Bukele: el truco de la franquicia con futuro

El video que ya viste

Lo abriste en TikTok, en X, o lo encontraste citado en algún noticiero como prueba de algo. Dura noventa segundos. Cámara de drone que entra por arriba del CECOT y baja en línea recta sobre los pasillos. Cientos de cuerpos masculinos, jóvenes, rapados, en cuclillas, manos detrás de la nuca. La cámara hace zoom sobre los tatuajes. Música épica. Subtítulo en mayúsculas: "Centro de Confinamiento del Terrorismo. La cárcel más grande de las Américas". Un guardia con casco anti-motín pasa entre las filas. La toma final es un plano cenital del patio entero, geometría perfecta, miles de torsos como pixeles oscuros sobre el cemento gris. Fade out. Cierre con la bandera de El Salvador.

Esa imagen no apareció en tu pantalla por casualidad. La filmó el gobierno. La editó el gobierno. La distribuyó el gobierno. La Presidencia de la República de El Salvador tiene equipo de producción audiovisual propio, métrica en tiempo real de cuántas personas la ven en cada país, y un calendario editorial que dosifica nuevos videos del CECOT cuando la conversación pública empieza a ocuparse de otra cosa. Mientras vos la mirás en tu celular, la misma imagen está siendo compartida por un comerciante en Soyapango que durante años pagó la renta semanal a la mara y desde marzo de 2022 cierra la puerta a la noche solo por costumbre, por una madre en Apopa que dejó de calcular qué calle puede pisar con su hijo, por un colaborador oficialista en Buenos Aires que la usa para callar a un periodista, por un ministro de Seguridad ecuatoriano que está estudiando un manual. Lo que el video muestra es la acción. Lo que el video no muestra son las consecuencias. Y en la distancia entre lo que se ve y lo que no se ve, está el régimen entero.

Esta pieza intenta explicar qué clase de régimen es el que produce ese video, por qué las élites de media docena de países latinoamericanos están comprando manuales para imitarlo, y por qué la cuenta de todo esto, contrariamente a lo que dice el espectáculo, ya empezó a vencer.

El piso real

Hay que empezar por reconocer lo que el régimen sí logró, porque cualquier análisis que lo niegue le entrega al bukelismo el monopolio de la honestidad. Antes de marzo de 2022, en barrios enteros del Gran San Salvador, un comerciante de La Campanera pagaba veinticinco dólares semanales para mantener abierto un puesto de pupusas. Si no pagaba, se llevaban la mercadería. Si seguía sin pagar, mataban al hijo. En las rutas de Soyapango, los choferes de bus entregaban un dólar de extorsión por cada vuelta, y los que no lo entregaban amanecían en la cuneta con un disparo en la nuca. En cuadras enteras de Mejicanos, los niños no podían cruzar la calle de la escuela porque del otro lado mandaba otra clica. En Apopa, las muchachas de quince años que "le gustaban" al palabrero del barrio desaparecían un viernes por la noche y al lunes la familia ya sabía que no iba a poner denuncia.^[1]

Esa era la rutina detrás de los más de cuatro mil homicidios anuales que tuvo El Salvador hasta 2017, la tasa más alta del mundo en países que no estaban en guerra declarada.^[2] No era un dato. Era un cálculo permanente: cuánta vida cabe entre dos esquinas controladas por gente armada que no responde ante nadie. Cuando el régimen de excepción colapsó esa renta, miles de familias volvieron a hacer lo que hacía cuarenta años no podían: abrir el portón al anochecer, dejar a un hijo caminando hasta la parada, salir a la calle sin calcular qué clica controla qué cuadra. Eso no es propaganda. Es la materia prima de la lealtad política. Y conviene decirlo en voz alta, porque negarlo es la peor forma de regalarle votos al régimen.

Ese alivio se sostiene sobre un dispositivo material concreto, y el dispositivo no es la negociación de la mara con el Estado en abstracto: es un régimen de excepción decretado el 27 de marzo de 2022 que ya acumula 48 prórrogas legislativas, suspende el plazo constitucional de 72 horas para presentar al detenido ante un juez, levanta la garantía de comunicación con familiares y abogados, y permite detener sobre la base de denuncia anónima sin orden judicial individualizada.^[3] Esa arquitectura jurídica produjo, según cifras oficiales que el propio gobierno entregó a la Asamblea, más de 91.300 detenciones acumuladas en una población de 6,3 millones. El propio Bukele reconoció en una visita a Costa Rica en noviembre de 2024 que al menos 8.000 personas habían sido detenidas y liberadas por error. Los registros policiales filtrados a El País en marzo de 2026, sin embargo, revelan que más de 33.000 detenidos no figuraban como pandilleros en ninguna base de datos previa al régimen, lo que cuadruplica la admisión oficial.^[4] No es subproducto del modelo: es procedimiento.

La mecánica concreta de captura es lo que reemplaza a la renta semanal de la mara, y no en sentido figurado. Agentes en funciones de la Policía Nacional Civil confirmaron a Human Rights Watch, en una investigación con testimonios anónimos publicada en junio de 2025, la existencia de cuotas diarias de captura, la fabricación de evidencia para cumplirlas y el uso sistemático de tres criterios para escoger a quién detener: residencia en barrios fichados como "de alto riesgo", tatuajes o marcas corporales previas, y denuncia anónima sin verificación judicial. La organización Cristosal, en su informe a un año del régimen, ya había sistematizado el patrón en julio de 2023.^[5] Socorro Jurídico Humanitario y Cristosal, antes de que esta última fuera empujada al exilio en julio de 2025, documentaron 946 víctimas de desplazamiento forzado interno producidas por el propio régimen, y al menos 517 muertes bajo custodia, de las cuales el 92% ocurrieron sin condena y el 94% en personas que las propias autoridades no lograron identificar como miembros de pandillas.^[6] La extorsión privada que cobraba veinticinco dólares semanales a la pupusería fue reemplazada por una infraestructura estatal de captura masiva con mandato legal suspendido. No son dos formas equivalentes del mismo problema. Son dos regímenes de violencia organizada cualitativamente distintos sobre la misma población, y el segundo opera con una ventaja estructural que el primero nunca tuvo: legalidad formal, escala industrial y narrativa de servicio público.

Esa diferencia importa políticamente porque define a quién captura el dispositivo. La denuncia anónima como mecanismo de inicio, sin contrapeso judicial efectivo, no produce solo presos pandilleros: produce 86 presos políticos documentados que no son ni fueron miembros de mara, entre ellos la abogada anticorrupción Ruth López (detenida en mayo de 2025 por denunciar al gobierno), sindicalistas del sector salud, defensores ambientales del oriente del país y periodistas que cruzaron la línea editorial.^[7] El régimen no se equivocó al detenerlos. Los detuvo precisamente porque la arquitectura legal del estado de excepción permite hacerlo sin causa probable y sin obligación de revelar pruebas. Para la familia que abre el portón al anochecer en una colonia popular del Gran San Salvador, eso significa que la promesa del régimen, seguridad sin derechos, tiene un precio que se distribuye desigualmente: lo paga, antes que cualquier otro, el cuerpo del hombre joven pobre del propio barrio que dejó de pagar renta. La calle libre es real para quien queda afuera del flujo de captura. Para los que quedan adentro, y son cifra creciente, el dispositivo simplemente cambió de operador y de razón social.

El primer caso documentado tiene nombre. Walter Vladimir Sandoval, 25 años, fue detenido el 30 de marzo de 2022, cinco días después del decreto del régimen de excepción. Cuatro días después estaba muerto en la prisión de Izalco. El parte oficial declaró que se había caído por unas escaleras. El informe forense filtrado, publicado por El País sobre el expediente, concluyó otra cosa: "las lesiones encontradas en la víctima fueron infligidas deliberadamente, determinando que el caso es un homicidio".^[8] Las muertes "no violentas" en cárceles salvadoreñas, dato del propio sistema penitenciario, pasaron de un promedio de 9 mensuales en 2019 a 39 mensuales en 2022. Cincuenta de los 517 cuerpos entregados a las familias mostraron signos visibles de tortura, y los médicos forenses oficiales los diagnosticaron, en proporción anormalmente alta, como "edema pulmonar", una etiqueta que los especialistas independientes señalaron como rutinariamente usada para encubrir otras causas. Bukele lo normalizó con una frase: "Así como la gente muere en sus casas de vieja o por enfermedad, también muere en las cárceles". El fiscal general cerró 142 de esos casos por considerar que no constituían delito. El director de prisiones defendió la línea oficial. Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico Humanitario y única organización que llevaba registro nominal de las víctimas, fue forzada al exilio en 2025. La fábrica funciona, mata, diagnostica, archiva, silencia. Y mientras tanto el video del CECOT pasa a la siguiente publicación.

Pero el alivio no es lo mismo que el cambio. Cuando Bukele asumió la presidencia en 2019, la pobreza monetaria estaba en el 22,8% de los hogares, la tasa más baja en décadas. Al cierre de su primer quinquenio, según las cifras del propio Banco Central de Reserva, la pobreza llegó al 25,8%, y la pobreza extrema saltó del 4,5% al 9,08%.^[9] Más familias hambrientas, no menos. La economía no se transformó. El bitcoin fue un experimento publicitario que el Fondo Monetario Internacional obligó a desactivar como condición de su acuerdo de diciembre de 2024.^[10] Las remesas siguen siendo cerca del 25% del PIB.

Hay otra cosa que el bukelismo necesita que olvidemos. La trama venezolana de Alba Petróleos, que durante los gobiernos del FMLN canalizó cerca de mil millones de dólares en préstamos opacos a sociedades controladas por el excomandante guerrillero José Luis Merino, también financió a Bukele antes de la presidencia. Su agencia publicitaria familiar, Obermet, recibió préstamos de filiales de Alba por casi tres millones de dólares, y 118.143 dólares más directamente desde la partida secreta de Salvador Sánchez Cerén, según documentó El Faro en octubre de 2023.^[11] El embajador actual de Bukele en Nicaragua, Hugo Javier Merino Lazo, es sobrino de aquel José Luis Merino, y en marzo de 2025 fue saludado como "Hermano Embajador" durante la juramentación de los treinta mil paramilitares de Ortega y Murillo en Plaza de la Fe de Managua.^[12] El fiscal general que enterró la Operación Catedral, la investigación más completa sobre la presidencia de Bukele, fue Rodolfo Delgado, exabogado de Alba Petróleos.^[13] El supuesto liquidador del FMLN no liquidó la red. La heredó. Le cambió las etiquetas, la conectó al circuito cripto y al humor antiprogresista global, y mantuvo intactos los flujos. Lo que cambió en cinco años no fue la estructura de poder: fue la marca.

Las cuatro cuentas que vencen

Acá está el punto que el espectáculo necesita ocultar. El modelo no se financia con desarrollo. Se financia con compresión del gasto social, retiro de la inversión pública y captación anticipada de las cotizaciones futuras. Es una forma de comprar tiempo. Y el tiempo se compra contra cuentas que vencen. Al menos cuatro de ellas ya están en el horizonte.

La deuda con el FMI. El 18 de diciembre de 2024, después de cuatro años de negociación, el gobierno firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional bajo el Servicio Ampliado por mil cuatrocientos millones de dólares y cuarenta meses de duración.^[14] El programa exige una mejora del balance primario equivalente al 3,5% del PIB en tres años, un ajuste fiscal severo. La condicionalidad incluyó topes a las compras de bitcoin, transparencia obligatoria en contrataciones, recortes en subsidios y la obligación de vender o discontinuar Chivo Wallet, la billetera estatal que en sus estados financieros oficiales declaró bancarrota técnica con un agujero de 6,79 millones de dólares.^[15] Lo que Bukele vendió como soberanía financiera se renegoció a puerta cerrada como hoja de ruta del Fondo. La factura del ajuste no la paga el clan. La pagan los trabajadores, los pensionados y los servicios públicos.

Las pensiones. El estudio actuarial difundido en diciembre de 2025 confirmó un déficit equivalente al 59% del PIB entre 2024 y 2070, con la cuenta individual de la mayoría de jubilados con horizonte de agotamiento de apenas dos años.^[16] Y un dato más crudo: entre julio y diciembre de 2024, el gobierno tomó del Fondo de Pensiones un monto equivalente al 54% de las cotizaciones aportadas por todos los trabajadores en ese mismo período.^[17] El Estado ya no espera que los aportes generen pensión. Los gasta antes, en deuda corriente. Cuando esas cuentas se vacíen, los jubilados no tendrán a quién reclamar.

La salud y la inversión pública. En 2024, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social gastó 152 millones de dólares en servicios externos contratados a terceros y solo 24 millones en infraestructura propia y equipos: seis veces más en tercerizar que en construir.^[18] La inversión pública total cayó un 28,6% en un solo año, una contracción nominal de 451,97 millones de dólares respecto al ejercicio anterior, ejecutada apenas al 45,6% de lo que el propio gobierno había programado.^[19] Hospitales sin presupuesto, escuelas sin reparar, redes de agua sin mantenimiento. Lo que el régimen no construye hoy, alguien lo va a tener que reconstruir mañana, cuando ya no haya CECOT que mostrar para distraer.

La migración como pasivo demográfico. En 2021 la oficina estadounidense de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) registró 98.690 detenciones de salvadoreños en la frontera sur, y 91.030 en 2022, las cifras más altas de la serie histórica. Las detenciones bajaron en 2024 (33% menos que el año anterior) y se desplomaron 76% entre octubre de 2024 y agosto de 2025, no por mejora de las condiciones de origen sino por endurecimiento del cierre fronterizo bajo Trump.^[20] Cristosal, antes de suspender operaciones el 17 de julio de 2025, había documentado 946 víctimas de desplazamiento forzado interno bajo el régimen de excepción, una migración paralela que el régimen tampoco reconoce.^[21] La gente no migra por capricho. Migra empujada por una matriz de violencia, miseria y persecución que el Estado agrava más de lo que repara. Las remesas que sostienen un cuarto del PIB salvadoreño dependen de generaciones que ya no quieren volver, y el país que las exporta empieza a ver caer las transferencias en dólares constantes. La factura no se paga ahora. Se paga después, cuando la generación que cruzó deje de mandar.

Hay un punto materialista que falta anclar antes de seguir. Las élites latinoamericanas enfrentan un problema estructural compartido: el extractivismo y la financiarización producen excedentes de población, gente que ni el mercado laboral ni el Estado de bienestar absorben. Mike Davis lo diagnosticó en Planet of Slums: una humanidad excedente, urbana y precaria, instalada permanentemente en los márgenes de un capitalismo que ya no necesita su trabajo industrial pero tampoco se hace cargo de su existencia.^[22] Esos cuerpos sobrantes presionan políticamente, migran, se organizan, demandan. Bukele les ofrece a las élites del continente un manual para administrar esos cuerpos sin tener que reconocer la cuestión social que los produjo. Eso es lo que se exporta. No un modelo de seguridad. Una solución técnica al problema político de la desigualdad terminal.

Cómo nombrarlo (y por qué importa)

Los analistas anglosajones acuñaron "autoritarismo millennial" para nombrar al fenómeno (Manuel Meléndez-Sánchez, Journal of Democracy, 2021),^[23] y el término circuló porque tenía la coartada de la edad. Pero "millennial" suena a campaña publicitaria de 2017 y no captura ni la magnitud carcelaria, ni la lógica económica, ni el carácter exportable que define al régimen. Hay un nombre mejor a mano: tecnofascismo de plataforma.

La distinción importa, y no es retórica. Lo que está en juego no es que el régimen use plataformas, sino que es una plataforma. Cuando el economista Nick Srnicek define plataforma, infraestructura digital que media interacciones entre dos o más grupos, extrae datos del proceso y se beneficia de efectos de red, no está describiendo un tipo de empresa: está describiendo una forma organizativa que migra a otros terrenos.^[24] Tecnofascismo de plataforma nombra el momento histórico en que esa forma se traga al Estado punitivo y lo reorganiza según su lógica. El bukelismo es la versión más avanzada, hasta hoy, de esa migración. Tiene cinco capas que conviene enumerar telegráficamente, una sola vez.

La capa de producto: el CECOT no es una cárcel que además se filma, es un dispositivo cuyo entregable principal es contenido, y los cuerpos encerrados son insumo del video. La capa de servicio: el contrato con Trump para alojar deportados venezolanos sin causa es la prueba más nítida de que el régimen funciona como infraestructura vendible, megacárcel como servicio replicable, no como ideología exportable. La capa de datos: el régimen de excepción produjo en silencio una base de datos relacional masiva, vínculos familiares, geografías barriales, denuncias, antecedentes laborales de más de noventa y un mil detenidos, que tiene valor más allá del uso represivo inmediato. La capa de comunicación nativa: Bukele no tiene "estrategia de comunicación" porque no hay separación entre gobierno y plataforma, gobierna en X y en TikTok del mismo modo en que la métrica gobierna a un creador de contenido. La capa de efectos de red: cada exportación del modelo refuerza la legitimidad interna, cuanto más Noboa replica, más indiscutible se vuelve Bukele en San Salvador.

Hace falta marcar dos defensas conceptuales. La primera, contra la objeción anticipable de que "fascismo" se diluye si todo lo explica la plataforma. La capa-plataforma es forma operativa, no contenido político. El contenido sigue siendo fascista en sentido específico: culto al líder, estética uniforme, enemigo interno construido como no-persona (el "pandillero" como categoría ontológica antes que jurídica), movilización emocional contra ese enemigo, promesa de regeneración nacional, suspensión normalizada de garantías. La plataforma no reemplaza esos elementos. Los industrializa, los hace escalables, los vuelve replicables a otros mercados políticos. La segunda defensa, contra la confusión con "tecnofeudalismo". La categoría de Cédric Durand y Yanis Varoufakis describe la captura de rentas vía control de infraestructura digital, Amazon y Google y Meta como nuevos señores feudales que cobran peaje sobre la actividad económica que pasa por sus dominios. Tecnofascismo de plataforma describe otra cosa: la administración de violencia con lógica de plataforma. Acumulación de renta versus soberanía. Fenómenos contemporáneos pero analíticamente separables.

Y hace falta el contrapeso empírico que vuelve falsable la categoría. Honduras lo da. Xiomara Castro decretó un estado de excepción inspirado en Bukele en diciembre de 2022. Tres años después, la receta no funcionó: los homicidios bajaron, pero la Mara Salvatrucha y otros grupos siguen controlando barrios y rutas, y las denuncias de tortura en cárceles bajo control militar crecieron sin alterar la estructura criminal subyacente.^[25] ¿Por qué falla la copia? Porque el modelo no es replicable en el vacío. Bukele tenía, antes de marzo de 2022, un pacto previo con las pandillas que pudo romper en cámara lenta y convertir en acto fundacional del régimen de excepción; tenía un aparato comunicacional construido durante años, con canal de televisión propio (TVX, financiado con dinero de Alba), agencia publicitaria familiar y dominio de redes desde la alcaldía de Nuevo Cuscatlán; tenía un sistema judicial completamente capturado desde el 1 de mayo de 2021. Castro no controla los tribunales hondureños, donde los recursos de amparo siguen funcionando con cierta independencia, no tenía pacto previo que romper en escena, no tenía el dispositivo mediático construido. La copia hondureña no es un error de implementación: es la prueba de que el dispositivo no es destino. Es una arquitectura con condiciones de posibilidad históricas.

Esa arquitectura tiene fecha de vencimiento, también. La deuda con el FMI exige el ajuste. Las cuentas individuales de pensiones se agotan en dos años. Los hospitales se descapitalizan en silencio. La migración como pasivo regresa en remesas decrecientes. Y todo eso ocurre dentro de un régimen que necesita seguir produciendo contenido más rápido de lo que se acumulan los pasivos. Esa carrera no es eterna.

Pero lo más importante, antes de cerrar, es que las grietas no son abstractas. Donde hay tiempo diferido también hay sujetos que ese diferimiento produce. Tomasa López vive en una colina al norte de Mejicanos, en el Gran San Salvador. Antes del régimen de excepción era imposible entrar a su barrio: lo cuenta a la prensa internacional como reconocimiento honesto del alivio real. En su brazo lleva tatuado el nombre de Kathya, su hija, desaparecida en 2016 a manos de las pandillas. Hace casi un año, Bukele declaró que el 90% de las desapariciones en El Salvador eran "homicidios disfrazados" para inflar la cifra de víctimas, y desde entonces el régimen no investigó ni un solo caso histórico. Tomasa señala un barranco donde sospecha que podría haber un cementerio clandestino con los restos de su hija. Va sola con un machete los fines de semana. El régimen que prometió "acabar con las pandillas" no se hace cargo de los cuerpos que las pandillas dejaron atrás. Y mientras tanto, en la misma colonia, los hijos del propio régimen, los muchachos detenidos sin causa el año pasado en una redada por cuota, también empiezan a no volver.^[26] El alivio por la calle libre y la angustia por los dos vacíos pueden coexistir en una misma persona. El régimen necesita que el primer sentimiento siga sepultando al resto. Tomasa, sin haber leído a ningún teórico, sostiene los dos a la vez. Esa coexistencia es, exactamente, el lugar desde el que la franquicia con futuro va a empezar a sangrar. No con voluntarismo épico, no con nostalgia consolatoria. Con la cuenta materialista, las cuatro deudas que ya están en el calendario, y con la persistencia de las personas que siguen contando a los muertos y a los desaparecidos cuando el video del CECOT pasa a la siguiente publicación.

Esta tesis se desarrolla en una serie de cinco piezas próximas: A) la cuna venezolana del régimen; B) la fábrica de muerte y la sobrevida femenina; C) la economía paralela del clan; D) el modelo exportable y la cuenta que llega después; E) tecnofascismo de plataforma como categoría conceptual.

Notas y fuentes