Lo que el régimen llama justicia, INTERPOL lo llama política

El 3 de julio de 2026, el Grupo Especializado en Notificación Roja de INTERPOL informó a la Policía Nacional Civil de El Salvador que no publicará la alerta internacional contra el exdiputado Othon Sigfrido Reyes Morales y su hermano Earle René, acusados de lavado de dinero y activos.¹ La decisión invoca el artículo 3 del Estatuto de INTERPOL, que prohíbe "toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político". Es la segunda vez: la primera fue en marzo de 2021, cuando Reyes ya se encontraba asilado en México. El abogado defensor Pedro Cruz interpretó la resolución como reconocimiento expreso de "persecución política". Lo que hace significativa esta segunda denegación no es solo que repite la primera —que podría leerse como precedente aislado— sino que lo hace cinco años después, con otro gobierno, con otro expediente acumulado, y con más exoneraciones parciales encima: los tribunales salvadoreños ya absolvieron definitivamente a Reyes por el caso de los terrenos de IPSFA, y la Cámara Segunda lo exoneró del 55% de los montos imputados por viáticos. INTERPOL leyó el caso y lo llamó por su nombre dos veces en cinco años. La FGR lo sigue llamando delito.

El segundo rechazo de INTERPOL llega en la misma semana en que el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) denunció que los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz —entre ellos Atilio Montalvo, firmante de los Acuerdos de Paz, y el excomunicador y exdiputado del FMLN José Santos "Pepe" Melara— llevan más de dos años en prisión sin que la Fiscalía General haya podido presentar, en audiencia pública, las pruebas que justifican la acusación de "agrupaciones terroristas y actos terroristas".² La coordinadora de COFAPPES, Lourdes Palacios, articuló el mecanismo con precisión: el único soporte probatorio es un testigo criteriado cuya credibilidad fue desmentida por la investigación periodística "Unos terroristas de cartón" publicada en octubre de 2025, que documentó que el testigo aparecía simultáneamente en México y El Salvador durante los eventos que afirmó presenciar. La jornada del 6 de julio instala entonces una pregunta que el sistema de justicia salvadoreño no puede responder por sí solo: si INTERPOL califica de persecución política lo que la FGR procesa como crimen organizado, y si el testigo que sostiene la acusación de terrorismo ha sido desacreditado por la prensa antes de que el juzgado lo evalúe en audiencia, ¿qué sostiene la prisión de los veteranos de paz durante 24 meses? La respuesta no es técnica. Es política. Y la política tiene nombre: la Alianza Nacional El Salvador en Paz organizaba veteranos de guerra con capacidad de movilización creciente, y esa capacidad fue vista, según la propia COFAPPES, como amenaza antes de que fuera perseguida como delito.

Un sistema judicial que INTERPOL califica dos veces como instrumento de persecución política, y que mantiene presos durante dos años a veteranos de los Acuerdos de Paz sobre la base de un testigo desacreditado, no está aplicando la ley con deficiencias: está produciendo exactamente los resultados para los que fue rediseñado.

INTERPOL y la doble velocidad de la justicia

El caso de Sigfrido Reyes no es excepcional en el catálogo de persecuciones del régimen: es el caso en que la persecución tiene un espejo externo que la refleja con lenguaje técnico preciso. INTERPOL no emite opiniones políticas; aplica su Estatuto, y cuando lo aplica invocando la prohibición de intervenir en "cuestiones de carácter político", está estableciendo que la acusación que la PNC le presentó no cumple los criterios de un delito perseguible a nivel internacional porque sus fundamentos son políticos, no penales.¹ La FGR conoce esa decisión desde hace días. Los abogados defensores la conocen desde hace días. Los magistrados que procesan el expediente de Reyes en la Sala de lo Civil la conocen. Ninguno de ellos tiene incentivo institucional para actuar sobre ella: la FGR fue capturada en 2021, la Sala Constitucional fue reconstituida el mismo año, y la Corte Suprema opera bajo el mismo sistema de nombramientos que el OUDH describió en su informe de 2025 como institucionalidad neutralizada.

Lo que el segundo rechazo de INTERPOL añade al expediente no es solo un argumento más para la defensa: documenta la repetición del patrón, y eso es lo que lo hace cualitativamente distinto. La primera denegación en 2021 podía interpretarse como una evaluación aislada de aquel expediente particular. La segunda, cinco años después, con otro expediente construido sobre un proceso diferente, certifica que la caracterización de persecución política no fue un error de lectura sino una conclusión replicable. El proceso penal de Reyes no mejoró en cinco años: se degradó, con exoneraciones parciales que lo vaciaron de contenido y con una apelación fiscal del 55% exonerado que prolonga el proceso sin presentar nueva evidencia. INTERPOL leyó esa trayectoria y llegó a la misma conclusión. El régimen la ignora, porque el objetivo nunca fue la condena: fue la inhabilitación política prolongada mediante proceso judicial indefinido.

El paralelo con los veteranos de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, detenidos entre el 30 y el 31 de mayo de 2024, completa el cuadro del sistema.² Atilio Montalvo firmó los Acuerdos de Paz que en 1992 pusieron fin a doce años de guerra civil. Pepe Melara es reconocido como comunicador y exdiputado del FMLN con trayectoria pública documentada. Ambos forman parte de una organización que la propia coordinadora de COFAPPES describió como grupo que "comenzó a cobrar mayor visibilidad a partir de 2021" y cuya capacidad de movilizar veteranos fue "vista como una amenaza". El crimen no fue el terrorismo que la FGR acusa: fue la organización. Los dos años sin audiencia pública, la reserva judicial, los expedientes devueltos para "corregir aspectos procedimentales" y la salud deteriorada de Melara —en "condición crítica", según su familia, sin acceso a la atención médica que requiere— son la expresión administrativa de ese mismo principio que INTERPOL nombró como persecución política en el caso Reyes. La diferencia es que Reyes tiene perfil público internacional suficiente para que un organismo externo lo evalúe. Los veteranos, no.

Los veteranos de la paz como categoría política

La acusación de terrorismo contra los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz tiene una dimensión que no se reduce al perfil de los imputados: nombra, como categoría de riesgo para el régimen, a los veteranos de guerra organizados que exigen el cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Montalvo, Melara y los otros siete capturados no son opositores de partido, ni periodistas, ni abogados defensores. Son personas que dedicaron parte de su vida activa a construir un movimiento que reclamaba del Estado salvadoreño lo que el Estado se comprometió a entregar en enero de 1992: tierras, pensiones, reconocimiento institucional para quienes combatieron en ambos bandos y depusieron las armas.²

El régimen de Bukele celebra los Acuerdos de Paz en actos oficiales con estética de reconciliación nacional. Persigue a quienes los firmaron y los exigen. La coherencia de esa contradicción no es accidental: los Acuerdos de Paz generaron compromisos pendientes que el Estado nunca cumplió completamente, y una organización de veteranos capaz de movilizarse para reclamarlos representa un vector de presión social que no encaja en el modelo de control territorial unilateral que el régimen construyó desde 2019. La acusación de "agrupaciones terroristas" es la herramienta legal disponible. Su debilidad probatoria —un testigo criteriado desacreditado, dos años sin presentar evidencia en audiencia pública, expedientes con defectos procedimentales que la FGR no corrige— es irrelevante para su función real, que no es obtener una condena sino producir un preso preventivo indefinido que neutralice la organización sin el costo político de un juicio perdido en público.

El estado físico de Pepe Melara es el parámetro que hace visible el costo humano de ese cálculo. Lourdes Palacios describió el 6 de julio su condición como "crítica", con enfermedades crónicas agravadas durante más de dos años de prisión en un sistema penitenciario que la misión de juristas españoles describió en la semana anterior como marcado por "hacinamiento, falta de higiene, alimentación insalubre, propagación de enfermedades contagiosas, trabajos no remunerados y malos tratos físicos y psicológicos".³ Montalvo obtuvo medidas sustitutivas solo después de un año de detención y solo gracias a la movilización pública de COFAPPES: "de no haber sido por la movilización realizada hace un año, no sabemos qué habría ocurrido con él", dijo Palacios. La pregunta que eso instala es cuántos de los otros ocho imputados —con menor visibilidad pública, sin la red de presión que logró mover el caso de Montalvo— se encuentran en condiciones similares, en silencio, detrás de la reserva judicial que impide a sus familias conocer el expediente.

Los papeles de la CIA y la gramática de la impunidad

La publicación por ContraPunto del análisis de los documentos desclasificados de la CIA sobre la masacre de la UCA del 16 de noviembre de 1989 no es una noticia del régimen actual —los hechos tienen 37 años— pero adquiere una densidad política específica en el contexto de la semana.⁴ Los documentos confirman lo que la Comisión de la Verdad estableció en 1993: la masacre fue ordenada en una reunión extraordinaria de la cúpula militar —el general René Emilio Ponce, el coronel Juan Rafael Bustillo, el coronel Francisco Elena Fuentes y el coronel Carlos Mauricio Guzmán Aguilar— la tarde del 15 de noviembre de 1989, horas antes del asesinato de los seis jesuitas, Elba Julia Ramos y su hija Celina. El análisis de Carlos Santos en ContraPunto subraya dos elementos que los documentos añaden a lo conocido: primero, que la inteligencia estadounidense identificó esa reunión extraordinaria "casi en tiempo real"; segundo, que el gobierno de Alfredo Cristiani preparó activamente, desde las primeras semanas posteriores a la masacre, una estrategia para deslindar al Alto Mando del crimen y presentarlo como "acción aislada". Los documentos son cuidadosos: "no afirman que Alfredo Cristiani ordenara personalmente el asesinato". Pero sí muestran que Washington fue descubriendo que "la planificación y posterior manejo político del encubrimiento alcanzaban los niveles más altos del Estado salvadoreño".

La conexión con el presente no es cronológica sino estructural. El régimen de Bukele desmanteló sistemáticamente la institucionalidad construida por los Acuerdos de Paz precisamente para prevenir la repetición de este tipo de operaciones: la PNC civil, la Sala Constitucional independiente, la Fiscalía autónoma, el IDHUCA y Tutela Legal —ambas cerradas bajo la Ley de Agentes Extranjeros en 2025. Y persigue a los veteranos que firmaron los Acuerdos y los exigen. La impunidad de la masacre de la UCA —ningún alto mando fue condenado, Cristiani murió en 2021 sin enfrentar proceso— prefigura con exactitud el mecanismo del régimen de excepción: el Estado actúa, el Estado encubre, el Estado mantiene reserva sobre sus propios datos, y el único registro duradero es el que acumulan las organizaciones que el Estado después cierra. El análisis de los documentos de la CIA sobre 1989 no es historia: es el plano arquitectónico del edificio que 2024 terminó de construir.

El Observatorio Regional y la articulación desde afuera

El nacimiento del Observatorio Regional de Derechos (ORD) en Ciudad de Guatemala el 3 de julio de 2026 representa la respuesta institucional más articulada que la sociedad civil centroamericana ha construido frente al modelo salvadoreño desde el cierre del IDHUCA.⁵ El ORD se estructura en tres ejes: Derechos Civiles y Políticos; Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y Derechos de la Naturaleza —este último eje incluye el impacto ambiental del modelo de desarrollo salvadoreño, en particular la reactivación de la minería metálica que el régimen planea. Los portavoces fueron directos sobre la motivación: "el modelo político implementado en El Salvador —caracterizado por la concentración absoluta del poder y la suspensión indefinida de garantías constitucionales— está dejando de ser un fenómeno aislado para convertirse en una tentación peligrosa en el resto del istmo".

Lo que el ORD aporta no es solo otro espacio de denuncia —los existentes son numerosos— sino metodología portada fuera del territorio donde fue construida. Las organizaciones salvadoreñas que cerraron bajo la Ley de Agentes Extranjeros, o que operan desde el exilio, acumularon años de metodología de documentación de violaciones, registro de casos individuales, construcción de series estadísticas comparables. Ese acervo, que dentro de El Salvador enfrenta cada vez más restricciones operativas, puede proyectarse a países donde la sociedad civil aún tiene espacio institucional para funcionar: Guatemala, Honduras, Costa Rica. El ORD es la plataforma que recibe esa transferencia metodológica y la aplica al monitoreo regional. La presencia de cosmovisiones originarias en la ceremonia inaugural —el llamado ancestral del fuego que abrió el acto en Ciudad de Guatemala— señala además que el enfoque no reproduce el modelo de las ONG de DDHH de segunda mitad del siglo XX: integra marcos epistemológicos que los procesos de paz de los noventa dejaron parcialmente fuera de la arquitectura institucional.

El ORD anunció que producirá informes con "enfoque de tiempo real para ciudadanos, defensores de DDHH y comunidades". La utilidad concreta de ese compromiso dependerá de si sus primeros productos logran incidencia ante los organismos que el sistema salvadoreño ya no canaliza —la PDDH bajo control del Ejecutivo desde 2021, la FGR sin independencia— y de si construye la credibilidad metodológica suficiente para que la CIDH, la OHCHR y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU los citen como fuente. Lo que el ORD puede hacer que las organizaciones salvadoreñas en el exilio no pueden hacer solas es aparecer ante esas instancias no como testigos afectados sino como observadores regionales con mandato institucional propio.

Lo que articula la jornada del 6 de julio de 2026 no es la acumulación de crisis: es la demostración de que el sistema judicial salvadoreño opera con una coherencia interna que los organismos externos están comenzando a nombrar con precisión técnica. INTERPOL lo llama "actividad política". La misión de juristas españoles lo llamó "derecho penal del enemigo". Los documentos de la CIA sobre la UCA muestran que "encubrimiento a los más altos niveles" no es una hipótesis activista: es la descripción que los propios servicios de inteligencia estadounidenses usaron en enero de 1990 para caracterizar lo que el gobierno de Cristiani estaba haciendo. El ORD nació en Guatemala para documentar que ese patrón —operación, encubrimiento, control del relato— está saliendo del territorio salvadoreño hacia el resto del istmo. Los veteranos de la Alianza Nacional El Salvador en Paz llevan dos años en prisión porque su crimen fue organizarse para exigir lo que el Estado prometió en 1992 y nunca cumplió. La encuesta del Iudop refleja que una cuarta parte de quienes temen en El Salvador teme que el país "se convierta en una dictadura". Ese 25% no necesita a INTERPOL para saber cómo llamar a lo que vive. Solo necesita que alguien, en algún lugar donde el expediente tenga consecuencias, lo diga con ese nombre.

Fuentes

1. INTERPOL vuelve a rechazar petición para capturar a ex diputado Sigfrido Reyes y su hermano. La Prensa Gráfica, 3 de julio de 2026.
2. COFAPPES exige audiencia pública y medidas sustitutivas para veteranos. Diario Co Latino, 6 de julio de 2026.
3. Profesionales del derecho expresan alarma por audiencias colectivas en El Salvador. YSUCA, julio de 2026. Ver también: Misión internacional de juristas alerta sobre deterioro del Estado de derecho en El Salvador. Diario Co Latino, julio de 2026.
4. Los papeles que cercaban al poder: Alfredo Cristiani y los desclasificados de la CIA sobre la masacre en la UCA. ContraPunto, julio de 2026.
5. El Observatorio Regional de Derechos Humanos: un nuevo faro de resistencia para Centroamérica. Diario Co Latino, 5 de julio de 2026.
6. Entre la seguridad y la incertidumbre. YSUCA / Editorial UCA, julio de 2026.
7. Cinco salvadoreños figuran entre "los peores miembros de pandillas" arrestados en EUA durante el Gobierno de Trump. La Prensa Gráfica, 6 de julio de 2026.
8. La carta demócrata. La Prensa Gráfica, 3 de julio de 2026.