PDDH, TJE y FEES: el cerrojo centroamericano ya es política
El Salvador, Honduras, Guatemala y Costa Rica muestran la misma maniobra: neutralizar contrapesos, disciplinar denuncias y convertir el presupuesto en palanca final.
La región no está girando hacia el caos; está afinando el cerrojo institucional que vuelve administrable el abuso.
lo que su archivo documenta
a quienes denunciaban
rodeada por calle y CC
se vuelve palanca política
PDDH, TJE y FEES: el cerrojo centroamericano ya es política
22 de abril de 2026
Centroamérica no amaneció con una sola crisis, sino con la misma maniobra repetida en cuatro escenarios distintos: neutralizar a quienes miran, castigar a quienes denuncian y dejar el presupuesto como última llave. En El Salvador, una investigación publicada este 22 de abril mostró que la PDDH tenía registradas 2.094 graves violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción, entre ellas 22 torturas y 201 muertes bajo custodia, mientras su procuradora seguía negando públicamente haber recibido un solo caso de tortura.1 En Honduras, el Congreso destituyó con 88 votos a cuatro autoridades electorales que no eran cómodas para el bipartidismo, y uno de ellos abandonó el país por amenazas.2
El dato nuevo no es sólo la brutalidad de cada episodio. Es la sincronía. Mientras la legitimidad se tritura en el Caribe y el istmo norte, Guatemala abre el día con bloqueos de CODECA, el Comité Campesino del Altiplano y la Usac en los “cuatro puntos cardinales” de la capital, exigiendo un Ministerio Público independiente y que Arévalo rompa los pactos de impunidad en la elección del fiscal general.3 Y en Costa Rica, el gobierno cerró la negociación del FEES 2027 con un 0% de aumento, dejó la decisión en una Asamblea de 31 oficialistas y convirtió la redistribución presupuestaria en la forma fina del disciplinamiento.5
El Salvador: la procuraduría que niega su propio archivo
La investigación de Alharaca vuelve visible algo que el régimen había querido mantener en la penumbra administrativa: la PDDH no estaba vacía, estaba contando y encubriendo. Sus propios registros entre 2022 y septiembre de 2025 consignan 22 hechos de tortura, 201 muertes bajo custodia del Estado, 48 desapariciones forzadas y 1.672 detenciones arbitrarias. La procuradora Raquel Caballero sostuvo en la Asamblea Legislativa y ante el Comité contra la Tortura de la ONU que no había recibido “ni un solo caso” de tortura; el archivo interno la contradice de frente.1
Lo relevante no es el desliz discursivo, sino la técnica. El subregistro por reclasificación —tortura rebajada a “malos tratos”— y el cierre masivo de expedientes hacen que el abuso no desaparezca: cambia de categoría para volverse más manejable. Cuando una institución de derechos humanos archiva 90% de los casos y luego dice no ver tortura, no está fallando; está produciendo impunidad con membrete.1
Honduras: el árbitro que incomodaba fue barrido
La destitución de Marlon Ochoa, Mario Morazán, Gabriel Gutiérrez y Lourdes Mejía no fue un ajuste técnico, fue una operación de limpieza política. Radio Progreso reconstruyó cómo el informe de 184 páginas llegó apenas dos horas antes de la votación, cómo Morazán denunció que el proceso era “altamente politizado” y cómo el propio Congreso terminó usando el juicio político para despejar el camino a una nueva tanda de autoridades electorales.2
El punto de fondo es más grave que la destitución misma: se remueve a quienes señalaron irregularidades en 2025 para que el próximo ciclo electoral quede administrado por gente más dócil. Si el árbitro cae justo cuando incomodaba, la señal a las elecciones siguientes es obvia. En ese esquema, la amenaza contra Ochoa y la advertencia de Morazán sobre la sentencia de la Corte IDH no son notas laterales; son el síntoma de un sistema que prefiere el control al contrapeso.2
Guatemala: la calle y la Corte empujan la batalla por el fiscal general
CODECA, el Comité Campesino del Altiplano, el Frente Nacional de Lucha y organizaciones estudiantiles de la Usac ocuparon este 22 de abril puntos estratégicos de la capital, desde El Trébol hasta la calle Martí, para exigir un Ministerio Público independiente y rechazar la reelección de Walter Mazariegos como rector.3 La protesta no es solo una queja sectorial: es una presión directa sobre la elección del fiscal general, que hoy concentra buena parte de la pelea entre el gobierno de Arévalo y las redes que quieren conservar el control del MP.3
Ahí entra la pelea jurídica. Agencia Ocote recordó que la Corte de Constitucionalidad ya resolvió en 2014 que “un juez es un abogado”, y que la relectura impulsada por sectores ligados al MP y a la Fundación Contra el Terrorismo busca excluir a jueces como Marco Antonio Villeda de la carrera por la fiscalía.4 No es una disputa semántica: es la diferencia entre abrir una rendija para candidatos incómodos o cerrar el proceso con llave jurídica. La calle empuja por un lado, la CC por otro, y entre ambas se define si el MP sigue siendo botín o empieza a parecerse a una institución.4
Costa Rica: el FEES como presupuesto disciplinario
La última sesión de la Comisión de Enlace dejó el FEES 2027 prácticamente cerrado por arriba: el gobierno calificó de “irracional” la propuesta de Conare de 2,94%, Rodrigo Chaves y Laura Fernández coincidieron en congelar el monto y la aprobación final quedó en manos de una Asamblea con 31 diputados del PPSO.5 Además, el Ejecutivo empujó una redistribución que recorta la participación de la UCR y la UNA para beneficiar a la UNED, la UTN y el TEC. No es una discusión educativa; es una intervención política sobre la autonomía universitaria vía caja.5
El truco es elegante y viejo: no se clausura la universidad, se le aprieta la garganta presupuestaria. Mientras el discurso oficial habla de racionalidad y redistribución, el efecto material es congelar la capacidad de investigación, formación y crítica de las públicas. El FEES deja de ser un acuerdo interinstitucional y pasa a ser un instrumento de alineamiento. La democracia, cuando se la mira de cerca, también puede administrarse así: con números que parecen técnicos y decisiones que son puro poder.5
Lo que unifica el día no es una ideología compartida entre Bukele, el bipartidismo hondureño, los pactos guatemaltecos y el PPSO costarricense. Lo que unifica el día es la forma: quitarle filo a quienes auditan, desplazar a quienes denuncian y convertir la infraestructura institucional —tribunales, procuradurías, universidades— en una extensión más dócil del mando. Esa es la noticia grande. Todo lo demás son sus variantes locales.1235
Fuentes
- Torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones: las 2,094 denuncias del régimen que calla la procuradora Caballero. Alharaca, 22 abril 2026.
- Con juicio político altamente politizado, cogobierno destituye a funcionarios electorales. Radio Progreso, 17 abril 2026.
- EN VIVO: Bloqueos y manifestaciones de Codeca complican tránsito este 22 de abril. Prensa Libre, 22 abril 2026.
- «Un juez es abogado»: Sentencia de la CC ya resolvió lo que ahora buscan reinterpretar. Agencia Ocote, 17 abril 2026.
- FEES queda en manos de una Asamblea Legislativa mayoritariamente oficialista. Semanario Universidad, 21 abril 2026.