Ruth López cumple 13 meses sin audiencia; el CNJ elige candidatos que la CSJ ya sancionó

La coordinadora de COFAPPES, Lourdes Palacios, denunció el 1 de julio de 2026 que la audiencia judicial de Ruth López —programada para el 4 de junio, fecha en que vencía el plazo legal de su detención preventiva— no se celebró.¹ No fue aplazada con nueva fecha. No fue suspendida por causa documentada. Simplemente no ocurrió. La defensora de derechos humanos, coordinadora de la Unidad Anticorrupción de Cristosal, permanece detenida desde el 18 de mayo de 2025 bajo una imputación que mutó de peculado a enriquecimiento ilícito sin que en ningún momento se celebrara un juicio, sin que la acusación se sostuviera ante audiencia pública, y ahora sin que el proceso al menos cumpliera sus propios plazos. Amnistía Internacional la declaró "presa de conciencia" mediante su secretaria general Agnès Callamard. La CIDH le otorgó medidas cautelares que el Estado salvadoreño ignora. La pregunta que Palacios formuló en voz alta —"¿dónde están las pruebas con las que se les acusa?"— es la única que el proceso judicial no ha respondido después de trece meses.

Esa misma jornada, las universidades privadas eligieron la terna para el Consejo Nacional de la Judicatura con dos candidatos previamente sancionados por la Corte Suprema de Justicia.² Verónica Lisseth González Penado —actual consejal que busca reelección— fue suspendida del notariado entre febrero de 2023 y marzo de 2024 por tardar dos años en entregar su libro de protocolo. César Edgardo Castaneda, jefe de unidad del propio CNJ, fue suspendido entre julio de 2023 y noviembre de 2025 por un retraso de tres años y siete meses. El CNJ es el órgano que propone candidatos para todos los magistrados de la Sala de lo Constitucional, los magistrados de Cámara, los jueces de Primera Instancia y los jueces de Paz del país. La ley que regula su composición exige "competencia y moralidad notoria e idoneidad". Los criterios de selección aprobados por las propias universidades privadas solo piden "declaración jurada de cumplir con los requisitos legales". La institución que elige a los jueces del país eligió candidatos a quienes los propios jueces ya habían sancionado. Esa no es una paradoja procesal: es la descripción exacta de cómo funciona la captura institucional en su fase más consolidada.

La audiencia que no ocurre, la biopsia sin resultado, el CNJ que elige candidatos ya sancionados por la CSJ: no son fallas del sistema salvadoreño. Son el sistema salvadoreño funcionando de acuerdo a su diseño.

La audiencia que no ocurrió y el acoso que sí

La estructura procesal del caso de Ruth López no es complicada, pero sí requiere nombrarse con precisión para que su arbitrariedad sea visible. Detenida el 18 de mayo de 2025, fue inicialmente imputada de peculado. La imputación se reformuló luego como enriquecimiento ilícito. En ningún momento —ni bajo la primera imputación ni bajo la segunda— se celebró audiencia pública donde la acusación sostuviera sus cargos ante defensa y juez. COFAPPES identificó el 4 de junio como la fecha en que vencía el plazo legal de detención preventiva y como la fecha en que debía realizarse la audiencia que lo resolvería. Esa fecha pasó sin que la audiencia ocurriera.¹

El patrón que COFAPPES señala trasciende el caso individual. La organización comparó el caso de López con el de los líderes veteranos de la Alianza El Salvador en Paz —donde tampoco existen pruebas suficientes presentadas ante un tribunal— y lo calificó como "un patrón de acoso que se ha venido desarrollando en el país". La mecánica es consistente: la FGR imputa, los tribunales conceden prórrogas para que la Fiscalía subsane deficiencias, la Sala Constitucional declara improcedentes los recursos de habeas corpus, y el proceso se convierte en privación de libertad de facto sin sentencia. Ni los nueve congresistas demócratas que escribieron a Marco Rubio —solicitando sanciones Magnitsky para funcionarios individualizados, visita consular y negación de entrada a EE.UU. para los responsables— ni la declaración de Amnistía Internacional, ni las medidas cautelares de la CIDH han producido consecuencia operativa visible sobre la situación.¹

A esa dimensión procesal se suma la sanitaria. Hace cuarenta días, Ruth López fue sometida a una cirugía cuya extensión e implicaciones no fueron comunicadas a su familia antes del procedimiento, durante el procedimiento ni después de él.⁴ La biopsia practicada en ese mismo acto —cuyos resultados normalmente toman días— permanece en reserva. COFAPPES denunció que "esa falta de información genera una profunda preocupación". La opacidad médica funciona como extensión de la opacidad procesal: el régimen administra el cuerpo de la detenida con la misma arbitrariedad con que administra su expediente.

El IDHUCA añadió una capa estructural a este cuadro con la presentación de su último informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos.³ Roberto López —director del IDHUCA— describió 2025 como "un año difícil" por la intensidad de las restricciones al acceso a la información pública. Fátima Peña —coordinadora del OUDH— atribuyó a la Ley de Agentes Extranjeros el debilitamiento de "las capacidades de atención y prevención de las violaciones a los derechos de las mujeres", y cuestionó el uso de la categoría "intolerancia familiar" por parte de la FGR para clasificar muertes violentas —una designación que invisibiliza el carácter estructural de la violencia de género. En paralelo, la coalición de organizaciones que denunció el acoso a abogados defensores reportó que tres agentes de la PNC se presentaron en el domicilio del abogado Guillermo García —defensor de "Pepe" Melara, de la Alianza El Salvador en Paz— preguntaron por una persona desconocida y se quedaron frente a la vivienda tomando fotografías del inmueble y del vehículo.⁵ García calificó el episodio como "persecución política abierta y dirigida". La modalidad —visita sin orden judicial, registro fotográfico desde la calle— es suficiente para producir su efecto sobre quien la recibe, sin necesidad de ir más lejos.

El CNJ que el oficialismo no necesita capturar porque ya llegó capturado

El Consejo Nacional de la Judicatura no designa a un funcionario ni a una institución: designa el total del Poder Judicial salvadoreño. Propone los candidatos para los magistrados de la Sala de lo Constitucional, para los magistrados de las Cámaras de Segunda Instancia, para los jueces de Primera Instancia y para los jueces de Paz de todo el país. Si el CNJ responde a la línea del Ejecutivo —como ya responden la Sala Constitucional, la FGR, el TSE y la Asamblea Legislativa—, el control sobre la designación de cada cargo judicial en el país queda bajo una sola dirección de forma permanente y estructural, no episódica.²

La elección del 1 de julio por las universidades privadas hace ese escenario más probable de manera directa. Verónica Lisseth González Penado fue suspendida del ejercicio del notariado entre febrero de 2023 y marzo de 2024 por tardar dos años en entregar su libro de protocolo a la Sección del Notariado de la Corte Suprema de Justicia —incumplimiento de una de las obligaciones más básicas de la función notarial. César Edgardo Castaneda, jefe de unidad del CNJ, fue suspendido entre julio de 2023 y noviembre de 2025 —más de dos años— por un retraso de tres años y siete meses en el mismo tipo de obligación. Ambos aspiran ahora a integrar el órgano que la Constitución llama a poblar de "competencia y moralidad notoria e idoneidad". Sus antecedentes no son hipotéticos ni objeto de controversia interpretativa: son resoluciones de suspensión emitidas por la institución que los candidatos se postulan a poblar con magistrados propios.

La convocatoria de las universidades privadas no exigió investigación previa de antecedentes —solo "declaración jurada de cumplir con los requisitos". El tercer candidato de la terna, William Rafael Rebollo, completa el cupo con una segunda vacante suplente que tampoco fue cubierta, lo que revela la baja participación en el proceso. La terna pasa ahora a la Asamblea Legislativa, donde la supermayoría de Nuevas Ideas deberá "valorar las sanciones" —un eufemismo que, en la práctica, significará ratificar la designación si el aparato partidario así lo resuelve, como resolvió la renovación de la FGR, la de la PDDH y la de los magistrados constitucionales desde mayo de 2021. La votación del pleno para el CNJ está prevista antes del 22 de septiembre; la de la Corte de Cuentas —el ente auditor que Ernesto Castro está entrevistando sin haber definido el perfil del cargo— antes del 27 de agosto. Cuando ambas designaciones se completen, el régimen habrá alcanzado un control horizontal sobre la totalidad de los órganos de control, sin ningún nodo técnico con capacidad real de filtrar las decisiones del Ejecutivo.

Pacific Rim regresa a Cabañas bajo nueva piel

La Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN) denunció esta semana que 25-30 familias de la comunidad El Tren, en San Isidro (Cabañas), enfrentan una orden de desalojo por parte de la empresa Inversiones El Dorado, vinculada al holding ecuatoriano LAPAVIC.⁶ Las tierras que El Dorado reclama se ubican donde Pacific Rim —la empresa canadiense que demandó a El Salvador ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) después de que el país le negara permisos de explotación— realizó exploración minera durante la primera década del siglo. Las familias de El Tren las habitan desde hace décadas, por asignación municipal. La prohibición de la minería metálica que El Salvador aprobó en 2017 —la primera en América Latina, empujada por el movimiento ambiental que se articuló precisamente en Cabañas— sigue vigente formalmente.

Lo que cambió no es la ley. Lo que cambió es el contexto: El Salvador firmó en 2025 un acuerdo de entendimiento comercial con Estados Unidos. El analista Peter Natarem formuló el mecanismo con precisión: "las empresas de Estados Unidos, detrás de la firma del entendimiento de comercio recíproco de El Salvador y EE.UU., son las que van a comprar los terrenos con una plusvalía para la empresa LAPAVIC". El intermediario adquiere tierras en zona de interés minero, las valoriza con la expectativa del acuerdo comercial y las transfiere a operadores con capacidad de presionar por la flexibilización de facto de la prohibición. No se necesita derogar la Ley de Prohibición de la Minería Metálica para vaciarla de contenido: basta con desalojar a las comunidades que habitan los territorios antes de que cualquier licencia sea necesaria.⁶

Abelina Acosta, de 55 años, resume la dimensión humana del proceso con la contundencia que los datos no tienen: "Vivo ahí desde los 13, he crecido, he tenido mis hijos, ahí es donde ya tengo mi vida". Juan González, otro líder comunitario, lo traduce en términos materiales: "Nos quieren expulsar de allí y nosotros somos personas pobres. No tenemos dónde ir". Las cuencas Ostúa, Güija y Lempa —que abastecen de agua a millones de salvadoreños— están amenazadas por la reactivación minera regional que también avanza en Asunción Mita (Guatemala) con Aura Minerals, sin consulta popular, en un patrón que ACAFREMIN documenta como coordinado entre fronteras. La resistencia de Cabañas al extractivismo —que costó vidas en los años 2000, cuando activistas como Marcelo Rivera y Ramiro Rivera fueron asesinados— emerge ahora frente a nuevos actores pero sobre el mismo territorio y la misma lógica: la apropiación de tierras como paso previo a la extracción de minerales.⁶

El caso de El Tren conecta directamente con el modelo agroalimentario de la jornada. La reforma a la Ley de Producción Higiénica de Leche y Productos Lácteos aprobada por la Asamblea el 18 de junio —que elimina la prohibición de comercializar productos elaborados con leche en polvo, vigente desde el año 2000 para proteger al sector ganadero— divide al sector entre los que la celebran como modernización y los que la leen como el desplazamiento de aproximadamente el 80% de los productores nacionales frente a importaciones industriales baratas.⁷ Luis Treminio, de CAMPO, formuló la crítica estructural que atraviesa ambas historias: "se habla de seguridad alimentaria, pero se está colocando ese concepto por encima de la soberanía alimentaria, cuando debería ser al contrario". La distinción no es semántica: la seguridad alimentaria garantiza que haya alimentos disponibles; la soberanía alimentaria garantiza que las condiciones de producción, distribución y acceso estén bajo control de quienes los producen y consumen. Las familias de El Tren y los pequeños ganaderos son las víctimas distintas de la misma decisión distributiva.

El modelo del 4.8%: crecimiento sobre tres apoyos que el régimen no controla

El Banco Central de Reserva publicó esta semana que la economía salvadoreña creció 4.8% en el primer trimestre de 2026, con el PIB alcanzando $9.261,8 millones —$604,7 millones más que el mismo período del año anterior.⁸ El dato supera el doble del promedio histórico de los primeros trimestres de los últimos diecisiete años (2.2%) y el régimen lo presentará como validación de su modelo. La lectura requiere dos pasos adicionales: identificar qué mueve el número y evaluar la vulnerabilidad de cada motor.

Los tres pilares del crecimiento son la construcción (+13.5%), el turismo (1,3 millones de visitantes en el período) y las remesas ($2.435,6 millones, +7.3%). Cada uno tiene su vulnerabilidad específica. La construcción es impulsada por inversión pública financiada con deuda —los 75 préstamos por $10.395 millones que la Asamblea aprobó desde mayo de 2021 sin análisis de sostenibilidad fiscal, con el 76% de los pagos actuales del servicio yendo a intereses y $5.934 millones aún sin desembolsar. El turismo depende de la narrativa de seguridad que el régimen construyó sobre el régimen de excepción. Y las remesas, que crecen 7.3% pero muestran señales de posible desaceleración según análisis de El Salvador.com, dependen de la estabilidad migratoria de aproximadamente 180.000 salvadoreños cuyo TPS el fallo de la Corte Suprema de EE.UU. del 30 de junio —que autorizó a Trump a terminar la protección para haitianos y sirios— convierte en el precedente que puede afectarlos a partir de septiembre.⁹

El sector agropecuario —el único que produce soberanía alimentaria real— contrajo 0.8%. La encuesta del IUDOP-UCA identificó la economía, el desempleo y la pobreza como las tres principales preocupaciones ciudadanas, con ocho de cada diez personas percibiendo corrupción. El jefe de redacción de El Faro, Óscar Martínez —en una entrevista publicada esta semana por Confidencial— articuló el contexto político que enmarca el dato económico: Bukele adelantó las elecciones de 2029 a 2027 porque "Trump se va en el 2028, y Bukele quiere ir a elecciones con Trump en el poder". El modelo fiscal que celebra el 4.8% de crecimiento depende del mismo aliado que administra la política migratoria que amenaza las remesas que financian ese crecimiento. El régimen que cultivó a Trump como paraguas indispensable necesita ahora que ese mismo Trump preserve el flujo de los migrantes que alimenta la economía que el régimen no logra construir por inversión interna.

El 1 de julio de 2026 condensa la lógica del régimen en cuatro movimientos simultáneos. La audiencia de Ruth López que simplemente no ocurrió —una delegación de la impunidad que ya no necesita encubrirse porque el proceso mismo es el mecanismo— es el hecho más crudo, porque supone que el régimen calcula que puede sostener el costo de que Amnistía Internacional declare "presa de conciencia" a una detenida sin juicio cuya biopsia lleva cuarenta días sin resultado comunicado a la familia. El CNJ con candidatos previamente sancionados por la CSJ es el hecho más revelador, porque demuestra que la captura institucional ya no requiere construir candidatos nuevos: alcanza con postular a quienes la institución ya conoce y ya desaprobó. La minería que regresa a Cabañas bajo nueva sociedad anónima es el hecho más permanente, porque las tierras de las 25-30 familias de El Tren no tienen fecha de resolución ni órgano independiente que las defienda. Y el 4.8% de crecimiento es el hecho más inestable, porque sus tres motores —deuda, turismo y remesas— dependen de condiciones que ninguna decisión del régimen puede garantizar. La diferencia con el ciclo anterior no está en la violencia visible: está en la acumulación silenciosa. Cada expediente archivado, cada candidato sancionado que llega a la terna, cada familia campesina notificada de desalojo y cada punto de PIB financiado con deuda futura añade una capa al sistema que el régimen no necesita defender públicamente. Solo necesita que continúe.

Fuentes

1. COFAPPES denuncia retraso en audiencia de Ruth López. Diario Co Latino, julio de 2026. Ver también: Bukele en la mira de los congresistas demócratas de los Estados Unidos. Diario Co Latino, 29 de junio de 2026.
2. Universidades privadas eligen terna para el CNJ con dos candidatos sancionados por la CSJ. Diario Co Latino, julio de 2026.
3. Ley de Agentes Extranjeros ha reducido el espacio cívico. YSUCA Radio, julio de 2026.
4. COFAPPES: biopsia de Ruth López sin resultado 40 días después de la cirugía. Diario Co Latino, julio de 2026.
5. Organizaciones de DDHH denuncian escalada de acoso, persecución y criminalización contra abogados defensores. Diario Co Latino, julio de 2026.
6. Minería en El Salvador y Guatemala: comunidades enfrentan amenazas de desalojo y falta de acceso a la información. Revista La Brújula, 30 de junio de 2026.
7. Uso de leche en polvo divide a productores e industriales del sector lácteo. Diario Co Latino, julio de 2026.
8. BCR destaca crecimiento económico de El Salvador con la construcción como principal motor. La Página, julio de 2026. Ver también: Economía salvadoreña crece el 4.8%; estos son los factores que la impulsan. ElSalvador.com, julio de 2026.
9. Carmen Rodríguez y Celia Medrano piden no desistir en la lucha por el TPS. Diario Co Latino, julio de 2026. Ver también: Corte Suprema de Estados Unidos redefine el poder de Donald Trump. Divergentes, 30 de junio de 2026.