Bukele inscribió el tercer mandato en el sistema que construyó para no perder

El domingo 28 de junio de 2026, Nayib Bukele depositó su documentación como precandidato de Nuevas Ideas a la presidencia de la República para el período 2027-2032.¹ El hecho tiene la apariencia de un trámite burocrático —sobre, formulario, declaración jurada— y la sustancia de un cruce de umbral que seis años de construcción institucional volvieron posible. La declaración jurada que Bukele firmó dice que cumple el artículo 152 de la Constitución. Ese artículo fue reformado en julio de 2025 para eliminar toda prohibición de reelección y suprimir la segunda vuelta electoral. Antes de esa reforma, el artículo 152 era el mecanismo que hubiera impedido esta candidatura. Después de ella, es el documento que la candidatura firma para declarar su propia legalidad. El sistema ya no tiene la pieza que lo podría haber parado.

En el mismo ciclo en que Bukele inscribía su candidatura, La Prensa Gráfica publicó la investigación más exhaustiva hasta la fecha sobre el modelo fiscal del régimen: desde mayo de 2021, la supermayoría de Nuevas Ideas en la Asamblea aprobó o ratificó 75 préstamos por un total de $10.395,8 millones —más del triple de lo aprobado en cinco años bajo el FMLN—, con al menos 26 operaciones votadas con dispensa de trámite, sin análisis de sostenibilidad fiscal, sin el contrapeso de una Sala Constitucional que declare inconstitucionales las operaciones y sin el freno de una Corte de Cuentas cuya renovación avanza sin perfil definido.² Mientras Bukele firmaba en la sede de Nuevas Ideas, la oposición registraba su estado real: un partido —VAMOS— con un único diputado activo, otro —FMLN— reprogramando sus internas para el 26 de julio, y un universo electoral donde el 99% de la ciudadanía no respalda a ninguna fuerza tradicional, según la encuesta del IUDOP-UCA publicada esta semana.

La declaración jurada que Bukele firmó el 28 de junio dice que cumple el artículo 152. Ese artículo fue reformado en julio de 2025 para que él pudiera firmarlo. No es una paradoja: es la descripción técnica de un sistema diseñado sin mecanismos de autocorrección.

La candidatura que el artículo 152 ya no puede detener

La secuencia institucional que habilita la candidatura de Bukele para un tercer período no es difícil de reconstruir porque está toda en el registro público, pieza a pieza. El 1 de mayo de 2021, la supermayoría de Nuevas Ideas llegó a la Asamblea y, esa misma noche, removió a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. La nueva Sala —instalada por designación legislativa, respondiendo al Ejecutivo— emitió ese mismo año la interpretación que habilitó la reelección inmediata de Bukele para 2024. En julio de 2025, la Asamblea formalizó lo que esa interpretación había anticipado: reformó el artículo 152 de la Constitución para eliminar toda prohibición de reelección indefinida y suprimió la segunda vuelta electoral. El 28 de junio de 2026, Bukele depositó su candidatura, incluyó una declaración jurada que dice cumplir el artículo que su propio bloque reformó, y posó para la fotografía.¹

La interna de Nuevas Ideas del 12 de julio es un trámite sin competencia real. Junto a Bukele se inscribieron Ernesto Castro —presidente de la Asamblea—, Christian Guevara —jefe de bancada—, Alexia Rivas —diputada por la diáspora— y Mario Durán —alcalde de San Salvador Centro—. El proceso de selección de candidatos en Nuevas Ideas no responde a deliberación interna: responde a decisión vertical del aparato presidencial, como lo confirmó esta semana la alcaldesa de Santa Ana Este, Carolina Escobar, a quien el partido impidió inscribirse para buscar la reelección sin darle ninguna explicación.³ El Faro reveló que el partido implementó reglas que trasladan a los precandidatos el financiamiento de sus propias campañas mientras se reserva la capacidad de intervenir políticamente en las alcaldías de sus propios funcionarios —es decir: el partido financia el aparato que controla y descarga el costo de la participación sobre quienes aspiran a ser controlados. La selección es descendente, el riesgo es ascendente.³

La oposición que debería contener ese proceso atraviesa su momento más bajo en décadas. La encuesta del IUDOP-UCA —publicada en la semana del 28 de junio— registra que el 99% de la ciudadanía no respalda a los partidos tradicionales y seis de cada diez personas no encuentran ninguna fuerza política que represente sus intereses.⁴ La directora del IUDOP, Iliana Álvarez, advirtió que la población "demanda la construcción de una alternativa política cercana a la ciudadanía", formulación que en el vocabulario de la encuesta académica es la manera de decir que el campo opositor es hoy prácticamente inexistente. Sin segunda vuelta, con el TSE bajo órbita del Ejecutivo, con la FGR y la Sala Constitucional ya capturadas, con la Corte de Cuentas en proceso de renovación bajo control del bloque oficialista, las elecciones del 28 de febrero de 2027 no tienen el mecanismo institucional que podría producir un resultado distinto del que el sistema fue diseñado para producir.

Los $10.395 millones que la Asamblea votó sin analizar

La investigación de La Prensa Gráfica sobre el historial de deuda de la supermayoría de Nuevas Ideas ofrece, por primera vez, la radiografía completa de un modelo fiscal que hasta ahora se conocía en fragmentos.² Los números son concretos: 75 préstamos en cinco años, uno cada mes en promedio. $10.395,8 millones en total, frente a los $4.426 millones aprobados en los cinco años del gobierno de Sánchez Cerén —el FMLN, al que el régimen critica sistemáticamente por su manejo económico. Solo 15 de los 75 préstamos han sido desembolsados en un 100%; 20 no registran ningún desembolso; 25 tienen ejecución inferior al 50%. El principal prestamista es el BCIE, con $3.295 millones en 17 operaciones.

El diputado Christian Guevara, presidente de la Comisión de Hacienda, explicó la metodología sin ambages: "Vamos a votar porque es para el país. Aquí todo lo que sea de beneficio para el país, se vota sin dudar. Les molesta que no hacemos el estudio. Son obras que van a impactar y no dudamos en dar los votos". La economista Carolina Vásquez —ex técnica de esa misma Comisión hasta 2021— nombró el cambio estructural que esa frase esconde: antes de mayo de 2021, la Sala de lo Constitucional podía declarar inconstitucional un crédito ya aprobado por la Asamblea y el Ejecutivo. La actual Sala, instalada por el bloque oficialista, no ha declarado inconstitucional ningún préstamo del régimen. El mecanismo de freno desapareció con los magistrados que lo operaban.²

La diputada Claudia Ortiz (VAMOS) ofreció el marco de análisis desde el que cualquier política fiscal responsable evaluaría la cifra: "Endeudarse no es malo en sí mismo; es malo hacerlo de forma descontrolada, no transparente y sin ver cuál es la situación de sostenibilidad fiscal". El economista César Villalona había aportado el dato complementario en semanas anteriores: el 76% de los pagos actuales del servicio de deuda van a intereses. Con $5.934 millones todavía sin desembolsar —deuda contraída pero no ejecutada que se traducirá en obligaciones futuras de repago— y con la canasta básica alimentaria en $256,70, la pregunta de qué partidas del gasto social se recortarán para servir esa deuda tiene una respuesta implícita en el propio modelo: el mismo modelo que redujo el presupuesto de los Ecos Familiares de $297 millones a $2 millones entre 2020 y 2024 mientras aprobaba $17 millones para servicios de nube de Google y $630 millones en bitcoin. El régimen que anuncia obras con préstamos sin análisis de sostenibilidad es el mismo que anuncia "buenas noticias" cuando el Banco Mundial ajusta la proyección de crecimiento de 3,0% a 3,2%, mientras El Salvador mantiene la tasa más baja de Centroamérica y el BM advierte por baja productividad, limitado capital humano y grandes déficits fiscales.

Las madres en la Catedral y el abogado fotografiado

El domingo 28 de junio de 2026 —el mismo día en que Bukele inscribía su candidatura en la sede de Nuevas Ideas—, un grupo de mujeres se concentró en las afueras de la Catedral Metropolitana de San Salvador y luego bajó a la cripta donde está enterrado Monseñor Óscar Arnulfo Romero para dejar una ofrenda.⁵ Madres por la Libertad lleva cuatro años exigiendo lo básico: ver a sus hijos, que sus hijos tengan defensa individual, que alguien les confirme si los paquetes que entregan cada mes al penal de Izalco llegan efectivamente a sus destinatarios. Liliana de Reyes condensó la lógica que el régimen nunca formuló pero que las madres aprendieron a nombrar: "Así como hemos sido víctimas de las pandillas, ahora estamos siendo víctimas del gobierno también".

El testimonio de Gloria Antonio Reyes Ventura es el detalle forense que ningún índice internacional convierte en número. Su hijo, Marvin Rolando Santos Reyes, tenía 21 años cuando fue detenido el 5 de abril de 2022 —apenas días después de declarado el régimen de excepción— cuando regresaba del trabajo a desayunar. Cuatro años después, la madre no lo ha visto. Le dicen que está en Izalco, pero no le consta. Cada mes entrega un paquete sin saber si lo recibe. Los juicios masivos agrupan a detenidos según el territorio donde viven, no según la evidencia de cada caso: Marvin Rolando comparte proceso con vecinos de la misma redada, sin posibilidad de que un abogado construya una defensa individual para cada uno. Las condenas que esos procesos producen alcanzan 25, 45 y 50 años para personas sin antecedentes penales y sin evidencia verificable de pertenencia pandilleril. La exigencia de Madres por la Libertad de restablecer las visitas familiares —suspendidas desde el inicio del régimen, hace más de cuatro años— se inscribe en el mismo registro que la OMCT documentó esta semana como segunda clasificación consecutiva en "riesgo muy alto" de tortura, junto a Rusia, Bielorrusia, Irán, Afganistán, Etiopía, Libia y Nicaragua.

Tres días antes, el 25 de junio, tres agentes de la Policía Nacional Civil se presentaron en el domicilio del abogado Guillermo García —defensor de José Santos Melara, integrante de la Alianza El Salvador en Paz—, preguntaron por una persona desconocida y permanecieron frente a la vivienda tomando fotografías del inmueble y del vehículo.⁶ García responsabilizó al gobierno, la FGR y la PNC por cualquier afectación a su integridad y calificó el episodio como parte de "un patrón sistemático de acoso" contra defensores, periodistas y ambientalistas. La modalidad —pregunta por persona inexistente, registro fotográfico desde la calle— es la versión visible del ecosistema represivo que Cristosal documenta en 245 víctimas de persecución política, 145 personas criminalizadas y 86 presos políticos. El abogado que defiende a un integrante de una organización opositora necesita saber que sus datos aparecen en algún sistema, que alguien tomó fotos de su casa, que el mensaje llegó. Eso es suficiente. La intimidación no necesita ir más lejos para producir su efecto en quien la recibe.

La presión desde Washington sobre este ecosistema mantiene su trayectoria. Diario Co Latino publicó el 29 de junio un editorial que lee la carta de nueve congresistas a Marco Rubio como evidencia de que "Bukele ya no es la sensación" en el exterior: el silencio presidencial ante la solicitud —que pide sanciones Magnitsky para funcionarios individualizados responsables de la detención de Ruth López— "o le resta importancia o está preocupado".⁷ La presión legislativa es real en su acumulación —de Van Hollen el 18 de junio a nueve firmantes el 25— pero su traducción operativa depende de una Administración Trump que simultaneamente llama al mismo país "amigo valioso" en Pax Silica. El régimen calcula ese doble registro. Su tercer mandato también.

El domingo 28 de junio condensa el patrón estructural del régimen en su versión más nítida hasta la fecha. Bukele inscribió su candidatura para un tercer mandato bajo un artículo constitucional que su propio bloque reformó para ese fin, en un sistema sin segunda vuelta, sin Sala Constitucional independiente, sin Corte de Cuentas con mandato efectivo, y frente a un campo opositor que el IUDOP mide en residual. La Asamblea lleva $10.395 millones en deuda aprobada sin análisis de sostenibilidad fiscal, votados por un bloque que declara explícitamente que no hace el estudio. Las madres de Madres por la Libertad bajaron a la cripta de Romero a dejar flores por hijos que llevan cuatro años sin visita. Un abogado fue fotografiado en su propia puerta por tres policías. La diferencia con otros regímenes contemporáneos es de forma, no de fondo: aquí todo tiene firma, número de decreto, sello legislativo y declaración jurada. El sistema diseñado sin mecanismo de autocorrección no necesita encubrir nada. Solo necesita que cada pieza esté firmada.

Fuentes

1. Nuevas Ideas confirma inscripción de Nayib Bukele como precandidato a la presidencia. La Prensa Gráfica, 28 de junio de 2026. Ver también: Presidente Nayib Bukele y Vicepresidente Félix Ulloa oficializan inscripción para comicios del 2027. La Página, 28 de junio de 2026. Y: ES OFICIAL: Presidente Nayib Bukele y Vicepresidente Félix Ulloa se inscriben para participar en comicios del 2027. Diario La Huella, 28 de junio de 2026.
2. Asamblea oficialista ha aprobado 75 préstamos en cinco años. La Prensa Gráfica, 26-29 de junio de 2026.
3. Nuevas Ideas se desliga de deudas de campaña de candidatos. El Faro, junio de 2026. Ver también: Alcaldesa de Santa Ana Este afirma que Nuevas Ideas le impidió inscribirse para reelección. YSUCA, junio de 2026.
4. Encuesta de la UCA refleja preocupación por crisis en salud, despidos y falta de medicamentos. YSUCA, junio de 2026.
5. Madres piden liberación de sus hijos detenidos injustamente bajo el régimen de excepción. Diario Co Latino, 28 de junio de 2026. Ver también: Madres por la Libertad exigen juicios individuales para capturados en el régimen. YSUCA, junio de 2026.
6. Abogado de José Santos Melara denuncia presunto acto de intimidación. YSUCA, junio de 2026.
7. Bukele en la mira de los congresistas demócratas de los Estados Unidos. Diario Co Latino, 29 de junio de 2026. Ver también: La petición de los congresistas de EE.UU. a Marco Rubio a favor de Ruth López representa mayor presión sobre el gobierno. Diario Co Latino, 27 de junio de 2026.