Sin certificado, sin fiscal, sin independencia: la justicia que Centroamérica desarmó

El 2 de mayo, expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas expresaron preocupación por denuncias de personas desaparecidas forzadamente que habrían muerto bajo custodia en Nicaragua, en condiciones que podrían constituir tortura.¹ Entre los casos señalados está el del líder indígena Brooklyn Rivera, detenido en 2023, cuyo paradero sigue sin confirmarse aunque existen indicios de que podría haber fallecido. Otra persona habría muerto en detención en 2026; su cuerpo fue entregado a la familia sin certificado de defunción. La alerta no llega sola: la administración Trump calificó al régimen de Ortega-Murillo como «dinastía ilegítima vitalicia» y sancionó a los hijos de la pareja gobernante junto al entramado minero vinculado al poder, mientras la propia oposición en el exilio reconoce que las sanciones generan costos pero no producen transición democrática.²

Lo que hace que el 4 de mayo sea distinto no es la represión nicaragüense —que viene documentada desde 2018— ni la captura del Ministerio Público guatemalteco —que este informe viene registrando edición tras edición—. Lo distinto es la convergencia cuantificada de tres hitos en una misma jornada: muertes bajo custodia sin certificado en Nicaragua, 841 días sin investigación contra un expresidente y su pareja en Guatemala³, y un cuatrienio cerrado en Costa Rica con 3.310 homicidios —la cifra más alta desde el conflicto armado de 1948—.⁴ La suma no es coincidencia: es el resultado acumulado de seis países donde el sistema de justicia ha dejado de funcionar como garante de derechos, por seis mecanismos distintos, en la misma semana en que Honduras sigue procesando los audios de Juan Orlando Hernández desde prisión, El Salvador acumula más de 2.000 trabajadores judiciales expulsados en un solo año y Panamá debate una ley tributaria sin poder garantizar que saque al país de las listas de vigilancia internacionales.⁵

La degradación del sistema de justicia no necesita un mecanismo único: se logra por destrucción, por captura, por coerción, por concentración, por manipulación o por omisión. Los métodos difieren. El resultado es el mismo.

Nicaragua: de la desaparición a la muerte bajo custodia

La alerta de los expertos de la ONU del 2 de mayo marca una escalada cualitativa en el patrón represivo del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. No se trata de nuevas detenciones ni de exilios forzados —mecanismos ya documentados y denunciados— sino de la progresión hacia lo que las Naciones Unidas califican como «desaparición forzada con resultado de muerte», una categoría que ubica al régimen en el terreno de las violaciones graves del derecho internacional humanitario.¹ El caso del líder indígena Brooklyn Rivera es emblemático: detenido en 2023, fue durante décadas la principal voz política de los pueblos indígenas de la Costa Caribe nicaragüense ante el Estado. Su desaparición no es un hecho aislado de la represión urbana: es un mensaje dirigido a los territorios indígenas y afrodescendientes que históricamente han resistido el control central del poder. Que existan indicios de su fallecimiento sin que el régimen lo confirme ni entregue un cuerpo con certificado de defunción revela una estrategia de ocultamiento que va más allá de la negligencia: es una política deliberada de negación de información que convierte el dolor de las familias en herramienta de terror.

La referencia a más de 100 personas desaparecidas añade dimensión sistémica. En un país donde los recursos de hábeas corpus no son respondidos, donde los jueces no actúan con independencia y la Corte Suprema de Justicia funciona como apéndice del poder ejecutivo, la desaparición forzada opera como instrumento de control social sin costo visible para el régimen.¹ La ausencia de certificados de defunción en los casos de muertes confirmadas sugiere que el aparato estatal busca eliminar rastros documentales, lo que dificulta cualquier futura rendición de cuentas. Las condiciones de detención denunciadas —malos tratos, falta de atención médica, aislamiento prolongado— completan un cuadro donde la tortura no es un exceso puntual sino una condición estructural del sistema penitenciario.

La administración Trump respondió con sanciones a los hijos de la pareja gobernante y al entramado minero vinculado al régimen, pero como reconocen los propios opositores en el exilio —Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga—, las sanciones generan «asedio gradual» sin producir transición democrática.² Ortega optó por la confrontación directa: llamó a Trump «desquiciado mental», una estrategia de alto riesgo que depende de que Washington evalúe si Managua representa una amenaza suficiente para justificar presión mayor. El investigador Evan Ellis advierte que no está claro en qué nivel de la jerarquía de prioridades de Washington se encuentra Nicaragua —después de Venezuela y Cuba en la «troika de la tiranía», Managua parece estar en una lista de espera—. La pregunta que emerge es si la comunidad internacional tiene herramientas para responder más allá de las sanciones individuales, o si la muerte bajo custodia de líderes indígenas se suma a la lista de violaciones documentadas sin consecuencia material.

Guatemala: los 841 días que miden la captura

Los 841 días transcurridos desde que Alejandro Giammattei dejó el cargo el 14 de enero de 2024 sin que el Ministerio Público confirme una sola investigación contra el expresidente ni contra su pareja Miguel Martínez son más que una estadística: son la medida precisa de lo que la sociología guatemalteca denomina «impunidad institucionalizada».³ Empresas vinculadas a Martínez recibieron contratos estatales por más de Q2.561 millones durante el gobierno anterior, incluyendo Q2.041 millones adjudicados a Aspetro —cuyos socios fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos—, Q540,1 millones del IGSS a La Botica y Q377 millones a Lanquetin por medicamentos que podrían haberse comprado Q251 millones más baratos a precio de mercado. El aeropuerto de Escuintla, prometido por Giammattei, absorbió Q610 millones sin que se conozcan avances verificables.³ El secretario general del MP, Ángel Pineda, declaró a La Hora que «desconoce» si existe investigación contra Martínez —un nivel de evasión que sería inverosímil en un Ministerio Público funcional.

La explicación es política, no técnica. María Consuelo Porras fue designada fiscal por Giammattei —quien públicamente la calificó de «amiga»— y reelegida gracias a la intervención de la Corte de Constitucionalidad. El fiscal anticorrupción Eduardo Pantaleón, declarado inocente en dos instancias por incumplimiento de deberes y obstaculización, presentó el 14 de abril su recurso de casación ante la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia.⁴ La Cámara reprogramó su audiencia del 16 de junio al 14 de abril —notificación producida días después de que Pantaleón presentara una tacha contra Porras en su proceso de reelección—. El cronograma tiene la precisión de una represalia: los fiscales que investigaron corrupción son perseguidos judicialmente; los que la ejecutaron no son investigados. Pantaleón permanece sin salario y sin reincorporación al MP desde 2022, pese a las absoluciones.

La advertencia de Fitch Ratings agrega una capa económica al diagnóstico institucional. Guatemala mantiene calificación BB+ con perspectiva estable, pero el analista Todd Martínez advirtió que las remesas —USD 25.530 millones en 2025, aproximadamente 20% del PIB— «actúan en contra del grado de inversión» porque reflejan falta de oportunidades internas.⁵ Las tres calificadoras coinciden: la gobernanza es el principal obstáculo para el salto al grado de inversión; el 70% de la población económicamente activa opera en la informalidad. Con solo 15 días para que Bernardo Arévalo designe al nuevo Fiscal General, la pregunta es si existe voluntad y capacidad de nombrar a alguien que rompa el patrón de 841 días. La advertencia de Fitch opera como termómetro externo de lo que la sociedad civil guatemalteca dice desde hace años: sin Estado de derecho, no hay desarrollo sostenible —y sin fiscal independiente, no hay Estado de derecho.

Costa Rica: el balance que no se puede resumir sin contradicciones

El cuatrienio de Rodrigo Chaves registró 3.310 homicidios, un nivel no registrado desde el conflicto armado de 1948; 873 solo en 2025, con 60% atribuido al narcotráfico según el balance de El Financiero.⁶ La tasa de desempleo cayó al 6,6% pero la participación laboral se desplomó del 59,9% al 54,3% —menos personas trabajan o buscan trabajo, y el bajo desempleo es en parte una ilusión estadística—. Rotsay Rosales, del Observatorio de Seguridad de la UCR, lo formuló con precisión: «Subestimaría a esas personas jóvenes que han dejado de buscar trabajo y que van a engrosar las filas del crimen organizado». La pobreza bajó a 15,2% y la extrema a 3,8% (mínimos históricos), pero analistas del Programa Estado de la Nación califican la mejora de «coyuntural» por la baja inflación y la reducción del tamaño de los hogares. La economía creció por encima del 4% pero las zonas francas (13,3% anual) crecieron cuatro veces más rápido que la economía local (3,3%): la fractura productiva que hereda Laura Fernández el 8 de mayo.

El perfil ideológico de Chaves cerró con una línea económica liberal consistente —apertura de mercados, contención del gasto, intentos de venta parcial del Banco de Costa Rica y el Instituto Nacional de Seguros—.⁷ En lo social, evolucionó de señales de apertura —garantías a la población LGBTIQ, legalización de marihuana— a posiciones conservadoras al acercarse el ciclo electoral: eliminación de declaraciones de interés de la Marcha del Orgullo, derogación de la norma de interrupción terapéutica del embarazo, sustitución de programas de sexualidad del Ministerio de Educación Pública. El giro coincidió con mayor cercanía a organizaciones evangélicas; Fabricio Alvarado lo calificó de «cálculo político». La herencia conservadora social puede condicionar la agenda legislativa del nuevo Congreso dominado por Pueblo Soberano, que entra con 31 de 57 curules y los seis cargos del Directorio Legislativo. La deuda se estabilizó en torno al 60% del PIB pero los ingresos tributarios perdieron dinamismo. El legado de Chaves no es un balance: es una ecuación con variables que se cancelan —crecimiento sin integración, menos pobreza sin más empleo, libertad económica sin contrapeso social—.

El Salvador y Panamá: el costo de operar sin contrapesos

En El Salvador, el Sindicato de Empleados Judiciales Salvadoreños denunció que en 2024 más de 2.000 trabajadores fueron retirados del sistema de justicia entre despidos y renuncias forzadas, aunque no registraron despidos en 2025.⁸ Exigen que los jueces actúen sin temor a represalias; la Federación de Trabajadores del Sector Justicia denuncia persistencia de la mora judicial en miles de casos del régimen de excepción. En paralelo, las gremiales Bases Magisteriales, SIMEDUCO y SINDOPET reportaron despidos de al menos seis maestros el 30 de abril solo en el departamento de Cabañas, supresión de plazas e irregularidades en la entrega de paquetes escolares.⁹ Participantes de la marcha del 1 de mayo reportaron presencia de personas infiltradas para generar disturbios contra los marchistas; personas vinculadas a la Mesa por una Pensión Digna afirmaron que algunos decidieron no asistir por temor a represalias laborales. Bukele, por su parte, entregó 70 centros educativos remodelados en Acajutla como parte del programa «Dos Escuelas por Día»¹⁰ y el BCIE aprobó US$155 millones para infraestructura vial.¹¹ La coexistencia de los despidos sectoriales con la liturgia de las escuelas renovadas no es una contradicción: es el modelo —castigo para quienes cuestionan, inauguración para quienes observan.

En Panamá, la Asamblea Nacional abrió sesiones extraordinarias del 4 de mayo al 4 de junio para debatir la Ley de Sustancia Económica presentada por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.¹² El diputado Ernesto Cedeño advirtió que «este gobierno presentó que no iba a aumentar impuestos y ya estamos alcanzando impuestos», y cuestionó que no existen garantías de que aprobar la ley saque a Panamá de las listas de vigilancia internacionales. Los proyectos anticorrupción presentados por el propio Cedeño no avanzaron durante el periodo legislativo. La violencia en San Miguelito —donde los residentes reportan balaceras cotidianas y temor al salir de sus casas bajo un toque de queda que rige hasta el 11 de mayo— añade urgencia social a un debate que corre por el carril tributario sin tocar el de la seguridad ciudadana.¹³ La Fiscalía aprehendió 125 personas durante el primer fin de semana del toque de queda, incluyendo 10 menores. Un país donde los proyectos anticorrupción mueren en comisión y la respuesta a la violencia es el toque de queda reproduce, por omisión, el mismo patrón regional: la justicia no protege porque no funciona.

En Honduras, Tomás Zambrano —el presidente del Congreso mencionado en los audios filtrados de Juan Orlando Hernández que este informe documentó en ediciones previas— solicitó formalmente al Ministerio Público y a la Procuraduría información sobre antecedentes de los más de 100 aspirantes al CNE y al TJE.¹⁴ La solicitud es formalmente correcta; su credibilidad está hipotecada por el ciclo informativo de la semana anterior —cuando el propio nombre de Zambrano apareció como destinatario de la orden de «recuperar todo el poder» en las grabaciones atribuidas a un condenado a 45 años por narcotráfico—. Que el filtro de credibilidad del proceso electoral lo aplique un funcionario cuya propia credibilidad está en cuestión documental abierta reproduce el patrón que este informe viene registrando: la formalidad del trámite es real, su capacidad de producir legitimidad es limitada.

El patrón: seis métodos, un resultado

Lo que une las noticias del 4 de mayo no es un mecanismo compartido sino un resultado convergente: el sistema de justicia ha dejado de funcionar como garante de derechos en los seis países de la región. En Nicaragua, la justicia no existe como institución autónoma —no hay respuesta al hábeas corpus, no hay certificados de defunción, no hay jueces independientes— y el resultado son muertes bajo custodia sin investigación y desaparecidos sin paradero. En Guatemala, el Ministerio Público funciona como instrumento de blindaje —841 días sin investigar contrataciones por más de Q2.561 millones, mientras persigue a los fiscales que sí investigaron corrupción—. En El Salvador, el Órgano Judicial opera bajo coerción —más de 2.000 trabajadores retirados en un solo año, jueces que no actúan con independencia, mora judicial en miles de casos del régimen de excepción—. En Costa Rica, la mayoría legislativa sin precedentes proyecta nombrar 14 de 22 magistrados de la Corte Suprema en un contexto donde el presidente saliente calificó al Poder Judicial de «perjudicial». En Honduras, la selección de autoridades del CNE y el TJE avanza bajo la dirección del mismo funcionario que aparece en los audios de un condenado por narcotráfico. En Panamá, los proyectos anticorrupción no avanzan en la Asamblea mientras la violencia urbana se responde con toques de queda. La degradación no requiere un único mecanismo: se logra por destrucción, por captura, por coerción, por concentración, por manipulación o por omisión. Los métodos difieren. El resultado es el mismo: ciudadanos sin acceso a una justicia independiente, en países donde la impunidad se convirtió en la norma operativa del Estado.

Fuentes

1. Expertos alertan de posibles muertes bajo custodia en Nicaragua. YSUCA Radio, 2 mayo 2026.
2. Washington aprieta el cerco contra los Ortega-Murillo, pero analistas advierten reservas que esto conduzca a una transición democrática inminente. Divergentes, mayo 2026.
3. Van 841 días en los que el MP ratifica su protección oficiosa a Miguel Martínez. La Hora, 4 mayo 2026.
4. Fiscal Pantaleón apela a la última instancia judicial en busca de probar su inocencia. La Hora, 4 mayo 2026.
5. Guatemala debe probar ante calificadora Fitch que solidez económica trasciende histórico respaldo de las remesas. La Hora, 4 mayo 2026.
6. La administración Chaves Robles a examen: 7 gráficos que muestran éxito fiscal y el rezago local. El Financiero, mayo 2026.
7. Consistencia liberal en lo económico y giro conservador en lo social: el perfil ideológico de Rodrigo Chaves. El Financiero, mayo 2026.
8. Sindicatos exigen independencia y recursos en el Órgano Judicial. YSUCA Radio, mayo 2026.
9. Maestros denuncian despidos, supresión de plazas y fallas en bienestar magisterial. YSUCA Radio, mayo 2026.
10. Presidente Bukele entrega otras 70 escuelas renovadas en El Salvador. Última Hora, mayo 2026.
11. BCIE aprueba préstamo para ampliar calle Ahuachapán-Atiquizaya y otras obras. Periódico Equilibrium, mayo 2026.
12. Sesiones extraordinarias: Diputado Cedeño advierte que proyecto sobre ley de sustancia económica debe convencer al país. TVN, 4 mayo 2026.
13. «Aquí a cada rato hay balas»: Residentes de San Miguelito se encomiendan a Dios al salir de sus casas por la inseguridad. TVN, mayo 2026.
14. Tomás Zambrano solicita al MP y a la Procuraduría antecedentes de los más de 100 aspirantes al CNE y TJE. Radio Progreso (vía @radioprogresohn), mayo 2026.