junio 2026.
3. El conflicto transportista escala en San José con paro y cubiertas encendidas. San José Ahora, 10 junio 2026. | Caravana de camioneros avanza hacia Montevideo. Florida Diario, 11 junio 2026. | Un centenar de camiones marcha en caravana a Montevideo. Subrayado, 11 junio 2026.
4. Fiscal del caso Ezquerra: "Mi traslado lo pedí yo por razones de seguridad; ¿quieren que me quede acá y termine muerto?". El Observador, 11 junio 2026.
5. #NoToquenNada | Más allá de la pobreza infantil, el desamparo y la sensación de estado de alarma. Del Sol YT, 11 junio 2026.
6. Los Bañados de Carrasco son públicos e indispensables. FUCVAM El Solidario, junio 2026.
7. Alerta en el agro: China cuestiona partidas de carne por residuos veterinarios. Uruguay Al Día, junio 2026.