La nación más carcelera del mundo reservó su información: FGR al 1%, 120 muertos en 2025 sin causa
El "Scorecard: Transparencia Activa 2026" de Acción Ciudadana, publicado el 16 de junio con datos de 38 instituciones públicas, produce un mapa que no requiere interpretación: las entidades que peor califican son exactamente las encargadas de fiscalizar al poder.1 La Fiscalía General de la República obtuvo 1% de cumplimiento. El Tribunal Supremo Electoral, 1%. La Corte de Cuentas —cuyos nuevos magistrados serán elegidos por la Asamblea de mayoría oficialista antes del 27 de agosto— alcanzó 5%. El Instituto de Acceso a la Información Pública, el ente rector de la transparencia, logró 8%. La Dirección General de Organismos Multilaterales llegó al 4%. Solo el Ministerio de Cultura superó el 90%. La tendencia no es estática: el TSE cayó de 45% en 2023 a 1% en 2026; la FGR, de 18% a 1% en tres años. El promedio general del sistema es 42%, que el informe clasifica como "bajo", con el 38,5% de registros desactualizados y la información financiera como la más sistemáticamente oculta.1
El mismo día, el estudio del Instituto de Derechos Humanos de la UCA confirmó lo que las proyecciones anticipaban desde hace meses: El Salvador alcanzó la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, con 1.963 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes.2 Hay 118.369 personas en prisiones diseñadas para 30.864, lo que arroja un hacinamiento del 261%. El CECOT —la infraestructura que el régimen construyó como respuesta visual al problema— alberga 14.532 personas, el 36% de su capacidad nominal de 40.000. Aún si se llenara al máximo, el hacinamiento del sistema total seguiría siendo del 167%. El IDHUCA lo formula sin ambigüedad: "el problema no es coyuntural, ni se resuelve únicamente con infraestructura penitenciaria".2 La lectura conjunta de los dos informes produce un enunciado que ninguna institución del Estado salvadoreño publicita: el país con la mayor proporción de presos del mundo tiene la Fiscalía que los procesa en el 1% de la escala de transparencia.
La opacidad no es el precio que el régimen paga por mantener el orden: es la condición que hace posible mantenerlo. Un sistema penitenciario con 261% de hacinamiento y una FGR al 1% de transparencia no conviven por descuido — conviven porque el segundo hace invisible lo que el primero produce.
hacinamiento — 261% en sistema
que opera bajo reserva de datos
en la FGR — la información financiera
es la más sistemáticamente oculta
falta de atención médica, 15 con
indicios de violencia — 500+ desde 2022
de exdiputado activista —
1% de transparencia como contexto
El récord que el régimen no publica en X
La cifra del IDHUCA no llegó por casualidad al dominio público esta semana: llegó como resultado de un trabajo de investigación académica en un contexto donde el Estado declaró la información penitenciaria bajo reserva de confidencialidad por decreto.2 Lo que el estudio calculó —1.963 presos por cada 100.000 habitantes, hacinamiento del 261%— es un número que el gobierno de Bukele no publica con la misma energía con que publica la tasa de homicidios o la imagen del CECOT lleno de uniformados. La razón no es estética: es política. La tasa de homicidios es el argumento central del modelo exportable; la tasa de encarcelamiento es la condición de producción de ese argumento, y nombrarla implica responder preguntas que el régimen no puede responder sin exponer la arquitectura completa.
La pregunta que el dato del IDHUCA plantea es precisa: ¿qué ocurre con 118.369 personas detenidas en un sistema diseñado para 30.864, operado bajo reserva de información, sin capacidad de auditoría independiente y con la FGR al 1% de transparencia? La respuesta que el Observatorio Universitario de Derechos Humanos ofrece —con datos del Socorro Jurídico Humanitario— es que en 2025 murieron 120 personas bajo custodia estatal cuyas causas de muerte, en más de la mitad de los casos, no fueron determinadas ni hechas públicas.3 De esas 120 muertes, 87 ocurrieron en hospitales —lo que sugiere que las personas llegaron ya en estado crítico desde los centros penales—, 26 en los propios centros y 4 en bartolinas policiales. En 36 casos la causa fue vinculada a falta de atención médica; en 15 hubo "posibles indicios de violencia". El Estado no publica datos desagregados sobre ninguna de estas muertes.
El IDHUCA agrega el dato estructural que el debate suele omitir: el hacinamiento "funciona como factor multiplicador de vulneraciones a derechos y se vincula con riesgos para habitabilidad, higiene, salud, alimentación, seguridad, trato digno, integridad física y psíquica, así como con muertes por falta de atención médica o condiciones incompatibles con la dignidad humana".2 En términos concretos: las 120 muertes de 2025 no son accidentes individuales dentro de un sistema que funciona; son el producto esperable de un sistema que opera con 261% de hacinamiento, sin auditoría pública y con la institución que debería investigar las muertes —la FGR— al 1% de transparencia.
La contabilidad del silencio: 48 cuerpos que no entran en el conteo
En el primer semestre de 2026, el grupo comunitario Desaparecidos SOS documentó 81 cuerpos. La Policía Nacional Civil reportó oficialmente 33 muertes en el mismo período, y sigue acumulando lo que sus comunicados denominan "días sin homicidios".4 La discrepancia es de 48 cadáveres que no aparecen en los registros oficiales. En mayo, la PNC documentó 10 muertes; el grupo comunitario contabilizó 25. Marvin Reyes, secretario del Movimiento de Trabajadores de la Policía, explicó el mecanismo al podcast Central America in Minutes de El Faro English: las autoridades clasifican los casos como "muertes de otras causas" o "a determinar por autopsia" y luego no reportan si fueron homicidios.4
El mecanismo no es nuevo: en los primeros seis meses del régimen de excepción, el diagnóstico de "edema pulmonar" apareció como causa de muerte en 36 de los 69 fallecidos documentados por las organizaciones —un porcentaje que los médicos consultados en investigaciones anteriores no pudieron explicar como coincidencia epidemiológica. Lo que la discrepancia de 2026 entre el conteo comunitario y el oficial confirma es que la reclasificación administrativa no cesó cuando la tasa de homicidios empezó a caer: se institucionalizó como la forma normal de procesar muertes que el relato oficial no puede contener. La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz documentó al menos 10 feminicidios en lo que va de 2026, varios clasificados simplemente como "homicidios" o no reportados oficialmente.4
La yuxtaposición de los datos disponibles produce una aritmética que el régimen prefiere no formular: si el Estado admite 120 muertes bajo custodia en 2025 sin determinar causas en más de la mitad, y simultáneamente reclasifica muertes en el espacio libre para que no entren en el conteo de homicidios, el número de muertos que produce el sistema de seguridad —bajo cualquier denominación— es materialmente mayor que lo que cualquier comunicado oficial admite. Y la institución que debería investigar esa aritmética tiene 1% de transparencia activa.
La topografía de la opacidad: las fiscalizadoras como zona oscura
El Scorecard de Acción Ciudadana no evalúa a las instituciones por lo que hacen sino por lo que publican activamente —sin necesidad de pedido— según lo que la Ley de Acceso a la Información Pública exige.1 La metodología es, en ese sentido, conservadora: no mide si las instituciones responden solicitudes, no evalúa la calidad de las decisiones, no audita el ejercicio del poder. Solo pregunta si la institución pone disponible la información básica que la ley le obliga a publicar. Bajo ese estándar mínimo, la FGR y el TSE obtuvieron 1%. El IAIP —el ente que, según la ley, debería garantizar que todas las demás instituciones cumplan— obtuvo 8%.
La trayectoria de la FGR a lo largo de los tres últimos años disponibles —de 18% a 1%— no es el resultado de falta de recursos ni de desentendimiento burocrático. Es la pendiente de una institución que fue reconfigurada desde 2021 bajo el fiscal Rodolfo Delgado para operar como brazo procesal del ejecutivo, no como ente independiente. La FGR que llegó al 1% de transparencia es la misma que no pudo construir en dos años el expediente de terrorismo que justificara la detención de nueve miembros de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, la misma que formula acusaciones masivas como la de 563 cabecillas del Barrio 18 por 14.488 delitos acumulados desde 20125 sin que ningún portal público informe sobre el avance de esos procesos, y la misma que no publicó información sobre las 120 muertes bajo custodia en 2025.
Los portales de transparencia exigidos por el FMI —como condición del acuerdo de US$1.400 millones suscrito en 2024— existen pero son, según la evaluación de La Prensa Gráfica, "deliberadamente inútiles".6 El portal de compras públicas mezcla adquisiciones de US$100 con contratos millonarios sin filtros de búsqueda. El de patrimonio de funcionarios no fue publicitado y requiere datos exactos para funcionar. Los "proyectos estratégicos" —los grandes contratos que más interesa fiscalizar— están excluidos del portal y no se ha publicado ningún listado oficial. Lisandro Ábrego, exjefe de misión del FMI para El Salvador, fue categórico: "Eso no es transparencia. Lo que interesa son los grandes proyectos". La evaluación de Transparencia Fiscal prevista para abril de 2026 no se hizo pública.6
Dentro de ese cuadro, el nombramiento de Romeo Auerbach como coordinador de Organización Electoral del TSE en mayo de 2026 agrega una capa de captura específica al ente electoral.7 El exdiputado —que retiró su mandato en 2022— podría estar inhabilitado para cargos en el TSE por cinco años bajo la Ley Transitoria de Compensación, lo que llevaría el período de veto hasta al menos 2027. El artículo 184 del Código Electoral prohíbe además que funcionarios públicos realicen activismo político partidista. El FMLN y VAMOS presentaron solicitudes formales de destitución ante la magistrada presidenta Roxana Soriano. El TSE, al 1% de transparencia, no ha respondido públicamente.
La economía que el récord de seguridad no financia
Claudia Ortiz, diputada de VAMOS, formuló desde un foro en Oslo la pregunta que ningún informe oficial responde con cifras: "Lo que ellos llaman gobernabilidad es, en realidad, obediencia absoluta y ciega de las instituciones". Y añadió: "Cambiar un miedo por otro no puede ser un modelo para una paz sostenible".8 La referencia al "nuevo tipo de miedo" —el miedo a las instituciones del Estado, a la arbitrariedad, al abuso de poder— no es retórica: es la descripción de lo que los datos del día documentan. Cuando la FGR tiene 1% de transparencia y la abogada Ivania Cruz, desde el exilio, denuncia que la jueza del caso de los veteranos de la Alianza Nacional prometió una audiencia especial para revisar la salud del detenido José Santos Melara —en estado de salud deteriorado— y nunca la convocó, el "nuevo miedo" tiene nombre, expediente y fecha.9 "¿Se está esperando que haya un preso político fallecido dentro de este proceso?", preguntó Cruz.
El economista citado por YSUCA documentó que el costo de vida en El Salvador aumentó 32% desde 2019.10 El concejal del FMLN Cayetano Cruz —en otra sesión de la semana— cifró en 130.000 personas adicionales en pobreza el saldo de siete años de gestión bukelista. Transfer365 reportó esta semana US$160.000 millones en transacciones en cinco años de operación, 149 millones de operaciones —cifra que el régimen presenta como indicador de éxito del modelo bitcoin— sin auditoría externa, sin detalle de comisiones ni de la relación entre esas cifras y el volumen de remesas formales.11 Por su parte, el análisis de The Diplomat —elaborado a partir de entrevistas con empresarios salvadoreños— documenta que la relación con China produce regalos faraónicos (biblioteca de US$54 millones, estadio para 50.000 personas, puerto en La Libertad) y una balanza comercial de 71 a 1 en favor de Pekín (US$50 millones en exportaciones frente a US$3.570 millones en importaciones), pero inversión directa china casi nula.12 Bukele evita la cooperación securitaria y tecnológica con China para mantener el vínculo estructural con Washington —el que administra las remesas, el TPS, la DEA y la seguridad migratoria—, mientras acepta los regalos que le sirven como propaganda doméstica. La relación con China es decorativa; la dependencia de EE.UU. es constitutiva.
FEWS Net advirtió además que la canícula proyectada para julio y agosto afectará cultivos de maíz en el Corredor Seco Oriental —Morazán, San Miguel, Usulután y La Unión— donde las reservas de alimentos ya están agotadas.13 El fenómeno de El Niño, confirmado por la NOAA, reduciría la humedad del suelo e interrumpiría el desarrollo de cultivos de primera para pequeños agricultores sin riego. Si las remesas se desaceleran —por la política antiinmigrante de Trump o por la recesión que los mercados ya anticipan— y la canícula golpea los cultivos de subsistencia, el modelo cuya legitimidad descansa en "seguridad más obras" enfrenta su vulnerabilidad estructural sin el colchón que históricamente la ha compensado.
El 17 de junio de 2026, El Salvador opera con una coherencia que los datos de la semana hacen difícil ignorar. El Estado produjo la mayor tasa de encarcelamiento del mundo —1.963 personas presas por cada 100.000 habitantes, 118.369 en un sistema para 30.864— y reservó bajo confidencialidad la información sobre ese sistema. La institución que procesa a esos presos tiene 1% de transparencia activa. La que organizará las próximas elecciones, 1%. La que debería garantizar el acceso a la información pública, 8%. Las 120 muertes bajo custodia en 2025 —61 sin causa determinada— no tienen expediente público. Los 48 cuerpos que Desaparecidos SOS encontró y la PNC no contó como homicidios no tienen explicación oficial. La abogada en el exilio pregunta si hace falta que muera un preso político para que la jueza actúe. El costo de vida subió 32% desde 2019 y 130.000 personas cayeron en pobreza en siete años, pero la narrativa de seguridad no tiene competencia institucional porque la opacidad es lo que hace que el modelo no sea debatible. Claudia Ortiz lo llamó obediencia absoluta. El Scorecard lo midió en porcentajes. El OUDH lo contó en cuerpos. Los tres informes describen la misma arquitectura: no una que falla, sino una que produce exactamente lo que fue diseñada para producir.
Fuentes
- Las instituciones que más información ocultan a la ciudadanía en El Salvador, según Acción Ciudadana. La Prensa Gráfica, 16 de junio de 2026. Ver también: Acción Ciudadana revela bajo cumplimiento de transparencia. Diario Co Latino, junio de 2026.
- Denuncian alta tasa de prisionización y hacinamiento en El Salvador. El Popular (basado en estudio IDHUCA/UCA), junio de 2026.
- OUDH señala falta de información sobre 120 muertes bajo custodia estatal en 2025. YSUCA / Observatorio Universitario de DDHH-UCA, junio de 2026.
- Central America in Minutes (podcast). El Faro English, junio de 2026. Datos de Desaparecidos SOS y declaraciones de Marvin Reyes / Movimiento de Trabajadores de la Policía.
- Más de 560 cabecillas del Barrio 18 enfrentan acusación por miles de delitos. La Página, junio de 2026.
- Advierten que Gobierno ha cumplido a medias compromisos de transparencia en acuerdo con el FMI. La Prensa Gráfica, junio de 2026.
- Partidos piden al TSE destituir a Romeo Auerbach como coordinador de Organización Electoral. Diario Co Latino, junio de 2026.
- Lo que existe en El Salvador es concentración de poder, no gobernabilidad democrática: Claudia Ortiz. YSUCA, junio de 2026. Ver también: Claudia Ortiz señala que el oficialismo confunde gobernabilidad con obediencia. Diario Co Latino, junio de 2026.
- Ivania Cruz acusa a jueza de postergar medidas contra procesados de la Alianza El Salvador en Paz. Diario Co Latino, junio de 2026.
- Costo de la vida en El Salvador aumentó 32%, según economista. YSUCA, junio de 2026.
- Transfer365 supera los US$160.000 millones en transacciones durante sus primeros cinco años. Diario La Huella, junio de 2026.
- China's Limited Advance in El Salvador. The Diplomat, junio de 2026.
- Canícula prevista entre julio y agosto afectaría el desarrollo de cultivos en El Salvador. ElSalvador.com / FEWS Net, junio de 2026.