El Estado no encuentra a Quintanilla; el juez sin nombre ya condenó a los estudiantes

El 3 de diciembre de 2025, la Sala de lo Constitucional de El Salvador abrió un proceso de exhibición personal —número 325-2025— y nombró como jueza ejecutora a Evelyn Escobar para localizar a Irvin Jeovanny Quintanilla García, deportado desde Estados Unidos en marzo de 2025 junto con 252 venezolanos y 35 salvadoreños, ingresado al CECOT el mismo día de su llegada al país.¹ Siete meses después, la Dirección General de Centros Penales incumplió dos requerimientos formales de información emitidos por el tribunal. El director Osiris Luna informó a la Fiscalía que Quintanilla "no reporta ingreso a ningún centro penal". Migración informó que no existe registro de su entrada al país ni emisión de pasaporte a su nombre. La CIDH otorgó medidas cautelares en octubre de 2025, cuando se supo por única vez que había sido trasladado del CECOT al penal de Santa Ana. Desde entonces, silencio. La madre de Quintanilla, Sonia García, viajó a El Salvador con tres nietos en abril de 2025 para buscarlo; no ha podido verlo, ni en fotografías. La Sala emitió el 10 de junio de 2026 una resolución que reconoce su propia impotencia: "no se cuenta con la información necesaria y suficiente para resolver la petición de hábeas corpus".

En la misma semana, El Faro publicó el tercer capítulo de su investigación sobre el caso "La Raza": 34 estudiantes y exestudiantes de institutos públicos —la mayoría albañiles, repartidores, meseros y ayudantes de odontología de entre 18 y 23 años— permanecen en prisión provisional acusados de integrar una estructura criminal comparable a la MS-13, en un expediente de más de 700 páginas que no registra un solo homicidio, una sola extorsión, un solo secuestro ni control territorial.² Las pruebas principales son cuadernos con dibujos del Guasón, pines personalizados y fotografías de Instagram con señas de instituto. El procesamiento lo ejecuta un juez anónimo —denominado "Juez 1"— cuya existencia fue aprobada por la bancada de Nuevas Ideas el 30 de marzo de 2022 con dispensa de trámite, sin discusión en comisiones, con la transmisión de la sesión cortada en el momento de la votación. Lo que articula ambas noticias no es la coincidencia temporal: es el mismo principio de funcionamiento. El Estado desaparece a Quintanilla y dice que no sabe dónde está. El Estado procesa a 34 estudiantes a través de un juez cuya identidad la ley prohíbe revelar. En ambos casos, la opacidad no es un defecto del sistema: es su método.

Cuando el máximo tribunal de garantías de un país no puede obligar a una de sus instituciones a decir dónde está una persona viva, el Estado de derecho no está en crisis: ya fue reemplazado por otra cosa.

Quintanilla y la Sala que no puede con Centros Penales

El caso de Irvin Quintanilla concentra, en un solo expediente, las tres líneas de fuerza del régimen de excepción que las ediciones de esta semana han ido construyendo. Primera: la deportación masiva desde Estados Unidos —operada bajo la política migratoria de Donald Trump— convierte a El Salvador en destino de personas que el sistema carcelario puede absorber sin dejar registro. Quintanilla llegó al país el mismo período en que Bukele firmaba acuerdos con Washington sobre recepción de deportados: el CECOT, construido como escaparate del modelo de seguridad, opera al mismo tiempo como sumidero donde los cuerpos entran y no salen al sistema de información. Segunda: el hábeas corpus —el mecanismo constitucional más básico para localizar a una persona bajo custodia del Estado— demostró ser, en este caso, un instrumento que el máximo tribunal no puede ejecutar cuando la institución competente decide no cooperar. La resolución del 10 de junio de 2026 cita su propia limitación con una precisión que la vuelve devastadora: "estos requerimientos no son meras sugerencias para los servidores públicos o particulares, sino auténticas órdenes".¹ La frase revela la impotencia precisamente porque tiene que decirla: un tribunal que puede hacer cumplir sus órdenes no necesita recordarle a nadie que son órdenes.

Tercera: la dimensión internacional del caso abre un flanco que los casos anteriores del régimen de excepción no tenían en la misma forma. Los otros 35 salvadoreños deportados en el mismo vuelo de marzo de 2025 comparten con Quintanilla el ingreso al CECOT y la ausencia de seguimiento oficial. Si la CIDH amplía las medidas cautelares —ya otorgadas para Quintanilla en octubre de 2025— al resto de ese grupo, el expediente deja de ser el de un individuo desaparecido y se convierte en el de un mecanismo sistemático que opera sobre personas deportadas desde territorio estadounidense. Esa combinación —política migratoria de la administración Trump, acuerdos bilaterales con el gobierno de Bukele, desaparición forzada bajo custodia— tiene el potencial de llegar a tribunales y comisiones donde el régimen no controla el relato. El caso Quintanilla es el expediente más incómodo de 2026 no solo porque documenta una desaparición: documenta que la desaparición es el resultado previsible de una arquitectura institucional construida expresamente para que eso sea posible.

La Raza, el juez sin nombre y la fábrica de culpables

La Fiscalía General de la República sostiene que 34 personas de entre 18 y 23 años —en su mayoría estudiantes o exestudiantes de institutos públicos— integraban "La Raza", una nueva estructura pandillera comparable a la MS-13 y el Barrio 18. El expediente revisado por El Faro suma más de 700 páginas y no registra un solo delito de resultado: no hay homicidios, no hay extorsiones, no hay secuestros, no hay control territorial. La Fiscalía incautó cuadernos con dibujos del Guasón y letras góticas, pines personalizados y escarapelas escolares, y fotografías de redes sociales donde los imputados hacen señas asociadas a su instituto.²

El mecanismo procesal que convierte eso en prisión provisional sin plazo máximo es el Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador, integrado por los jueces sin rostro: funcionarios cuya identidad la ley prohíbe revelar, creados por la bancada de Nuevas Ideas el 30 de marzo de 2022 con dispensa de trámite, sin juristas convocados, sin universidades consultadas, con la transmisión de la sesión plenaria cortada en el momento exacto de la votación. El jurista chileno Daniel Urrutia Laubreaux —exjuez internacional de la misión de la OEA en Honduras— lo formuló el 7 de julio con precisión técnica: "Si no sabemos quién es el juez, cómo ese juez va a defender su independencia judicial. La existencia de jueces sin rostro es uno de los más claros atisbos del desmantelamiento del Estado de derecho".³ Y agregó la consecuencia sistémica: "Si ese tercero imparcial no existe, no estamos en un Estado de derecho, sino en alguna forma de dictadura".

El "Juez 1" del caso "La Raza" dedicó más de 120 párrafos a construir una teoría que justifique las detenciones: aplicó "responsabilidad por transferencia de la organización" para enviar a los 34 a prisión sin plazo máximo, y la defensa fue anulada porque los arraigos familiares se presentaron en fotocopias sin autenticar. La ministra de Educación, la capitana del Ejército Karla Trigueros —nombrada en 2025— revisó los libros de texto para eliminar referencias a feminismo, diversidad y la Agenda 2030, e impuso normas de vestimenta y corte de cabello en los institutos públicos. Bukele respaldó las medidas en cadena nacional: "¿Qué nos llevó la modernidad? Que los reclutaron las pandillas". El caso "La Raza" invierte esa frase: no son las pandillas quienes reclutan en los institutos. Es el Estado quien los convierte en pandilleros, mediante un juez sin nombre, por llevar cuadernos con dibujos del Guasón.

544: el registro que el Estado no publica

La actualización del Socorro Jurídico Humanitario a 544 muertes en centros penales durante el régimen de excepción representa aproximadamente 30 nuevas muertes documentadas respecto al ciclo anterior. La directora Ingrid Escobar identificó el patrón: la causa principal es el deterioro de salud sin atención médica adecuada, y el 94% de las víctimas no tenía perfil de pandillero ni había recibido condena judicial.⁴ Son personas capturadas arbitrariamente, muertas en detención preventiva, por causas que el sistema médico penitenciario no atendió. La exmagistrada Mirna Perla vinculó los casos a las investigaciones de organismos internacionales: el informe de expertos de la ONU presentado en marzo de 2026 concluyó que el régimen de excepción ha propiciado crímenes de lesa humanidad, y las muertes bajo custodia son una de las categorías centrales de ese análisis.

El dato adquiere densidad adicional cuando se cruza con el caso Quintanilla. Si el sistema carcelario no puede decirle al máximo tribunal del país dónde está una persona viva, ¿con qué precisión puede documentar cuántas han muerto? Las 544 muertes registradas por el Socorro Jurídico son el piso del número real, no su techo. El Estado mantiene reserva de siete años sobre los datos de fallecidos en centros penales. La opacidad que impide localizar a Quintanilla vivo es la misma opacidad que impide auditar el número de muertos. No son dos problemas: son el mismo mecanismo, aplicado a dos fases del mismo proceso.

La misión de juristas españoles —cuyo informe preliminar fue presentado el 5 de julio y que amplió sus hallazgos públicamente esta semana— describió las condiciones en los centros penales con precisión técnica: hacinamiento, falta de higiene, alimentación insalubre, propagación de enfermedades contagiosas, falta de asistencia médica, trabajos no remunerados y malos tratos físicos y psicológicos.³ La combinación de esas condiciones con 544 muertes documentadas —y datos oficiales bajo reserva de siete años— configura el cuadro que los expertos de la ONU ya caracterizaron como potencialmente constitutivo de crímenes de lesa humanidad. El régimen lo llama política de seguridad.

La cuenta que viene: economía, oposición y el 12 de julio

Los datos tributarios publicados esta semana confirman el crecimiento sin cambiar su distribución: los ingresos del Estado crecieron 57% en cinco años —de $2.730 millones a $4.290 millones—, los créditos al sector construcción se duplicaron (+130% hasta abril de 2026), y el PIB creció entre 10% y 12% acumulado en el período.⁵ El economista Otto Rodríguez atribuyó el aumento a la expansión real, la inflación acumulada del 25% y la factura electrónica. El régimen cita todas esas cifras como validación. Ninguna de ellas mide el déficit habitacional de 1,38 millones de viviendas, ni el salario promedio de $352 rural que hace imposible acceder al crédito de construcción que creció 130%, ni las condicionalidades del FMI que están generando recortes en salud y servicios sociales que el crecimiento agregado no compensa.

La candidatura del médico Rafael Aguirre —confirmada el 7 de julio como en preparación, con el FMLN como posible vehículo y el anuncio oficial fijado para el 12 de julio— reaviva el debate que el 4 de julio cubrió en profundidad.⁶ Aguirre promete mantener las políticas de seguridad del régimen "con respeto al debido proceso" y rechaza la confrontación directa: "mis enemigos no son las personas; son la falta de medicamentos, la falta de insumos médicos". La diferencia con VAMOS —que ya confirmó que no presentará candidatura presidencial por falta de garantías de transparencia electoral— es que Aguirre y el FMLN optan por entrar a un proceso con el TSE capturado, la reelección indefinida habilitada y la fecha adelantada dos años por decreto. La pregunta que el 12 de julio no resolverá es si esa entrada construye organización ciudadana de cara al post-electoral, o si simplemente prolonga la fragmentación opositora y consume los últimos recursos de una oposición que opera en un campo diseñado para que su participación legitime lo que no puede cambiar.

Lo que condensa el 7 de julio de 2026 no es la acumulación de crisis: es la demostración de que el sistema funciona exactamente como fue diseñado. Un Estado que deporta a Quintanilla, lo registra en el CECOT y después le dice a la Sala Constitucional que no sabe dónde está, no está fallando: está aplicando el principio operativo que el régimen de excepción instaló desde el 27 de marzo de 2022. Un juez sin nombre que condena a 34 estudiantes sin delitos en el expediente no es una anomalía del sistema judicial: es la forma que ese sistema adoptó cuando la Asamblea Legislativa cortó la transmisión antes de votar su existencia. Las 544 muertes bajo custodia, el hábeas corpus que la Sala no puede ejecutar y el expediente de "La Raza" son el mismo edificio visto desde tres ventanas distintas. Su arquitectura no es la negligencia ni la ineficiencia: es la opacidad elevada a método administrativo. El caso Quintanilla tiene el potencial de volver ese método visible ante instancias que el régimen no controla. Eso no es garantía de consecuencias. Pero es la primera condición para que existan.

Fuentes

1. Irvin Quintanilla desapareció en las cárceles de El Salvador. El Faro, julio de 2026.
2. La Raza: la pandilla que el régimen de Bukele inventó | Capítulo 3: El Juez sin rostro. El Faro, julio de 2026.
3. Misión internacional de juristas alerta sobre deterioro del Estado de derecho en El Salvador. Diario Co Latino, julio de 2026. Ver también: Profesionales del derecho expresan alarma por audiencias colectivas en El Salvador. YSUCA, julio de 2026.
4. 544 personas habrían muerto en las cárceles del país, la mayoría por deterioro de su salud. YSUCA, julio de 2026.
5. Ingresos del Estado crecen 57% en los últimos cinco años. La Prensa Gráfica, 2 de julio de 2026. Ver también: Boom inmobiliario: créditos al sector construcción en El Salvador se duplican hasta abril. La Prensa Gráfica, 6 de julio de 2026.
6. El Dr. Rafael Aguirre confirma acercamientos para una posible candidatura presidencial. Diario Co Latino, julio de 2026.