486 cuerpos en una sola sesión: el megajuicio que convierte la justicia en algoritmo

Cuatrocientos ochenta y seis cuerpos en una sala virtual, encadenados de pies y manos, rapados, uniformados de blanco, sin rostro para el juez que tampoco tiene rostro. Eso no es justicia. Es un pipeline de condenas con interfaz judicial.

El 21 de abril de 2026, el Sexto Tribunal contra el Crimen Organizado de El Salvador abrió la que la Fiscalía General llamó "la primera macroaudiencia contra la cúpula histórica de la Mara Salvatrucha". Cuatrocientos ochenta y seis imputados. Cuarenta y siete mil delitos. Veintinueve mil homicidios. Una década de crímenes comprimida en una sesión que no termina — porque la "Audiencia Única Abierta" fue diseñada para permanecer abierta hasta dos años, incorporando nuevos acusados a medida que aparezcan.

El andamiaje legal se construyó pieza por pieza desde 2022: reformas a la Ley contra el Crimen Organizado que eliminaron la obligación de dividir casos, que impusieron a los jueces aceptar declaraciones anticipadas sin posibilidad de contradicción, que habilitaron a la Fiscalía a agrupar imputados bajo criterios de estructura y territorio. En agosto de 2025, la reforma final consolidó la figura de la "Audiencia Única Abierta por estructura delictiva" — la macroaudiencia que ahora vemos funcionar.

No hay defensa individual posible. Los 486 comparecen por videoconferencia desde el CECOT, la megacárcel de Tecoluca que se ha convertido en el set de producción favorito del bukelismo. Setenta y tres están siendo procesados en ausencia. Los jueces son anónimos. Los medios de comunicación fueron excluidos. La Fiscalía presenta testigos que incriminan a los 22 "ranfleros" — la máxima jerarquía — como responsables de 9.043 hechos criminales, bajo la premisa de que ningún miembro de la estructura actuaba sin instrucción directa de la cúpula.

El cargo central es rebelión: la MS-13, argumenta la Fiscalía, buscaba mantener control territorial para establecer un "Estado paralelo". La ironía es espesa. Porque el Estado que acusa de paralelismo es el mismo que suspendió las garantías constitucionales hace más de cuatro años y las ha renovado 49 veces con voto legislativo de su propia mayoría. El Estado paralelo, si alguien busca uno, tiene despacho en Casa Presidencial.

La IA como juez invisible

El mismo mes del megajuicio, la Fiscalía anunció en el foro "SovAI 2026" la "Plataforma de IA soberana": un sistema que recibirá, estructurará y calificará denuncias penales ciudadanas. La Agencia Nacional de Inteligencia Artificial — sí, El Salvador tiene una — presentó la iniciativa posicionando a la Fiscalía como "la primera institución de justicia del mundo en operar con Inteligencia Artificial". El Fiscal General Rodolfo González lo anunció como un salto hacia la eficiencia.

Pero la pregunta que nadie en el foro se hizo es la que importa: ¿qué significa "calificar denuncias" cuando el Estado tiene 92.000 personas detenidas bajo un régimen que suspende el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y la libertad de asociación? ¿Qué hace un algoritmo que clasifica denuncias en un sistema donde el 94% de quienes murieron bajo custodia no estaban siquiera perfilados como pandilleros?

La IA no llega a un sistema judicial sano. Llega a un sistema donde los expedientes se agrupan por estructura, donde la defensa individual es imposible por diseño, donde los jueces no tienen rostro y donde el fiscal archivó 142 muertes bajo custodia como "ningún delito" sin ofrecer pruebas. La IA en este contexto no democratiza la justicia. La escala. Toma un proceso que ya era irregular y lo vuelve industrial. El algoritmo no reemplaza al juez — lo alimenta. No reemplaza al fiscal — lo acelera. No corrige errores — los reproduce a velocidad máquina.

Es la definición operativa de tecnofascismo: no la grotesca estética de uniformes y antorchas, sino la fusión tranquila entre infraestructura algorítmica y poder ejecutivo sin contrapesos. Algoritmos que procesan, jueces que firman, presos que desaparecen en celdas sin dirección. El software no como herramienta neutral sino como capa de legitimidad tecnológica sobre una arquitectura de derechos suspendidos.

El pacto que el megajuicio borra

En abril de 2026, ProPublica publicó una investigación que el megajuicio llega a enterrar. La Joint Task Force Vulcan — la fuerza de tarea multinagencias creada por Trump en 2019 para desmantelar la MS-13 — descubrió evidencias de que el gobierno de Bukele hizo un pacto secreto con la pandilla en los primeros años de su presidencia. El pacto, según la investigación, implicaba reducir la tasa de homicidios a cambio de votos, dinero y poder para la estructura pandillera.

Lo que sigue es un relato que la macroaudiencia no va a oír: altos funcionarios del gobierno de Bukele bloquearon sistemáticamente las extradiciones de jefes de la MS-13 que agentes estadounidenses consideraban testigos clave de las negociaciones. Agentes federales prepararon una solicitud para revisar cuentas bancarias en EEUU de Bukele y 14 funcionarios de alto rango, buscando evidencia de lavado de dinero relacionado con el desvío de fondos de USAID hacia la pandilla. "Información obtenida a través de la investigación ha revelado que los individuos que figuran en este alegato están profundamente involucrados con la MS-13 y están lavando fondos de negocios ilícitos", escribieron los agentes.

Al menos ocho funcionarios de justicia y seguridad salvadoreños que colaboraron con la fuerza de tarea tuvieron que huir del país. Represalias de su propio gobierno. El gobierno que ahora dice juzgar a la cúpula de la MS-13 es el mismo que protegió a esa cúpula cuando convenía, que bloqueó sus extradiciones cuando los jefes podían hablar demasiado, y que persiguió a los fiscales que investigaban el pacto.

Ahora esos mismos jefes — "El Diablito de Hollywood", "El Chivo de Centrales", "El Greñas" — comparecen en una audiencia masiva donde no pueden defenderse individualmente, donde no hay prensa, donde los jueces son anónimos. ¿Justicia? ¿O limpieza del expediente? Un juicio sin defensa posible es un juicio donde lo que se administra no es derecho sino silencio. Los testigos incómodos — los jefes que saben del pacto — quedan enterrados bajo condenas masivas. Muertos jurídicos. Caso cerrado.

517 muertos que no están en el expediente

El mismo día que la macroaudiencia continuaba, El País publicó datos de Socorro Jurídico Humanitario: 517 muertes bajo custodia documentadas desde marzo de 2022. El primer caso fue Walter Vladimir Sandoval, 25 años, capturado el 30 de marzo de 2022 mientras tomaba cervezas con amigos frente a su casa. Cuatro días después estaba muerto, con fracturas y lesiones en rostro, rodillas y tórax. La policía dijo que "se cayó de unas gradas". La autopsia dice homicidio. El fiscal archivó el caso.

El patrón es inequívoco. El 30% de los detenidos murió por causas violentas o tortura. El 32% por negligencia médica. El 92% murió sin condena. El 94% no estaba perfilado como pandillero. Cincuenta víctimas con signos de tortura fueron diagnosticadas con "edema pulmonar" por forenses oficiales — una cifra que los expertos consideran estadísticamente aberrante y clínicamente sospechosa de encubrimiento. Cristosal y Human Rights Watch han documentado cuerpos enterrados en cementerios clandestinos sin que las familias fueran informadas.

Más de 33.000 de los 92.000 detenidos no estaban perfilados como pandilleros ni colaboradores antes de su captura. No es un error del sistema. Es el sistema. El régimen de excepción no filtra: captura masiva, procesamiento masivo, condena masiva. Y ahora, con la IA, la promesa es que el filtrado será algorítmico — más rápido, más "calificado", más eficiente. Eficiencia para hacer exactamente lo mismo, pero a escala industrial y con una capa de legitimidad tecnológica que hace más difícil cuestionarlo.

El modelo exportable

Bukele no está solo. En el Despacho Oval, Trump lo llamó "un presidente magnífico" y le estrechó la mano. El acuerdo está a la vista: El Salvador acepta encarcelar a cientos de migrantes venezolanos catalogados como criminales violentos aunque la mayoría no tenga condenas. Estados Unidos devuelve migrantes acusados de ser miembros de la MS-13. Dos gobiernos que designan a las pandillas como organizaciones terroristas, que usan esa designación para justificar operaciones militares — la administración Trump ya la ha usado para ataques letales contra supuestas embarcaciones narcóticas — y que comparten un modelo: suspensión de derechos, procesamiento masivo, tecnología como barniz.

El megajuicio es exportable. No por su legalidad — que es cuestionable bajo cualquier estándar internacional de debido proceso — sino por su estética. Funciona. Se ve bien en cámara. Los números son impactantes: 486 imputados, 47.000 delitos, 29.000 homicidios. El espectáculo de hombres encadenados en filas ordenadas ante pantallas, sin voz, sin rostro para el mundo exterior, tiene la cadencia de una producción de estudio. Y lo es: la Fiscalía transmite fragmentos en redes sociales, publica fotos oficiales, monta el set. La justicia como contenido. La condena como branding.

Otros gobernantes miran y toman nota. Si El Salvador puede procesar a 500 personas en una audiencia sin defensa individual, con jueces anónimos, sin prensa, con IA como co-piloto y popularidad por las nubes — ¿por qué no nosotros? El tecnofascismo no se impone por decreto. Se normaliza por demostración. Se exporta por éxito.

Lo que un algoritmo no puede juzgar

Nadie en su sano juicio niega que la MS-13 es una estructura criminal devastadora. Treinta años de terror, extorsión, homicidio, feminicidio, control territorial. Las comunidades salvadoreñas conocen esa violencia en la piel, no en los titulares. La pregunta no es si los crímenes son reales. La pregunta es si la respuesta del Estado puede ser cualquier cosa — incluyendo la suspensión permanente de la Constitución, el procesamiento sin defensa, la tortura, las 517 muertes bajo custodia, los cementerios clandestinos y los algoritmos que califican denuncias en un sistema sin contrapesos — y seguir llamándose justicia.

Walter Sandoval tenía 25 años. No estaba perfilado como pandillero. Murió cuatro días después de su captura. Su autopsia dice homicidio. Su expediente fue archivado. No está en la macroaudiencia porque la macroaudiencia no es para los Walter Sandoval. Es para los que conviene exhibir, los que producen las cifras redondas, los que justifican el régimen y la prórroga número 50 y el presupuesto militar y el contrato con Google Gemini para gestionar la salud pública y la IA soberana para calificar denuncias y la selfie en el CECOT.

Un algoritmo puede procesar 47.000 delitos. No puede procesar 517 muertes bajo custodia. No puede procesar la diferencia entre un jefe de la ranfla y un joven tomando cervezas en la calle. No puede procesar la ironía de un gobierno que protegió a los jefes que ahora condena. No puede procesar el silencio de una audiencia donde nadie puede hablar.

Eso requiere algo que la IA soberana no tiene, que la macroaudiencia no permite y que el régimen de excepción suspendió por decreto: una institución que todavía merezca el nombre de justicia.