El CNJ 2026-2031 y la FGR de Delgado: el circuito judicial que nadie eligió ya está cerrado

El 11 de julio de 2026, la Federación de Abogados de El Salvador realizó elecciones con voto electrónico por primera vez para elegir a 18 candidatos al Consejo Nacional de la Judicatura, con apoyo logístico del Tribunal Supremo Electoral y acto de instalación presidido por Henry Alexander Mejía —el presidente de la Corte Suprema de Justicia que ocupa el cargo desde que la bancada de Nuevas Ideas destituyó a los magistrados de la Sala Constitucional el 1 de mayo de 2021—. Las tres ternas resultantes serán enviadas a la Asamblea Legislativa, donde la mayoría de Nuevas Ideas elegirá a los tres consejeros finales.¹ El CNJ 2026-2031 administrará la carrera judicial durante los próximos cinco años: propondrá candidatos a jueces y magistrados, regulará acceso y ascenso, definirá qué perfiles acumulan capital institucional en un sistema donde los jueces ya pueden no tener nombre conocido. La última pieza del circuito de control sobre el Poder Judicial fue colocada sin que nadie la votara directamente.

El mismo ciclo que instaló esa pieza entregó el contraste más preciso sobre lo que ese circuito produce cuando opera en su función primaria. El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado condenó a 102 integrantes de la Mara Salvatrucha a penas de hasta 60 años de prisión por agrupaciones ilícitas, el asesinato de un sargento de la PNC en 2016 y el homicidio de un taxista.² En la misma semana, la Sala de lo Penal ratificó la absolución de Vanda Pignato y cuatro ex empleados de Casa Presidencial en el caso "Saqueo Público", rechazando el recurso de casación de la FGR porque se basaba en "afirmaciones genéricas".³ La misma Fiscalía, el mismo fiscal general Rodolfo Delgado —designado él mismo en el paquete de destituciones de mayo de 2021—, el mismo período. Las 102 condenas a 60 años demuestran que la metodología procesal existe y funciona. Su ausencia en el caso "Saqueo Público" demuestra dónde decide no aplicarse.

Un sistema judicial que condena en masa y archiva selectivamente no es una justicia fallida — es una justicia que funciona exactamente como fue diseñada.

El circuito que la destitución de 2021 dejó incompleto hasta el 11 de julio

El circuito no comenzó con la elección de la FEDAES. Comenzó el 1 de mayo de 2021, cuando la bancada de Nuevas Ideas, en su primera sesión ordinaria en la Asamblea Legislativa, destituyó a los cuatro magistrados de la Sala Constitucional y al fiscal general, y designó reemplazantes en pocas horas. Rodolfo Delgado asumió la FGR ese día; Henry Alexander Mejía quedó al frente de la CSJ. La Corte Interamericana y múltiples organismos regionales calificaron el acto como una ruptura constitucional. En marzo de 2022, la misma Asamblea creó la figura de los jueces anónimos, documentada por El Faro en el caso "La Raza": magistrados que procesan casos sin identidad pública conocida, sin recusación posible, sin el control que la transparencia del proceso garantiza en cualquier sistema acusatorio estándar. En paralelo, el TSE perdió a más de 150 técnicos con décadas de experiencia y recibió operadores leales a Casa Presidencial.

La elección del CNJ 2026-2031 del 11 de julio completa ese arco.¹ El CNJ propone candidatos a jueces y magistrados: su composición determina quién ingresa a la carrera judicial, quién asciende y con qué criterios. Las tres ternas enviadas a la Asamblea serán resueltas por la mayoría de Nuevas Ideas, que tiene precedentes claros de cómo ejerce esa potestad: en 2021, designó magistrados en pocas horas. El jurista Florentín Meléndez —ex magistrado de la Corte IDH— publicó esta semana en ContraPunto el diagnóstico que el circuito ya hace visible: la vigencia indefinida del régimen de excepción —con 23 prórrogas desde marzo de 2022, sin debate sustantivo en ninguna— es estructuralmente incompatible con el Estado constitucional de derecho.⁴ La suspensión permanente de garantías no es una medida de emergencia: es la normalidad institucional que el CNJ 2026-2031 deberá administrar como si fuera el orden establecido, con jueces propuestos por el organismo que la Asamblea controlará y que tramitarán procesos ante tribunales donde algunos magistrados son, por diseño, anónimos.

Lo que el circuito cierra no es solo la arquitectura formal del Poder Judicial. Cierra también el espacio donde las garantías individuales podían operar al margen del control político. En el caso Geovanni Aguirre —sindicalista con dos resoluciones judiciales de libertad incumplidas, cuya defensa señaló esta semana que los dictámenes de acusación de la FGR "no contienen elementos probatorios robustos ni suficientes"—, el Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado no ha ejecutado los fallos que ordena su propio sistema.⁵ Los abogados de los veteranos de la Alianza El Salvador en Paz presentaron su escrito de contestación denunciando la misma falta de pruebas en un expediente donde el testigo anónimo "ya no aparece". El circuito produce ese resultado: no porque los jueces fallen individualmente, sino porque el diseño institucional completo —FGR que acusa sin sostener, tribunales con jueces sin nombre, CNJ que administrará la carrera de ambos— trabaja en la misma dirección.

La FGR que puede condenar pandilleros no puede con la corrupción del Estado anterior

El contraste que el 12 de julio de 2026 hace visible no requiere interpretación especulativa: son dos resultados del mismo órgano, en el mismo período, con el mismo titular. El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado dictó 102 condenas de hasta 60 años para integrantes de la Mara Salvatrucha procesados bajo la jurisdicción especial del régimen, con metodología que produce sentencias masivas de forma sistemática.² La Sala de lo Penal ratificó la absolución de Vanda Pignato y cuatro ex empleados de la Presidencia de la República en el caso que pretendía establecer responsabilidades por el presunto desvío de más de $350 millones durante el gobierno de Funes, cerrando el proceso porque la Fiscalía presentó un recurso de casación basado en "afirmaciones genéricas" sin sustento argumental.³ La FGR de Delgado no tuvo capacidad procesal para sostener la acusación de corrupción más emblemática del período anterior. Sí tuvo, y tiene, toda la capacidad procesal para procesar a 92.000 personas bajo el régimen de excepción desde marzo de 2022.

La selección no es aleatoria ni consecuencia de limitaciones técnicas del Ministerio Público. El analista político Ronal Umaña advirtió esta semana que el modelo económico de Bukele es estructuralmente insostenible y que el presidente "no concluiría" un tercer mandato por falta de recursos derivada del nivel de endeudamiento.⁶ La hipótesis de insostenibilidad tiene contabilidad propia: $10.000 millones en deuda nueva desde 2021, IED que cayó 40% en el primer trimestre de 2026 y cuyo promedio anual bajo Bukele ($471 millones) es inferior al de los últimos siete años del FMLN ($487 millones), y remesas que sostienen el consumo interno pero que el 9 de septiembre —vencimiento del TPS— podría comenzar a erosionar. Los contratos de la pandemia, los préstamos de BANDESAL, la contabilidad detrás de esos $10.000 millones: esos expedientes no existen porque la FGR de Delgado no los abre. La FGR que puede con 102 pandilleros no puede encontrar las facturas del régimen actual. La incapacidad tiene fronteras perfectamente definidas.

La hermana de Ruth López —abogada de Cristosal, presa desde mayo de 2025, declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional y amparada por medidas cautelares de la CIDH— visitó a la detenida por primera vez y describió un cuadro de deterioro progresivo: triglicéridos con riesgo cardiovascular, cirugía para extirpar un tumor sin consentimiento informado a la familia, resultados de biopsia no comunicados. "Queremos probar que Ruth es inocente, pero queremos probarlo con ella viva", declaró.⁷ El Estado que condena a 102 pandilleros con 60 años y no pudo sostener el caso Saqueo Público administra el cuerpo de Ruth López como si las cinco capas de protección internacional que la rodean —Amnistía, CIDH, congresistas demócratas, 17 legisladores que escribieron a Rubio en junio, cinco premios internacionales en un año— fueran formatos documentales, no obligaciones con consecuencias prácticas.

Los salvadoreños del CECOT: cuatro familias, quince meses y la respuesta que el circuito produce

El Faro publicó esta semana la historia de cuatro familias que llevan más de quince meses buscando a sus familiares —salvadoreños deportados desde Estados Unidos en los mismos vuelos que trasladaron a migrantes venezolanos al Centro de Confinamiento contra el Terrorismo bajo el acuerdo Trump-Bukele—. Los venezolanos de esos vuelos fueron devueltos a Venezuela meses después, en el marco de negociaciones diplomáticas entre Caracas y Washington. Los salvadoreños siguen encarcelados, incomunicados con sus familias y sin conocer las razones de su detención. Human Rights Watch sostiene que su situación podría constituir desapariciones forzadas.⁸

El caso Irvin Quintanilla García condensa el mecanismo. Deportado desde Estados Unidos en marzo de 2025, ingresado al CECOT, buscado infructuosamente por la Sala Constitucional durante siete meses mediante dos órdenes vinculantes y medidas cautelares de la CIDH: el director de prisiones Osiris Luna afirmó no tener registro de su ingreso. La Dirección General de Migración no registró su entrada al país. La FGR cerró "definitivamente" la investigación con el argumento de que el delito "no se cometió en territorio salvadoreño".⁸ El argumento no explica por qué ninguna institución del Estado puede ubicar a una persona viva dentro del sistema que ese Estado administra. La Sala Constitucional emitió dos órdenes vinculantes. El circuito respondió con tres instituciones diferentes produciendo respuestas contradictorias que convergen en un resultado único: nadie sabe, nadie puede, nadie responde.

El patrón que las cuatro familias documentadas por El Faro verificaron durante quince meses no es la disfunción de un sistema que falla: es la función de un sistema que decide. La diferencia entre los venezolanos devueltos a su país y los salvadoreños que siguen incomunicados no es procesal ni logística — es política. Los venezolanos tenían un Estado receptor que negoció su retorno. Los salvadoreños son ciudadanos del Estado que los encarcela, que no puede ubicarlos cuando los busca su propio tribunal y que cerró "definitivamente" la investigación sobre su paradero. Ese es el circuito: la misma FGR que no sostuvo el caso Saqueo Público, los mismos centros penitenciarios cuyas muertes están bajo reserva por siete años, el mismo sistema que el CNJ 2026-2031 administrará durante los próximos cinco años. Las cuatro familias llevan quince meses verificando que todas esas piezas trabajan juntas.

Lo que el 12 de julio de 2026 deja instalado no es una crisis nueva sino la maduración de un diseño que comenzó en mayo de 2021. El CNJ que la Asamblea de Nuevas Ideas elegirá de las ternas de FEDAES completará el circuito de control sobre la carrera judicial; la FGR de Delgado demostrará que ese circuito puede condenar en masa cuando señala pandilleros y archivar cuando señala al régimen anterior; el CECOT demostrará que el circuito puede hacer desaparecer a personas mientras el propio tribunal superior busca sin encontrar. Las cuatro familias documentadas por El Faro llevan quince meses haciendo la pregunta que el circuito no puede responder: ¿dónde está esta persona? La pregunta que el circuito sí responde —con todas sus piezas alineadas— es cuántos años más puede seguir sin contestar la primera.

Fuentes

1. Abogados salvadoreños eligen a sus candidatos para conformar el CNJ. La Prensa Gráfica, 11 de julio de 2026.
2. FGR logra penas de hasta 60 años de prisión para 102 integrantes de la MS. Diario La Huella, julio de 2026. Ver también: Tribunal impone condenas de hasta 60 años a 102 miembros de la MS en San Miguel. La Página, julio de 2026.
3. Sala confirma absolución de Vanda Pignato y cuatro ex empleados de CAPRES en caso Saqueo Público. La Prensa Gráfica, julio de 2026. Ver también: Sala de lo Penal ratifica absolución de Vanda Pignato en caso «Saqueo Público». Diario Co Latino, julio de 2026.
4. Dr. Florentín Meléndez: Estado de Derecho y Régimen de Excepción. ContraPunto, julio de 2026.
5. Abogados de veteranos enfatizan la falta de pruebas de la Fiscalía en el caso. Diario Co Latino, 9 de julio de 2026. Ver también: Acusaciones de Fiscalía son vagas y sin fundamento, afirman abogados de excombatientes. YSUCA, julio de 2026. Ver también: 80 organizaciones internacionales exigen la liberación inmediata del sindicalista Geovanni Aguirre. Diario Co Latino, julio de 2026.
6. Ronal Umaña afirma que Nayib Bukele no concluiría un nuevo período presidencial. La Página, julio de 2026.
7. Salvadoran Political Prisoner Ruth López's Life Is At Risk. El Faro (podcast), julio de 2026.
8. Salvadoreños deportados al CECOT siguen presos y sus familias no saben por qué. El Faro, julio de 2026.