La Procuradora expone en Roma lo que no defiende en El Salvador

El 15 de julio de 2026, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, ofrece una ponencia en la Conferencia Internacional del Ombudsman en Roma.¹ Es una participación formal en un foro de alto nivel. También es la imagen más precisa disponible de lo que el régimen de Bukele construyó durante cuatro años: una PDDH que existe institucionalmente, viaja a conferencias internacionales, pronuncia palabras sobre el mandato del ombudsman —y no respondió cuando 80 organizaciones internacionales enviaron carta al Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado exigiendo el paradero del sindicalista Geovanni Aguirre, detenido desde mayo de 2022 pese a dos órdenes judiciales de libertad y con su desaparición forzada denunciada formalmente en septiembre de 2024, enviando copia de esa carta a la propia Procuradora.² No se pronunció sobre Ruth López —abogada de Cristosal, con medidas cautelares de la CIDH, declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional, operada de un tumor sin que su familia fuera informada ni recibiera los resultados de biopsia—. "Queremos probar que Ruth es inocente, pero queremos probarlo con ella viva", declaró su hermana Claudia López.³ No se pronunció cuando 4.000 familias de veteranos de guerra en la comunidad El Pitón denunciaron amenazas explícitas de aplicarles el régimen de excepción si se resistían al desalojo.⁴ Cristosal contabiliza 86 presos políticos y 245 personas perseguidas. La PDDH no cuenta entre sus intervenciones públicas ningún pronunciamiento sobre esos casos.

La Procuradora en Roma no enfrenta ninguna contradicción interna: cumple la función para la que fue colocada. Una institución de control que no controla es más útil al régimen que una institución que no existe, porque mantiene el nombre y el cargo en pie, viaja a foros, produce apariencia de Estado con contrapesos. El mismo dispositivo opera en toda la arquitectura institucional: la FGR que archivó el caso Saqueo Público por "afirmaciones genéricas" del propio fiscal lleva hoy a su fase final el juicio masivo contra 485 presuntos cabecillas de la MS-13, con petición de penas máximas y más de 47.000 imputaciones. El TSE que perdió 150 técnicos con décadas de experiencia administra el padrón. El CNJ 2026-2031 que la Asamblea de Nuevas Ideas completó bajo control oficialista administrará la carrera judicial. Todos existen. Ninguno controla. Eso no es una falla del sistema: es el sistema.

La Procuradora que expone en Roma sobre ombudsman y no responde sobre desapariciones forzadas no enfrenta ninguna contradicción interna. Certifica el nombre de una institución que sigue en pie. Eso es todo lo que el régimen necesita.

La PDDH en Roma y la institucionalidad de cartón

La participación de Caballero de Guevara en la Conferencia Internacional del Ombudsman ocurre cuando la comunidad internacional evalúa más activamente las condiciones del país. Más de 80 senadores demócratas escribieron el 14 de julio al secretario del DHS Markwayne Mullin citando explícitamente "denuncias sobre detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, procesos judiciales colectivos, detención de menores de edad y muertes bajo custodia estatal" documentadas por la CIDH, Amnistía Internacional y Human Rights Watch.¹¹ En ese contexto, la ponencia de la Procuradora funciona como cobertura internacional: si el organismo de protección de derechos humanos del país participa en conferencias del ramo, el argumento de deterioro institucional sistémico requiere pasos argumentativos adicionales para sostenerse ante audiencias que no han leído los casos individuales.

El problema no es que la Procuradora viaje. Es lo que no hace cuando está en Roma —y tampoco cuando está en San Salvador. El caso de Geovanni Aguirre es el más documentado: la OIT, la Central Latinoamericana de Trabajadores y sindicatos de Europa y América enviaron carta exigiendo su liberación y copiaron a la Procuradora. No hubo respuesta pública.² El Tribunal Cuarto tampoco ejecutó las dos resoluciones que ordenan su libertad. En el caso de Ruth López, la CIDH otorgó medidas cautelares, Amnistía la declaró presa de conciencia, cinco premios internacionales llegaron en un año, congresistas demócratas escribieron al secretario Rubio. La PDDH no emitió pronunciamiento público sobre el acceso de la familia a información médica ni sobre la biopsia retenida.³ Cuando las familias de la comunidad El Pitón denunciaron que la notificación de desalojo vino acompañada de advertencias explícitas del régimen de excepción, la Procuradora no se pronunció.⁴

La arquitectura de la inacción no es pasividad: es una posición sostenida en el tiempo. La Sala Constitucional que reinterpretó la Carta Magna para habilitar la reelección no desapareció — siguió funcionando con magistrados leales. La FGR de Rodolfo Delgado no fue disuelta: fue reorientada. La PDDH no fue cerrada: fue domesticada. El dispositivo completo de captura institucional puede presentarse ante organismos internacionales con su nomenclatura intacta. Nombre, presupuesto, titular, viajes oficiales. La función sustantiva de control quedó suspendida. El costo para el régimen: ninguno visible.

485 penas máximas y 95 sin clasificar: la justicia que elige sus cuentas

El juicio contra 485 presuntos cabecillas y fundadores de la MS-13 llegó a su fase final después de más de tres meses de audiencias en el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador.⁵ La FGR solicitó la pena máxima para todos los acusados, apoyada en un expediente de más de 22.000 folios, 650 audios, documentación de 444 homicidios agravados entre 2012 y 2022, extorsión, trata, tráfico de drogas y armas, y el sistema de "válvulas abiertas" que estructuraba la organización. La defensa cuestionó que las pruebas se basan en testimonios de criterio de oportunidad con cadena de custodia inconsistente y que el formato masivo de 485 acusados "limita el análisis individual de responsabilidades".⁶ Son objeciones procesales legítimas en cualquier sistema garantista. La dificultad con su legitimidad en el sistema salvadoreño actual es que el tribunal que las evaluará forma parte del circuito que el CNJ 2026-2031 completó bajo control oficialista — el mismo circuito que produce condenas de 60 años para pandilleros y archivó el caso Saqueo Público.

Mientras la FGR pide el máximo para 485, el monitoreo independiente de La Prensa Gráfica con la cuenta Desaparecidos SOS registró 95 cadáveres en el primer semestre de 2026 frente a 35 homicidios oficiales de la PNC.⁷ En junio, el mes con mayor concentración de casos, Desaparecidos SOS documentó 25 cadáveres; la PNC reportó tres homicidios. El mecanismo fue confirmado por el Movimiento de Trabajadores de la Policía: los cuerpos con signos de violencia se catalogan como "muerte por sobreaveriguar", y esa categoría "no se cambia" tras la investigación forense. Expertas en seguridad que pidieron anonimato articularon la lectura más precisa disponible: "Al no ser catalogados como homicidios y enmascararlas bajo otras categorías, el Estado está promoviendo que estas muertes queden impunes e incumpliendo su obligación estatal de investigar". Y: "Si consideramos todas estas muertes, es claro que las cifras presentadas por el gobierno distan mucho de la realidad de violencia criminal en la que lo único que parece haber cambiado es el agente perpetrador."⁷

Julio acumula 13 días con cero homicidios oficiales y 1.266 días reportados sin homicidios desde que comenzó el régimen de excepción.⁸ El sistema estadístico que produce ese número es el mismo que cataloga cuerpos con signos de violencia como "muerte por sobreaveriguar". Las 544 muertes bajo custodia que Socorro Jurídico Humanitario documentó desde marzo de 2022 —con un 94% de víctimas sin perfil pandillero y sin condena— son la aritmética de lo que no se clasifica. El Estado que procesa a 485 con 47.000 imputaciones y pide el máximo no tiene el mismo nivel de celo procesal cuando el cuerpo que aparece en una quebrada en Sonsonate no viene de una pandilla documentada. El subregistro no mide la inseguridad que el régimen no logró reducir: mide la inseguridad que decidió no registrar.

El extractivismo en tres frentes: excepción, energía y minería

Las comunidades de Sonsonate que el 15 de julio denunciaron la expansión del parque fotovoltaico de Volcano Energy y Hashpower Energy Solutions en la Reserva de la Biosfera Apaneca-Ilamatepec describen un patrón que opera hoy con tres modalidades simultáneas en El Salvador.⁹

La primera modalidad es el desalojo mediante régimen de excepción: 4.000 familias de veteranos de guerra en la comunidad El Pitón, Nuevo Cuscatlán, recibieron en junio una orden judicial para desalojar en 90 días sin reubicación, acompañada de advertencias explícitas de que si se oponen podrían enfrentar consecuencias bajo la suspensión de garantías constitucionales. Sus habitantes construyeron durante once años agua potable, energía, calles y drenajes en un terreno que sostienen fue adquirido por el IPSFA con cotizaciones de los propios combatientes. El Instituto no respondió consultas de medios. El Juzgado Segundo de Paz de Nuevo Cuscatlán no contempló alternativa habitacional en su resolución.⁴

La segunda modalidad es la "transición energética" extractivista: el proyecto de Volcano Energy —empresa vinculada al ecosistema bitcoin del régimen— proyecta ampliar de 90 a más de 350 hectáreas dentro de un territorio reconocido por la UNESCO desde 2007, sustituyendo cafetales bajo sombra que favorecen la infiltración de agua, conservan la cobertura arbórea y sirven de hábitat para múltiples especies, por paneles solares. Integrantes de MILPA "Calpulli por la Vida" documentaron presiones, sobrevuelos con drones y acoso para facilitar la compra de parcelas en cinco cantones: Chorro Arriba, Chorro Abajo, Cuyagualo, Cunta y Ceiba del Chargo. Los mantos acuíferos que abastecen a Izalco, Caluco, Sonsonate y Acajutla están en riesgo directo. Que la empresa se presente como "energía limpia" no modifica el impacto sobre los ríos, los acuíferos y la fauna que dependen de los cafetales que reemplaza.⁹

La tercera modalidad es la minería metálica: la Asamblea aprobó la Ley General de Minería Metálica el 23 de diciembre de 2024, derogando la prohibición vigente desde 2017, sin consulta previa. La Iglesia presentó 150.000 firmas en marzo de 2025; la Asamblea no las atendió. El cardenal Gregorio Rosa Chávez advirtió: "Estamos en un país donde casi no hay bosques y donde gran parte del agua está contaminada". La próxima Peregrinación de San Romero, el 1 y 2 de agosto, volverá a incluir el mensaje contra la minería —que es también un termómetro de cuánta capacidad de movilización social sobrevive después de que el 14,3% de los salvadoreños dejó de consumir noticias de ningún tipo.¹⁰

Los tres frentes comparten estructura: se imponen sin consulta previa a las comunidades afectadas, se justifican en el lenguaje del "desarrollo" o la "seguridad", y amenazan el agua y los ecosistemas en un país con escasez hídrica estructural. La fauna acuática, los bosques de la cordillera que protegen los nacimientos de agua, la biodiversidad de la reserva —los seres no humanos que habitan esos territorios— no son externalidades de la ecuación: son las primeras víctimas de un modelo que instrumentaliza la naturaleza como mero insumo. La diferencia retórica entre el vocabulario de la "seguridad pública" que desaloja El Pitón y el del "desarrollo energético" que avanza sobre Apaneca es irrelevante cuando el impacto sobre el agua y los ecosistemas es el mismo.

El MDCT documenta el funcionamiento del modelo desde adentro: 664.900 adultos mayores sin pensión, 2.148 personas con discapacidad despedidas del sector público, solo el 1,3% de las 140.254 trabajadoras domésticas cotizando al ISSS, el Convenio 102 de la OIT ratificado en 2023 sin presupuesto para cumplirlo.¹³ El analista sindical Erick Zelaya advirtió esta semana que las reformas más costosas para la clase trabajadora —ajuste del IVA, privatización de servicios, reformas a pensiones bajo presión del FMI— podrían llegar precisamente después de las elecciones de febrero de 2027, cuando el margen político del régimen sea mayor.¹⁴ Las víctimas del conflicto armado cumplen diez años esperando que alguna legislatura apruebe la ley de reparación que la Sala Constitucional mandató en 2016; ni ARENA, ni el FMLN, ni Nuevas Ideas lo hicieron.¹⁵ El 9 de septiembre —vencimiento del TPS para 200.000 salvadoreños, sin anuncio del DHS, con Bukele sin gestión pública de prórroga— es el próximo punto de inflexión. La Procuradora que expone en Roma, la FGR que pide el máximo para 485, el régimen de excepción que desaloja a los veteranos de El Pitón y el fotovoltaico que avanza sobre la reserva de la biosfera son partes del mismo sistema de administración del territorio: sabe lo que paga la cuenta de cada decisión, y toma nota de que esa cuenta no llega nunca a la misma dirección.

Fuentes

1. Procuradora ofrece ponencia en Conferencia Internacional del Ombudsman en Roma. PDDH, 15 de julio de 2026.
2. 80 organizaciones internacionales exigen la liberación inmediata del sindicalista Geovanni Aguirre. Diario Co Latino, julio de 2026.
3. Salvadoran Political Prisoner Ruth López's Life Is At Risk. El Faro, julio de 2026.
4. Familias de comunidad El Pitón denuncian presiones para desalojar bajo amenazas del régimen de excepción. YSUCA, julio de 2026.
5. Juicio masivo contra líderes de la MS-13 entra en fase final con petición de condenas máximas. ContraPunto, 15 de julio de 2026.
6. Finaliza audiencia contra 485 pandilleros acusados de más de 14.420 crímenes. La Página, 15 de julio de 2026.
7. Cadáveres encontrados en primer semestre de 2026 superan cifra oficial de homicidios en El Salvador. La Prensa Gráfica, 8 de julio de 2026.
8. Julio acumula 13 días con cero homicidios en El Salvador. La Página, julio de 2026.
9. Proyecto fotovoltaico amenaza reserva de la biosfera y fuentes de agua, advierten comunidades de Sonsonate. YSUCA, 15 de julio de 2026.
10. Peregrinación de San Romero incluirá mensaje contra la minería metálica y en defensa de la casa común. YSUCA, julio de 2026.
11. Senadores de EE.UU. argumentan violaciones de derechos humanos en El Salvador para pedir extensión del TPS. YSUCA, 14 de julio de 2026. Ver también: Especialista alerta sobre consecuencias ante posible cancelación del TPS. YSUCA, julio de 2026.
12. MDCT denuncia el desmantelamiento sistemático del Sistema de Protección Social Universal. Diario Co Latino, julio de 2026.
13. Más allá de las elecciones de 2027: la tarea estratégica de reorganizar a la clase trabajadora. Diario Co Latino, julio de 2026.
14. Víctimas del conflicto armado exigen una ley que garantice justicia y reparación. YSUCA, julio de 2026.