El precio de la carne: ganado ilegal, magistraturas bloqueadas y la economía de la impunidad
Cómo una investigación traza un hilo invisible entre deforestación en territorios indígenas de Nicaragua, lavado de ganado con destino a Costa Rica y la normalización de la ilegalidad en las cadenas productivas regionales.
La normalización de la ilegalidad opera menos por fuerza brava y más por infiltración en las cadenas productivas formales: la carne del supermercado, la plataforma educativa, la nómina judicial.
y vínculos con narcotráfico
para controlar futuras nominaciones
y acceso revocable
EE.UU. en Centroamérica
El desarrollo más significativo de la jornada no proviene de un palacio de gobierno ni de una sala de justicia, sino de una investigación periodística que traza un hilo invisible pero poderoso entre la deforestación en territorios indígenas de Nicaragua, el lavado de dinero del narcotráfico y la carne que se vende en los supermercados de Costa Rica.1 La pregunta incómoda que ordena la edición es: ¿cómo llega la carne de ganado criado en fincas ilegales dentro de reservas indígenas a las mesas de consumo costarricense sin que los mecanismos de trazabilidad funcionen?
La respuesta revela una arquitectura regional de impunidad que opera menos por fuerza brava y más por infiltración en las cadenas productivas formales. El informe *Carne en Conflicto*, producido por la campaña Patrullaje con apoyo de Re:wild y basado en siete años de investigación, documenta tres capas de impacto: ambiental, de derechos humanos y criminal.1
La capa ambiental: deforestación transfronteriza y crisis hídrica
Las fincas ganaderas ilegales operan dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz —territorio Rama-Kriol, patrimonio natural de humanidad según la UNESCO— y la Reserva de Biosfera Bosawas —territorio Mayangna Sauni Bas. Nicaragua perdió casi el 10% de sus bosques primarios en 2024, y más del 92% de la deforestación de bosques intactos de Centroamérica está relacionada con la expansión ganadera.1
El investigador Camilo de Castro Belli documentó que la deforestación en Nicaragua reduce la humedad y la nubosidad, lo que afecta directamente los niveles de precipitación en la zona norte de Costa Rica y Guanacaste. Con una probabilidad del 62% de un evento de El Niño fuerte en 2026, el impacto transfronterizo adquiere dimensión de crisis regional.1 Los datos oficiales lo confirman: Costa Rica registró 209 incendios forestales hasta abril de 2026, superando por casi 70 casos el récord histórico de 141, con más de 28 mil hectáreas consumidas y Guanacaste concentrando el 65% de los casos.2
Armando John Mcrea, guardabosque Rama, lo expresa con claridad: "Dependemos del bosque para vivir. Si perdemos el bosque, perdemos nuestro sustento, nuestra cultura y nuestra libertad".1 La destrucción de territorios indígenas mediante la expansión ganadera es un mecanismo de despojo documentado por la CIDH en múltiples informes sobre Nicaragua.
La capa de derechos humanos: despojo y desplazamiento forzado
Las comunidades indígenas Rama, Kriol y Mayangna son las víctimas directas de la invasión ganadera. En Indio Maíz, entre 2017 y 2021, Mayangna Sauni Bas perdió 16% de cobertura forestal a causa de la ganadería; entre 2018 y 2023, Indio Maíz perdió 3,5% de bosque primario.1 El desplazamiento no es secundario: es el objetivo. La ganadería ilegal en territorios indígenas opera como un mecanismo sistemático de despojo económico y territorial.
La investigación de Patrullaje documenta testimonios directos de colonos en Indio Maíz que confirman la dimensión criminal del fenómeno: "por los caminos por los cuales se mueve el ganado también se mueve la droga".1 La ganadería se utiliza para lavar dinero de la minería ilegal y el narcotráfico, replicando el modelo de "narcoganadería" que ha operado en toda Centroamérica durante décadas.
La capa criminal: lavado de ganado y vínculos transnacionales
Es aquí donde la investigación adquiere su dimensión más alarmante. La conexión entre ganadería ilegal y actividades criminales no es hipótesis: es un hecho documentado. En una de las fincas investigadas, miembros de la familia fueron capturados por la Policía nicaragüense por vínculos con droga.1
La conexión con Costa Rica es directa y sistemática. Una vaca con arete de identificación individual, encontrada en una finca ilegal dentro de Indio Maíz, estaba registrada a nombre de Novaterra S.A., subsidiaria de Grupo CIISA, empresa costarricense líder en el sector de alimentos vinculada a El Arreo y Belca FoodService.1
Las importaciones de carne nicaragüense por parte de Costa Rica crecieron 147% en cinco años, alcanzando el 63,76% del total importado. En 2025, el valor fue de $120,6 millones.1 El mecanismo de comercialización es transparente: la carne que llega en canal se procesa en Costa Rica, se mezcla con carne nacional y se etiqueta como "Elaborado en Costa Rica", privando al consumidor de la información necesaria para decisiones informadas.
El vínculo costarricense: instituciones que fallan al deber
Costa Rica cuenta con regulaciones y un sistema de trazabilidad para evitar la importación de productos vinculados a deforestación o violaciones de derechos humanos. Que carne de fincas ilegales dentro de áreas protegidas y territorios indígenas esté llegando al mercado costarricense indica que esos mecanismos no están funcionando.1
Paralelamente, Costa Rica exhibe un mecanismo de vaciamiento institucional más sutil pero igualmente peligroso: el bloqueo deliberado. La Sala Constitucional lleva cuatro meses sin magistrados suplentes porque ninguna de las 18 nominaciones logró los 38 votos en seis rondas. El oficialismo no solo no aporta sus ocho votos, sino que declara abiertamente que no quiere votar para "dejarle esa tarea a los nuevos diputados".3
La lógica es transparente: a partir del 1.° de mayo, el partido de gobierno pasará de 8 a 31 curules. Con esa bancada, no necesitará negociar con la oposición para nombrar magistrados. El presidente Chaves ya anticipó la estrategia: buscará "recuperar el Poder Judicial" y "reclutará" diputados del PLN para alcanzar los 38 votos necesarios.3
Mientras tanto, el contrato entre el INA y Open English para 500.000 licencias de inglés ($74 millones anunciados por el presidente) no garantiza nivel de dominio del idioma ni resultados laborales, y permite que la empresa revoque el acceso a estudiantes que no avancen, sin exigencias de desempeño.4
La normalización de la ilegalidad: tres cadenas productivas
El denominador común de la jornada es un patrón que se repite con variantes en múltiples países: la normalización de la ilegalidad dentro de las cadenas productivas, ya sean de carne, energía o política pública.
En **Nicaragua/Costa Rica**, la cadena de suministro de carne conecta deforestación, despojo indígena y narcotráfico con el supermercado costarricense. En **Guatemala**, la cadena productiva de justicia penal conecta una nómina de candidatos a Fiscal General con las redes de impunidad del Congreso y la Corte de Constitucionalidad. En **Costa Rica**, la cadena productiva de política pública conecta un contrato de educación sin garantías (Hello Brete) con una bancada que anticipa concentrar poder suficiente para nombrar magistrados sin oposición.
| País | Cadena productiva | Actividad ilegal normalizada | Víctimas principales | |------|-------------------|------------------------------|---------------------| | Nicaragua/CR | Carne bovina | Ganadería en territorios indígenas, lavado de ganado | Pueblos Rama-Kriol y Mayangna | | Guatemala | Justicia penal | Captura del proceso de selección del MP | Ciudadanía, operadores de justicia independientes | | Costa Rica | Educación pública | Contrato sin garantías ni métricas de desempeño | Estudiantes, sistema de compras públicas | | Costa Rica | Poder Judicial | Vaciamiento por omisión, bloqueo deliberado | Independencia judicial | | Nicaragua | Salud pública | Vacunas inexistentes como herramienta diplomática | Pacientes de dengue |
Lo que distingue esta fase de la normalización de la ilegalidad es su invisibilidad: no se trata de violencias abiertas y espectaculares sino de mecanismos que operan dentro de las estructuras formales —contratos públicos, procesos de selección, cadenas de suministro— erosionando la legalidad desde adentro sin que la ciudadanía lo perciba como una amenaza directa.
La sombra sin sanciones: el Ortega que queda
Mientras Nicaragua aparece en la investigación por ganado ilegal, otro dato revela la dimensión de la omisión internacional. Daniel Ortega, Luciana y Juan Carlos (Tino) Ortega Murillo son los únicos miembros del clan dinástico sin sanciones de Estados Unidos, pese a que todos los demás colaboradores cercanos al régimen figuran en listas restrictivas.5
Esta omisión plantea interrogantes sobre la estrategia de sanciones de EE.UU. y la posibilidad de cálculos diplomáticos reservados. Mientras tanto, el régimen promete por tercera vez en una década una vacuna rusa contra el dengue, un patrón de promesas incumplidas que funciona como herramienta diplomática más que como solución sanitaria.6
Implicaciones / Qué vigilar
La reunión bilateral Costa Rica-Nicaragua programada para esta semana aborda la minería ilegal, pero la ganadería ilegal debería incluirse en la agenda dado que ambas actividades comparten rutas, métodos de lavado y conexiones con el narcotráfico.1 La presidenta electa Laura Fernández y la nueva Asamblea Legislativa (31 curules del oficialismo) tendrán la oportunidad de establecer mecanismos de monitoreo y verificación del origen de la carne comercializada en el país.
La primera semana de la nueva Asamblea (a partir del 1.° de mayo) será el momento crítico para el Poder Judicial. Si el oficialismo impulsa rápidamente la elección de magistrados suplentes con una nómina afín, la señal será inequívoca.3 Las empresas importadoras —particularmente Grupo CIISA/SuKarne— deberían enfrentar auditorías independientes de sus cadenas de suministro.
Fuentes
- La carne que llega a su mesa puede tener su origen en la reserva Indio Maíz. La Nación, 25 abril 2026.
- Record de 209 incendios forestales en Costa Rica; Bomberos alertan un escenario más complejo por el Niño. Observador, 25 abril 2026.
- Oficialismo se niega a elegir magistrados. La Nación, 25 abril 2026.
- Gobierno no exige garantía a plataforma de Open English. La Nación, 25 abril 2026.
- Ortega y sus hijos: los únicos del clan sin sanciones de EE.UU.. Despacho 505, 25 abril 2026.
- Ortega promete vacuna rusa contra el dengue por tercera vez en una década. Confidencial, 25 abril 2026.