El sábado siguiente al 1° de mayo confirma que la presión externa ya no se traduce en argumento técnico: el presidente lo admite en voz alta, el ente petrolero saca la chequera y el empresariado pone número a la cuenta. La crisis dejó de tramitarse en clave de política y empezó a tramitarse en clave de financiamiento.

Orsi confiesa la suba sin fin, Ancap pide crédito por la guerra y Zubía nombra al narco

Sábado 2 de mayo de 2026

Lo que vuelve distinto a este sábado posterior al 1° de mayo es la forma en que el gobierno deja de defender el ciclo energético en clave técnica y empieza a tramitarlo como crisis abierta. En el acto del PIT-CNT primero y en el tradicional Quincho de Varela después, el presidente Yamandú Orsi pronunció una frase que ningún ocupante reciente del despacho presidencial se había permitido sobre tarifas: «No veo señales prontas de que esto se calme, al revés», en referencia al precio de los combustibles, atribuyendo la situación a que «la falta de gas hizo que se esté echando mano al gasoil a nivel mundial» y a que las noticias internacionales «son cada vez peores».¹ La admisión llegó horas después de que el Diario Oficial publicara la resolución del 27 de abril por la cual los ministerios de Economía e Industria habilitan a Ancap a contratar una línea de crédito de hasta US$ 100 millones a 180 días para cubrir «obligaciones imprevistas o necesidades extraordinarias de capital de trabajo», fundamentada en la «escalada del conflicto bélico en Medio Oriente».²

Sumadas, las dos piezas configuran un cambio de registro respecto al expediente del 1° de mayo. Aquel viernes el gobierno trasladó la suba con argumento Ursea y techo regulatorio; este sábado reconoce que el ciclo es abierto y, en paralelo, dispone instrumentos financieros para sostener la operación del ente petrolero en escenario de crudo arriba de los cien dólares. La mañana se completa con tres frentes que ordenan la agenda de la próxima semana: las cámaras empresariales le ponen al Diálogo Social una cifra —US$ 500 millones de costo total—³ y avisan que enviarán un documento formal antes del fin de semana; el senador colorado Gustavo Zubía dice tener «la convicción» de que el narcotráfico ya permeó el sistema político, sin pruebas, y revela que el subsecretario del Interior, Diego Sanjurjo, le pidió disculpas en privado por criticarlo;⁴ y la Policía reconstruye con detalle el asesinato del bebé Santino en Colón, en una esquina donde diez días antes ya habían matado a otro joven.⁵

Del techo regulatorio a la chequera: lo que cambia en el expediente combustibles

La diferencia entre el argumento del viernes y el del sábado merece leerse en detalle. El 30 de abril, el Ejecutivo defendió la suba de 14% en gasoil y 7% en naftas con el manual técnico: la Ursea había recomendado hasta 24% para fueloils y 10,5% para gasoils, el Ejecutivo trasladó por debajo del techo, y la guerra en Medio Oriente justificaba la presión sobre el precio internacional. El sábado, en cambio, el presidente desactivó él mismo ese marco. Decir que «no hay señales prontas de que esto se calme, al revés» y que las noticias internacionales «son cada vez peores» es admitir que la moderación frente al techo Ursea fue una pieza del expediente, no una promesa de estabilidad. Es preparar al país para más subas y dejar de gastar capital político en la ficción de que el peor pico ya pasó.

La línea de crédito por US$ 100 millones que el Ejecutivo habilita a Ancap es la traducción material de esa admisión. La resolución firmada el 27 de abril por los ministerios de Economía e Industria autoriza al ente a contratar financiamiento de corto plazo —hasta 180 días— para cubrir obligaciones imprevistas o necesidades extraordinarias de capital de trabajo, en un contexto explícitamente nombrado como «escalada del conflicto bélico en Medio Oriente».² Los detalles importan. La solicitud original viene del directorio de Ancap de noviembre de 2025, antes incluso de que la guerra escalara con los ataques recientes a Irán; las áreas técnicas del MEF no formularon objeciones pero recomendaron priorizar financiamiento en moneda nacional, una observación que delata preocupación por el riesgo cambiario; y el monto supera el umbral que obliga a informar a la Asamblea General en treinta días, lo que asegura que el Parlamento entre en el expediente cuando el invierno empiece a presionar también el supergás.

El plazo —180 días— es un dato político en sí mismo. No es una línea contingente para tapar un mes complicado: cubre la mitad del segundo semestre, exactamente el tramo donde el Pit-CNT exige que las medidas del Diálogo Social se conviertan en «leyes, normas y decretos»⁶ y donde el Ejecutivo necesita presentar una Rendición de Cuentas con espacio fiscal real. Ancap saliendo a financiarse al mercado por seis meses para pagar crudo no es una operación neutra: es una cuenta más sobre un balance que ya carga la cuestión de las cuotas para inversión en La Teja, el debate por el portland de La Tablada que el SUNCA mantiene ocupado y la presión sobre las tarifas reguladas. La advertencia del MEF sobre moneda nacional sugiere que el riesgo cambiario empieza a ser tan grave como el riesgo precio.

Las cámaras, US$ 500 millones y el desacuerdo formalizado

El otro frente fiscal del fin de semana lo abrió Leonardo Loureira, presidente de la Cámara de Industrias, en Radio Sarandí. Confirmó que las cámaras empresariales enviarán al gobierno antes del fin de semana un documento formal con sus discrepancias respecto al texto final del Diálogo Social, y por primera vez puso un número: el costo total de implementación de las propuestas, según el cálculo empresarial, asciende a US$ 500 millones.³ La cifra equivale a cerca de un punto del PIB y aterriza en el debate presupuestal con la misma agresividad con que la propuesta del SUNCA —gravar al 1% más rico— aterrizó del lado opuesto el día anterior. Las dos cifras enmarcan ahora la discusión: el costo proyectado por el empresariado y la fuente alternativa de recaudación propuesta por el sindicalismo.

Las objeciones empresariales son las mismas que el sector arrastra desde la víspera del 1° de mayo, cuando emitieron el comunicado señalando que el documento «no recoge adecuadamente nuestros aportes»: las AFAP «hoy funcionan bien», no aceptan la creación de «nuevas organizaciones estatales», no es momento de discutir la reducción de jornada laboral —«lo podemos discutir dentro de uno o dos años»—. Lo que cambia hoy es la decisión de elevar todo a documento institucional dirigido al Ejecutivo, lo que asegura que las discrepancias quedarán incorporadas al expediente parlamentario cuando los proyectos derivados del Diálogo lleguen al Senado y a Diputados. Es la misma jugada que el sector usó con la reforma laboral de 2023: posición pública por escrito antes del trámite, para activar luego durante la negociación legislativa.

El gobierno está atrapado entre tres números que no encajan. Por un lado, los US$ 100 millones que Ancap necesita afuera para sostener la operación. Por otro, los US$ 500 millones que las cámaras le facturan al Diálogo Social como costo proyectado. Y, en el medio, los entre 0,5 y 1 punto del PIB que Javier Díaz —SUNCA, vicepresidente del Pit-CNT— calcula que recaudaría una sobretasa al patrimonio del 1% más rico. Si la Rendición de Cuentas no encuentra una fórmula que deshaga ese trilema, el segundo semestre se va a parecer más a una pelea por reparto fiscal que a una negociación salarial. La plataforma del Pit-CNT del 1° de mayo lo dijo directo: «sería un bochorno que el resultado del diálogo social termine en un papel».

Zubía, la "convicción" sin pruebas y la fractura visible del MI

La declaración del senador colorado Gustavo Zubía en Radio Sarandí tiene una arquitectura retórica que conviene desarmar.⁴ Dijo tener «la convicción» de que el narcotráfico permeó el sistema político uruguayo. A continuación, aclaró que no tiene elementos probatorios. Es una jugada doble: lanza la acusación con el peso reputacional que le da su banca y su currículum como exfiscal, y simultáneamente se blinda diciendo que se trata de una percepción. La forma —«delinquir es negocio» en Uruguay, el narco que «le consigue médico» y «locomoción» a la gente en barrios vulnerables y desde ahí «empieza a extenderse hacia capas de poder y capas de mando»— construye un mecanismo de penetración sin necesidad de aportar un solo nombre. Quien escuche puede llenar los huecos con cualquier sospecha.

El detalle político más jugoso vino al final de la entrevista. Zubía sostuvo que el plan de interruptores de violencia «fracasó» y reveló que el subsecretario del Interior, Diego Sanjurjo —principal arquitecto técnico de la estrategia, expolitólogo y firma del Partido Colorado dentro del MI— le pidió disculpas en privado por haberlo criticado públicamente. La frase tiene dos consecuencias inmediatas. Primero, expone una fractura dentro de la coalición de gobierno en materia de seguridad: el ministro Carlos Negro, el subsecretario Sanjurjo y el senador Zubía pertenecen al mismo arco oficialista, y aun así uno acusa al otro de pedir disculpas en privado por una crítica pública. Segundo, traslada al espacio público una conversación bilateral que Sanjurjo no había confirmado, lo que obliga al MI a salir a desmentir o ratificar en horas y, en cualquier caso, a discutir en cámara abierta una pelea que prefería tramitar en pasillo.

Zubía remató con un movimiento que merece atención editorial. Descartó explícitamente el modelo de Bukele —al que llamó «dictatorial»— pero vinculó su popularidad a «la desesperación» de la población frente al delito. Es la fórmula del rechazo formal con justificación implícita: yo no quiero eso, pero entiendo por qué a la gente le gusta. En un contexto donde la opinión pública uruguaya muestra preocupación creciente por la seguridad, ese razonamiento funciona como caballo de Troya: hoy se descarta el modelo, mañana se pueden defender «medidas excepcionales» con el mismo argumento de la desesperación popular. La trampa es vieja y conocida; lo que la vuelve inquietante es que la formula un legislador del partido oficialista en una emisora masiva, sin que nadie del propio sector lo enmiende.

Colón: la geografía del narco que ningún discurso reemplaza

Mientras Zubía pronunciaba su «convicción» sin pruebas, la Policía reconstruyó con detalle un crimen que sí tiene pruebas materiales y geografía concreta. El lunes 27 de abril, a las 19:55, atacantes rebasaron el auto que conducía el padre de Santino —un bebé de un año y siete meses sentado en su falda— en Pasaje J y Continuación Aparicio Saravia, en Colón, y dispararon al menos siete tiros contra el parabrisas. Un proyectil impactó la cabeza del niño, que murió en el lugar. El padre sobrevivió. Para la Policía, «no hay dudas» de que el objetivo era el padre, en un escenario de enfrentamiento entre bandas por drogas y armas en la zona.⁵

El dato que el caso vuelve visible no es el horror del crimen sino su carácter recurrente en una sola esquina. El 17 de abril, diez días antes del asesinato del bebé, un joven de 23 años había sido asesinado de un disparo en la cabeza en la misma esquina de Pasaje J y Continuación Aparicio Saravia. Días antes del lunes 27, la casa del padre del bebé también había sido atacada a tiros. La banda atacante usó dos vehículos, escapó hacia Verdisol y dejó uno de los autos incendiado para destruir evidencia. La expresión «no hay dudas» en boca policial significa que la inteligencia tiene reconstruida la disputa territorial; lo que no tiene es la capacidad operativa para detener a los responsables sin reabrir la espiral. Diez días, dos cuerpos, una esquina: la fórmula del control territorial narco en una zona del norte de Montevideo.

El contraste con la declaración de Zubía es ineludible. Mientras un senador del oficialismo nombra «la convicción» de que el narco permeó el sistema político sin aportar una sola prueba, en Pasaje J y Continuación Aparicio Saravia hay diez días, dos asesinatos, una casa atacada y un bebé muerto que sí prueban algo concreto: en esa esquina, el Estado no controla el territorio. La derivación política es brutal por su propia lógica. Cualquier reforma del CPP, cualquier ampliación de penas, cualquier discusión sobre interruptores de violencia se va a leer contra esa esquina y contra esa cifra. El plan de seguridad del gobierno cierra su primer año con un saldo medible no tanto en homicidios totales —que subieron— sino en su capacidad para procesar el dato político de que hay zonas del país donde el monopolio estatal de la violencia ya no es la regla.

Trazos secundarios: Fed, autoeliminación y ruidos de moto

En el plano externo, la Reserva Federal mantuvo las tasas entre 3,50% y 3,75% por tercera reunión consecutiva, con cuatro votos en contra —la mayor disidencia interna desde 1992— y la inflación todavía calificada como «elevada» por el aumento del precio de la energía derivado de la guerra.⁷ La decisión impacta sobre las condiciones de financiamiento internacional de Uruguay y sobre el tipo de cambio en el preciso momento en que Ancap sale a buscar US$ 100 millones afuera. La línea de crédito que el ente puede contratar va a depender del costo financiero global, y ese costo lo está fijando una Fed más fracturada que en cualquier momento de los últimos treinta y tres años.

En el plano nacional, el caso de Moisés Martínez —condenado a doce años de cárcel por el asesinato de su padre, internado en grave estado en CTI tras ingerir quince pastillas de escitalopram, el triple de la dosis de riesgo— sumó un capítulo que vincula tratamiento mediático y salud mental.⁸ Su abogado, Rodrigo Rey, confirmó que la «descompensación emocional» se desencadenó tras recibir de un amigo videos del programa Todo se sabe de Ignacio Álvarez, en los que se hablaba de su vida privada y su situación judicial. El caso reabre la discusión sobre los límites del programa de Álvarez —el mismo que llevaba meses haciendo seguimiento— y sobre el régimen de salud mental para personas en prisión domiciliaria, dos hilos que la Fiscalía y el Colegio de Abogados ya venían empujando por separado y que ahora encuentran un punto de cristalización pública.

La Defensoría del Vecino, finalmente, registró que las denuncias por ruidos molestos en Montevideo bajaron en lo que respecta al tránsito pero no en lo referente a caños de escape de motos retocadas, concentradas en los municipios B y CH.⁹ El titular Daniel Arbulo describió el circuito con precisión: «Se compra una moto, se la lleva a un mecánico, se retoca el caño de escape con el único objetivo de que cuanto más ruido mejor para mí». La microeconomía de la moto retocada conecta con la macroeconomía del Operativo Ñandubay y del balance de 10.506 motos incautadas que cerró el viernes anterior: el mismo parque vehicular informal que el MI controla con megaoperativos es, en otra dimensión, el que altera la noche de los barrios centrales.

El sábado en que la presión externa entra al balance

El patrón estructural del primer fin de semana de mayo se lee en la forma en que la presión externa dejó de ser argumento del Ejecutivo para convertirse en instrumento financiero. El presidente admite que el ciclo no se calma; el ente petrolero sale a financiarse por 180 días; el empresariado pone número al desacuerdo con un Diálogo Social que el sindicalismo ya advirtió que no acepta como «papel». Tres movimientos materiales que cierran la primera semana del segundo trimestre con un dato evidente: el espacio fiscal, el espacio energético y el espacio político se encogen a la vez. La línea de crédito de Ancap es la prueba más cruda de que el problema dejó la fase discursiva. El gobierno necesita liquidez para que la refinería siga comprando crudo, y la necesita ya.

En paralelo, la coalición oficialista exhibe en seguridad una fractura interna que no admite traducción técnica. Zubía —senador colorado del mismo arco que Sanjurjo— habla por radio para nombrar «la convicción» de que el narco permeó la política, deja entrever que el subsecretario le pidió disculpas en privado y, en el mismo movimiento, declara «fracasado» el plan que ese mismo subsecretario sostiene desde el MI. La inestabilidad operativa se traduce en una zona de Colón donde el Estado sabe quién dispara y no detiene. La pregunta política no es si el gobierno encuentra una respuesta. Es si tiene tiempo institucional para encontrarla antes de que la próxima esquina sume otro cuerpo.

Lo que ordena este sábado, en suma, es una secuencia donde lo simbólico cede ante lo material. El acto del 1° de mayo —la foto, la cadena nacional, la conquista del retiro a los 60— quedó atrás en menos de veinticuatro horas. En su lugar entran cifras: cien millones de crédito, quinientos millones de costo proyectado, veintiún por ciento de gasoil acumulado, dos cuerpos en la misma esquina, treinta y tres años desde la última vez que la Fed votó tan dividida. El Uruguay del segundo trimestre es, esencialmente, la administración de esos números cuando el calendario ya no admite postergación.

Fuentes

1. Orsi sobre precio de combustibles: "No veo señales prontas de que esto se calme, al revés". San José Ahora, 2 mayo 2026.
2. Gobierno habilita a Ancap a contratar una línea de crédito por US$ 100 millones por el impacto de la guerra. El Observador, 2 mayo 2026.
3. Diálogo Social: cámaras empresariales se pronunciaron en contra y enviarán nuevo documento al gobierno. Radio Sarandí, 29 abril 2026.
4. Zubía afirmó que tiene la "convicción" de que el narcotráfico ya ha permeado al sistema político uruguayo. Radio Sarandí, 29 abril 2026.
5. Bebé asesinado en Colón: atacantes rebasaron el auto y tiraron directo al conductor que llevaba a su hijo en la falda. Subrayado, 2 mayo 2026.
6. 1° de Mayo: de solidaridad antimperialista y de propuestas. El Popular, 1 mayo 2026.
7. La Reserva Federal mantiene sin cambios las tasas de interés en la tercera reunión consecutiva. El Observador, 1 mayo 2026.
8. El detrás del intento de autoeliminación de Moisés Martínez, que triplicó la dosis de psicofármacos considerada de riesgo. El Observador, 2 mayo 2026.
9. Ruidos molestos en Montevideo: bajan los reclamos por tránsito pero los caños de escape de motos siguen como principal problemática. Subrayado, 30 abril 2026.