La OMCT puso a El Salvador en riesgo muy alto; Washington lo llamó socio valioso
El 27 de junio de 2026, la Organización Mundial Contra la Tortura publicó su Índice Global de Tortura 2026 y ubicó a El Salvador en "riesgo muy alto" — la categoría máxima del sistema de clasificación, reservada para países con "violaciones sistemáticas de la prohibición absoluta de la tortura" y "salvaguardas muy débiles".1 El informe no se queda en declaraciones de principio. Documenta métodos específicos: aislamiento, suspensión de detenidos por las muñecas durante horas con los pies apenas tocando el suelo, privación de alimentos y agua, ejercicio forzado, uso de gas lacrimógeno dentro de celdas. Recoge el caso de Walter Vladimir Sandoval Peñate, de 37 años, que ingresó sano a las bartolinas de la Policía Nacional Civil en Ahuachapán y apareció muerto 72 horas después con hematomas en pies, brazos y hombros, y las muñecas casi seccionadas por la presión de las esposas.1 El Faro identificó con nombre y apellido a al menos un custodio de Mariona señalado por cometer, ordenar o tolerar torturas. La OMCT registra 537 muertes bajo custodia documentadas por Socorro Jurídico Humanitario. El gobierno de Bukele, según el propio informe, "ha construido una narrativa que niega públicamente la tortura y legitima los malos tratos".
En el mismo ciclo, El Salvador se incorporó oficialmente a Pax Silica, la alianza liderada por Estados Unidos para asegurar cadenas de suministro de inteligencia artificial y semiconductores. Jacob Helberg, subsecretario adjunto de Estado, dio la bienvenida al país calificando a Bukele de "ejemplo de políticas a favor del crecimiento y la innovación" y a El Salvador como "miembro" y "amigo valioso".2 La contrastación no requiere glosa: la misma semana que la OMCT clasifica al país en la categoría máxima de riesgo de tortura, un funcionario de la Administración Trump lo celebra como modelo regional. El régimen que niega sistemáticamente la tortura recibe, simultáneamente, validación institucional de la potencia que lidera la alianza tecnológica y firma los acuerdos de deportación. Esa contradicción no es accidental: es la gramática de la política exterior trumpista aplicada al laboratorio centroamericano.
La OMCT mide el costo en cuerpos; Washington mide el retorno en datos. El Salvador aparece en ambos registros como el país que el régimen administra como si fueran la misma contabilidad.
métodos documentados, 537 muertes
bajo custodia, impunidad estructural
"amigo valioso" que entrega datos
de 6,5 millones como materia prima
constitucional — oficialismo controla
selección; $1.450M sin auditoría real
Aura Minerals + desalojos en Cabañas
por Inversiones El Dorado
El índice que el régimen no puede rebatir
El Índice Global de Tortura 2026 de la OMCT no es el primer organismo internacional en documentar las condiciones del sistema carcelario bajo el régimen de excepción. Pero sí es el que ofrece la sistematización más rigurosa hasta la fecha. En las siete dimensiones que analiza el estudio — desde los marcos legales de prohibición hasta la capacidad efectiva de rendición de cuentas, pasando por las condiciones de detención y los mecanismos de acceso a asistencia jurídica — El Salvador recibe las peores evaluaciones: "riesgo muy alto" en cuatro pilares y "alto riesgo" en los tres restantes.1
Lo que añade la OMCT a la acumulación previa de evidencia es la calificación institucional de que las prácticas documentadas no son excesos individuales sino práctica de Estado. El GIPES concluyó en marzo de 2026 que existen "bases razonables para creer" que se cometen crímenes de lesa humanidad. La CIDH emitió medidas cautelares a favor de Ruth López que el gobierno ignora. Expertos de la ONU exigieron en marzo su liberación. La OMCT suma ahora la dimensión sistemática: nombra a custodios concretos, documenta con precisión forense el caso de Walter Vladimir Sandoval Peñate —sano el lunes, muerto el miércoles, con hematomas en cada extremidad y las muñecas casi seccionadas por las esposas— y señala a la PDDH como institución que no ha realizado visitas sistemáticas a los centros penales ni emitido informes sobre condiciones de detención pese a las 537 muertes bajo custodia.1
La respuesta del régimen está anticipada en el propio informe: una "narrativa oficial que niega públicamente la existencia de la tortura y legitima los malos tratos". Esta negación se sostiene en el respaldo popular — el 68,9% apoya el régimen de excepción según el IUDOP — y en el silencio institucional de la FGR, la PDDH y la Sala Constitucional. El antropólogo Marvin Aguilar evaluó el 27 de junio que la carta de nueve congresistas de EE.UU. a Marco Rubio "trasciende una simple muestra de solidaridad" y abre la puerta a mecanismos tipo Magnitsky que producen consecuencias materiales sobre funcionarios nombrados.3 La clasificación de la OMCT en la categoría máxima refuerza ese archivo: la convergencia de MOVIR —que articuló el 26 de junio la dimensión económica del régimen como estructura de extracción— con nueve legisladores norteamericanos y ahora con el índice internacional de tortura más exhaustivo disponible configura el acervo documental más denso que el régimen ha enfrentado hasta la fecha.
Pax Silica y la arquitectura del laboratorio
La adhesión a Pax Silica no es un hecho aislado sino la última pieza de una arquitectura que El Faro documentó el 24 de junio: un convenio de aproximadamente $500 millones clasificado como secreto de Estado con Google para el proyecto Doctor SV —una aplicación de salud basada en Gemini que procesaría 30.000 consultas diarias— y un proyecto con Nvidia para crear un millón de "ciudadanos digitales" sintéticos construidos sobre datos demográficos de la población salvadoreña.2 Pax Silica es el marco multilateral que legitima esa estrategia: una alianza de seguridad de cadenas de suministro tecnológico que convierte a El Salvador en nodo de la infraestructura de IA regional bajo paraguas estadounidense.
La narrativa oficial describe al país como destino tecnológico de vanguardia. La anatomía del modelo es diferente. El presupuesto de los Equipos Comunitarios de Salud cayó de $297 millones en 2020 a $2 millones en 2024 mientras el régimen invertía $630,5 millones en bitcoin y comprometía los datos de salud de millones de personas en infraestructura corporativa extraterritorial. SIMETRISSS informó el 27 de junio que 35 médicos extranjeros —que cobraban entre $7.000 y $8.000 mensuales— renunciaron al sistema porque las metas de atención funcionan "como si la atención médica fuera una maquila".4 CONADESA denunció la desaparición de expedientes clínicos del Hospital Rosales. El sistema de salud pública se vacía de médicos mientras Google firma acuerdos de siete años sobre los datos médicos de los mismos pacientes que ese sistema no puede atender.
La categoría que Couldry y Mejias acuñaron —"colonialismo de datos"— describe la mecánica con precisión: la explotación de seres humanos a través de sus datos, del mismo modo que el colonialismo histórico se apropió de territorios y cuerpos para lucro externo. El secreto de Estado sobre los acuerdos con Google y Nvidia elimina el único mecanismo disponible para evaluar quién controla los datos, bajo qué jurisdicción, con qué garantías y con qué opciones reales de auditoría ciudadana. Jacob Helberg puede celebrar al "amigo valioso" porque el modelo que el régimen ofrece es exactamente lo que la economía política trumpista necesita en la región: un laboratorio sin regulación efectiva, sin prensa libre, sin sindicatos que auditen las condiciones, con acceso a los datos de 6,5 millones de personas administrada por un Ejecutivo que clasifica sus contratos como secreto de Estado.
El triple extractivismo: minería, datos y agua
El 27 de junio, un foro transnacional reunió a comunidades de Cabañas y Chalatenango con organizaciones de Guatemala para denunciar lo que la Ley de Minería Metálica —aprobada en El Salvador a fines de 2024— habilita sobre territorios que el país prometió proteger una generación atrás.5 Miriam Alas, de Chalatenango, formuló la distinción fundamental: "Si la empresa minera o el extractivismo ve la tierra como una bodega donde sacar, nosotros lo vemos como un cuerpo que debemos cuidar, alimentar y proteger porque da vida". En Cabañas, entre 20 y 30 familias de San Isidro y Santa Marta enfrentan amenazas de desalojo por Inversiones El Dorado S.A. de C.V. —vinculada a capital ecuatoriano— en la misma zona donde Pacific Rim realizó perforaciones de 500 metros de profundidad y encontró mineral. Julio González, del Colectivo Madreselva de Guatemala, alertó que el proyecto Cerro Blanco de Aura Minerals amenaza la cuenca compartida Ostúa-Güija-Lempa: "un proyecto fracasado que viene mediante la corrupción y la compra de voluntades" que opera ahora "con la política trumpista".5
La convergencia de tres formas simultáneas de extractivismo —datos en infraestructura de Google y Nvidia, minerales en Cabañas con capital ecuatoriano y estadounidense, y agua en la cuenca más importante de Centroamérica— no es una coincidencia temática sino una estructura política. El Ministerio de Medio Ambiente pronosticó el 27 de junio temperaturas de hasta 38°C, polvo del Sahara y el establecimiento del fenómeno El Niño, que podría alcanzar categoría "muy fuerte" hacia fin de año.6 En un país donde el 80% del territorio sufre estrés hídrico, donde se destruyeron 55.000 metros cuadrados de bosque El Espino sin estudios ambientales, y donde se perdieron 70.000 empleos agropecuarios en los últimos años, el triple extractivismo opera sobre un sistema ya al límite. Rodolfo Cardenal del Centro Monseñor Romero lo planteó sin ambigüedad: "El capitalismo es un depredador salvaje"; el régimen "crea la impresión de que el cambio está en camino para no cambiar".7
La Corte de Cuentas como último candado
El 26 de junio venció el plazo para postularse a magistrado de la Corte de Cuentas de la República para el período 2026-2029. Los magistrados actuales dejan el cargo el 27 de agosto. El proceso de selección, con tiempos administrados por Ernesto Castro y el bloque oficialista controlando 57 de los 60 votos de la Asamblea, determinará si el último ente fiscalizador con mandato constitucional conserva alguna capacidad efectiva de auditoría sobre el uso de fondos públicos.8
La importancia es cuantificable. En 2026, la Asamblea aprobó más de $1.450 millones en endeudamiento: $340 millones del BCIE para agua e infraestructura vial, $185 millones para el sistema Guluchapa, $118 millones en refuerzo presupuestario para siete instituciones. La capacidad de la CCR para auditar esa ejecución —el costo real de obras como el CECOT cuya contratación MOVIR denuncia como opaca, los acuerdos con Google clasificados como secreto de Estado— es el único filtro formal entre el endeudamiento público y la discrecionalidad del Ejecutivo. Las solicitudes de transparencia de Claudia Ortiz (VAMOS) y Francisco Lira (ARENA) tienen capacidad nula de condicionar un proceso que el oficialismo controla desde el primer paso.8
Si los nuevos magistrados responden a la lógica que ya completó la captura de la FGR, la Sala de lo Constitucional y la PDDH —un proceso que comenzó en 2021 y que esta semana convergió con el informe de la OMCT en la categoría máxima de tortura— el ciclo de captura de órganos de control quedará virtualmente completo. El 27 de agosto no es una fecha administrativa: es el cierre del último mecanismo institucional con capacidad formal de decir que no.
El 27 de junio de 2026 muestra El Salvador en su contradicción estructural más concentrada: la OMCT publica el informe de tortura más detallado hasta la fecha, y Washington da la bienvenida al mismo régimen como "amigo valioso" en la alianza tecnológica que estructura el próximo ciclo de extracción. No son registros incompatibles. Son dos caras de la misma lógica de apropiación: cuerpos como materia prima del régimen de excepción, datos como materia prima del laboratorio digital. El triple extractivismo avanza en paralelo —datos, minerales, agua— mientras el sistema ambiental se recalienta, el sistema de salud se vacía de médicos, y el último ente fiscalizador con mandato constitucional se prepara para una renovación controlada por el mismo bloque que refundó el Poder Judicial en 2021. La acumulación de evidencia es real y creciente: OMCT, GIPES, CIDH, ONU, nueve congresistas, MOVIR. La pregunta no es si el archivo existe. La pregunta es quién tiene poder suficiente para abrirlo.
Fuentes
- En El Salvador hay riesgo muy alto de sufrir tortura. El Faro, 27 de junio de 2026. Ver también: Índice Global de Tortura 2026, Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).
- Bukele convirtió a El Salvador en laboratorio de Silicon Valley y lo mantiene como secreto de Estado. El Faro, 24 de junio de 2026.
- La petición de los congresistas de EE.UU. a Marco Rubio a favor de Ruth López representa mayor presión sobre el gobierno. Diario Co Latino, 27 de junio de 2026. Ver también: Congresistas de EE. UU. piden a Marco Rubio intervenir por la liberación de Ruth López. YSUCA.
- SIMETRISSS asegura que 35 médicos extranjeros han renunciado al sistema de salud. Diario Co Latino, 27 de junio de 2026.
- Comunidades denuncian amenaza al agua, la tierra y la vida por extractivismo minero. Diario Co Latino, 27 de junio de 2026. Ver también: Comunidades de Cabañas denuncian amenazas de desalojo por proyecto minero. Diario Co Latino. Organizaciones denuncian amenazas de desalojo en zonas de interés minero. YSUCA, 27 de junio de 2026.
- El Niño se establece: MARN pronostica calor extremo, polvo del Sahara y menos lluvias. ElSalvador.com, 27 de junio de 2026.
- Ni desarrollo, ni medioambiente. YSUCA, 27 de junio de 2026.
- Vence plazo de postulaciones para magistrado de la Corte de Cuentas. Diario Co Latino, 26 de junio de 2026.