Repartidores en la calle, y la pregunta que el gobierno no puede eludir
La jornada repite y profundiza el patrón: la movilización concreta de quienes no pueden esperar más mientras el gobierno discute previsión en inglés.
y PedidosYa pide reunión con Interior
en apuesta a Lacalle Pou
violencia letal por conflicto menor
la violencia de larga data
Repartidores en la calle, y la pregunta que el gobierno no puede eludir
25 de abril de 2026
El sábado amaneció con la imagen que este gobierno no quiere ver: decenas de repartidores motorizados —chalecos reflectivos, motos, cara de bronca— marchando por 18 de Julio desde Carrasco, donde la noche anterior un hombre cubano de 31 años murió de un disparo en el pecho mientras intentaban robarle la moto. Los agresores no se llevaron nada. Se fueron a pie, dejando el cuerpo y la máquina tirados en la intersección de Máximo Tajes y Capri.1
Este era el tercer repartidor asesinado en diez días, y hoy la rabia se materializó en la calle. PedidosYa emitió un comunicado que, por su tono, ya no suena a rutina corporativa sino a desesperación institucional: "Nuevamente nos encontramos ante la triste situación de tener que lamentar el fallecimiento de un repartidor por un hecho de inseguridad". La empresa dijo que pedirá —"como en ocasiones anteriores"— una reunión con el Ministerio del Interior para plantear "las inquietudes de la empresa y de la flota de repartidores, quienes son víctimas frecuentes de hechos de inseguridad en las calles".1 La frase "como en ocasiones anteriores" es la confesión involuntaria de un patrón: las reuniones se piden, se otorgan, y los repartidores siguen muriendo.
Es imposible no vincular esta movilización con lo que pasó apenas horas después en el otro extremo de la ciudad. En la madrugada del sábado, un hombre fue asesinado a la salida de un local bailable en la rambla de Pocitos, zona de Kibón. Su hermano le contó a la Policía que la víctima discutió con "otros masculinos" y que dos de ellos le "efectuaron varios disparos".2 Mismo patrón que el repartidor: violencia letal como respuesta inmediata a un conflicto menor.
La movilización que el gobierno no podía ignorar
Los repartidores que marcharon por 18 de Julio no pidieron un plan: pidieron que no los maten. Es una demanda mínima que, en el Uruguay de abril de 2026, sigue siendo excesiva. La marcha del sábado es el primer caso donde la estadística se convierte en acción política sin que medie una organización sindical clásica: son trabajadores de plataformas que, por su cuenta y riesgo, decidieron hacer visible una vulnerabilidad sistemática que antes era solo número.1
Lo curioso es que la respuesta del gobierno a esta crisis no ha cambiado sustancialmente en los últimos años. El ministro Carlos Negro se mostró "optimista de que se va a aclarar" el caso del repartidor del Prado, pero optimismo no ha sido el problema: ha sido la falta de medidas concretas que prevengan el próximo homicidio. Las reuniones entre plataformas y ministerio se repiten; los protocolos de emergencia no; los repartidores siguen siendo targets.
PedidosYa no es un actor menor en la economía uruguaya: es una empresa que conecta miles de trabajadores con cientos de comercios. Que su comunicado suene a rutina —"como en ocasiones anteriores"— habla de una normalización de la violencia contra trabajadores que se ha vuelto parte del paisaje institucional. La diferencia de hoy es que esa normalización choca contra la calle de forma concreta: decenas de motos paradas en 18 de Julio no son estadística; son algo que el gobierno ya no puede ignorar.
Kibón y la brecha que las cifras no cierran
Mientras los repartidores marchaban por el centro, un dato de Cerro Norte intentaba proyectar éxito: la zona pasó de 14 homicidios en 2024 a uno en lo que va de 2026, según el ministro Carlos Negro. "Las cifras así lo dicen", afirmó, atribuyendo la mejora a "policiamiento inteligente, cuadrantes, información y análisis criminal".5
El problema es que la mejora en Cerro Norte —si es real y sostenible— no se traslada automáticamente al resto de Montevideo. La misma noche que Negro exhibía resultados en Cerro Norte, un hombre moría en Kibón y se encontraba un cuerpo calcinado cerca de la Fortaleza del Cerro. Y horas antes, un delincuente perdía la vida al chocar contra una columna mientras huía en una moto robada a un repartidor de diarios en Francisco Escardo y Carlos Vaz Ferreira.6
Los vecinos de Cerro Norte, por cierto, también tienen reclamos: "Más iluminación, problemas de seguridad o vigilancia, el pasto", enumeró Negro. Las zonas "dominadas por pastos crecidos, animales, animales muertos, etc.". Las zonas "dominadas por pastos crecidos, animales, animales muertos, etc.".5 Las quejas no son solo policiales; son de presencia estatal integral, que es exactamente lo que Más Barrio promete. La pregunta es si el modelo es replicable sin diluir la capacidad operativa.
El dato de Cerro Norte tiene otro riesgo: si se presenta como éxito prematuro, puede generar una falsa sensación de control en un territorio que sigue sangrando. Los repartidores asesinados no están en Cerro Norte; están en Carrasco Norte, en el Prado, en el Centro. La focalización es necesaria, pero no puede ser excusa para normalizar la violencia fuera del perímetro focalizado.
La interna blanca: Rodríguez, Oddone y el fantasma de 2029
Mientras la calle se movilizaba, Juan Martín Rodríguez asumía como presidente de la Lista 71 con un discurso que no se anduvo con vueltas. Su ataque al ministro de Economía, Gabriel Oddone, fue directo: "A mí que no me vengan con que el ministro Oddone es el salvador del Frente Amplio, es tan cómplice como el resto del Frente Amplio. El ministro de Economía no solo nos mintió en campaña, nos mintió el año pasado en el Parlamento cuando fue al Parlamento".3
Rodríguez enumeró tres promesas rotas: "No vamos a subir impuestos" (y los subieron), "vamos a crear policías" (y llenaron vacantes), y "'no vamos a cambiar la lógica de las AFAP' y ahora resulta que quieren proponer cambiarlas". Es la misma batería de argumentos que la Coalición Republicana viene usando en bloque, pero con una diferencia: al personalizarla en Oddone, el Herrerismo busca separar la crítica económica de la crítica política general, posicionándose como el sector del PN con más capacidad de diagnóstico técnico.
El mensaje final fue inequívoco: "Claro que pensamos en 2029, porque el gobierno ya tiró la toalla y se entregó". La apelación a Lacalle Pou como "gran capitán" que debe "devolverle a los uruguayos la confianza en el sistema" es una apuesta arriesgada: enciende la interna blanca y le transfiere al expresidente la responsabilidad de liderar un proceso de reconstrucción que, si no llega, dejará al PN dividido y sin proyecto.3
La coincidence temporal entre la movilización de repartidores y el congreso del Herrerismo no es menor. Mientras un sector de la oposición posiciona para el futuro, los repartidores en 18 de Julio exigen soluciones para el presente. La pregunta es si la política uruguaya ha aprendido a conectar la agenda de 2029 con la urgencia de 2026.
Puñaladas, delirio y las fronteras de la justicia psiquiátrica
El caso del hombre de 64 años que apuñaló 60 veces a su pareja de 56 en Aires Puros merece una lectura que va más allá del horror del crimen. La sentencia, confirmada por el Tribunal de Apelaciones de 1er Turno, expone las tensiones del sistema forense uruguayo en un punto donde la medicina y el derecho no terminan de ponerse de acuerdo.4
Los datos del caso son escalofriantes por su previsibilidad. La pareja tenía 45 años de relación. Existían "múltiples episodios de maltrato, principalmente psicológico". El hombre llegó a renunciar a su trabajo para "cuidar" a su esposa, que tenía problemas de salud, cuando en realidad lo que hacía era controlarla. Un hijo declaró: "Si un vecino la saludaba, él se molestaba y le decía que andaban juntos". Otros testigos escucharon amenazas de muerte: le decía que le iba a cortar los genitales.
La pericia del ITF determinó que el hombre padece "ideación delirante de tipo celotípico" con "psicosis delirante de tipo paranoia" y antecedentes de consumo de alcohol. Pese al tratamiento en Vilardebó, la perito consideró que probablemente deba ser internado "de por vida" porque su pronóstico es "muy malo". La jueza Blanca Rieiro impuso "medidas de seguridad curativas sin mínimo ni máximo" con controles cada tres meses.
El punto jurídico más interesante fue la resolución del Tribunal de Apelaciones. La defensa había apelado no para pedir la absolución, sino para discutir la calificación: argumentó que los agravantes del homicidio y los delitos de violencia doméstica son "dogmáticamente incompatibles con la ausencia de culpabilidad probada" en el inimputable. Los ministros le dieron la razón parcialmente: eliminaron las agravantes del homicidio pero mantuvieron las de violencia doméstica, que consideraron delitos autónomos.
El caso plantea preguntas incómodas: si había 45 años de maltrato psicológico documentado por testigos, si había amenazas de muerte, si hubo control extremo —¿por qué el sistema no intervino antes del femicidio? La patología no apareció el día del crimen: se construyó en décadas de convivencia violenta que nadie detuvo.
La brecha entre la política y la calle
El sábado 25 de abril dibuja un Uruguay donde la inseguridad se vive en dos registros que se superponen sin resolverse. En el registro de la política, el Herrerismo lanza su apuesta a 2029 y Negro exhibe cifras de mejora en Cerro Norte. En el registro de la calle, un repartidor muere en Carrasco Norte, un hombre es baleado en Kibón, un cuerpo aparece calcinado en el Cerro, y un delincuente choca huyendo en una moto robada a un repartidor de diarios.
Lo que conecta ambos registros es la pregunta por la presencia del Estado: no como concepto abstracto de gobernanza, sino como capacidad concreta de proteger a quienes trabajan en la calle. El programa Más Barrio responde a esa pregunta en Cerro Norte; pero nadie respondió por el repartidor cubano en Carrasco Norte, por el hombre en Kibón, ni por el repartidor de diarios en Francisco Escardo.
La movilización de PedidosYa no es un evento aislado: es el punto de encuentro entre una crisis estadística que se había vuelto rutina y una respuesta política que finalmente rompe el silencio. Los repartidores que marcharon por 18 de Julio no pidieron mejores planes o estrategias: pidieron que el Estado cumpla la función más básica de cualquier soberanía: proteger a quienes trabajan en su territorio.
El patrón del día es el de una brecha persistente entre la velocidad de la política —que discute AFAP en Bloomberg, recibe a Bullrich, lanza estrategias de desarrollo— y la velocidad de la emergencia —que mata repartidores a razón de uno cada tres días. Mientras esa brecha exista, las encuestas pueden mostrar mejora en percepción de seguridad, pero la calle seguirá cobrando su precio en sangre.
Fuentes
- Decenas de repartidores se movilizaron por 18 de Julio tras crimen de un delivery en Carrasco Norte. Teledoce, 25 abril 2026.
- Homicidio en Kibón: un hombre fue asesinado a la salida de un local bailable tras discutir con un grupo de personas. El País, 25 abril 2026.
- Entre críticas al gobierno y un mensaje a Lacalle Pou para 2029, Juan Martín Rodríguez asumió como presidente de la Lista 71. Teledoce, 25 abril 2026.
- Hombre que apuñaló a pareja 60 veces fue condenado inimputable por celotipia y prevén internarlo de por vida. El País, 25 abril 2026.
- "Hay una buena percepción de cómo ha cambiado Cerro Norte", argumentó Negro. Montevideo Portal, 25 abril 2026.
- Un delincuente murió al chocar contra una columna cuando huía la policía en una moto robada. Subrayado, 25 abril 2026.